Calendario 2021-2022 (Con una nota sobre Educación Especial)

Hoy 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como todos los días internacionales de este tipo, el propósito es llamar la atención y sensibilizar a la población sobre su situación, condiciones y normas, planes y programas que permiten garantizar sus derechos y el ejercicio de su vida sin discriminación por su condición.

Es por esta razón que, una publicación que está dirigida a hacer unas apreciaciones sobre el Calendario Escolar 2021-2022 elaborado por el ministerio de educación en Venezuela, comenzará haciendo un paréntesis para poner en evidencia que, además de las múltiples exigencias que sobre las condiciones del sistema educativo tienen las familias con personas con condiciones especiales, así como organizaciones y docentes que trabajan en el subsistema de educación básica, en la Modalidad de Educación Especial, hoy se debe hacer mención a una discriminación que se ha apreciado en lo que va de año escolar en la gestión del Plan Cada Familia Una Escuela (CFUE).

Como se sabe, la página del Plan CFUE, tiene secciones por niveles y modalidades. Durante el tiempo en el que le hemos hecho seguimiento, hemos visto problemas de diversa índole en algunas secciones, pero a lo que queremos hacer mención en este momento es que la sección de Educación Especial es la única que no se ha actualizado, desde la segunda semana de clases.

La primera semana de clases, la portada de la sección correspondía a la fecha de inicio de las clases. Las actividades estaban organizadas por nivel y la duración de los materiales era de una semana. Los materiales de cada nivel estaban disponibles para descargar. Sin embargo, a partir de la segunda semana, cambiaron las fechas de la portada como correspondía, pero los materiales no estaban disponibles para la descarga. A partir de entonces, se mantiene la misma portada y los materiales siguen sin poderse descargar. Esta situación implica discriminación para los estudiantes que requieren adaptación de los materiales por sus condiciones especiales y no hay ninguna justificación para que el sistema tenga más de un mes sin actualizarse. Ver imágenes a continuación.

Como se puede observar, la primera imagen corresponde a la de la primera semana de clases, la segunda corresponde a la portada de la sección desde la segunda semana de clases hasta el momento de hacer esta publicación, la tercera contiene las capturas de pantalla de los mensajes que arroja el sistema cuando se trata de abrir o descargar los materiales y la cuarta, es de la parte de la sección de fundamentos, en la que se encuentran los materiales sobre esta modalidad, en este caso, la situación es la misma que en el resto de los niveles y modalidades, a esta fecha se mantienen los mismos publicados el año pasado, incluyendo, por cierto, el calendario escolar. (*)

A esta altura, no se justifica, ni se entiende por qué la sección y los materiales de la Modalidad de Educación Especial, se mantienen sin actualizarse, como corresponde.

Sobre el calendario

Casi 2 meses después del inicio de las actividades escolares, comenzó a llegar a las escuelas el calendario escolar 2021-2022. De acuerdo con la información que recibimos, en algunas escuelas se recibió el 2 de noviembre. Sin embargo, cuando se revisan las propiedades del documento, se ve que éste fue creado el 22 de octubre, es decir, 3 días antes del inicio formal de las clases. (Ver imagen a con las propiedades). Como nota adicional, se debe decir que este documento no se encuentra aún disponible en el portal del CFUE, como consta en la captura de imagen, también disponible a continuación.

Obviamente, a pesar de lo tarde de su elaboración y distribución, el documento hacía mención a las actividades programadas desde septiembre. Es importante recordar que el calendario debe ser elaborado y publicado por el ministerio de educación, con suficiente anticipación para que docentes y directivos, puedan organizar y planificar sus actividades. Además del tiempo que se tardó en producir la versión actual, cabe mencionar que ésta no incluye ninguna modificación que permita ni recuperar el tiempo perdido, ni ajustar los tiempos de actividad a las necesidades de un sistema basado en una combinación de modalidades como la que se desarrolla en este año escolar.

Si quiere ver o bajar el calendario, puede utilizar este enlace: Documento Oficial

Como ha sucedido desde hace algunos años, el calendario no tiene solamente el cronograma con las actividades de gestión del sistema, sino que tiene una colección de fechas, de conmemoraciones, que sirven de referencia para el desarrollo de las actividades pedagógicas. Esta es una estrategia para establecer pautas curriculares, más allá de los programas de estudio y los materiales y recursos pedagógicos que formalmente produce el ministerio.

En esta publicación haremos algunas observaciones, sobre algunas de las pautas de gestión escolar y pedagógicas incluidas en el calendario, con una mención final sobre los contenidos relacionados con las pautas curriculares.

En cuanto a las pautas de gestión, es importante recordar, como se dijo en una publicación anterior que por norma, el año escolar para el subsistema de educación básica, en Venezuela, comienza el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, en este caso, el jueves 16 de septiembre. En esa fecha se deberían iniciar las actividades escolares, incluyendo las clases para los niveles de educación inicial y primaria. Este año escolar, sin explicación alguna y sin suficiente anticipación, el inicio de clases se postergó, haciendo que se perdieran 26 días, sin que mediara una resolución que formalizara esta decisión y estableciera y explicara los detalles, fechas y normas, así como tampoco, los cambios relativos a las modalidades a emplear.

En su lugar, en el calendario como parte del inicio del año escolar, una de las primeras actividades que aparece, está dirigida a dar a conocer las pautas y estrategias con las que se desarrollará dicho inicio. La denominación que tiene es: “proceso de socialización de estrategias a implementar en el marco del inicio del año escolar y la vuelta a clase en un ambiente sano y seguro” y estaba pautada para los tres primeros días del año escolar, del jueves 16 al sábado 18 de septiembre.

De igual manera, rompiendo con la lógica empleada en el subsistema de educación básica, durante el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, no se desarrollaron los planes de mantenimiento que las escuelas requieren para iniciar en condiciones óptimas el año escolar. Esta falla representaba un problema relevante, porque a pesar de la pandemia, por decisión del Estado, el año escolar 2021-2022, se desarrollaría en una combinación de modalidades, que incluyen clases a distancia y presenciales, por lo que el estado de la infraestructura escolar, era una condición ineludible.

Adicionalmente, y a efectos de lo que debería contener el calendario, a lo largo del año escolar se deberían desarrollar jornadas periódicas de mantenimiento que incluyeran actividades más allá de la limpieza que se debe realizar cotidianamente en las escuelas. Estas jornadas, antes de la pandemia, eran por lo menos 3, distribuidas a lo largo del año escolar, y desde hace años se han denominado “Una Gota de Amor Para Mi Escuela”. Estas permitían hacer labores de mantenimiento menor, eran desarrolladas por los miembros de la comunidad educativa de cada plantel y para ellas el Estado suministraba los insumos necesarios.

En el calendario actual las actividades de mantenimiento son seis, cinco de ellas estaban pautadas para desarrollarse antes del inicio de las clases y la sexta, el viernes de la primera semana de clases, es decir, 6 jornadas, programadas para el 17 y 24 de septiembre, y el 1, 8, 15 y 29 de octubre.

Después de ellas, no se establece ninguna fecha para el desarrollo de actividades de mantenimiento, a lo largo del año escolar, ni posteriormente, durante el mes de agosto, en el que se vuelve a instrumentar el denominado Plan Nacional “Escuelas Abiertas”, destinado a realizar actividades vacacionales.

Adicionalmente a las jornadas previas al inicio de las clases, en el calendario aparece establecida el desarrollo de una “Ruta de desinfección escolar” que estaba programada para el 20 de septiembre y que, suponemos que, por la cantidad de escuelas a atender y al tener denominación de “ruta” se desarrollaría en más de un día, sin embargo, en el calendario solo se menciona el día inicio.

La programación incluida en el calendario, referida al mantenimiento escolar, es de hecho insuficiente y estaba dirigida al acondicionamiento de la infraestructura para el inicio de clases presenciales.

Por otra parte, de acuerdo con las referencias disponibles en el calendario, las actividades de supervisión están organizadas en “despliegues”, específicamente 5 a lo largo del año escolar. De éstos, los dos primeros se debieron realizar, del 13 al 17 de septiembre y del 27 de septiembre al 1 de octubre, cada uno con una duración de 5 días.

Los 3 restantes están programados con una duración de 2 días, en cada caso y coinciden con encuentros entre supervisores a diferentes niveles de organización territorial. Así, el tercer despliegue, se desarrollará el 9 y 10 de diciembre y coincide con el “Congreso Pedagógico Municipal de Supervisores”; el cuarto despliegue está programado para el 24 y 25 de febrero del 2022 y coincide con el “Congreso Estadal de Supervisores Circuitales e Intercircuitales”; y finalmente, el quinto despliegue está programado para el 28 y 29 de abril, coincidiendo con el “Congreso Nacional de Supervisores Circuitales e Intercircuitales”.

Al respecto, es importante mencionar que la actividad supervisora, incluye observación, monitoreo y acompañamiento de cada supervisor a cada una de las escuelas asignadas. Esas actividades se desarrollan a lo largo del año escolar a través de reuniones de información y consulta, y de visitas periódicas a las escuelas para verificar el estado de la infraestructura y servicios, el desarrollo de las actividades administrativas y académicas, hacer acompañamiento en campo al personal directivo y docente, así como la revisión de información sobre el proceso educativo y la data de estudiantes y docentes. En el marco de la pandemia, la verificación debe incluir la planificación y desarrollo de todas las actividades, la instrumentación de protocolos y la existencia de condiciones para la prevención del COVID.

De acuerdo con la información que hemos podido recabar, actualmente, la actividad supervisora está organizada por circuitos de escuelas, cada uno constituido por un mínimo de 8 instituciones, lo que significa que si partimos del supuesto de que todos los supervisores tienen solamente 8 escuelas a su cargo, en los dos primeros “despliegues”, dada su duración, estos pudieron realizar una visita por escuela, si podían programar dos escuelas diarias. En los 3 “despliegues” restantes, como están programados para 2 días podrían desarrollarse más como reuniones entre el supervisor y los directivos de las escuelas, que como visitas de supervisión directa, por lo que no podrán tener reuniones con los docentes, ni verificar directamente el estado de la infraestructura, equipos y recursos, así como el cumplimiento de las condiciones biosanitarias.

La realización de estos despliegues, además de sus dificultades de alcance, tienen como problema adicional que las 3 jornadas se desarrollarán de forma simultánea con Congresos Municipales, Estadales y Nacional de supervisores, ya que ambos tipos de actividad requieren tiempo para su realización, y en algunos casos, tiempo adicional para el traslado de los supervisores entre las zonas en las que se ubican las escuelas y los recintos en los que se desarrollen los congresos. Esta situación parece hacer inviable la realización conjunta de las actividades, inclusive en los casos en los que se organicen jornadas virtuales de participación, en los congresos.

No se entiende la razón de este cambio en la dinámica del proceso de supervisión en el subsistema de educación básica. Sin embargo, si no se tratara de un cambio, sino de una actividad complementaria a la de supervisión regular, tampoco se entiende que las 3 jornadas que faltan por desarrollarse, estén limitadas a dos días y coincidan con la realización de “congresos”.

Por otra parte, cabe mencionar que el texto utilizado para presentar las actividades propias de la gestión del año escolar, así como el resto del calendario, tiene errores de redacción, ortográficos y tipeo. Sin embargo, en este aspecto, hay errores que tienen que ver con la denominación de las actividades que dificultan su comunicación.

En este sentido, el calendario comienza estableciendo un período para la realización de los procesos de inscripción, planificación y organización escolar, del 16 al 30 de septiembre. En el enunciado de dicha actividad, se incluye de primero, el término “prosecución” como si no se estuviera regresando de un período vacacional. En el mismo período se establece que se iniciará el registro de la carga estadística del nuevo año escolar para todos los niveles y modalidades del subsistema.

El resto de las actividades relativas a la carga de datos en el sistema, están programadas para los períodos:

– Del 25 de octubre al 28 de noviembre, la carga histórica pendiente del nivel de Media General y Técnica. (En este caso, la frase utilizada dice “Inicio de la carga histórica pendiente de los niveles de educación Media General y Media Técnica”, por lo que se supone que a partir de ese período se mantendrá por un tiempo no especificado el proceso de carga).

– Del 29 de noviembre al 6 de diciembre, la actualización, modificación y registro de la carga de la matrícula de este año escolar 2021-2022.

– Del 7 al 31 de enero, el proceso de la modificación de la matricula período escolar 2021 – 2022 en el Sistema de Gestión Escolar (En este caso, la frase utilizada también comienza con el término “Inicio”, por lo que se debería suponer que a partir de este período y a lo largo del resto del año escolar, está activo el proceso de modificación de la matrícula).

Es importante resaltar que los procesos de registro de data y de modificación y ajustes, deben tener fechas específicas para poder hacer evaluación del estatus del sistema.

– Y del 1 al 28 de diciembre, la actualización o modificación de los datos de estudiantes y representantes en el Sistema de Gestión Escolar.

Entre las actividades relacionadas con este proceso de gestión, se encontró un enunciado que, por la redacción se presta a confusión. Aparece el mes de marzo y establece que entre el 11 y el 31 de ese mes, se inicia el “proceso de la carga de las calificaciones definitivas para los graduandos del periodo escolar 2021-2022 en el Sistema de Gestión Escolar”. Se presume que se trata de los estudiantes que estaban en procesos de recuperación, porque los que están cursando quinto año en Media General y sexto año en Media Técnica, aún no han terminado sus actividades y evaluaciones, por lo que no se pueden registrar “calificaciones definitivas” durante ese período.

En cuanto a las actividades de gestión pedagógica, el calendario establece el 25 de octubre como el día de “inicio de actividades escolares”. Esta redacción genera confusión porque lo que se iniciaba ese día, eran las clases presenciales y a distancia. Las actividades de gestión escolar, ya habían comenzado el 16 de septiembre.

En términos de los períodos en los que se organizan las actividades pedagógicas a lo largo del año escolar, el calendario establece, el primer momento del 25 de octubre al 3 de diciembre, especificando que en ese período se desarrollarán unas actividades relacionadas con el área de deporte y recreación. Se hace esta precisión, porque el enunciado debería decir, como en los otros momentos, “Inicio del Primer Momento Pedagógico”, pero la forma en la que está redactada la frase, además de ser enredada, se confunde esta fecha, con el desarrollo de una actividad en un área específica de formación. La frase dice “Primer Momento Fase Diagnóstica de la Valoración de la Condición Física y organización de los grupos de actividad física Deporte y Recreación”

El segundo y el tercer momento, están establecidos para iniciarse los días 7 de enero y 4 de abril, respectivamente.

Como parte del proceso de cierre de los momentos pedagógicos, además de las actividades de evaluación, se realizan Consejos Técnicos y Consejos Pedagógicos en los que se analiza el desarrollo de la gestión a lo largo del período. En este calendario, los Consejos Técnicos y Consejos Pedagógicos, de finales del primer momento, están establecidos para desarrollarse en dos días, el 13 y 15 de diciembre; los del segundo momento, la semana del 21 al 25 de marzo; y en el tercer momento, los Consejos Pedagógicos del 27 al 30 de junio y los Consejos Técnicos, el 29 de julio, cerrando el año escolar.

Como parte del cierre de las actividades pedagógicas del año escolar, también se establecen las fechas de entregas de “Constancia de Prosecución y Certificación de Estudios del Nivel de Educación Inicial y Modalidad de Educación Especial” (del 18 al 23 de julio), de “Certificados de Promoción de Educación Primaria a las y los estudiantes que culminaron el 6to. Grado y fueron promovidos al 1er. Año del Nivel de Educación Media” (también del 18 al 23 de julio), y los “Actos de Grado del Nivel de Educación Media General y Media Técnica, Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos, Inces y Misión Ribas” del 25 al 29 de julio.

De forma complementaria, es importante mencionar que, a diferencia del año escolar pasado, en este calendario se incluye una actividad que por norma se debe realizar el mes de julio. En este caso, se establece que del 1 al 29 de ese mes se realizarán las “Jornadas de planificación y organización del nuevo año escolar 2022-2023 en todos los Niveles y Modalidades”. Esta es la actividad que permitirá iniciar el siguiente año escolar, como debe ser, con actividades planificadas y directamente con clases, en los niveles de educación inicial y primaria.

Finalmente, en el ámbito de gestión, sin entrar en los detalles de las actividades de evaluación y “valoración” que se establecen a lo largo del año escolar, cabe mencionar que del 24 al 26 de agosto, está prevista la realización de un “Encuentro Nacional con Coordinadores y Coordinadoras de Zonas Educativas”, y aunque llama la atención es que esté mencionada como una actividad en el calendario escolar, estimamos que tiene como propósito hacer una evaluación del funcionamiento de estos entes desconcentrados del ministerio durante el año escolar 2021-2022 y establecer las pautas para el desarrollo de sus actividades y funciones, durante el año escolar siguiente.

