Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Día Mundial de los Docentes


En próximo lunes 5 de octubre, se conmemora el Día Mundial de los Docentes. Este día se celebra todos los años, desde 1994, para recordar que en 1966, como conclusión de una Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, se firmó un acuerdo entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO.

Este acuerdo forma parte de una serie de instrumentos jurídicos, relacionados a educación. Hasta el momento son 21 y cubren diversos aspectos, desde la convalidación de los títulos, hasta el tipo de formación que se puede desarrollar. A continuación tienen las denominaciones de los instrumentos y sus fechas. En el enlace que está en la nota señalada en fuente del cuadro, pueden verlos y conocer el contenido de cada uno de ellos.

Instrumentos2

Fuente: Elaboración propia con información del portal de la UNESCO (1)

El acuerdo de 1966 estuvo sustentado en el reconocimiento del derecho a la educación, y las consecuentes obligaciones de los Estados que se derivan del mismo, así como de lo esencial que es el personal docente en el proceso educativo; y tomó en consideración, por una parte la diversidad de situaciones y legislaciones de los países; por la otra, todas las disposiciones existentes en los convenios internacionales, vigentes al momento, que se podían aplicar a este personal; así como las recomendaciones sobre formación y situación del personal docente que se incluyeron en los acuerdos de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Conferencia Internacional de 1962.

Tenía como propósito generar un marco de recomendaciones que pudieran completar las normas existentes hasta el momento con miras a apoyar el desarrollo y la ampliación de cobertura de la educación general y de la técnica y profesional, a asegurar que el personal docente tuviera una condición acorde a su rol e importancia en el proceso educativo, y también, a poner remedio a la escasez de docentes en los sistemas educativos que se había identificado como un problema importante en ese momento.

En este punto, es relevante señalar que en 1966 era una preocupación en muchos países la falta de docentes en cantidad y con la formación requerida, para atender a la demanda creciente del sistema educativo, en muchos países. Ese que era un problema para Venezuela en ese momento, se plantea como un grave problema, en la actualidad, especialmente en el marco de la emergencia humanitaria que atraviesa el país desde mucho antes de que surgiera la pandemia del COVID19.

Por la fecha y las condiciones en las que se encuentra la carrera docente, en este momento en Venezuela, queremos llamar la atención sobre algunos aspectos específicos del acuerdo de 1966, que a pesar de estar contenidos y haber sido desarrollados, total o parcialmente, en diversos instrumentos normativos, como la Ley Orgánica de Educación de 1980 y su reglamento, el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente de 1991, la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Educación del 2009, así como en algunas cláusulas de las contrataciones colectivas, hoy se encuentran en desuso, altamente cuestionados o sustituidos, de hecho, por prácticas que los anulan o los contradicen, constituyendo un importante retroceso por la desinstitucionalización de la carrera docente.

El texto del acuerdo está estructurado en 13 secciones y 146 párrafos. Lo pueden leer completo en este enlace.

De la sección que contiene los “principios generales”, es importante resaltar que el acuerdo plantea la importancia de reconocer que “el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador” (2), por lo que la situación (3) del personal docente debería garantizar que los educadores gocen del respeto público y de las condiciones de trabajo que les permita entregarse plenamente a sus tareas y que correspondan a la importancia de su rol en el proceso educativo, pero adicionalmente, que tengan formación sólida desarrollada “mediante estudios rigurosos y continuos”, así como un sentido de responsabilidad personal y colectiva, acorde a su rol. (4)

Por otra parte, se ratifica que ni la formación ni las condiciones de empleo de los docentes, pueden estar sujetas a algún tipo de discriminación.(5) Este es un punto de crucial importancia, en este momento, en Venezuela, debido a que los programas de formación docente, en las instituciones promovidas y administradas desde el Estado, establecen que la formación debe estar dirigida al desarrollo de profesionales afines a una corriente de pensamiento. (6)

Los principios generales también hacen mención específica al rol que deben jugar las organizaciones que agrupan al personal docente, especificando que las mismas deberían participar en la elaboración de la política relativa a la profesión docente. (7) En este aspecto, es importante mencionar, la exclusión de buena parte de las organizaciones gremiales, que se ha hecho evidente en los últimos años, en los procesos de discusión y definición de proyectos y acciones específicas, incluyendo los que se han desarrollado en el marco de la respuesta a la pandemia.