Por otra parte, por su importancia, no podemos dejar de señalar que en los enunciados de inicio de segundo y tercer momento pedagógico, se especifica que éstos se inician para todos los niveles y modalidades del subsistema, sin embargo, en marzo y julio, aparecen registradas unas actividades que parecen estar dirigidas a la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, como si ésta no entrara en todas las modalidades del subsistema de educación básica.

De hecho, el 2 de marzo, aparece la frase “Inicio del segundo periodo” sin más detalles, del 2 al 5 de marzo se establece el “Proceso de inscripción, planificación, ubicación de los participantes, elaboración y publicación de horarios (segundo periodo)”, el 7 y 8 de marzo, dice que será el “Inicio de las actividades académicas II período”, del 7 al 29 también de marzo, dice “Inicio del segundo periodo de la Modalidad de Educación de Jóvenes de Adultas y Adultos” y finalmente, el “segundo período” vuelve a mencionarse en el mes de julio, cuando dice que del 18 al 23 de ese mes, se entregarán “los resultados de la evaluación del segundo periodo”.

Esta presentación de fechas y actividades de forma confusa, es inaceptable en un documento oficial elaborado por el Ente Rector y distribuido con el propósito que tiene.

También como parte de las actividades incluidas en el calendario, se encuentran algunas que tienen que ver con la gestión e involucran a todos miembros de la comunidad educativa, un ejemplo de ello, es la relacionada con la actualización de los “acuerdos de paz y convivencia” que estaba pautada para los primeros días de noviembre. Esta es una actividad que se realiza de forma regular todos los años escolares.

De la misma forma, se incluyen actividades relacionadas con la conformación de los Consejos Educativos y los Comités Escolares de Abastecimiento y Producción ((CEAP), que son los encargados de supervisar y controlar la recepción y distribución de los alimentos en las escuelas), dos figuras relacionadas con actividades específicas de gestión escolar; y con la organización y juramentación de las brigadas de prevención, paz y convivencia (en este caso, hay dos denominaciones para esta figura, en uno de los casos se refieren a las “brigadas escolar de prevención, paz y convivencia” y en el otro a las “brigadas de seguridad escolar”); así como las relacionadas con la conformación de la organización de uno de los sectores que conforman la comunidad educativa, pero con un sesgo político específico. Se trata del denominado Movimiento Bolivariano de Familias (MBF).

En este sentido, se incluyen tanto actividades de constitución y registro, como actividades formación y actividades de conmemoración de la creación de dichas figuras. Las de constitución y registro incluyen elección de vocerías y comisiones del MBF y de los CEAP y la actualización y registro de los Consejos Educativos; y la de formación es dirigida a los voceros del MBF. Para esta organización también se incluye la fecha de celebración de un “Directorio Nacional”, que se pautó para los días del 24 al 28 de enero del 2022.

En cuanto a las actividades de conmemoración relacionadas con estas figuras, se incluye en el calendario: el 16 de octubre como la fecha del noveno aniversario “de la creación de los Consejos Educativos”, el 17 de octubre, como el segundo aniversario “de la creación de los Comités Escolares de Abastecimiento y Producción” y la mención, como parte de la conmemoración del Día Internacional del la Familia, el 15 de Mayo, del “MBF como expresión de su organización para su fortalecimiento”. La incorporación de estas fechas como efemérides a celebrar en el sistema educativo, rompe con la lógica del recurso pedagógico, debido a que se trata de acciones de gestión pública y no de eventos históricos o de conmemoraciones enfocadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre temas específicos y constituye más un recurso de propaganda de gestión que parte de la construcción de una narrativa específica, con sesgo político.

Finalmente, para no hacer más larga esta publicación, cabe mencionar que, además de los errores en repetición de fechas, redacción de enunciados y ortográficos, (como los relacionados con “Manuelita Sáenz”, a quién hace mención en dos oportunidades en el calendario, escribiendo su apellido como “Záenz”), con esta misma lógica, como se puede apreciar en el texto del calendario, hay muchas fechas dirigidas a la construcción de una historia y narrativa oficial, que incluyen la conmemoración de planes o de políticas públicas específicas relacionadas con el sistema educativo, como la presentada con esta frase “Por Primera vez se distribuye la Colección Bicentenario inspirada en un anteproyecto de Ley de 1819 del Libertador Simón Bolívar (2011)”, o las 5 menciones que se hace al proyecto “Canaima” haciendo referencia a 5 eventos de gestión regular; y algunas de corte ideológico como el “día de la dignidad nacional cívico militar”, el día de “la siembra” del presidente Hugo Chávez, el “día nacional del cimarronaje”, o el día del “golpe de timón”; así como de algunas que pretenden reescribir acontecimientos, adjudicando fechas con sesgo.

De acuerdo con lo encontrado en la revisión del documento oficial y actual del calendario, es importante concluir que el mismo debería ser revisado y corregido, antes de hacer su publicación en portales oficiales como el del Plan CFUE y reenviado a las escuelas con las correcciones realizadas. Sin embargo, las correcciones de fechas y forma, no son suficientes, ya que, como se mencionó, dadas las irregularidades del inicio de este año escolar y las peculiaridades que implica la combinación de modalidades en las que el mismo se desarrolla, se requiere, adicionalmente, hacer una modificación formal de los tiempos, e incorporar las actividades omitidas.


(*) En algunas vistas las imágenes conservan el orden establecido inicialmente, pero, por lo que hemos visto, en algunos navegadores, el sistema cambió el orden de la tercera y la cuarta, por lo que, se verá primero la relativa a la sección de fundamentos y después la que contiene las capturas de pantalla con la evidencia de que los enlaces a los archivos dan error.

¿Comenzarán las clases a distancia mañana?

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) el año escolar tendrá 200 días hábiles y su división será acorde con las características de los niveles y modalidades, y a lo establecido en el reglamento de la Ley.

Por su parte el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (RGLOE) vigente, en sus artículos 54 y 57, establece que el año escolar estará dividido en dos períodos, el primero, que de acuerdo con el artículo 57 especifica que el primer período “tendrá una duración mínima de ciento ochenta (180) días hábiles”, estará dedicado a las actividades de enseñanza que incluyen, además del desarrollo de los programas de estudio, pruebas diagnósticas y evaluación; y el segundo será para la realización de actividades de “administración escolar, pruebas de revisión, inscripción de nuevos alumnos, planificación y organización del año escolar, así como para actividades de actualización y mejoramiento profesional”.

En efecto, en el texto de los dos artículos se establece que:

  1. El año escolar inicia el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre y termina el último día hábil del mes de julio del año siguiente. En esta oportunidad, las fechas son el jueves 16 de septiembre del 2021 y el viernes 29 de julio del 2022.
  2. En términos generales, está dividido en dos períodos sucesivos.
  3. El primer período inicia el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre y termina el último día hábil de la primera semana del mes de julio del año siguiente. Esto, en este año escolar, equivale al jueves 16 de septiembre y al viernes 8 de julio, respectivamente.
  4. El segundo período, inicia el primer día hábil de la segunda semana del mes de julio y el último día hábil del mes de julio que, en esta oportunidad, corresponden al lunes 11 de julio y al viernes 29 de julio.

(Es importante aclarar que, en el texto del reglamento, se hace referencia a dos períodos por la diferencia de actividades en ellos, sin embargo, el primer período puede estar organizado en «momentos», «lapsos», o la denominación que le asigne el ente rector, para facilitar el cierre de procesos de aprendizaje a lo largo del año escolar).

Siguiendo las pautas establecidas en el RGLOE, el año escolar 2021-2022, tiene una duración de 319 días, distribuidos en 45 semanas y 4 días, de los que 201 días son hábiles y 118 días feriados. En los 118 se incluyen 102 días directamente feriados y también 16 días no feriados, pero establecidos como días de receso escolar por el ente rector y de los 201 días hábiles, 186 corresponderían al primer período y 15 al segundo.

Si tal como se establece en el reglamento, el 16 de septiembre se hubieran iniciado efectivamente, actividades en todas las escuelas del país, se hubiera contado con 186 días para el desarrollo de las actividades incluidas en el primer período que son, como se mencionó anteriormente, actividades de enseñanza.

En este punto, cabe también mencionar que, tradicionalmente, las clases en educación básica, se inician, en educación inicial y primaria, el día que establece el calendario, pero para educación media, se inician el primer día hábil del mes de octubre, lo que correspondía este año escolar, al lunes 4. Sin embargo, por razones que no han sido presentadas formalmente al país, y que tampoco están recogidas en ninguna resolución o decreto publicado en Gaceta Oficial, el primer anuncio que se hizo sobre el inicio del año escolar, especificaba que las clases, en una modalidad que combina clases presenciales con educación a distancia, iniciarían para todos los niveles de educación básica, el 4 de octubre. Posteriormente, esa fecha fue también modificada en un anuncio hecho a los medios y nuevamente, sin mediar resolución o decreto, para la tercera semana de octubre y en algunos casos, se habla de “finales de octubre”, sin precisar fecha. La falta de precisión ha hecho que en algunos casos se entienda que lo que se iniciará a finales de octubre, serás las clases presenciales, por lo que las que se desarrollarán a distancia pudieran mantener como fecha de inicio este lunes 4 de octubre.

Es importante resaltar que, al final del texto del artículo 54 y en su parágrafo único, se establecen dos disposiciones que son de especial interés en este momento. La primera es que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de publicar anualmente el calendario escolar y a esta altura, a 18 días de haber iniciado el año escolar, (12 de los cuáles son hábiles), no se conoce el calendario que será utilizado este año escolar.

Este año, como en oportunidades anteriores, tomando como referencia la información oficial disponible, más las referencias de los años escolares previos, se elaboró una hipótesis de calendario, para poder contabilizar los días que efectivamente se podrán tener actividades de enseñanza en el año escolar 2021-2022.

Como se trata de un año escolar atípico, por las restricciones de la pandemia y tomando en consideración el anuncio oficial de realizar actividades con las modalidades de educación presencial y a distancia combinadas, además, incorporando las actividades ya realizadas, tenemos que de los 186 días hábiles con los que se contaba para el desarrollo del primer período, los primeros 12 se han enfocado en inscripciones, constitución de comisiones y mesas de trabajo, ambientación de escuelas y formación de familias y docentes, todas éstas, actividades que corresponderían al segundo período de acuerdo con lo establecido en el RGLOE. Es importante resaltar que las actividades de «ambientación de escuelas», en la mayoría de los casos, han incluido trabajos de mantenimiento debido a las condiciones de abandono de la infraestructura escolar, trabajos que debían haberse realizado durante el período vacacional, para no interrumpir las actividades, una vez iniciado el año escolar.

Esta primera modificación en las actividades del año escolar tiene como consecuencia que, salvo en muy pocas instituciones en las que se hubieran podido iniciar algunas actividades de evaluación diagnóstica y de planificación, los días disponibles en el primer período para el desarrollo de actividades de enseñanza, bajen de 186 a 174.

En el gráfico con la hipótesis de calendario, tal como se puede apreciar, se señalan los días previos al inicio de actividades de enseñanza propiamente dichas, se diferencian los días en los que, de mantenerse el esquema 7+7, se pueden tener clases presenciales de los que corresponderían a actividades a distancia, y también se identifican los días en los que los docentes deben enfocarse en el cierre de proyectos de aprendizaje, elaboración de informes pedagógicos, entrega de informes, así como las de realización de los consejos docentes, que son actividades que, con o sin las restricciones de la pandemia, deberían estar incluidas en el cronograma de actividades. Sin embargo, a diferencia de las hipótesis elaboradas para años escolares anteriores, no se utilizan para el cálculo de los potenciales días de clase, porque de desarrollarse la combinación presencial-a distancia, las actividades de los estudiantes se pueden mantener parcialmente, de forma paralela.

También se incluye como premisa, la posibilidad de que se haga efectivo el anuncio de declarar como semanas de flexibilización, todas las correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y que, como es costumbre independientemente de la situación del país, en el momento de realización de elecciones, se tomen las escuelas que son centros electorales, por una semana, lo que limitaría la realización de actividades presenciales de todo tipo. Este aspecto específico, tampoco se utiliza como dato para el cálculo del total de los días de actividades de enseñanza, por el mismo supuesto que en el caso anterior.

Es importante hacer notar que, en esta publicación, se está asumiendo que, aunque no se ha especificado oficial y públicamente, este 4 de octubre se iniciarían actividades a distancia, aunque las clases presenciales se inicien a finales de octubre, como se dijo en el último anuncio. No obstante, de no mantenerse esa premisa, si más allá de las pruebas diagnósticas, las clases a distancia se inician en la tercer semana de este mes, el período efectivo para las actividades de enseñanza, quedaría reducido a 165 días, o menos.

La falta de información, en este caso, además de la ausencia del calendario, incluye que, hasta hoy domingo 3 de octubre, en la página que contiene los materiales y las pautas del Plan Cada Familia Una Escuela, que constituye la variante de educación a distancia instrumentada hasta el momento por el Estado, la información que se encuentra, es la correspondiente al año escolar pasado. Habría que esperar que, en el transcurso del día o, a más tardar, en la mañana del lunes 4, se actualizara la información allí contenida, para poder dar inicio a las clases a distancia. En este caso, cabe resaltar que en las imágenes que se ven a continuación, se incluye, la portada del portal, las páginas de actividades vigentes para educación inicial, primaria, media general y especial y una tomada de la sección «Fundamentos», específicamente, en la parte en la que está el calendario, porque aún no está disponible el actualizado.

Adicionalmente, es importante mencionar que en la cuenta de YouTube del Plan CFUE, no se ha cargado ningún video con información previa al inicio de las clases a distancia. Y en la cuenta de Twitter del Canal Vive TV, hay una publicación que, sin especificar fecha, hace referencia a que los programas se emitirán «muy pronto».

El otro aspecto de especial interés en el artículo 54 del RGLOE, es el establecido específicamente en su parágrafo único que dice, textualmente que el ente rector, “mediante Resolución, podrá autorizar ajustes al calendario escolar cuando las peculiaridades de vida y las condiciones climáticas y de trabajo de alguna región así lo requieran. Asimismo, se podrán efectuar ajustes a dicho calendario cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes considere que se han producido circunstancias excepcionales que lo ameriten.”

De acuerdo con esa norma, el MPP para la Educación, antes de iniciar este año escolar, debió aprobar y publicar una resolución en la que se establecieran, con precisión, los cambios que se pretendían instrumentar, entre ellos, la modificación en la fecha de inicio de las actividades de enseñanza, con la precisión de cuándo comenzaría cada modalidad, así como, todas las modificaciones adicionales que, como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia por el COVID19, se derivaran, como la incorporación de un lapso para recuperar los aprendizajes perdidos en el año escolar pasado, con todas las variantes que sean necesarias para atender a la diversidad territorial y socio educativa requeridas.

Finalmente, dado que se trata de un año escolar en el que se plantea la instrumentación de una variante combinada que establece como premisa la incorporación flexible y progresiva de las escuelas a las actividades presenciales, se requería que esa resolución incluyera las pautas a seguir en cada caso, que permitan ajustar los tiempos de ejecución del calendario a la realidad de cada caso, incorporando también medidas de flexibilidad incluyendo la modificación de las fechas de culminación y de cambio entre períodos, así como la de finalización del año escolar.

La situación derivada del COVID, requiere el diseño de medidas extraordinarias que pueden instrumentarse a partir de lo establecido en el artículo 54, pero se requiere que se establezcan cumpliendo con las dos disposiciones, la elaboración y promulgación de una resolución y la publicación del calendario.

Momento y condiciones para el inicio del año escolar 2021-2022 en Venezuela

De acuerdo con los anuncios oficiales, este martes 31, debería ser el último día del denominado “Plan Escuelas Abiertas Agosto Bicentenario”. Este año escolar, a diferencia de los anteriores, incluyendo el primero durante la pandemia, la información sobre planes y cronograma ha sido imprecisa y poco clara, a pesar de que en el calendario oficial, la actividad estaba incluida, tal como se aprecia en las siguientes imágenes:

De hecho, el pasado 2 de agosto, el anterior ministro de educación, publicó en su cuenta de Twitter, que estaba en videoconferencia con los jefes de zona, “trabajando la coyuntura”, refiriéndose a las actividades a realizar en vacaciones y al plan para el inicio del siguiente año escolar.