Un aspecto complementario a lo especificado en ese principio, está contenido en el párrafo 10, ordinal k, en la que se establece, como deseable una “estrecha” cooperación, entre las autoridades del sector y las organizaciones docentes, de padres, las instituciones de enseñanza y las de investigación al momento de definir la política relativa a la profesión docente y sus objetivos específicos.

En cuanto a la planificación, además de la incorporación de los actores en su diseño, es importante mencionar que el acuerdo, en el mismo párrafo, establece, como aspecto a incluir la atención planificada a la demanda de docentes, esto significa que el sistema debe conocer las necesidades presentes, y estimar las futuras, para promover procesos de incorporación y de actualización que garanticen contar con docentes suficientes, plenamente capacitados y calificados.

La sección quinta del acuerdo, que está desarrollada en 20 párrafos, establece lineamientos sobre la capacitación tanto para ingresar a los cursos de formación docente, como para el desarrollo de los mismos. Entre ellos, es importante resaltar:

Que se requiere por una parte, tener una oferta de formación con cupos suficientes, para la cantidad de docentes que el sistema requerirá formar, pero además que el proceso de formación debe ser atractivo; y por la otra, que los requisitos de ingreso a los programas de formación, garanticen que los aspirantes tengan una formación previa completa, y las cualidades personales que se esperan de los docentes durante su ejercicio.

Esta oferta debería desarrollarse en instituciones de nivel universitario, con profesores altamente calificados, entre los que se aspira a que los que desarrollen formación pedagógica, tengan experiencia en enseñanza escolar y que puedan renovar su experiencia con prácticas periódicas en escuelas. Esta disposición es especialmente interesante, porque significa que quienes ejerzan como profesores universitarios, en asignaturas de pedagogía, deben haber sido docentes en inicial, primaria o secundaria previamente, pero además, deberían renovar su experiencia en las aulas, con su regreso periódico a la enseñanza en educación básica, lo que les permitiría estar mucho más actualizados, porque podrían en práctica, permanentemente, lo que tratan de enseñar en la universidad.

En cuanto al perfil, se establece que se debería procurar la formación de docentes con cualidades morales, intelectuales y físicas adecuadas para el ejercicio profesional, pero también con los conocimientos y las competencias requeridas. Específicamente las cláusulas 19 y 20, señalan: “la formación del personal docente debería consistir en desarrollar sus conocimientos generales y su cultura personal; su aptitud para enseñar y educar, su comprensión de los principios fundamentales para el establecimiento de buenas relaciones humanas dentro y más allá de las fronteras nacionales; la conciencia del deber que le incumbe de contribuir, tanto por medio de la enseñanza como con el ejemplo, al progreso social, cultural y económico”, por lo que los programas deberían contener: “a) Estudios generales; b) Estudio de los elementos fundamentales de filosofía, de psicología y de sociología aplicados a la educación, así como estudio de la teoría y la historia de la educación, de la educación comparada, la pedagogía experimental, la administración escolar y los métodos de enseñanza de las distintas disciplinas; c) Estudios relativos a la disciplina en la que el futuro docente tiene intención de ejercer su carrera; d) Práctica de la docencia y de las actividades para escolares, bajo la dirección de profesores plenamente calificados”.

En cuanto a la contratación y el desarrollo de la carrera profesional, muchas de las sugerencias expresadas en el capítulo 7, fueron recogidas y desarrolladas, en su momento, en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, instrumento normativo vigente, que actualmente se desconoce de hecho, para todo lo relativo al ingreso, y ascenso en la carrera, especialmente en aspectos como las condiciones para el ejercicio de cargos de responsabilidad como los de dirección escolar y los de supervisión, así como los criterios para la designación en los mismos que deberían ser estrictamente profesionales, y no por afinidad política, como sucede actualmente, en Venezuela.

En términos de condiciones laborales, el acuerdo establece, por una parte las que deben garantizarse para que los docentes puedan realizar una enseñanza eficaz y por la otra, las contractuales relativas a los ingresos y beneficios sociales.

Con respecto a las primeras, se mencionan desde la cantidad de estudiantes por docente, incluyendo contar con personal auxiliar, para garantizar que la atención sea lo más personalizada posible; pasando por la cantidad de horas de dedicación, que consideren el volumen total de trabajo incluyendo la investigación, su formación y actualización, las horas de preparación, planificación y evaluación; así como, por la dotación de materiales pedagógicos adecuados e innovadores –para los docentes y los estudiantes-, promoviendo la investigación para garantizar su manejo y aprovechamiento; y obviamente, el estado y la calidad de la infraestructura y equipamiento escolar, con espacios que permitan el desarrollo de actividades escolares y extraescolares, en los que se garantice la seguridad y la salud tanto de estudiantes como de docentes. Todas éstas son condiciones inexistentes hoy en el sistema educativo venezolano, para la mayoría de las escuelas y de los profesionales de la educación.

En ese ámbito también se especifican una serie de disposiciones especiales sobre condiciones a garantizar para profesionales que ejerzan en las zonas rurales o aisladas. En ese caso, las sugerencias incluyen que el Estado asuma la responsabilidad de dotar de una vivienda adecuada para el docente y su familia, que se asuman los costos de mudanza y de traslados, así como una compensación en prestaciones especiales, por el ejercicio en condiciones de vida especialmente difíciles.

En términos de las condiciones relativas a los ingresos y beneficios sociales, la premisa del acuerdo es que los profesionales de la educación deben tener una remuneración acorde con la importancia del rol que cumplen en la sociedad, por lo que debe asegurar un nivel de vida satisfactorio tanto para el docente como para su familia, así como disponer de recursos suficientes para desarrollar otras actividades, tanto de perfeccionamiento profesional, como culturales. En cuanto a la seguridad social, se establece como condición general que todo profesional de la educación, debe contar con protección.

Finalmente, el acuerdo establece una serie de recomendaciones aplicables a los sistemas en los que no hay personal docente suficiente. La premisa de partida es que un sistema con escasez de personal se considera en crisis, por lo que se pueden aplicar medidas excepcionales que no deroguen o modifiquen las normas vigentes en el país y que éstas deben evitar la constitución y permanencia de grupos numerosos de estudiantes, porque resultarían incompatibles con el proceso de calidad y perjudiciales para los estudiantes.

En su lugar se sugiere la creación de programas intensivos y de urgencia, pero que garanticen la formación de personal que sea competente para el proceso de enseñanza. En esos programas se plantea la necesidad de que los procesos de admisión sean tan o más exigentes que los de los programas de formación regulares y que deberían contar con facilidades económicas para que esos profesores puedan complementar su formación una vez que se encuentren en ejercicio. Adicionalmente, se sugiere que el personal mientras no esté completamente calificado, debe estar dirigido y “estrechamente controlado” por educadores que tengan plena calificación.(8)

Lamentablemente, en el 2020, 54 años después de firmado el acuerdo, muchas de las recomendaciones contenidas en el acuerdo son nuevamente aplicables y necesarias en Venezuela. Por lo que preguntamos a las instancias del Estado con responsabilidad sobre la garantía del derecho a la educación:

¿si desde 1966 se sabe que el docente es un elemento clave para garantizar educación de calidad, y en Venezuela se habían logrado avances significativos en la institucionalización de la carrera docente, cuáles son las políticas públicas y las medidas específicas para reconstruir tanto la carrera como la planta docente del sistema de educación básica, con profesionales de la educación altamente calificados?