Captura de pantalla de Twitter

Posteriormente, en un acto de graduación, realizado el 6 de agosto, la vicepresidente Rodríguez anunciaba que el lunes siguiente, 9 de agosto, se iniciarían las actividades de vacaciones en las escuelas. Estos dos anuncios se daban, posteriormente a la fecha de inicio del plan, estipulada en el calendario oficial y en momentos en los que, como se mencionó en la publicación anterior, unas pocas Zonas Educativas mostraban fotos de las actividades que estaban realizando desde la primera semana del mes y otras, como la de Distrito Capital, reportaban que se estaban reuniendo para organizarlas.

Adicionalmente, cabe destacar que, como también se mencionó, de acuerdo con el anuncio hecho por Delcy Rodríguez, el plan se iba a desarrollar solamente en el 56,6% del total de planteles oficiales, información que fue ratificada y ampliada en una nota de prensa publicada el 26 de agosto en el portal del ministerio, en la que la actual ministro afirmó que el plan estaba siendo desarrollado por “más de 92 mil docentes”, entre docentes de educación física y docentes integrales y culturales, acompañados por 15 mil recreadores en las 15 mil escuelas que se había anunciado que participarían en el plan.

Al respecto, es importante señalar dos cosas:

  1. La primera es que teniendo la información con suficiente anticipación, no hubo planificación con tiempo. Por lo que cabe preguntar: ¿Por qué si el plan estaba incluido en el calendario oficial que fue creado el 14 de septiembre del 2020, las zonas educativas y el ministerio esperaron a la primera semana de agosto para organizar las actividades? y ¿por qué el anuncio oficial sobre su inicio, se hizo el 6 de agosto e indicaba que se iniciaba el 9 de agosto?
Captura de pantalla de las propiedades del archivo del Calendario Oficial
  1. La segunda es sobre su alcance y potencial discriminación. Al respecto, la realización de este plan en el 56,6% de los planteles deja abierta una serie de preguntas derivadas del hecho de que se desarrolle solamente en una parte de las escuelas.
    a. ¿Qué pasa con los estudiantes del otro 43,4% de las escuelas?
    b. Si se trata de un plan diseñado para ser instrumentado solo en una parte de las escuelas, ¿por qué aparece cómo una actividad que parece estar establecida para ser realizada todas las escuelas, en el calendario oficial?
    c. Y la más importante, ¿cuál fue el criterio de selección de las escuelas?

Adicionalmente, a estos puntos sobre el período vacacional, hay otro que surge del reiterado anuncio del posible inicio de clases presenciales en octubre: como está establecido, en Venezuela y para educación básica, el año escolar inicia el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre.

Eso significa que este año, corresponde el inicio del año escolar 2021-2022, al jueves 16 de septiembre y que, ya sea manteniendo la modalidad de educación a distancia instrumentada con el Plan Cada Familia Una Escuela, o retomando las clases presenciales de forma parcial o total, las actividades con estudiantes, en los niveles de educación inicial y primaria deben iniciarse ese día y en el nivel de educación media, el lunes 4 de octubre.

¿Qué significa entonces el anuncio del inicio de actividades presenciales en octubre? ¿Significa que las escuelas iniciarán actividades tal como está establecido en las normas y que, en octubre, lo que se iniciará será, en el caso de los niveles de educación inicial y primaria, un plan combinado (presencial y a distancia)? Porque un plan exclusivamente presencial es muy poco probable, mientras estemos en pandemia.

Al respecto, cabe resaltar que este lunes 30 de agosto, en las redes sociales del ente rector, tanto en la cuenta de Twitter oficial del nivel central, como en las de algunas de sus instancias desconcentradas, se reseñó la realización de una reunión, en la que se estaría presentando a las Zonas Educativas, un «plan de trabajo» para el inicio del año escolar 2021-2022, sin embargo, por el contenido de los mensajes, no quedó claro si el plan era para el inicio de las clases, o para el retorno a las aulas y tampoco se especificó la fecha del mismo. A continuación se pueden ver dos de las publicaciones. La primera corresponde a la cuenta oficial del ministerio y la segunda, a la cuenta personal de la viceministro de ese despacho.

Faltando tan poco tiempo, para la fecha en la que, por normativa, se deberían iniciar las actividades del próximo año escolar 2021-2022, esa información es imprescindible, porque tanto las escuelas, como los docentes y las familias, requieren planificar con tiempo, lo que sucederá en su dinámica cotidiana, a partir del 16 de septiembre. Las familias a partir del 16 de septiembre, pero las escuelas, sus directivos y docentes, así como el personal de supervisión, específicamente los de educación inicial y primaria, que iniciarán actividades con estudiantes ese día, requieren planificar y organizarse con anticipación.

Otra cosa que se requiere conocer, es la situación real de las escuelas, de cada una de ellas y las condiciones que ameritan trabajos de mantenimiento, dotación y ajustes adicionales, independientemente de que el inicio del año escolar, no incluya clases presenciales.

Con respecto a este punto, en el trabajo realizado desde este proyecto a lo largo del año escolar 2020-2021, en un grupo de escuelas en 5 entidades (Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Zulia), que incluyó información sobre planteles de dependencia nacional, estadal, municipal y privada subvencionada, en zonas tanto rurales como urbanas y de todos los niveles, con oferta específica de un nivel (1 escuela inicial, 15 primarias, 10 de media general, 2 de media técnica) o combinada (16 con inicial y primaria, 8 con primaria y media general y 6 con los tres niveles), pudimos conocer:

  • Que solamente 3 escuelas contaban con todos los servicios y solo en una de ellas, 6 servicios no presentaban fallas. El servicio que presentaba fallas era el de agua potable. En las otras dos, solo 3 y 4 servicios no presentaron fallas, respectivamente.
  • En cuanto a la disponibilidad de los servicios, el 95% de los planteles tenían electricidad, sin embargo, ese número desciende cuando se incluyen los factores de funcionamiento, más allá de las fallas y racionamiento que hacen que no puedan contar con el servicio total o parcialmente. Como ejemplo, podemos poner el de 4 escuelas que teniendo acceso al servicio, no podían utilizarlo por el robo del cableado, pero también el caso de 2 más que tienen el servicio, pero solamente en algunas áreas de las edificaciones. En cuanto a la calidad en la dotación del servicio, el 82% de las escuelas presentan fallas que incluyen racionamiento, inestabilidad y cortes o apagones.
  • Con respecto a los servicios de agua (blancas y servidas), pudimos conocer que el 81% de las escuelas contaban con estos servicios, sin embargo, en un 79% presentaron fallas recurrentes en el suministro de aguas blancas, por cortes programados o inesperados, y 45% tenían fallas en el sistema de aguas servidas. De acuerdo con este dato, pudimos observar que el servicio que presentó menos fallas en las escuelas, fue el del aguas servidas, con un el 55% que reportó no tener fallas.
    En este punto, cabe señalar que las fallas en el sistema de aguas servidas se producen por falta de mantenimiento. Es importante resaltar, en este caso, que en algunas escuelas, este servicio se restringe a la existencia de pozos sépticos.
    El mal funcionamiento de este servicio ha tenido como consecuencia que durante el año escolar 2020-2021, se presentara un bote de aguas servidas en los baños y en el patio central de una de las escuelas de Carabobo y que, en las últimas semanas del mismo, una de las escuelas del Zulia, que cuenta con pozos sépticos, tuviera una inundación de aguas servidas en las instalaciones. En las otras escuelas en las que se han presentado fallas en este servicio, no se registraron botes durante el año escolar 2020-2021, sin embargo, se requiere hacer mantenimiento para evitar el desbordamiento del sistema, por las lluvias, en el caso de las escuelas con pozos sépticos y los botes, por obstrucción de las tuberías del sistema, en los otros casos.
  • Como es de conocimiento público, como parte de las condiciones que permiten el ejercicio del derecho a la educación, las escuelas oficiales deben garantizar de forma gratuita, el servicio de alimentación escolar, especialmente, en las zonas en las que, por las condiciones de vida de la población, se requiere. Para ello, y a diferencia de las fórmulas precedentes, la modalidad que se ha instrumentado en las últimas dos décadas, es la preparación de los alimentos en la sede las escuelas. Ello implica que las escuelas deben tener áreas acondicionadas, tanto para la preparación de los alimentos, como para el almacenamiento de los insumos, así como para su consumo. Este servicio requiere la existencia del equipamiento adecuado y depende de otros servicios, como electricidad, aguas blancas y sistema de aguas servidas, así como del servicio de gas.
    En este caso, pudimos conocer que el 74% de las escuelas contaban con el servicio de gas y en un 63% no presentaba fallas. Sin embargo, las fallas en este servicio son solamente uno de los problemas que dificultan la disponibilidad del Programa de Alimentación Escolar, también se registran fallas en los suministros de los insumos, que deberían estar garantizados por el Estado, fallas que en algunas de las escuelas, incluyen más de un año sin recibir suministros.
  • En cuanto al acceso a las escuelas, pudimos conocer que el 85% de ellas se encuentran en zonas en las que existe el sistema de transporte público, sin embargo, este funciona con fallas en un 65% de los planteles, lo que restringe las posibilidades de asistencia de estudiantes, con sus familias y profesores a las escuelas, así sea para la entrega de portafolios o para las asesorías pedagógicas, en el caso de las familias y los estudiantes. y también para la distribución del PAE, cuando ésta se realiza directamente en la sede de cada plantel.
  • Finalmente, los servicios que reportan mayores deficiencias, tanto en suministro como en funcionamiento, son los de comunicación que son fundamentales para el desarrollo de las actividades a distancia. De hecho, pudimos conocer que solamente el 12% de las escuelas cuenta con conexión a internet y el 9% tiene telefonía fija, por lo que para establecer la comunicación que se requiere, entre directivos y docentes y entre docentes y estudiantes con sus familias, desde las escuelas, el personal debe utilizar tanto sus dispositivos, como sus planes de datos, asumiendo los costos asociados. Adicionalmente, se pudo conocer que de las 7 escuelas que cuentan con conexión a internet, en 3 de ellas, el servicio falla de forma recurrente.

Para ver más detalles sobre esta información, a continuación pueden ver las infografías, con la información que pudimos conocer, organizada, por entidad:

De acuerdo con la situación de las escuelas, poder organizar el inicio del año escolar, es importante considerar que, si el sistema sigue restringiéndose a la modalidad a distancia, las instalaciones de cada plantel se deben utilizar para la elaboración y organización de la distribución del PAE, para las reuniones entre directivos y docentes y para las actividades de acompañamiento académico que se realizan en las semanas de flexibilización. Para todas esas actividades se requiere que la infraestructura esté en condiciones óptimas y que cuente con los servicios básicos, incluyendo los de comunicación (telefonía e internet), así como que se garanticen las medidas de bioseguridad.

Si se cambiara el sistema por uno combinado con actividades presenciales y a distancia, también se requiere garantizar las condiciones básicas, sin interrupciones e incluso, con más capacidad, en algunos de los servicios.

Es por ello que, las escuelas que tengan fallas en el servicio eléctrico por daño o robo del equipamiento, el Estado, con anticipación debe realizar las actividades de mantenimiento que permitan restaurar completamente el servicio y en aquellas que estén ubicadas en zonas en las que no funcione de forma permanente o no cuenten con el servicio de electricidad, el ente responsable del Estado, debe dotarlas con una planta, garantizando el combustible suficiente y recurrente para su funcionamiento, que permita que se desarrollen las actividades durante el horario escolar.

De igual manera, en las escuelas que se encuentren en zonas en las que no esté disponible el servicio de agua potable, o en las que se presenten racionamiento o fallas recurrentes, el Estado debe proveer un sistema de almacenamiento (con la construcción de tanques, cuando se requiera), acompañado de la dotación periódica de camiones cisterna, que corresponda a las necesidades de uso de cada escuela, para que los costos de la dotación no tengan que ser asumidos por la comunidad, como ha venido sucediendo hasta el momento.

En el caso de las escuelas con problemas en el servicio de aguas servidas, el proceso debe incluir el mantenimiento del sistema, para evitar que se puedan producir desbordamientos o contaminación por las fallas en su funcionamiento. Este trabajo debe ser realizado previamente al inicio de actividades presenciales en las escuelas.

De igual forma, en las escuelas en las que está prevista la dotación del Programa de Alimentación Escolar, o de alguna de sus variantes, la instancia responsable del Estado, debe garantizar tanto el suministro de insumos, con la calidad nutricional que corresponda, como la disponibilidad de espacios y equipamiento, en óptimas condiciones, para la elaboración y consumo o distribución de los alimentos. Estas condiciones deben incluir el suministro de gas permanente, sin que los costos sean asumidos por los miembros de las comunidades educativas.

Adicionalmente, debido a los problemas tanto en el funcionamiento del sistema de transporte público, como a las deficiencias en la distribución de la gasolina, el Estado, a través de sus entes responsables, debe organizar por zonas, un sistema que permita prestar el servicio de transporte escolar que puede ser complementario al de pasaje estudiantil, anunciado por el ejecutivo el 6 de agosto. Esta medida es necesaria, porque aunque se garantice un subsidio al pasaje, tal como se establece con la medida anunciada, si en las zonas en las que están ubicadas las escuelas, no funciona el sistema de transporte público, o no tiene unidades suficientes como para garantizar que todos los estudiantes y docentes, puedan llegar a las escuelas, cuando corresponda, el Estado para garantizar el derecho a la educación, tiene la responsabilidad de organizar alternativas de solución.

Estas son medidas que corresponde al Estado instrumentar, debido a que forma parte de sus obligaciones, garantizar las condiciones que permitan que todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación, puedan ejercer el derecho a la educación.

Sin información, no hay balance

El pasado mes de julio, terminó el año escolar 2020-2021 en Venezuela. Un año que se desarrolló con las restricciones propias de la pandemia, pero agravadas por la situación del sistema educativo y la emergencia humanitaria que se vive en el país mucho antes del COVID-19.

Al cierre del año escolar, lo primero que deberíamos tener, es un balance de lo sucedido.

Para conocer un balance real y completo de lo sucedido en el año escolar, debería existir información detallada, actualizada y accesible a todos. Sin embargo, eso dejó de pasar en Venezuela, desde que:
– Cerraron el acceso público al sistema de información del ministerio (por el año 2010).
– Dejaron de ser públicas las memorias y cuentas (la última fue en 2015).
– Se prohibió la realización de investigaciones, y el levantamiento de información en las escuelas oficiales, lo que permitía tener ópticas alternativas y complementarias.

Es por ello que la única fuente de información disponible, en los últimos años, son las declaraciones de funcionarios de los entes oficiales, a través de notas de prensa, de intervenciones en programas o cadenas, y su difusión a través de los medios oficiales, incluyendo sus redes sociales. No obstante, la información obtenida a través de esos canales no tiene ni la completitud, ni la precisión, ni la confiabilidad que se requiere para poder considerarlo un balance real de lo sucedido en el año escolar.

En esta oportunidad, y hasta la fecha (martes 10 de agosto), no existe información oficial en la página del ministerio, ni en las de algunos de sus entes adscritos, como FEDE, sino algunas notas de prensa y videos, en la página de la vicepresidencia y en la de algunos medios del Estado, como VTV.

En efecto, en el portal del ministerio de educación, hasta el martes 10 de agosto, no aparecía información con las estadísticas educativas actualizadas. (Es importante aclarar que en ese portal, no hay información oficial, más allá de algunas notas de prensa, pero no data real y detallada). Y la reseña más reciente era del 26 de julio, tal como se aprecia en la siguiente captura de pantalla con la última publicación.

En sus redes sociales, específicamente en la cuenta oficial de Twitter, lo que estaba publicado hasta la primera semana del mes, eran reseñas de actividades desarrolladas, tanto por la oficina central del ministerio, como algunos de sus entes desconcentrados. Sobre el contenido específico de algunas de ellas, se hará referencia en otra publicación.

En ningún caso, se presentó información sobre los resultados y el balance del año escolar.

El viernes 6 de agosto, se realizó un evento para celebrar la graduación de bachilleres de la cohorte de este año. En dicho evento, tanto la vicepresidenta como el ministro del subsistema de educación básica, tuvieron intervenciones en las que mencionaron alguna información.

De estas intervenciones, más allá de apreciaciones sin datos, la información compartida fue una relación de matrícula por niveles y modalidades, presentada por Eduardo Piñate. En el siguiente cuadro, se recogen los datos mencionados que incluyen la matrícula registrada al final del año escolar 2020-2021 y la cantidad de estudiantes promovidos de un nivel a otro, en Educación Básica regular.

Además de esos datos, Eduardo Piñate, afirmó que durante el año escolar 2020-2021, uno de los mayores éxitos que se podía reportar era que se había garantizado el derecho a la educación en Venezuela, sin embargo, no presentó información o evidencia que respaldara esta afirmación. También dijo que estaban sistematizando las diversas opciones que se desarrollaron en la instrumentación del Plan Cada Familia Una Escuela, pero no señaló cómo se evaluará la eficacia en cada caso. Y otro elemento que mencionó en su intervención, fue que la educación en Venezuela se estaba desarrollando en correspondencia con el proyecto de país que se lleva adelante. Al respecto, es importante mencionar que, como es de conocimiento público, hay aspectos del proyecto de país que se está impulsando desde diversas instancias del Estado, que contienen violaciones a lo que está establecido en la Constitución vigente, por lo que, es importante tener en consideración los aspectos del mismo que están afectando la calidad educativa.

Por su parte, Delcy Rodríguez hizo diversos anuncios que incluyeron dos relacionados con la accesibilidad del derecho a la educación. En uno de ellos, informó que se habían aprobado “más de 14 millones de Euros” para la “dotación” de 19 planteles que se inaugurarán próximamente. No especificó dónde están, cuál es la matrícula que atenderán, ni tampoco los niveles que constituyen la oferta educativa, en cada caso. Es importante mencionar que esa información no se encuentra disponible en el portal del ministerio y tampoco en el de FEDE (portal que estuvo caído hasta ayer, sin embargo, hoy se puede ver que ni en la sección de noticias se encuentran datos sobre las construcciones, y las noticias publicadas son previas al 13 de marzo del 2020, más 4 publicadas el 12 de julio).

Otro anuncio hecho por la funcionaria, fue la aprobación de recursos para “fortalecer” 500 escuelas y “recuperar” 24 mil mesas-sillas. En este caso, tampoco hay información en los portales correspondientes sobre las escuelas a atender, ni del tipo de mantenimiento a realizar en cada una.

Con respecto a estos datos, es importante señalar que, en un informe presentado por el MPP para la Comunicación e Información en enero de este año, dice que en Venezuela existen 31.552 escuelas, de las que el 84% son de dependencia oficial. Y de acuerdo con las últimas cifras oficiales que estaban publicadas en un reporte en el portal del INE, para el año escolar 2017-2018 había 29.412 escuelas en total, de las que 24.411 eran de dependencia oficial.

Eso significa que, de acuerdo con anuncio hecho por Rodríguez el pasado 6 de agosto, se incrementaría 0,06% el total de planteles existentes en el país, tomando las referencias previas de 2018 y 2021 (lo que significaría 0,07% y 0.08% de las escuelas oficiales, respectivamente). Y en términos de mantenimiento menor, se estaría atendiendo el 1,6% y el 1,7% del total de escuelas reportadas en el 2018 y el 2021, lo que representa el 1,9% y el 2,05% de las escuelas oficiales existentes en 2018 y 2021, respectivamente.

De forma complementaria, cabe señalar que en las redes sociales de las organizaciones del Estado, con responsabilidad directa en la garantía del derecho a la educación, en los primeros días de este mes, se encontraron algunas publicaciones reseñando el mantenimiento de unas pocas escuelas en Anzoátegui, Apure y Barinas, una inspección de las obras de realizadas en un Liceo, una jornada de desinfección en una escuela del Táchira y un plan de recuperación de mesas-sillas en un municipio del estado Bolívar. Además de ello, se encontró una mención a reuniones realizadas en 3 entidades Distrito, Sucre y Zulia, en la primera para organizar la seguridad de un plantel durante el período de vacaciones y en las otras dos para organizar actividades de mantenimiento en los planteles educativos. En todos los casos, la información presentada en las publicaciones es puntual, y no permitía tener data real sobre el alcance y desarrollo de las actividades.

En el evento del 6 de agosto, Delcy Rodríguez, también hizo otros dos anuncios relacionados con el sistema educativo: la realización de un proceso de registro para que los estudiantes puedan utilizar el pasaje estudiantil, con un mecanismo de pago electrónico, activado con un código QR y el inicio, el lunes siguiente, de un “plan vacacional”, para estudiantes de todos los niveles y la emisión de un programa de televisión denominado CreArte2.0.

Con respecto al plan vacacional, la funcionaria dijo que éste se realizaría en 15.000 planteles, lo que equivale al 56,6% del total de planteles oficiales, de acuerdo con los datos mencionados previamente. En este caso, es importante conocer dónde están ubicados y a cuántos niños y jóvenes se atenderán durante el período vacacional, así como, cuáles son los planes alternativos, más allá de los programas de televisión, que se garantizarán a aquellos estudiantes del subsistema de educación básica que están inscritos en escuelas de dependencia oficial y que, por la selección de los planteles, no tendrán acceso a este “plan”.

Es importante mencionar que, para la realización de este plan vacacional, se desconocen las instrucciones que deberán seguir las Zonas Educativas y las escuelas. Esta situación es diferente a la del período vacacional del año escolar 2019-2020, en el que el ente Rector, elaboró y envió a las escuelas unas orientaciones para el desarrollo de lo que, en ese momento, se denominaba el «Plan Cada Familia Una Escuela en Vacaciones» y que incluía instrucciones para las actividades de mantenimiento escolar, así como para las de recreación.

Adicionalmente, a pesar de que no se había anunciado como una actividad y de que se desconocen las orientaciones respectivas, durante la primera semana de agosto, se vieron algunas publicaciones de Aragua, Monagas y Portuguesa, mostrando actividades de lo que se denominaba en ellas como Plan «Escuelas Abiertas en Agosto». En Distrito Capital, lo que se difundió fue información sobre la realización de mesas de trabajo para planificarlas.

Después del anuncio hecho el 6 de agosto, e iniciada la segunda semana del mes, se han encontrado otras publicaciones con información sobre el plan, en este caso, mostramos la de Sucre y 3 de Distrito, con información diversa, en la primera, se presentan escuetamente, las opciones a ofrecer, en la segunda se reseña la realización de una reunión de organización de las actividades del plan, y en la tercera, con un enfoque contrario a la esencia cívica establecida en la Constitución, se muestra el inicio de las actividades de formación en idiomas.

En todos los casos, hasta el momento, es importante hacer notar que, es muy poca la información con la que se cuenta públicamente sobre esta actividad, que el plan «Escuelas Abiertas en Agosto» de ser el mismo que fue anunciado en el acto del pasado 6, estaría iniciando en muchas zonas educativas con una semana de atraso y pareciera que producto de alguna decisión oficial, ya que, en el anuncio se especificó que iniciarían las actividades de recreación este lunes 9. Esta situación pone en evidencia la falta de planificación y de coordinación entre las instancias del ente rector, en sus diversos niveles de organización, planificación que debió hacerse antes de finalizar el año escolar si se trataba de un plan para desarrollar actividades a lo largo del mes de agosto, como su nombre lo dice. Esta situación, más la restricción en el número de instituciones habilitadas para desarrollar las actividades, tiene como consecuencia un trato desigual a los estudiantes, dependiendo del lugar en el que residen.

Hasta aquí hemos hecho referencia a la información que está disponible, debido a las restricciones a las que hicimos mención al principio. Pero ¿cuál es la información que, como país y como ciudadanía, deberíamos tener?

Para poder decir que tenemos un balance de lo sucedido en el año escolar 2020-2021, deberíamos:

  • Saber cuántos estudiantes cursaron efectivamente el año escolar, con su relación por edad y sexo en cada año y grado. Y dado el contexto de la pandemia, al decir efectivamente, no se puede hacer referencia solamente, como en las situaciones pre-pandemia, a la asistencia a lo largo del año escolar, sino que se debe tener una relación de la comunicación efectiva de los docentes y las escuelas, con los estudiantes y las familias.
  • Obviamente, de forma complementaria, se debería tener una evaluación de los aprendizajes reales logrados por los estudiantes, al finalizar el año escolar. En este caso, se requiere eliminar la lógica de la «certificación automática» que se ha instrumentado en el subsistema de educación básica.
  • Saber cuántos docentes estuvieron en ejercicio permanente, cuál fue su nivel de comunicación con los estudiantes y las familias y de interacción con los directivos de su escuela y con los supervisores de la Zona Educativa. En este caso, se requiere saber también, cuál es el nivel de formación de cada docente, así como, las competencias que tiene para desarrollar las actividades en el nivel y año que les corresponda.
  • Deberíamos tener un censo del personal directivo, administrativo y obrero de cada escuela, su estatus y actividad a lo largo del año escolar. En el caso de todos, pero, especialmente, en el del equipo directivo, se requiere saber cuál es su nivel de formación y competencias para desarrollar las actividades propias de sus cargos.
  • Otra cosa que se debería saber, con detalle, es el estatus de las Zonas Educativas, las Autoridades Únicas, las Direcciones de Educación de gobernaciones y alcaldías, a lo largo y ancho del país, con cuál personal cuentan, cuál estuvo activo a lo largo del año escolar, cuántas veces visitaron las escuelas a su cargo, y también, como en el caso de los directivos, cuál es su nivel de formación y competencias para desarrollar las actividades propias de sus cargos.
  • Tener un inventario con las condiciones de la infraestructura de cada una de las escuelas a lo largo y ancho del país, con una relación del estatus de los servicios públicos que requieren para su funcionamiento.
  • Saber cuál fue la cobertura real del PAE y la calidad nutricional de las comidas, en cada una de las escuelas oficiales.
  • En Venezuela, también deberíamos tener información sobre los planes de estudio, su estatus de desarrollo e instrumentación y la evaluación de los materiales y recursos que se utilizaron en cada nivel y modalidad.

Esta data, en términos generales, es imprescindible, independientemente del contexto en el que se desarrolle el año escolar para poder tener un balance de lo sucedido. Pero en pandemia, además, deberíamos saber:

  • En cuantas familias se pudieron instrumentar las actividades del plan Cada Familia Una Escuela, cuántas contaban con condiciones para desarrollarlas y apoyar a los estudiantes; y cuántas recibieron acompañamiento y apoyo, de qué tipo, con qué frecuencia y suministrado por quién.
  • En cuántas escuelas, cuántos y cuáles docentes, utilizaron variantes del Plan, cuál fue la variante, a cuántos estudiantes pudieron llegar efectivamente.
  • Y en cuantas escuelas, cuántos y cuáles docentes, utilizaron los programas y materiales del Plan Cara Familia Una Escuela para desarrollar sus procesos.

Mientras el país no cuente con esa información detallada, no se puede afirmar que se garantizó el derecho a la educación, que no se incrementaron las desigualdades sociales y territoriales, ni que el año escolar culminó con éxito; así como tampoco, sin evaluar la efectividad de todas y cada una de las variantes del Plan Cada Familia Una Escuela, es decir, sin conocer qué tanto alcance tuvo cada variante y cuánto aprendieron los estudiantes en cada caso, se puede afirmar que son «soluciones creativas» que permitieron desarrollar los aprendizajes el año escolar pasado.

Sin información, lo que se tienen son referencias puntuales, reseñas anecdóticas y propaganda.

151 años del Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria, Decreto 1.723

78 años antes de la adopción de Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo artículo 26, numeral 1, establece que:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuitamente, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos«

El 27 de junio de 1870, el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, promulga el Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria, decreto 1.723. El texto contiene 76 artículos o cláusulas, organizados en dos secciones y tal como lo recogen Abreu (2015) y Duarte (2008), el primero de ellos establece que una parte de la educación pública, será obligatoria:

La instrucción pública en Venezuela es de dos especies: obligatoria o necesaria, y libre o voluntaria

El segundo presenta como norma su obligatoriedad sin ningún tipo de discriminación, determina la responsabilidad del Estado en garantizarla de forma gratuita y establece las áreas generales de formación:

La instrucción obligatoria es aquella que la ley exige a todos los venezolanos de ambos sexos, y que los poderes públicos están en el deber de dar gratuita y preferentemente. Comprende por ahora los principios generales de moral, la lectura y la escritura del idioma patrio, la aritmética práctica, el sistema métrico y el Compendio de la Constitución federal”.

La norma de la gratuidad también se aplica a la educación voluntaria o libre, siempre que los entes del Estado estén en condiciones de hacerlo, tal como se expresa, en el tercer artículo o cláusula:

La instrucción libre abarca todos los demás conocimientos que los venezolanos quieran adquirir en los distintos ramos del saber humano. Esta especie de instrucción será ofrecida gratuitamente por los Poderes públicos en la extensión que les sea posible

Estas disposiciones que establecen obligaciones y gratuidad, tienen un complemento en el artículo o cláusula 5, involucrando a las familias en la responsabilidad y el financiamiento, que incluye la incorporación a las escuelas, cuando las familias no tengan los conocimientos o los recursos para la formación de los niños y jóvenes.

Todo padre, madre, tutor o persona a cuyo cargo esté un niño o niña mayor de siete años y menor de edad, está obligado a enseñarle los conocimientos necesarios o pagar un maestro que les enseñe, y en caso de no poder hacer ni una ni otra cosa, deberá mandarlo a la escuela pública del lugar

Así como una precisión del alcance de las responsabilidades de los entes del Estado, en el artículo o cláusula, 7:

«La Nación, los Estados y los Municipios están obligados a promover en sus respectivas jurisdicciones y por cuantos medios puedan, la instrucción primaria, creando y protegiendo el establecimiento de escuelas gratuitas en los poblados y en los campos, fijos y ambulantes, nocturnos y dominicales, de manera que los conocimientos obligatorios estén al alcance de todas las condiciones sociales

Por otra parte, el artículo o cláusula 10, establece la responsabilidad del Estado de apoyar y proteger las iniciativas, sean éstas provenientes del Poder Federal, o de iniciativas no gubernamentales:

Todo esfuerzo en beneficio de la instrucción primaria, sea de un individuo, de una asociación o del Poder Federal, será eficazmente secundado y protegido por las autoridades de los estados”.

Para garantizar la gratuidad, de forma complementaria y en relación a las escuelas primarias, en el artículo o cláusula 29 se crea un impuesto destinado a su financiamiento.

Se establece un impuesto nacional sobre la circulación de los valores en la forma que se expresará; y su producto íntegro se destina a la fundación y sostenimiento de escuelas primarias”.

Y para poder llegar a toda la población, el artículo o cláusula 20, establece:

Las escuelas primarias de niños o niñas serán fijas o ambulantes, las primeras se establecerán en las ciudades, villas o poblados y las segundas en los caseríos y en los campos”.

Así como, el artículo o cláusula 21, considera la existencia de escuelas de adultos, con horarios especiales, para ampliar el acceso a la educación esencial, para todos.

Las escuelas primarias de adultos pueden ser dominicales y nocturnas”.

Otro elemento a considerar del contenido de este decreto, es el trato a quienes ejercieran funciones en educación. En este caso, en los artículos o cláusulas 25 y 26, se establecen dos condiciones básicas de contratación: la pensión por jubilación (25) y recompensas extraordinarias derivadas de la cantidad de estudiantes formados (26).

Artículo o cláusula 25: “Todo preceptor o preceptora que enseñe por quince años consecutivos las primeras letras en las escuelas de la Nación obtendrá su jubilación y gozará durante su vida de una pensión igual al sueldo que disfrutaba y que se pagará de las rentas de instrucción primaria”.

Artículo o cláusula 26 “La Dirección nacional acordará recompensas extraordinarias a los profesores y profesoras que enseñen a mayor número de alumnos en un año”.

Como resultado de la promulgación del Decreto 1.723, de acuerdo a las fuentes consultadas: en 1873, de acuerdo a la reseña hecha en el Diccionario de Historia de Venezuela, existían 141 escuelas federales con 7.064 estudiantes y 251 escuelas municipales, con 8.017 y en 1885, las escuelas habían aumentado a 1.312 escuelas federales con 80.900 estudiantes y 645 escuelas municipales, con 18.556.

Referencias:

Abreu, A; (2015); Decreto De Instrucción Pública, Gratuita Y Obligatoria De Antonio Guzmán Blanco. Un Referente Histórico – Educativo (http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/download/5/21?inline=1)

Duarte, J; (2008); La universidad católica de Bogotá y la formación de profesionales durante la regeneración 1884-1890, Revista Heurística, Saber-ULA. (http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/21099)

La información del Diccionario de Historia de Venezuela, se puede ver en el siguiente enlace: https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/d/decreto-de-instruccion-publica-gratuita-y-obligatoria/

Sigue en riesgo la gratuidad de la educación en Venezuela

En Venezuela, de acuerdo a la normativa existente, la educación básica, es obligatoria y debe ser gratuita en las escuelas de dependencia oficial. Esto significa que las escuelas que ofrecen educación inicial, primaria y media, que son administradas por el Estado, en todos sus niveles de gobierno, no pueden cobrar ni aranceles de inscripción, ni mensualidades, así como tampoco, solicitar colaboración a las familias, o a los estudiantes, en forma de insumos o trabajo.