¿Cómo se van a restaurar los canales y mecanismos de participación de las organizaciones que agrupan a los docentes en las decisiones que correspondientes?

¿Cómo se van a eliminar los mecanismos de discriminación tanto para el ingreso y ascenso en la carrera, como los relacionados con los programas de formación asociados a tendencias políticas específicas?

¿Cuáles son las estrategias de acompañamiento y evaluación que garantizarán el mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, así como la calidad de la educación para los estudiantes?

¿Cuáles serán los planes extraordinarios para garantizar la formación e incorporación de profesionales al ejercicio de la docencia, en todas las zonas y escuelas en las que se requieren actualmente, producto de la migración y el cambio de actividad?

¿Cómo se van a garantizar tanto las condiciones socioeconómicas y de seguridad social para los docentes, como las de trabajo en las escuelas, -incluyendo las especiales para aquellos que ejercen en contextos rurales o aislados-, así como la calidad y pertinencia en los programas de formación docente en todas variantes?

¿Dónde está la planificación a corto, mediano y largo plazo, con los cálculos y los recursos presupuestarios, que garanticen la instrumentación de los cambios requeridos en el sistema?

A los actores no gubernamentales del sistema educativo, ¿Cómo se plantean la reconstrucción y reinstitucionalización de la carrera docente, incluyendo la evaluación y los programas de formación que garanticen calidad en el ejercicio?

Unos datos complementarios

Para hacer seguimiento a la instrumentación de las recomendaciones contenidas en el acuerdo de 1966, así como al que posteriormente se aprobaría, en 1997, sobre las condiciones del personal docente universitario, se creó el Comité de Expertos sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART). Este fue creado conjuntamente por la OIT y la UNESCO.

El CEART está compuesto por 12 expertos en educación, enseñanza y trabajo de todo el mundo, y tiene como propósito examinar las tendencias en educación, así como, la aplicación de las recomendaciones contenidas en ambos acuerdos, por parte de los países. También evalúa y formula recomendaciones, sobre casos presentados por las organizaciones de docentes, relacionadas con el incumplimiento de los principios contenidos en los acuerdos.

Desde su creación ha realizado 13 reuniones. La última se celebró en el 2018. En este enlace de la página de la OIT, pueden encontrar todos los informes presentados hasta el momento.

De forma complementaria, desde la UNESCO se promueven proyectos en los que se aborda el diseño de políticas para desarrollar las capacidades de los sistemas educativos, en los países, que permitan aumentar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Es así como, a partir de la creación de un Equipo Especial Docente, en el marco del programa de Educación para todos, se realizan reuniones anuales de la UNESCO, los Estados Miembros y los asociados internacionales, en el marco del denominado Foro Internacional de Diálogo sobre Políticas.

Este Foro Internacional surgió a partir de una serie de iniciativas, que se originaron como parte del seguimiento a los objetivos del Programa de Educación Para Todos iniciada en el Foro Mundial de Dakar (2000). En Dakar, se hizo evidente que la incorporación de los niños a la educación primaria, había crecido mucho más rápidamente que la contratación del personal docente para poder garantizar su debida formación, lo que convirtió la escasez de docentes en un tema de atención del Programa, y en el 2008, la Declaración de Oslo incluyó un llamado a los gobiernos para que establecieran necesidades de corto y mediano plazo de contratación y formación docente, así como la creación de un Equipo Especial Docente (TTF).

Este equipo ha estado enfocado en promover el intercambio de conocimientos y el diálogo, así como, en divulgar información, para apoyar a los países en el diseño, e instrumentación, incluyendo la recopilación y utilización de datos, de políticas relacionadas con los docentes. Actualmente, cuenta con un Plan Estratégico para el período 2018-2021 y porque el mismo están centrado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, se cambió su denominación oficial a «Equipo Especial internacional sobre docentes para Educación 2030»

De acuerdo a la información contenida en su página web, el desarrollo de su trabajo, siguió esta trayectoria:

Trayectoria TTF

Fuente: Captura de pantalla de la página web del TTF.

Este Equipo Especial (TTF) incluye entre sus miembros a gobiernos, organismos internacionales bilaterales y multilaterales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones internacionales no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que representan a docentes y organizaciones y fundaciones mundiales del sector privado. Estos se reúnen anualmente para evaluar el progreso en la realización de sus planes y actividades.

De acuerdo a la información suministrada en su portal, actualmente, tiene 143 miembros. Venezuela aparece como país miembro, pero no hay ninguna referencia sobre la naturaleza y frecuencia de su participación en las actividades del TTF.

Buscando información sobre la participación de Venezuela en esta instancia, solo se pudo encontrar mencionada en el listado de participantes. También apareció una mención en un documento de los disponibles en su “centro de conocimientos”, que es una base de datos documental.

Búsqueda de Venezuela

Fuente: Captura de pantalla de la página web del TTF.

Como el documento, en el que se menciona información sobre Venezuela, es un estudio, se trató de precisar la fuente de la información incluida, así como el tipo de datos suministrados y analizados. En las 182 páginas del documento, Venezuela fue mencionada 28 veces.

La información sobre Venezuela, incorporada en este estudio, fue suministrada por las autoridades del país, en respuesta a una encuesta elaborada por el equipo responsable de la investigación, cuyos resultados, son reseñados en la bibliografía como contenidos en “Venezuela. (2015). Encuesta sobre políticas para la formación y desarrollo profesional de docentes en educación para la primera infancia en Centro América. Documento de Trabajo preparado para el Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe de OREALC/UNESCO.” Sin embargo, como documento, no se encuentra disponible para su consulta.

Publicacion UNESCO Educación Inicial

Si quieren bajar y leer el documento, pueden usar el enlace que está en la nota 9.

Entre los datos de interés presentados por el informe, cabe resaltar que el Estado venezolano dijo que el 62% de los docentes de educación inicial, están en zonas urbanas y el 38% trabajan en zonas rurales. Este dato implica que, siguiendo las recomendaciones del acuerdo de 1966, sobre ese 38% de los maestros de educación inicial, debería existir un estudio minucioso que permita conocer sus condiciones de vida y el nivel de aislamiento de la zona en la que presta su servicio, para poder apoyarlos con las condiciones de vida y de trabajo adecuadas.

Un segundo dato que vale la pena resaltar, es que entre los docentes que trabajan en ese nivel, el Estado reporta que solo el 20% lo hace en instituciones oficiales y el 80% en instituciones privadas, lo que lleva a cuestionar el desarrollo de la política educativa que atiende la demanda en educación inicial, ya que, en toda educación básica, la proporción de escuelas por dependencia, es prácticamente inversa.

En cuanto al tipo de formación que se exige en Venezuela para el ejercicio docente en educación inicial, la información suministrada incluye todas las opciones, desde las propiamente universitarias, hasta las técnicas. Sin embargo, cuando habla de la duración de los estudios, se refiere a 5 años, cuando lo correcto debería haber sido decir que el tiempo de duración varía entre 3 y 5 años, dependiendo tanto de la titulación como del tipo de institución en el que ésta se realiza.

Sobre el proceso de formación, la data suministrada incluye tanto la tradicional, como la creada a partir de la lógica de la instrumentación de las misiones ya que menciona a los “congresos pedagógicos y colectivos de formación”, como parte de la formación continua. Sin embargo, no se hace mención a la calidad y completitud de dicha formación, ni a los mecanismos de evaluación asociados a ese tipo de eventos.

Con respecto al proceso de evaluación del desempeño docente, el documento afirma que en Venezuela ese proceso está asociado a la lógica de incentivos, que se traducen en titularidad,  ascenso y de bonos, especificando que la evaluación se hace con observación en aula.

Para este lunes, muchas organizaciones gremiales han anunciado jornadas de protesta con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Docentes.