Sin embargo, desde hace más de una década, a pesar de las normas que expresamente lo prohíben, se han registrado solicitudes de “colaboración” a estudiantes y a padres y representantes. Esta “colaboración” ha estado asociada a las labores de mantenimiento escolar, cuyo desarrollo ha recaído en la comunidad educativa, trasladando en la práctica, los costos de mantenimiento escolar, que deberían asumir los organismos del Estado, con responsabilidad en la gestión de las mismas. Eso lo hemos reportado previamente en nuestras publicaciones. 

Actualmente, a esas solicitudes, con el consecuente traslado de la responsabilidad de asumir los costos de la gestión escolar, en el marco de la cuarentena, por el COVID-19, se han comenzado a registrar, en diversas escuelas oficiales, solicitudes, no solo de los insumos para realizar la limpieza, sino que también se solicita a los representantes la realización de pagos (inscripción y mensualidades), como “colaboración” para cubrir los gastos de funcionamiento de la escuela, incluyendo los de papelería.

Es importante recordar que en muchas escuelas de dependencia oficial, desde hace más de dos décadas, por la reducción del presupuesto para la compra de insumos, muchos docentes y representantes donaban, con cierta periodicidad artículos, como resmas de papel, para garantizar la realización de algunas actividades administrativas y pedagógicas. Eso que comenzó como una irregularidad esporádica, aunque recurrente en algunos casos, se está transformando, en algunas escuelas, en una práctica ilegal, que atenta contra el derecho a la educación y cuyos responsables son el MPPE, y las Gobernaciones y Alcaldías que tienen a su cargo la administración de escuelas en el subsistema de Educación Básica.

En este marco, queremos llamar la atención sobre algunos casos, en el Estado Carabobo, de los que nos suministraron información.

En cuanto a la solicitud de insumos, se conoció que en la Unidad Educativa “Fermín Toro II”. (Parroquia Santa Rosa, Municipio Valencia) para el cierre del año escolar 2019-2020, se esperaba que, como parte del Proyecto Integral Comunitario (PIC), los estudiantes realizaran trabajos de mantenimiento de la escuela, (limpieza, pintura, desmalezamiento, etc). Como alternativa, se daba por aprobada la actividad, si los estudiantes llevaban productos de limpieza.

En esa Unidad Educativa, en una reunión realizada en la segunda semana del pasado mes de julio, se estableció la obligación de los representantes, de aportar cinco dólares ($5) para “ayudar con la papelería”. En esa reunión también se ratificó que las familias debían “apoyar” con productos de limpieza.

Adicionalmente, el 9 de agosto los representantes recibieron un mensaje, en el que se les recordaba que debían pagar la “colaboración”, en este caso por un dólar $1 al cambio vigente para el momento. El pago se debía hacer por transferencia a una cuenta especificada en el mensaje. Una vez realizada la transacción, debían enviar la constancia para registro.

Información sobre solicitudes irregulares de pagos, también se presentó en el Liceo Nacional Bolivariano Arístides Bastidas, ubicado en la población de Trincheras, Municipio Naguanagua. En este plantel, los representantes fueron informados de que, para poder recibir la boleta con la evaluación de los estudiantes, deberían pagar “el costo de las mismas”. En este caso, no se pudo conocer el monto, pero sí se pudo saber que las boletas serían entregadas, por el Consejo Comunal, en lugar de por las autoridades del Liceo, lo que constituye un hecho irregular adicional.

En la Escuela Básica Bolivariana Cayaurima, también ubicada en la población de Trincheras, a mediados del mes de julio, se informó a los representantes que el proceso para ratificar las inscripciones se realizaría del 21 al 23 de julio, y que para realizar el procedimiento, debían “aportar” BsF 100.000, lo que constituye, evidentemente, una irregularidad.

Finalmente, en un Centro de Educación Inicial dependiente de una Alcaldía, se han reportado dos irregularidades. La primera se dio al inicio de la cuarentena. Al respecto, los representantes informaron que tuvieron que volver a comprar los útiles escolares, debido a que, cuando se suspendieron las clases, los que habían entregado en la escuela, para el desarrollo de las actividades de los estudiantes, no les fueron devueltos para que pudieran utilizarlos en sus casas.

En este caso, la irregularidad incluyó dos aspectos, la falta de suministro de los útiles escolares, por parte del Estado (es importante recordar que, los útiles, como los uniformes escolares, forman parte de la canasta educativa, que debe ser gratuita, en las escuelas de dependencia oficial); y una problema de gestión escolar, que impidió que las familias contaran con los útiles comprados para desarrollar las actividades de educación en casa, tal como estaba establecidos en el Plan Cada Familia Una Escuela.

La segunda irregularidad tiene que ver con el cobro de aranceles por inscripción y mensualidad. Este plantel, de acuerdo a la información suministrada, solicita una “colaboración” de $20, por inscripción y posteriormente, un monto mensual de $5. La justificación de los directivos del plantel, es que se requieren los recursos para las actividades de mantenimiento y para la compra de insumos y equipos, dañados o hurtados.

En las escuelas oficiales, como se dijo anteriormente, los costos de reparación y reposición de equipos, así como de insumos para la realización de mantenimiento escolar, deben ser asumidos por la instancia responsable de la escuela y no por los miembros de la comunidad educativa.

En todos estos casos, la solicitud de “colaboración” a los representantes, constituye una irregularidad que viola el derecho a la educación, en Venezuela.

Día Mundial de los Docentes

En próximo lunes 5 de octubre, se conmemora el Día Mundial de los Docentes. Este día se celebra todos los años, desde 1994, para recordar que en 1966, como conclusión de una Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, se firmó un acuerdo entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO.

Este acuerdo forma parte de una serie de instrumentos jurídicos, relacionados a educación. Hasta el momento son 21 y cubren diversos aspectos, desde la convalidación de los títulos, hasta el tipo de formación que se puede desarrollar. A continuación tienen las denominaciones de los instrumentos y sus fechas. En el enlace que está en la nota señalada en fuente del cuadro, pueden verlos y conocer el contenido de cada uno de ellos.

Instrumentos2
Fuente: Elaboración propia con información del portal de la UNESCO (1)

El acuerdo de 1966 estuvo sustentado en el reconocimiento del derecho a la educación, y las consecuentes obligaciones de los Estados que se derivan del mismo, así como de lo esencial que es el personal docente en el proceso educativo; y tomó en consideración, por una parte la diversidad de situaciones y legislaciones de los países; por la otra, todas las disposiciones existentes en los convenios internacionales, vigentes al momento, que se podían aplicar a este personal; así como las recomendaciones sobre formación y situación del personal docente que se incluyeron en los acuerdos de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Conferencia Internacional de 1962.

Tenía como propósito generar un marco de recomendaciones que pudieran completar las normas existentes hasta el momento con miras a apoyar el desarrollo y la ampliación de cobertura de la educación general y de la técnica y profesional, a asegurar que el personal docente tuviera una condición acorde a su rol e importancia en el proceso educativo, y también, a poner remedio a la escasez de docentes en los sistemas educativos que se había identificado como un problema importante en ese momento.

En este punto, es relevante señalar que en 1966 era una preocupación en muchos países la falta de docentes en cantidad y con la formación requerida, para atender a la demanda creciente del sistema educativo, en muchos países. Ese que era un problema para Venezuela en ese momento, se plantea como un grave problema, en la actualidad, especialmente en el marco de la emergencia humanitaria que atraviesa el país desde mucho antes de que surgiera la pandemia del COVID19.

Por la fecha y las condiciones en las que se encuentra la carrera docente, en este momento en Venezuela, queremos llamar la atención sobre algunos aspectos específicos del acuerdo de 1966, que a pesar de estar contenidos y haber sido desarrollados, total o parcialmente, en diversos instrumentos normativos, como la Ley Orgánica de Educación de 1980 y su reglamento, el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente de 1991, la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Educación del 2009, así como en algunas cláusulas de las contrataciones colectivas, hoy se encuentran en desuso, altamente cuestionados o sustituidos, de hecho, por prácticas que los anulan o los contradicen, constituyendo un importante retroceso por la desinstitucionalización de la carrera docente.

El texto del acuerdo está estructurado en 13 secciones y 146 párrafos. Lo pueden leer completo en este enlace.

De la sección que contiene los “principios generales”, es importante resaltar que el acuerdo plantea la importancia de reconocer que “el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador” (2), por lo que la situación (3) del personal docente debería garantizar que los educadores gocen del respeto público y de las condiciones de trabajo que les permita entregarse plenamente a sus tareas y que correspondan a la importancia de su rol en el proceso educativo, pero adicionalmente, que tengan formación sólida desarrollada “mediante estudios rigurosos y continuos”, así como un sentido de responsabilidad personal y colectiva, acorde a su rol. (4)

Por otra parte, se ratifica que ni la formación ni las condiciones de empleo de los docentes, pueden estar sujetas a algún tipo de discriminación.(5) Este es un punto de crucial importancia, en este momento, en Venezuela, debido a que los programas de formación docente, en las instituciones promovidas y administradas desde el Estado, establecen que la formación debe estar dirigida al desarrollo de profesionales afines a una corriente de pensamiento. (6)

Los principios generales también hacen mención específica al rol que deben jugar las organizaciones que agrupan al personal docente, especificando que las mismas deberían participar en la elaboración de la política relativa a la profesión docente. (7) En este aspecto, es importante mencionar, la exclusión de buena parte de las organizaciones gremiales, que se ha hecho evidente en los últimos años, en los procesos de discusión y definición de proyectos y acciones específicas, incluyendo los que se han desarrollado en el marco de la respuesta a la pandemia.

Un aspecto complementario a lo especificado en ese principio, está contenido en el párrafo 10, ordinal k, en la que se establece, como deseable una “estrecha” cooperación, entre las autoridades del sector y las organizaciones docentes, de padres, las instituciones de enseñanza y las de investigación al momento de definir la política relativa a la profesión docente y sus objetivos específicos.

En cuanto a la planificación, además de la incorporación de los actores en su diseño, es importante mencionar que el acuerdo, en el mismo párrafo, establece, como aspecto a incluir la atención planificada a la demanda de docentes, esto significa que el sistema debe conocer las necesidades presentes, y estimar las futuras, para promover procesos de incorporación y de actualización que garanticen contar con docentes suficientes, plenamente capacitados y calificados.

La sección quinta del acuerdo, que está desarrollada en 20 párrafos, establece lineamientos sobre la capacitación tanto para ingresar a los cursos de formación docente, como para el desarrollo de los mismos. Entre ellos, es importante resaltar:

Que se requiere por una parte, tener una oferta de formación con cupos suficientes, para la cantidad de docentes que el sistema requerirá formar, pero además que el proceso de formación debe ser atractivo; y por la otra, que los requisitos de ingreso a los programas de formación, garanticen que los aspirantes tengan una formación previa completa, y las cualidades personales que se esperan de los docentes durante su ejercicio.

Esta oferta debería desarrollarse en instituciones de nivel universitario, con profesores altamente calificados, entre los que se aspira a que los que desarrollen formación pedagógica, tengan experiencia en enseñanza escolar y que puedan renovar su experiencia con prácticas periódicas en escuelas. Esta disposición es especialmente interesante, porque significa que quienes ejerzan como profesores universitarios, en asignaturas de pedagogía, deben haber sido docentes en inicial, primaria o secundaria previamente, pero además, deberían renovar su experiencia en las aulas, con su regreso periódico a la enseñanza en educación básica, lo que les permitiría estar mucho más actualizados, porque podrían en práctica, permanentemente, lo que tratan de enseñar en la universidad.

En cuanto al perfil, se establece que se debería procurar la formación de docentes con cualidades morales, intelectuales y físicas adecuadas para el ejercicio profesional, pero también con los conocimientos y las competencias requeridas. Específicamente las cláusulas 19 y 20, señalan: “la formación del personal docente debería consistir en desarrollar sus conocimientos generales y su cultura personal; su aptitud para enseñar y educar, su comprensión de los principios fundamentales para el establecimiento de buenas relaciones humanas dentro y más allá de las fronteras nacionales; la conciencia del deber que le incumbe de contribuir, tanto por medio de la enseñanza como con el ejemplo, al progreso social, cultural y económico”, por lo que los programas deberían contener: “a) Estudios generales; b) Estudio de los elementos fundamentales de filosofía, de psicología y de sociología aplicados a la educación, así como estudio de la teoría y la historia de la educación, de la educación comparada, la pedagogía experimental, la administración escolar y los métodos de enseñanza de las distintas disciplinas; c) Estudios relativos a la disciplina en la que el futuro docente tiene intención de ejercer su carrera; d) Práctica de la docencia y de las actividades para escolares, bajo la dirección de profesores plenamente calificados”.

En cuanto a la contratación y el desarrollo de la carrera profesional, muchas de las sugerencias expresadas en el capítulo 7, fueron recogidas y desarrolladas, en su momento, en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, instrumento normativo vigente, que actualmente se desconoce de hecho, para todo lo relativo al ingreso, y ascenso en la carrera, especialmente en aspectos como las condiciones para el ejercicio de cargos de responsabilidad como los de dirección escolar y los de supervisión, así como los criterios para la designación en los mismos que deberían ser estrictamente profesionales, y no por afinidad política, como sucede actualmente, en Venezuela.

En términos de condiciones laborales, el acuerdo establece, por una parte las que deben garantizarse para que los docentes puedan realizar una enseñanza eficaz y por la otra, las contractuales relativas a los ingresos y beneficios sociales.

Con respecto a las primeras, se mencionan desde la cantidad de estudiantes por docente, incluyendo contar con personal auxiliar, para garantizar que la atención sea lo más personalizada posible; pasando por la cantidad de horas de dedicación, que consideren el volumen total de trabajo incluyendo la investigación, su formación y actualización, las horas de preparación, planificación y evaluación; así como, por la dotación de materiales pedagógicos adecuados e innovadores –para los docentes y los estudiantes-, promoviendo la investigación para garantizar su manejo y aprovechamiento; y obviamente, el estado y la calidad de la infraestructura y equipamiento escolar, con espacios que permitan el desarrollo de actividades escolares y extraescolares, en los que se garantice la seguridad y la salud tanto de estudiantes como de docentes. Todas éstas son condiciones inexistentes hoy en el sistema educativo venezolano, para la mayoría de las escuelas y de los profesionales de la educación.

En ese ámbito también se especifican una serie de disposiciones especiales sobre condiciones a garantizar para profesionales que ejerzan en las zonas rurales o aisladas. En ese caso, las sugerencias incluyen que el Estado asuma la responsabilidad de dotar de una vivienda adecuada para el docente y su familia, que se asuman los costos de mudanza y de traslados, así como una compensación en prestaciones especiales, por el ejercicio en condiciones de vida especialmente difíciles.

En términos de las condiciones relativas a los ingresos y beneficios sociales, la premisa del acuerdo es que los profesionales de la educación deben tener una remuneración acorde con la importancia del rol que cumplen en la sociedad, por lo que debe asegurar un nivel de vida satisfactorio tanto para el docente como para su familia, así como disponer de recursos suficientes para desarrollar otras actividades, tanto de perfeccionamiento profesional, como culturales. En cuanto a la seguridad social, se establece como condición general que todo profesional de la educación, debe contar con protección.

Finalmente, el acuerdo establece una serie de recomendaciones aplicables a los sistemas en los que no hay personal docente suficiente. La premisa de partida es que un sistema con escasez de personal se considera en crisis, por lo que se pueden aplicar medidas excepcionales que no deroguen o modifiquen las normas vigentes en el país y que éstas deben evitar la constitución y permanencia de grupos numerosos de estudiantes, porque resultarían incompatibles con el proceso de calidad y perjudiciales para los estudiantes.

En su lugar se sugiere la creación de programas intensivos y de urgencia, pero que garanticen la formación de personal que sea competente para el proceso de enseñanza. En esos programas se plantea la necesidad de que los procesos de admisión sean tan o más exigentes que los de los programas de formación regulares y que deberían contar con facilidades económicas para que esos profesores puedan complementar su formación una vez que se encuentren en ejercicio. Adicionalmente, se sugiere que el personal mientras no esté completamente calificado, debe estar dirigido y “estrechamente controlado” por educadores que tengan plena calificación.(8)

Lamentablemente, en el 2020, 54 años después de firmado el acuerdo, muchas de las recomendaciones contenidas en el acuerdo son nuevamente aplicables y necesarias en Venezuela. Por lo que preguntamos a las instancias del Estado con responsabilidad sobre la garantía del derecho a la educación:

¿si desde 1966 se sabe que el docente es un elemento clave para garantizar educación de calidad, y en Venezuela se habían logrado avances significativos en la institucionalización de la carrera docente, cuáles son las políticas públicas y las medidas específicas para reconstruir tanto la carrera como la planta docente del sistema de educación básica, con profesionales de la educación altamente calificados?