De igual manera, las organizaciones internacionales vinculadas a esta conmemoración desarrollarán sus actividades y campañas informativas. Si quieren ver la información sobre el tema y los materiales par la conmemoración de este año, pueden seguir este enlace.

Notas:

(1) Sección con los instrumentos de Educación, en el portal de la UNESCO.

(2) Párrafo 4 del acuerdo.

(3) De acuerdo al párrafo 1.b, se entiende por “situación” “la posición social que se le reconoce, según el grado de consideración atribuido a la importancia de su función, así como a su competencia, y las condiciones de trabajo, la remuneración y demás prestaciones materiales que se le conceden en comparación con otras profesiones”.

(4) Párrafos de la 3 a la 6 y 8.

(5) Párrafo 7.

(6) En efecto, en la descripción de los denominados “Programas Nacionales de Formación (PNF)”, ofrecidos en la Misión Sucre, entre los que se encuentran 4 programas de formación docente, se especifica que los PNF “tienen la finalidad de transformar las áreas científico-humanísticas para concebir a la educación como una formación integral y liberadora, en la cual la formación técnico-científica debe estar acompañada con una sólida formación humanista, cultural, ambiental, critica, creadora, innovadora y socio-política. Donde los seres humanos no solo puedan auto desarrollarse sino que participen en el contexto de la nueva República Socialista que se quiere”. (Ver página web de la Misión Sucre)

(7) Párrafo 9.

(8) Párrafo 144.1

(9) En este enlace se puede bajar el estudio

 

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Nueva Convención “Única y Unitaria”: Corresponsabilidad y escuelas como “territorios de paz” con “cuerpos de combatientes”


Con una propuesta entregada el 20 de julio ante el Ministerio del Trabajo, los gremios docentes tuvieron que declararse en conflicto para lograr que el gobierno se sentara a discutir una nueva convención colectiva.

La reunión de instalación se realizó apenas el 5 de noviembre, en ella se estableció cuáles eran las partes que se sentarían a discutir el contrato, se presentaron los participantes presentes y se abrió un espacio para exponer objeciones a los aspectos generales de la discusión.

El establecimiento de las partes en negociación comenzó a institucionalizar un cambio en la naturaleza de este contrato, ya que, no se discutiría gremio por gremio, como en oportunidades anteriores, sino que se planteó realizar una discusión “unitaria”, en la que, docentes, trabajadores administrativos y obreros, se sientan al mismo tiempo a discutir los detalles de la contratación, pero estableciendo condiciones contractuales específicas a la naturaleza de sus funciones y dedicación.

En la reunión de instalación, no hubo objeciones a las condiciones generales de negociación, por lo que se fijó como fecha de inicio de las discusiones el 10 de noviembre y como sede, la Defensoría del Pueblo.

Dada la modificación que se inició en la reunión de instalación y que continuó en reuniones posteriores, en cuanto a las partes en negociación y al tipo de contrato, se puede resaltar que ya no está en discusión la “VIII Convención Colectiva de las Trabajadoras y Los Trabajadores de la Educación dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación” (en este enlace se puede ver el proyecto), de acuerdo al título del documento introducido en julio por las federaciones docentes, ni el “Proyecto de Convención Colectiva Unitario de Las y Los Trabajadores, Docentes, Administrativos y Obreros, dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación“, tal como reza en el texto del acta de instalación (en este enlace pueden ver el acta); sino que lo que está en discusión es la “Primera Convención Colectiva Única y Unitaria de Los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación“.

En efecto, el MPPE llevó como propuesta a la primera reunión formal, el cambio del término “unitaria” por “única” -tal como consta en el acta del 10 de noviembre (en este enlace pueden ver el acta de la reunión del 10/11)-, los gremios, obviamente no aceptaron, pero, en su lugar, apostaron por una especie de solución salomónica, que implicó la adopción de ambos términos, “Única y Unitaria”, tal como se aprecia en el texto del acta de la reunión del 12 de noviembre (en este enlace se puede ver el texto del acta 12/11)

Este denominación, “Primera Convención Colectiva Única y Unitaria de Los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación“, aunque puede parecer un asunto irrelevante de uso de palabras en un título, puede tener consecuencias no deseadas para los gremios, porque se trata de términos de diferente significado, no complementarios, uno de los cuales anula en la práctica al otro, por lo que ahora, de lo que se puede hablar es de la negociación de una convención única para todos los trabajadores del sector, dependientes del MPPE.

Al respecto, conversamos con Raquel Figueroa, quien es la Coordinadora Nacional del Movimiento de Educadores Simón RodríguezDirigente sindical de FENAPRODO-CPV, que nos expresó la preocupación de los gremios porque el hecho de que todos los trabajadores en un país o en un sector, como en este caso, sean titulares de los mismos derechos humanos, en el plano laboral, no implica la unificación del tratamiento contractual de los trabajadores de la educación, que puede tener como consecuencia, la no consideración ni de las necesidades específicas de los trabajadores de cada uno de los sectores y ni de las condiciones laborales que se desprenden de la naturaleza de las funciones que cumplen en el sistema educativo. (*) Este es un riesgo en desarrollo y se verá su alcance en la evolución de las negociaciones entre los gremios.

En la determinación de las partes, es importante señalar también que, en la reunión de instalación de las negociaciones, no quedaron registrados todos los que se reconocerían como participantes. De hecho, en la siguiente captura de pantalla, tomada del primer acta, se aprecia la inclusión de 16 organizaciones gremiales.

las partesY a partir de la primera reunión formal, aparece incorporada FETRAMAGISTERIO como parte, sumando un total de 17 organizaciones gremiales en esta negociación. (Captura de pantalla de la reunión del 10/11)

las partes 2

En este conjunto de organizaciones parte, son gremios docentes: FEV, FETRAENSEÑANZA, FETRASINED, FENAPRODO-CPV, FETRAMAGISTERIO, FVM, FESLEV-CLEV, FENATEV y SINAFUM y organizaciones de trabajadores no docentes, en algunos casos, organizaciones sindicales que tienen afiliados no exclusivamente del sector: SUNEP-ME, SIRTRAME, SNSEME, SNFPME, SINAEP-MECD, FETRAEDUCACIONALES,  FENOBOLMED y FENARBOTRASEP.

Pero como esta discusión es sobre las condiciones contractuales de los trabajadores de la educación, lo que se establezca en las mismas, puede afectar la realización del derecho a la educación de los estudiantes.

En tal sentido, es importante considerar, por ejemplo, que la calidad de los docentes constituye un aspecto clave en el logro de una educación de calidad en las escuelas, por lo que se espera que el sistema brinde las mejores condiciones de contratación y laborales, por una parte y exija una excelente formación inicial y en ejercicio, por la otra, para garantizar su mejor desempeño en la formación de los estudiantes. También se espera que, entre las condiciones laborales se puedan discutir aspectos como los que no han permitido establecer la extensión del calendario escolar, para que se pueda contar con 200 días de clase (días de clase no días de actividades escolares, que es diferente), que es una aspiración del país desde hace más 3 lustros.

Hasta el momento, la discusión se ha desarrollado en 4 reuniones, después de la de instalación y aún hay muchas cosas en debate. Sin embargo, ya se pueden señalar algunos aspectos controversiales sobre los que es necesario poner atención:

1. El primero de ellos es el uso del término corresponsabilidad en las definiciones iniciales del contrato. En la cláusula “Definiciones” se establece:

def trabajadores

Esa afirmación se reitera al final de la definición quinta, cuando dice que los trabajadores de la educación, junto con el ente rector, las familias y la comunidad, son “corresponsables” de garantizar el pleno goce del derecho a la educación.