¿Cómo se van a restaurar los canales y mecanismos de participación de las organizaciones que agrupan a los docentes en las decisiones que correspondientes?

¿Cómo se van a eliminar los mecanismos de discriminación tanto para el ingreso y ascenso en la carrera, como los relacionados con los programas de formación asociados a tendencias políticas específicas?

¿Cuáles son las estrategias de acompañamiento y evaluación que garantizarán el mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, así como la calidad de la educación para los estudiantes?

¿Cuáles serán los planes extraordinarios para garantizar la formación e incorporación de profesionales al ejercicio de la docencia, en todas las zonas y escuelas en las que se requieren actualmente, producto de la migración y el cambio de actividad?

¿Cómo se van a garantizar tanto las condiciones socioeconómicas y de seguridad social para los docentes, como las de trabajo en las escuelas, -incluyendo las especiales para aquellos que ejercen en contextos rurales o aislados-, así como la calidad y pertinencia en los programas de formación docente en todas variantes?

¿Dónde está la planificación a corto, mediano y largo plazo, con los cálculos y los recursos presupuestarios, que garanticen la instrumentación de los cambios requeridos en el sistema?

A los actores no gubernamentales del sistema educativo, ¿Cómo se plantean la reconstrucción y reinstitucionalización de la carrera docente, incluyendo la evaluación y los programas de formación que garanticen calidad en el ejercicio?

Unos datos complementarios

Para hacer seguimiento a la instrumentación de las recomendaciones contenidas en el acuerdo de 1966, así como al que posteriormente se aprobaría, en 1997, sobre las condiciones del personal docente universitario, se creó el Comité de Expertos sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART). Este fue creado conjuntamente por la OIT y la UNESCO.

El CEART está compuesto por 12 expertos en educación, enseñanza y trabajo de todo el mundo, y tiene como propósito examinar las tendencias en educación, así como, la aplicación de las recomendaciones contenidas en ambos acuerdos, por parte de los países. También evalúa y formula recomendaciones, sobre casos presentados por las organizaciones de docentes, relacionadas con el incumplimiento de los principios contenidos en los acuerdos.

Desde su creación ha realizado 13 reuniones. La última se celebró en el 2018. En este enlace de la página de la OIT, pueden encontrar todos los informes presentados hasta el momento.

De forma complementaria, desde la UNESCO se promueven proyectos en los que se aborda el diseño de políticas para desarrollar las capacidades de los sistemas educativos, en los países, que permitan aumentar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Es así como, a partir de la creación de un Equipo Especial Docente, en el marco del programa de Educación para todos, se realizan reuniones anuales de la UNESCO, los Estados Miembros y los asociados internacionales, en el marco del denominado Foro Internacional de Diálogo sobre Políticas.

Este Foro Internacional surgió a partir de una serie de iniciativas, que se originaron como parte del seguimiento a los objetivos del Programa de Educación Para Todos iniciada en el Foro Mundial de Dakar (2000). En Dakar, se hizo evidente que la incorporación de los niños a la educación primaria, había crecido mucho más rápidamente que la contratación del personal docente para poder garantizar su debida formación, lo que convirtió la escasez de docentes en un tema de atención del Programa, y en el 2008, la Declaración de Oslo incluyó un llamado a los gobiernos para que establecieran necesidades de corto y mediano plazo de contratación y formación docente, así como la creación de un Equipo Especial Docente (TTF).

Este equipo ha estado enfocado en promover el intercambio de conocimientos y el diálogo, así como, en divulgar información, para apoyar a los países en el diseño, e instrumentación, incluyendo la recopilación y utilización de datos, de políticas relacionadas con los docentes. Actualmente, cuenta con un Plan Estratégico para el período 2018-2021 y porque el mismo están centrado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, se cambió su denominación oficial a «Equipo Especial internacional sobre docentes para Educación 2030»

De acuerdo a la información contenida en su página web, el desarrollo de su trabajo, siguió esta trayectoria:

Trayectoria TTF
Fuente: Captura de pantalla de la página web del TTF.

Este Equipo Especial (TTF) incluye entre sus miembros a gobiernos, organismos internacionales bilaterales y multilaterales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones internacionales no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que representan a docentes y organizaciones y fundaciones mundiales del sector privado. Estos se reúnen anualmente para evaluar el progreso en la realización de sus planes y actividades.

De acuerdo a la información suministrada en su portal, actualmente, tiene 143 miembros. Venezuela aparece como país miembro, pero no hay ninguna referencia sobre la naturaleza y frecuencia de su participación en las actividades del TTF.

Buscando información sobre la participación de Venezuela en esta instancia, solo se pudo encontrar mencionada en el listado de participantes. También apareció una mención en un documento de los disponibles en su “centro de conocimientos”, que es una base de datos documental.

Búsqueda de Venezuela
Fuente: Captura de pantalla de la página web del TTF.

Como el documento, en el que se menciona información sobre Venezuela, es un estudio, se trató de precisar la fuente de la información incluida, así como el tipo de datos suministrados y analizados. En las 182 páginas del documento, Venezuela fue mencionada 28 veces.

La información sobre Venezuela, incorporada en este estudio, fue suministrada por las autoridades del país, en respuesta a una encuesta elaborada por el equipo responsable de la investigación, cuyos resultados, son reseñados en la bibliografía como contenidos en “Venezuela. (2015). Encuesta sobre políticas para la formación y desarrollo profesional de docentes en educación para la primera infancia en Centro América. Documento de Trabajo preparado para el Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe de OREALC/UNESCO.” Sin embargo, como documento, no se encuentra disponible para su consulta.

Publicacion UNESCO Educación Inicial
Si quieren bajar y leer el documento, pueden usar el enlace que está en la nota 9.

Entre los datos de interés presentados por el informe, cabe resaltar que el Estado venezolano dijo que el 62% de los docentes de educación inicial, están en zonas urbanas y el 38% trabajan en zonas rurales. Este dato implica que, siguiendo las recomendaciones del acuerdo de 1966, sobre ese 38% de los maestros de educación inicial, debería existir un estudio minucioso que permita conocer sus condiciones de vida y el nivel de aislamiento de la zona en la que presta su servicio, para poder apoyarlos con las condiciones de vida y de trabajo adecuadas.

Un segundo dato que vale la pena resaltar, es que entre los docentes que trabajan en ese nivel, el Estado reporta que solo el 20% lo hace en instituciones oficiales y el 80% en instituciones privadas, lo que lleva a cuestionar el desarrollo de la política educativa que atiende la demanda en educación inicial, ya que, en toda educación básica, la proporción de escuelas por dependencia, es prácticamente inversa.

En cuanto al tipo de formación que se exige en Venezuela para el ejercicio docente en educación inicial, la información suministrada incluye todas las opciones, desde las propiamente universitarias, hasta las técnicas. Sin embargo, cuando habla de la duración de los estudios, se refiere a 5 años, cuando lo correcto debería haber sido decir que el tiempo de duración varía entre 3 y 5 años, dependiendo tanto de la titulación como del tipo de institución en el que ésta se realiza.

Sobre el proceso de formación, la data suministrada incluye tanto la tradicional, como la creada a partir de la lógica de la instrumentación de las misiones ya que menciona a los “congresos pedagógicos y colectivos de formación”, como parte de la formación continua. Sin embargo, no se hace mención a la calidad y completitud de dicha formación, ni a los mecanismos de evaluación asociados a ese tipo de eventos.

Con respecto al proceso de evaluación del desempeño docente, el documento afirma que en Venezuela ese proceso está asociado a la lógica de incentivos, que se traducen en titularidad,  ascenso y de bonos, especificando que la evaluación se hace con observación en aula.

Para este lunes, muchas organizaciones gremiales han anunciado jornadas de protesta con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Docentes.

De igual manera, las organizaciones internacionales vinculadas a esta conmemoración desarrollarán sus actividades y campañas informativas. Si quieren ver la información sobre el tema y los materiales par la conmemoración de este año, pueden seguir este enlace.

Notas:

(1) Sección con los instrumentos de Educación, en el portal de la UNESCO.

(2) Párrafo 4 del acuerdo.

(3) De acuerdo al párrafo 1.b, se entiende por “situación” “la posición social que se le reconoce, según el grado de consideración atribuido a la importancia de su función, así como a su competencia, y las condiciones de trabajo, la remuneración y demás prestaciones materiales que se le conceden en comparación con otras profesiones”.

(4) Párrafos de la 3 a la 6 y 8.

(5) Párrafo 7.

(6) En efecto, en la descripción de los denominados “Programas Nacionales de Formación (PNF)”, ofrecidos en la Misión Sucre, entre los que se encuentran 4 programas de formación docente, se especifica que los PNF “tienen la finalidad de transformar las áreas científico-humanísticas para concebir a la educación como una formación integral y liberadora, en la cual la formación técnico-científica debe estar acompañada con una sólida formación humanista, cultural, ambiental, critica, creadora, innovadora y socio-política. Donde los seres humanos no solo puedan auto desarrollarse sino que participen en el contexto de la nueva República Socialista que se quiere”. (Ver página web de la Misión Sucre)

(7) Párrafo 9.

(8) Párrafo 144.1

(9) En este enlace se puede bajar el estudio

 

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¿Corresponsabilidad o traslado de responsabilidad?

Durante el período vacacional, entre años escolares, una de las actividades que se organizaba y desarrollaba tradicionalmente, en el sistema educativo venezolano, era el mantenimiento de las escuelas, que podía incluir desde mantenimiento menor (limpieza profunda, reparaciones menores de infraestructura y mobiliario, pintura, etc), hasta mantenimiento mayor y ampliaciones, en los casos en los que fuera necesario.

Para ese proceso, el Ministerio de Educación hacía planificación, estimaba inversión, invertía recursos, adquiría materiales e insumos, y contrataba la ejecución, a través de diversos mecanismos. El proceso era similar, con sus peculiaridades, para las escuelas de dependencia estadal, municipal y autónoma, ya que el mismo, era organizado por cada uno de los entes que administraban las escuelas. En algunos momentos, regiones y planteles, las actividades de mantenimiento, se coordinaban con actividades vacacionales, en las que participaban los miembros de las comunidades educativas.

Como parte de las instancias del Estado, con responsabilidad directa en estas labores, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), que fue creada en 1976, atendía la planta física de todas las escuelas, con protocolos y manuales elaborados técnicamente para el diseño, construcción, mantenimiento, en todas sus modalidades y dotación de las escuelas.

Sin embargo, esa situación ha cambiado. En las últimas décadas, los planes de mantenimiento escolar, han ido mutando y mermando en su alcance y disponibilidad de financiamiento. De procesos planificados, financiados, organizados y gestionados, por las instancias con la responsabilidad de la administración pública, de acuerdo a las necesidades de cada una de las escuelas, se ha pasado a procesos con escasa o sin inversión, decretados en lugar de planificados y en los que la responsabilidad de la organización y gestión ha sido trasladada progresivamente a las comunidades de las escuelas, sin que para ello, se transfieran los fondos, o se habilite la capacidad de ejecución real.

Sobre la capacidad de gestión, es importante recordar que las escuelas de dependencia oficial, en Venezuela, son las unidades más desconcentradas de los entes que las administran, es decir, no tienen ni personalidad jurídica, ni autonomía para tomar decisiones y manejar presupuesto. 

Esta situación, a la que nos hemos referido en otros momentos, tiene un impacto significativo en el funcionamiento del sistema, pero especialmente, cuando el Estado pierde su capacidad de gestión, y traslada responsabilidades y costos a las comunidades.

El proceso de mantenimiento, también contaba, a lo largo del año escolar, por una parte, con personal directamente contratado para desarrollarlo en las escuelas y por la otra, con protocolos y medidas específicas para atender las emergencias y los imprevistos, que no podían atenderse por el personal obrero, encargado del mantenimiento de cada escuela. La contratación de este personal, también ha disminuido notablemente, así como la dotación de los insumos necesarios para desarrollar su trabajo.

En su lugar, en los últimos años escolares, el calendario ha incluido 3 momentos de mantenimiento. Se trata de 3 fines de semana en los que se convoca a todos los miembros de la comunidad, para hacer, en cada escuela oficial, actividades de mantenimiento menor. Su instrumentación, ha implicado la transferencia progresiva de responsabilidades, ya que, los miembros de las comunidades educativas, han pasado de ser colaboradores voluntarios, a participantes y encargados del proceso, incluyendo a los docentes.

Esta transferencia progresiva de responsabilidad, apalancada en la figura de la “corresponsabilidad”, constituye un traslado de los costos del mantenimiento de las escuelas a estudiantes, familias y docentes, lo que implica, por una parte, que el Estado deja de financiar total o parcialmente, uno de los componentes de la canasta educativa (la canasta educativa incluye los costos de funcionamiento que el Estado debe asumir, para garantizar la gratuidad de la educación, en las escuelas oficiales), y por la otra, que el equipo docente que se ve obligado a participar en esas actividades, está asumiendo con trabajo, parte de los costos de su contratación.

Esas actividades de mantenimiento, son las que se han denominado “Una Gota de Amor para mi Escuela”.

La lógica de estas actividades de mantenimiento a lo largo del año escolar, también se ha trasladado a las que se realizan durante el período vacacional, tal como se puede apreciar, con más claridad, en el documento denominado “Orientación Ministerial. Cada Familia Una Escuela “En Vacaciones” 2020”.

Este es un documento que contiene las pautas de funcionamiento del Plan Cada Familia Una Escuela (CFUE) durante el período vacacional, que, como se ve en la captura de pantalla, fue elaborado el pasado 31 de julio, es decir, un día antes de iniciar formalmente las vacaciones. Es importante, precisar que, a pesar de titularse Orientación Ministerial, está suscrito por el “viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo”.

Fecha de Documento CFUEVaca
Captura de pantalla del documento: Orientación Ministerial. Cada Familia Una Escuela “En Vacaciones” 2020

El documento, que comenzó a circular a principios de agosto, en las escuelas, a través de la red de supervisores, sin la requerida anticipación para que las diversas instancias del sistema se organizaran, y más en el contexto de la cuarentena, incluye 8 objetivos, más 6 características, 5 acciones y 11 orientaciones, para el desarrollo del plan (*).

Las relativas al mantenimiento son las siguientes:

A. En la presentación, dice que el plan “CADA FAMILIA UNA ESCUELA: EN VACACIONES”, que se desarrollará durante el mes de agosto y la primera quincena de septiembre: “demanda la participación de todas las instancias de la organización de las Comunidades Educativas como corresponsables del proceso de formación ciudadana que requiere nuestro país mediante el desarrollo de actividades de producción y rehabilitación preventiva y correctiva dentro de las instalaciones educativas durante el mes de agosto con atención a las medidas de seguridad contra el covid-19, y a las características o particularidades de cada entidad geográfica y de cada localidad donde se implemente de acuerdo a la flexibilización e incidencia pandémica de tal manera que sea contextualizado.”
Como se aprecia en la cita, a pesar de que el documento dice que el tiempo de desarrollo del plan, incluye la primera quincena de septiembre, las actividades de rehabilitación de las instalaciones educativas, se desarrollarán en agosto.

B. Los objetivos relacionados con el mantenimiento escolar son, el 2 y el 6:

  1. Objetivo 2: «Garantizar el mantenimiento de los proyectos socioproductivos como el Conuco Escolar, el Plan Avícola, Plan Porcino y otras iniciativas para la producción, además del cuido de las instalaciones educativas para su aprovechamiento de sus espacios en tiempo vacacional bajo los principios de corresponsabilidad y participación protagónica de la escuela, la familia y la comunidad en cuarentena social y colectiva ante el COVID-19 con lo cual se evidencie que “Entre prevención y producción no existe contradicción”.»
  2. Objetivo 6: «Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo para la rehabilitación de la planta física de nuestras instituciones educativas, garantizado las medidas preventivas contra el COVID- 19 de conformidad con lo expresado en instrucción “Una gota de amor para mi Escuela en Resistencia”.»

C. En las características del plan, la 2, 3, 4 y 5, hacen referencia, directa o indirectamente, a actividades de mantenimiento, resaltando:

  1. La incorporación del Movimiento Bolivariano de Familias (MBF) y del “Poder popular Organizado” en las actividades, en sustitución, o en coordinación con el personal directivo. También se espera la incorporación de los estudiantes de 5to y 6to año que tengan pendiente la realización de labor socio comunitaria.
  2. La participación que se indica que tengan, se identifica como “socio política, socio laboral y de recuperación de espacios, bienes y servicios
  3. Se establece que las actividades deben “articularse” con FEDE, Alcaldías, Gobernaciones, y con los programas Barrio Nuevo Barrio Tricolor, y Venezuela Bella.
  4. Las mismas se desarrollarán con base en cronogramas y horarios de guardia.
  5. Las actividades incluyen: cuidado y mantenimiento de espacios productivos, infraestructura y también , el programa de alimentación.

D. Por otra parte, en las características del plan, pero relacionadas con la realización de actividades en entornos comunitarios, se especifica que “se realizarán articulaciones para garantizar la incorporación de las comunidades al cuido de las instalaciones educativas y a concienciar al respecto, contribuyendo así al proceso de comunalización de la educación que nuestra Patria demanda.
En este punto, es importante mencionar que, como parte de la introducción del documento, hay una mención a la denominada “comunalización de la educación”, afirmando que las actuales circunstancias, brindan un “un espacio para concretarse de manera más que evidente”, reforzando a articulación de las organizaciones que “hacen vida en las escuelas”, por formar parte de los Comités de Alimentación y Producción Escolar (CEAP), mencionando entre ellas, algunas que, por su parcialidad político-partidista no pueden desarrollar actividades de proselitismo en las escuelas, pero diciendo que a éstas se han sumado otras organizaciones, cuyo reto es “reflexionar y sistematizar su acción para profundizar en lo social, en lo político, en lo productivo, en lo educativo, en lo cultural, de manera que avancen en la ruta a la construcción del socialismo que nuestra Patria demanda”, lo que implica la vinculación de actividades con un sesgo político-ideológico determinado, en la vida de las escuelas, contraviniendo lo establecido, tanto en la Constitución, como en la Ley Orgánica de Educación.

E. La quinta actividad del plan que dice: “se realizará una jornada Nacional de Mantenimiento de Infraestructura Escolar”.

F. La orientación 4, en la que se establece nuevamente como responsable al MBF, y se especifican algunas pautas de trabajo, dice claramente el tipo de actividades que se deben realizar, y las mismas son de mantenimiento menor, lo que deja sin respuesta a las escuelas que requieran trabajos más complejos y completos de mantenimiento. (Ver captura de pantalla)

Orientación 4
Captura de pantalla del documento: Orientación Ministerial. Cada Familia Una Escuela “En Vacaciones” 2020

 

G. En las orientaciones 5, 6 10 y 11, se especifican tanto los mecanismos de seguimiento, como las actividades que se espera se realicen para dejar registro del desarrollo del plan en todos sus aspectos. (Ver capturas de pantalla)

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Como se puede apreciar, en ninguna de las secciones del documento, se especifica cómo se hará para garantizar los recursos necesarios para financiar la ejecución de las labores de mantenimiento. Ni tampoco se hace mención a un plan general, organizado por regiones y circuitos, que permita conocer con anticipación las peculiaridades y necesidades de cada escuela, lo que permitiría estimar y asignar los recursos a cada escuela. Lo único que queda claro en el documento, es que las actividades se desarrollarán con el trabajo no remunerado de los miembros de las comunidades educativas y en articulación, de lograrse, con los entes y programas oficiales, relacionados con las labores de mantenimiento.

Por otra parte, y dado el contexto especial que determina la situación Emergencia Nacional, es importante resaltar que en las instrucciones, en ninguna parte, se especifica cómo se planificarán y desarrollarán las labores de desinfección y de acondicionamiento de las instalaciones, para garantizar la seguridad sanitaria que requieren las actividades del nuevo año escolar, justo antes del inicio de las actividades, en el marco de la modalidad de Educación a Distancia, que requieren de la presencia de directivos y docentes, de forma periódica en las instalaciones de la escuela; de las familias en momentos puntuales para la entrega de los portafolios y para recibir el PAE, así como la presencia del personal que elabora y distribuye los alimentos del PAE.

En este marco, y dada la inexistencia de información oficial disponible sobre la situación y los planes e inversión oficiales, para desarrollar el mantenimiento y la instrucción emitida por el Viceministerio de Comunidades Educativas, se procedió a revisar las publicaciones oficiales tanto del MPPE como las de FEDE, para tratar de conocer los avances realizados durante el mes de agosto.

Sobre esta revisión, es importante mencionar que, cuando se trata de visitar la página de FEDE, aparece este mensaje.

FEDE1

Por ello, se revisaron otros canales que podría utilizar este organismo para divulgar la información sobre su gestión, públicamente. En esta revisión se encontró que en su página en Facebook la publicación más reciente es del 2011, la última publicación en Instagram es del 2018, y los últimos videos publicados, en su canal de Youtube, son de hace 6 meses.

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En su cuenta de Twitter, se encontraron publicados 43 tuits, durante el mes de agosto. De ellos, solo 14 eran de su autoría y el resto eran retuits de publicaciones de cuentas, principalmente oficiales. En términos de contenido, de los mensajes retuiteados, solamente uno estaba relacionado con el mantenimiento escolar, para las actividades propias del sistema educativo, el siguiente tuit del MPPE con las declaraciones del Ministro de Educación.

FEDET11

Mientras que en los 14 de su autoría, 6 contenían información oficial sobre el reporte de la evolución de los contagios y los otros 8, eran sobre el acondicionamiento de las escuelas, pero como centros para el próximo proceso electoral. Además de esos 8, FEDE retuiteó uno del ministerio sobre ese mismo tema.

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En este punto, cabe preguntarse si la misión de FEDE ha sufrido modificaciones últimamente que les haga centrar su acción, o la divulgación de su gestión, sobre las actividades relacionadas con los procesos electorales y no sobre el mantenimiento de los 24.411 planteles de dependencia oficial (de acuerdo a las últimas cifras que se encuentran en la página del INE correspondientes al año escolar 2017-2018).

Por otra parte, en la página del MPPE, no se encontró ninguna nota de prensa, ni sección o informe específico que diera a conocer la planificación y el desarrollo de las actividades de mantenimiento de las escuelas, durante el mes de agosto, incluso aún tratándose de las actividades desarrolladas con la lógica del Plan CFUE en Vacaciones.

En su cuenta de Twitter, se encontraron solo 16 publicaciones con información relativa al mantenimiento de la infraestructura escolar. 4 de ellas con declaraciones generales, una de la Zona de Distrito Capital (6 de agosto) y dos de la Zona Educativa de Nueva Esparta (21 y 25 de agosto), notificando que se estaba desarrollando el plan de mantenimiento, pero sin ningún dato sobre el alcance o el número de escuelas atendidas. La cuarta, recogía declaraciones del ministro, el 24 de agosto, diciendo que iban a “reiniciar la limpieza de los colegios y la desinfección de todos los planteles”. La misma publicación que la cuenta de FEDE había retuiteado.

Las 12 restantes, reportaban que se estaban desarrollando actividades de mantenimiento en 3 escuelas de Anzoátegui, 1 de Aragua, 3 de Bolívar, 4 de Carabobo, 1 de Nueva Esparta y 1 de Táchira. La mención incluía algún detalle sobre las actividades y estaban acompañadas por fotos. Se trata de un total de 14 escuelas, en 6 Estados, de un universo de 24.411 escuelas distribuidas en 23 entidades, a lo largo y ancho del territorio nacional.

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La reseña de las escuelas del Estado Bolívar se hizo en un tuit, en el que se incluía una publicación de una nota de prensa de la Autoridad Única de ese Estado del 13 de agosto, mencionando, no solo a las 3 escuelas, sino las labores específicas que se hicieron en cada una, agregando que para ello, se contó con el apoyo de UNICEF en el caso de dos de las escuelas y del Consejo Noruego, en el caso de la tercera.

Como se puede observar, la información disponible es muy precaria e insuficiente, porque no permite saber si se han desarrollado las actividades de mantenimiento, con la lógica establecida en el documento oficial del MPPE. De hecho, tener una frase con registro fotográfico, del 0.06% de las escuelas, ubicadas en el 26% de las entidades, es como no tener información sobre lo que sucedió, en términos de mantenimiento escolar, durante el mes de agosto en Venezuela.

Claro está, queda la duda de si efectivamente se desarrollaron actividades en todas las escuelas, como estaba establecido en el documento oficial, dado que la declaración del ministro, indicaba el 24 de agosto, que se iban a “iniciar” las actividades.

De forma complementaria, es importante reseñar que, desde que se declaró el Estado de Emergencia y la cuarentena, varios centros educativos han sido tomados para ser utilizados como Centros de Aislamiento. Hasta el momento, también se desconoce la totalidad de escuelas destinadas a tal fin y su ubicación.

Se tiene conocimiento de algunas específicamente en el Táchira (el Liceo Manuel Díaz Rodríguez, la Escuela Tienditas en Ureña, la Escuela El Palotal y el Liceo Concepción Palacios), en la cuenta de twitter del MPPE se pudo conocer de una escuela en estudio y de una acondicionada para ese fin, en el Estado Miranda. (Ver capturas de pantalla)

Y en el Estado Zulia se habían destinado 2 planteles para ese fin, pero se hizo efectivo y se mantuvo el de La Misión Santa María de Guana. Este es un plantel que ofrece educación inicial, primaria, media general y media técnica. Los estudiantes son en un 86% provenientes de comunidades indígenas y cuenta con un área de internado. Desde que se convirtió en Centro de Aislamiento ha recibido a gente que regresa de Colombia.

Durante el tiempo que ha estado funcionando, se han comprobado casi 80 contagios en los más de 230 personas a las que le ha dado acogida. Debido al incremento de los riesgos y al deterioro de las instalaciones, mobiliario y equipamiento, se decidió no continuar recibiendo personas, y el último grupo que queda cumpliendo la cuarentena, debe salir el 15 de septiembre es decir, el día antes de iniciar el nuevo año escolar.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la información suministrada, su uso como Centro de Aislamiento, ha tenido como consecuencia severos daños en los baños, el colapso del sistema de aguas servidas, daños en el mobiliario, incluyendo camas y colchones que forman parte del internado, por lo que, para iniciar un nuevo año escolar, así sea solamente para desarrollar las actividades administrativas que permiten llevar a cabo la formación con la modalidad de educación a distancia, se requerirá de una  gran inversión en la recuperación de la escuela, para la que no se cuenta con recursos.

A modo de Colofón

Dada la información conocida hasta el momento, sobre el diseño y especialmente, sobre la instrumentación del Plan CFUE en Vacaciones, sobre el que recayó el peso de la realización del mantenimiento escolar este año, y el gran vacío de información restante, es importante resaltar:

  1. Que el esquema establecido a través de las orientaciones del Plan, según el documento difundido, traslada la responsabilidad de la organización y ejecución de las actividades de mantenimiento escolar, a las comunidades que, como se mencionó, no cuentan ni con la autonomía y la personalidad jurídica para tomar decisiones que comprometan el patrimonio de cada escuela, ni tampoco con los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos de la instrumentación de plan.
  2. Que se desconoce la estrategia, con la debida planificación y los recursos asignados, que seguirá el MPPE para que las escuelas estén en condiciones de iniciar un nuevo año escolar, tanto a nivel de servicios e infraestructura, como de mobiliario y dotación y cumpliendo con las condiciones sanitarias necesarias en el marco de la cuarentena. De hecho, para que las escuelas estén en condiciones de iniciar un nuevo año escolar, se requiere revisar y reacondicionar la infraestructura y evaluar la situación de los servicios, no solamente en la escuela, sino en la zona en la que se ubica la escuela.
    Al respecto, es necesario preguntar al MPPE: ¿dónde está el censo, a nivel nacional, estado por estado, municipio, por municipio, parroquia por parroquia, comunidad por comunidad y escuela por escuela de la situación de los servicios de electricidad, agua potable, aguas servidas, transporte y comunicaciones, que permitan saber si cada escuela, está en condiciones de desarrollar las actividades relativas a la instrumentación de educación a distancia, con las pautas establecidas en el Plan CFUE?
  3. Si hasta el 15 de septiembre se realizan las actividades del plan CFUE en Vacaciones, relativas al mantenimiento escolar, además del aporte en horas de trabajo, si la comunidad debe contar con agua y algunos suministros alimenticios para los participantes durante las jornadas de trabajo, ¿el costo de esos insumos también lo debe costear la comunidad? y ¿los costos de los insumos para realizar las labores de mantenimiento?
  4. Finalmente, se desconoce lo que va a suceder con las escuelas que han sido destinadas a funcionar como Centros de Aislamiento. ¿Van a permanecer como tales? Si van a mantenerse cumpliendo esa función, ¿dónde se realizarán las actividades que corresponde a directivos y docentes de esos planteles, en el esquema adoptado en el Plan CFUE? En aquellos casos, como el del plantel del Zulia, en el que no se mantenga ese uso, ¿cuándo y con qué recursos se harán, tanto las reparaciones de los daños ocasionados durante su uso como Centros de Aislamiento, como el acondicionamiento para que cumplan con las condiciones óptimas y las medidas sanitarias requeridas?

 

 

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(*) Para quienes quieran conocer el documento con detalle, lo pueden ver aquí

¿La cartografía incluirá las condiciones para el desarrollo del CFUE y el regreso a las escuelas?

De acuerdo a las instrucciones emanadas del ejecutivo, a partir de hoy 15 de junio, 202.243 «brigadistas» del Movimiento Somos Venezuela, dejarán la cuarentena para recorrer las comunidades, casa por casa, manteniendo las medidas sanitarias correspondientes, es decir, usando tapabocas, lentes y manteniendo las manos desinfectadas.

De acuerdo a la información oficial, dado que este «movimiento» es el utilizado por el ejecutivo de instrumentar la “cartografía social”, se supone que estarán levantando la información correspondiente. La denominada “cartografía social”, es un procedimiento para conocer y registrar las condiciones de vida de la población y la situación de los servicios públicos en las comunidades.

Ante este anuncio, tenemos unas preguntas:

  1. ¿El levantamiento del estatus de los servicios públicos, para las familias con miembros en edad escolar, dadas las características y variantes del programa Cada Familia Una Escuela (CFUE), incluye la disponibilidad de equipos, señal de televisión y radio, y conexión a Internet; así como el funcionamiento del transporte público en las comunidades?
  2. ¿Incluye esos mismos datos para las familias en las que hay docentes, directivos y supervisores de las escuelas?
  3. ¿El levantamiento del estatus de los servicios públicos, para las familias en las que uno de sus miembros es trabajador de una escuela, incluyendo a los que participan como procesadores en el PAE (con sus variantes regionales), contempla la verificación del funcionamiento del transporte público para su traslado diario, así como la disponibilidad de tapabocas y guantes para la realización de su trabajo?
  4. ¿Este levantamiento, incluye el conocimiento de las condiciones actuales de las escuelas, condiciones necesarias para instrumentar las actividades del CFUE, que corresponda realizar en las instalaciones de los planteles, con las variantes de cada caso, así como las que se requieren para la elaboración y distribucion del PAE, en las escuelas en las que se suministra?
  5. Y dado que, para el inicio del próximo año escolar (o para la continuación de las actividades de éste -si el MPPE reconociera que no se han podido cumplir alcanzar los aprendizajes con la calidad y la completitud requerida-), con clases presenciales o semi-presenciales, se requiere por una parte, tener a las escuelas en condiciones óptimas y por la otra, instrumentar una serie de medidas sanitarias, derivadas de la contingencia por el COVID-19, que implican inversión, tiempo y trabajo, ¿ese levantamiento, incluirá una evaluación detallada de las condiciones de infraestructura, servicios y equipamiento de cada una de las escuelas, así como un censo del personal docente existente y necesario?

En este último punto, es importante recordar que la mayoría de las escuelas se encuentran en un estado grave de deterioro, así como que, muchas de ellas están en zonas con importantes fallas en los servicios de agua, electricidad y transporte. Esta situación, además de la instrumentación de nuevas condiciones y procedimientos para evitar le contagio por el COVID-19, demanda que se programen con tiempo, las actividades y recursos necesarios, para garantizar que las escuelas se encuentren en condiciones óptimas para su desarrollo, cuando se retomen las actividades presenciales, en la combinación que se requiera.

Finalmente, y dada la actividad que arranca hoy, creemos que es importante llamar la atención de la ciudadanía en general, para que se cumplan las medidas sanitarias correspondientes, tanto por parte de los 202.243 «brigadistas» que se dedicarán a recorrer las comunidades, como de los miembros de las familias que interactúen con ellos y esperamos que el ejecutivo, provea a los participantes, de los insumos correspondientes para realizar ese trabajo, especialmente tapabocas, indumentaria y desinfectantes adecuados.

CFUE “una experiencia exitosa”

El pasado 27 de mayo, Aristóbulo Istúriz, en una reunión virtual con los jefes de las Zonas Educativas, se refirió al proceso de culminación y cierre del año escolar 2019-2020 e hizo un balance de la instrumentación y desarrollo del programa Cada Familia Una Escuela (CFUE).

Calendario sin modificación

Con respecto a la culminación y cierre del año escolar, de acuerdo a la información suministrada, el MPPE mantiene la programación tal como fue establecida en el calendario, sin ningún ajuste o ampliación derivada de los efectos que, la situación producida por el COVID-19, la suspensión de las clases presenciales y la instrumentación de una nueva modalidad sin condiciones, sin preparación, ni diseño previo y adecuado, han ocasionado al desarrollo del proceso educativo.

En efecto, de acuerdo a las instrucciones que el MPPE ha comunicado a través de sus canales, en entrevistas a los medios y circulado a través de su red de supervisores, las actividades pedagógicas culminan el 30 de junio, iniciando, a partir de ese momento, los procesos de evaluación. Para más detalles, ver imagen:

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Captura de pantalla de las instrucciones enviadas a través de la red de supervisores del MPPE

Es importante recordar que, desde el 16 de marzo, que fue la fecha en la que se hizo efectiva la suspensión de las clases presenciales por el inicio de la cuarentena, han transcurrido 11 semanas, en las que, además de los efectos que sobre el proceso educativo, ha tenido la situación inédita ocasionada por el COVID-19, hace un poco más de dos semanas, se produjo la suspensión de las actividades de la empresa privada de televisión satelital DirecTV, cuya cobertura nacional, permitía el acceso de muchos hogares a la programación de los canales nacionales, incluyendo el programa CFUE, del MPPE que llegaba ellos a través de la señal de esa empresa.

Este evento, que debió ser considerado como un aspecto clave a resolver porque afecta la continuidad del año escolar, así como, el tiempo requerido para poder desarrollar las actividades educativas en lo que resta de año, no produjo tampoco la reprogramación del calendario, para garantizar la adaptación y consecuente instrumentación de las opciones del CFUE, en otros formatos, en las zonas que perdieron el acceso al medio televisivo, afectando más la capacidad de las familias y de los docentes de desarrollar el proceso educativo, con los recursos y las actividades disponibles desde el 16 de marzo hasta el momento.

Frente a ello, es importante preguntar al MPPE:

  1. ¿Puede mostrar el inventario de docentes, familias y estudiantes afectados por esta nueva restricción, expresado en cantidad de estudiantes, por nivel, grado o año, y reflejado en un mapa, indicando condición socioeconómica, disponibilidad de equipos, conectividad y señal de radio y televisión?
  2. ¿Cuáles son las medidas específicas, en cada caso, para garantizar el acceso a los materiales y la programación del CFUE a la población afectada?
  3. ¿En cuánto tiempo estarán instrumentadas, de forma exitosa, las alternativas para cada sector de la población afectada?
  4. ¿Cómo será evaluada la eficacia de la instrumentación en cada caso?
  5. ¿Cómo va a garantizar el desarrollo y culminación del año escolar de forma exitosa y óptima para toda la población, especialmente, para la que ha experimentado una reducción progresiva del acceso a los recursos de aprendizaje, incluyendo los del CFUE?

¿Experiencia “exitosa”?

Con respecto al programa CFUE, en esa misma reunión, Istúriz afirmó que éste se ha desarrollado como “una experiencia exitosa”, sin presentar al país, evidencia que sostenga una afirmación de esa naturaleza, ni explicar cómo ha hecho el MPPE para evaluar la instrumentación y resultados del mismo, desde el 16 de marzo.

De hecho, entre sus declaraciones, hasta el momento, Istúriz ha incluido, al respecto, afirmaciones en dos sentidos: en primer lugar, están las que hablan del estado de desarrollo del CFUE como programa, cuando ha dicho que se trata de una “experiencia en evolución”, para la que el MPPE tenía muy poca o inexistente experiencia, por tratarse de educación a distancia, que están “afinando y mejorando; no estábamos preparados y reaccionamos rápido”; y que, para la producción del programa televisivo, “todos nuestros equipos de comunicación están abocados a buscar y producir los mejores contenidos pedagógicos para acompañar a los maestros, padres y representantes en la formación de niños, niñas y adolescentes. A medida que afinemos los programas los iremos presentando e incorporaremos, constantemente”. Por su parte, el equipo de comunicación del MPPE, en sus notas de prensa, también ha recogido como dato relevante que, desde la perspectiva de las zonas educativas participantes en las reuniones, se entiende que los docentes no manejaban las TICs para el proceso de enseñanza, por lo que han tenido que aprender durante su instrumentación en cuarentena.

Es decir, hasta el momento, el MPPE y sus voceros, han asumido públicamente, que no estaban preparados, que no existían antecedentes en el uso de las opciones de educación a distancia y que el proceso se ha ido desarrollando y modificando progresivamente, en ausencia de un diseño previo, probado y validado.

En este aspecto, las grandes interrogantes que siguen quedando pendientes son: ¿cuánto tiempo adicional, al que estaba contemplado originalmente, en el diseño del calendario escolar para el año 2019-2020, se requiere para la instrumentación de un programa en diseño y evolución progresiva, que, además, parte de la premisa de que el sistema no contaba ni con la experiencia ni con las capacidades previamente a su “creación”? ¿cuánto tiempo adicional se requiere para que se pueda desarrollar, de manera exitosa? ¿es posible instrumentar un programa de esta naturaleza y en estas condiciones, sin incorporar, como variable, el tiempo requerido por los diversos actores del sistema para desarrollar y aplicar exitosamente, los aprendizajes requeridos, así como el tiempo necesario por los responsables del programa para hacer los correspondientes ajustes, a partir de la evaluación permanente de su evolución e instrumentación?

Adicionalmente, en este sentido, es importante resaltar que el diseño original del CFUE decía estar concebido para desarrollarse, de forma prioritaria, a través de un programa de televisión, más algunas pautas divulgadas por medios digitales, y por la realidad con respecto al acceso tanto a la señal de televisión, como a internet, el MPPE ha anunciado la diversificación de los medios. En efecto, entre los anuncios, desde ese despacho se ha señalado que “se recurrió a todas las estrategias pedagógicas para garantizar la educación a distancia, televisión, radio, impresos, más todas las iniciativas regionales” para lograr mayor alcance. Sin embargo, a pesar de la forma en la que está hecha la afirmación y dada la experiencia, en parte reseñada en nuestra publicación anterior, pareciera que el MPPE no asume que cada una de las formas y plataformas incorporadas requiere el diseño de una estrategia pedagógica adecuada a su naturaleza.

Entre las “alternativas” que se han desarrollado, en diversas zonas del país, el MPPE, en sus notas de prensa, ha señalado, en muchos casos, sin mayor descripción, las siguientes: la incorporación de emisoras de radio al programa CFUE (sin explicar si se trata de un formato como el que utiliza el MPPE en su canal de MixCloud, en el que transmite el audio del programa de televisión, o si se trata de la creación de programas específicamente diseñados y producidos para ese medio), el Megáfono Pedagógico, la Carta Pedagógica, un encartado de Cada Familia Una Escuela a publicar los viernes en los medios impresos Ciudad Caracas, Ultimas Noticias, Correo El Orinoco y algunos “diarios del interior” que no se mencionaron; en Amazonas se presentaron como iniciativas el “Piapoco Pedagógico” y el Catumare Pedagógico, (esta segunda iniciativa es una “forma de trasladar las carpetas pedagógicas con las actividades de los niños sin interrumpir las actividades cotidianas de la cultura originaria”); Anzoátegui reportó contar con 12 radios comunitarias, para difundir información a los estudiantes; Falcón dice que ha instrumentado el “Buzón Pedagógico”, además de haber realizado ruedas de prensa para difundir información; en Mérida, dadas las múltiples fallas que impiden que las familias vean la transmisión del programa de televisión, han entregado libros de la Colección Bicentenario (actividad que se supone que forma parte de la dotación que se hace anualmente desde el MPPE); en Monagas reportaron la elaboración de micros audiovisuales, con invitados especiales, para promover la integración de las familias en el proceso; y en el Zulia, se mencionó la creación de 8 programas de radio y de la figura del “maestro popular” que se instrumenta en las zonas en las que existen permanentes fallas en el suministro de electricidad.

Como se recoge, hasta el momento, hay algunas iniciativas que no constituyen alternativas pedagógicas al programa de televisión y otras que son complementarias a lo que se instrumenta a través de las plataformas y redes centrales del CFUE. En todo caso, dada la escueta información disponible, es importante que el MPPE informe al país, a través de un mapa que tenga la relación de población y áreas alcanzadas, la diversidad de las alternativas y complementos que se han ido instrumentando a lo largo y ancho del país, en estas 11 semanas; además de una exposición detallada de las características de diseño e instrumentación de cada una de ellas, especificando la población estudiantil (con niveles y grados o años) a la que va dirigida, el tipo de actividades, las pautas de apoyo para las familias y especialmente, las formas de seguimiento, monitoreo y evaluación de su instrumentación y desempeño, para determinar el nivel de logro, en la calidad y completitud de los aprendizajes de los estudiantes atendidos.

En segundo lugar, están las afirmaciones de Iztúriz, relacionadas con la definición y propósito del programa CFUE. En tal sentido, ha afirmado que el CFUE “sirve de apoyo al sistema escolar”, lo que pareciera indicar que, en efecto, hay un sistema “escolar” que está en pleno funcionamiento y para el que, el CFUE, es solamente un recurso que, como también ha afirmado, brinda “herramientas pedagógicas para orientar y apoyar a las madres, padres y representantes en el proceso de enseñanza”.

Sin entrar en la evaluación de los detalles de la calidad del programa de televisión para los fines arriba enunciados, asumir esto como cierto, implicaría suponer que cada sección de cada escuela en Venezuela, cuenta con un sistema de trabajo que permite la comunicación permanente y efectiva de los docentes con las familias y los estudiantes, por lo que el programa de televisión, así como las actividades asignadas a través de él, constituyen un complemento accesorio al proceso educativo.

Sin embargo, de acuerdo a la misma presentación que se ha hecho desde el inicio del programa, y a las condiciones en las que se encuentran los protagonistas del proceso educativo en cada rincón de Venezuela, se sabe que, frente a la suspensión de las clases presenciales, el MPPE instrumentó una opción diferente, centrada en la emisión de un programa de televisión, a través del que se organiza y comunica a las familias, los contenidos y las actividades de aprendizaje que se deben desarrollar en los hogares, mientras dura la cuarentena.

El proceso, de acuerdo también a las afirmaciones del MPPE, incluye una “jerarquización de los contenidos” y supone el acompañamiento, a distancia, de los docentes, sin embargo, en términos reales y dadas las limitaciones de formación en el uso de las TICs, de movilidad y comunicación que estos experimentan, su rol, en muchos casos, se ha visto restringido a la corrección de portafolios, mientras, la definición de contenidos y la planificación y desarrollo de actividades, está determinada y establecida por lo presentado en el CFUE.

Por otra parte, cabe recordar que el CFUE, se inició como un intento de combinación entre “educación en casa” y “educación a distancia” a través de un programa de televisión de 45 minutos de duración, transmitido 2 veces al día por un grupo de televisoras, encabezadas por VTV, por lo que no contó con un diseño claro que fuera comunicado con detalles y con tiempo, ni a las escuelas, ni a las familias, para que cada actor del sector educativo, lo conociera, comprendiera su funcionamiento y tuviera las herramientas adecuadas para asumir su rol.

Es por lo sucedido desde el momento de su lanzamiento, hasta la fecha que ratificamos las preguntas hechas en la publicación anterior, y, ante las recientes afirmaciones de Istúriz, preguntamos además:

  1. ¿A partir de cuál información, y con cuáles procedimientos y criterios de evaluación, se basa el MPPE para calificar como exitosa la experiencia del CFUE durante estas 11 semanas?
  2. ¿Quién realizó el monitoreo, levantamiento y sistematización de la información que utiliza el MPPE para evaluar el desempeño del CFUE?
  3. ¿Cuál fue el universo y la selección de entidades, escuelas y secciones que se utilizaron para el proceso de evaluación?
  4. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para la “jerarquización” de los contenidos y cuál es dicha “jerarquización”?
  5. ¿Cómo se incorporaron los denominados “métodos alternos”, en el proceso de evaluación y desde cuándo fue incorporado, cada uno de ellos al proceso?
  6. ¿Dónde están publicados los insumos, procedimientos y los resultados para que todas las comunidades educativas y la ciudadanía en general, pueda conocer el procedimiento, los criterios y los resultados?

¿Cuántos estudiantes son efectivamente atendidos por el sistema?

Finalmente, es importante mencionar que, durante el mes de mayo, se recibió una información procedente de las zonas educativas sobre la carga de la información de la matrícula en el sistema de información del MPPE que llamó la atención por su discrepancia con las cifras manejadas pública y oficialmente.

Para ubicar esta información en contexto, es pertinente recordar, que el proceso de registro y carga de datos del sistema educativo, que incluye, entre otras cosas, la matrícula (la cantidad de estudiantes activos en el sistema, registrados por escuela y sección), se realiza al inicio y cierre del año escolar, pero también se hace un registro intermedio para actualizar la información. De acuerdo a las pautas emanadas desde el MPPE, este año 2019-2020, dicha actualización comenzó en marzo y tenía previsto su culminación el pasado 22 de mayo.

Sin embargo, el 14 de mayo desde un circuito de uno de los Estados, se informó que la matrícula cargada en el Sistema Gestión Escolar Guaicaipuro (SGEG), aún no “alcanzaba” la cantidad de estudiantes registrados durante el año escolar anterior, 2018-2019, por lo que, desde algunos miembros de la red de supervisores se supone que el problema es una falla en la de carga de los datos por parte de las escuelas.

La información, llegó acompañada de la siguiente imagen, en la que se aprecia un cuadro con la relación de la carga de los datos por entidad y la solicitud a las escuelas, para que completaran el proceso, antes de que terminara el lapso correspondiente. Ver imagen a continuación:

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Imagen enviada a través de la red de supervisores del MPPE

Frente a esta situación, es importante hacer las siguientes preguntas:

  1. ¿El MPPE a través de los mecanismos propios del sistema de información y de las Zonas Educativas, no tiene información precisa de cuáles son las escuelas que han cargado los datos y en qué momento (y el estatus de la carga de data)?
  2. Dados los procesos de migración que se han registrado en el país, ¿la disminución en la matrícula, sólo puede ser explicada por una falla en la carga de la data?
  3. Después de casi dos meses de iniciado el proceso, ¿el ministerio no había activado sus alarmas, ni iniciado un proceso de revisión para conocer las causas de la variación en la matrícula?
  4. ¿Por qué el punto de comparación de la cifra es la matrícula del año escolar pasado y no la matrícula cargada al inicio del año escolar? ¿o será que la matrícula de inicio del año escolar, no se reportó?
  5. ¿Cómo está manejando el MPPE las fallas en la conexión y las deficiencias en los servicios públicos asociados, para garantizar que todas las escuelas puedan realizar la carga de los datos a tiempo?
  6. ¿Cómo decidió el MPPE abordar el registro de la data durante la contingencia, con cuáles protocolos y a través de qué medios?

A estas preguntas hay que agregar otra interrogante, porque, hay una gran discrepancia entre las cifras reportadas en ese cuadro y las que se han manejado públicamente por el MPPE y por el ejecutivo en general, en muchas de sus declaraciones. Como ejemplo de ello, está la información circulada por las redes del sistema, sobre la cantidad de familias participantes en la encuesta hecha a través del Sistema Patria, sobre la continuidad de la modalidad de educación a distancia hasta la culminación del presente año escolar.

De acuerdo a los resultados divulgados oficialmente, el “universo” a consultar eran 8.944.489 personas, miembros de familias con niños y jóvenes en edad escolar y, la cantidad reportada de personas que respondieron la consulta, es de 6.318.397, casi un millón más que los estudiantes registrados en el sistema tanto el año escolar pasado, como el actual (Matrícula del año escolar 2018-2019: 5.362.572 y matrícula registrada en el año escolar actual 5.853.302), lo que significa que, además de no haber hermanos estudiando al mismo tiempo en el sistema educativo venezolano, la consulta fue respondida por más de un miembro por familia, sin especificar, cuántos respondieron por familia y si sus respuestas eran coincidentes o divergentes. Ver imagen a continuación:

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Captura de pantalla de las instrucciones enviadas a través de la red de supervisores del MPPE

Frente a tal discrepancia, la pregunta para el MPPE, es: ¿cuál es la información cierta?