En este caso, es importante aclarar que, términos de derechos humanos, el Estado tienen la obligación de garantizar el derecho una educación de calidad para todos. Esto se traduce, en cuanto a la educación obligatoria y gratuita, en términos de gestión del sistema y específicamente en la de las organizaciones educativas dependientes del ministerio, que son las directamente afectadas en la discusión de esta contratación, en la obligación de garantizar que las escuelas funcionen con las condiciones óptimas, lo que implica la obligación de garantizar condiciones laborales y contractuales óptimas para docentes, administrativos y obreros y de lograr que éstos tengan un óptimo desempeño en sus  funciones.

Pero la obligación de garantizar el derecho a la educación, no se puede transferir a los trabajadores de la educación aplicando el concepto de “corresponsabilidad” de los actores sociales establecido en la Constitución, como tampoco se puede transferir a los otro actores que forman parte de las comunidades educativas, como se pretende hacer al final de la definición quinta y como se pretendió hacer en el texto de la Resolución 58.

El desarrollo del concepto de “corresponsabilidad” está muy crudo en Venezuela y, hasta ahora, su aplicación, lejos de establecer un marco de apertura para la participación de los diversos sectores en el desarrollo del país, lamentablemente, ha sido utilizado como un descargo de responsabilidades por parte de las organizaciones gubernamentales, a las que corresponde directamente, la obligación de garantizar los derechos humanos.

2. El segundo aspecto que debe llamar nuestra atención, está también en el marco de las definiciones y se trata de la incorporación del uso de términos y concepciones que responden a la ideología del partido de gobierno, y que están en contra de lo que se establece en la Constitución.

En efecto, según la definición quinta, el trabajo es un proceso social “que tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista”

def trabajo

En la Constitución se establece que Venezuela es un país pluralista y en ninguna parte de su texto se declara, ni socialista, ni anti capitalista, así que por más que esas sean las concepciones que definen la posición política de los funcionarios que hoy ejercen el poder, en el ente rector, no pueden convertirse en elementos que determinen la relación laboral entre los trabajadores de ningún sector y el Estado. De hecho, tal como están escritas esas definiciones, no deberían ser aprobadas por no corresponder al modelo de país establecido en la Constitución.

Obviamente, a esta altura, más de uno pensará que esos términos están incluidos en el Plan de la Patria, pero un plan de la nación, que viola lo establecido en la Constitución, no puede convertirse en referencia para la definición de las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores.

3. En el mismo orden de ideas, el tercer aspecto al que debemos prestar atención, es la definición de organizaciones sindicales, incluida en este contrato. De acuerdo a la definición 4, los sindicatos no sólo son organizaciones para la defensa de los intereses de sus afiliados, sino que ahora tienen también como objeto “la defensa del pueblo, de la independencia y la soberanía nacional”

def sindicatos

Esta lógica, que también está incluida y desarrollada en el actual plan de la patria, pone de lado el concepto de ciudadanía, responde a una concepción “cívico-militar” de las personas y la sociedad, contradiciendo lo que se establece en la Constitución.

Las consecuencias de esa definición se pueden apreciar en dos cláusulas que fueron incluidas en la última reunión de la que tenemos información, la del 19 de noviembre. En ellas se establece:

  • que “se conviene en fomentar el fortalecimiento del sentimiento patriótico y la conciencia clasista”
  • fomentar “la conformación de cuerpos de combatientes estructurados en milicias de trabajadores y trabajadoras desde las sedes administrativas y planteles”. Estas milicias además de contribuir con la atención de la población en situaciones de desastres naturales, garantizarán “los servicios públicos fundamentales en caso de desestabilización, conflicto armado o sabotaje y participarán en la defensa de la Patria cuando las circunstancias así lo exijan”

seguridad y economía

Pero no conformes con lo establecido en esa cláusula, la siguiente, tal como se aprecia en la captura de pantalla precedente, compromete a las organizaciones sindicales a “impulsar la constitución de brigadas voluntarias” para participar en “el combate contra la guerra económica”, en estrecha colaboración con la SUNDDE.

La penetración del modelo político del partido de gobierno y de la lógica de guerra en las condiciones laborales de los trabajadores del sector educativo, además de ser contraria a lo que establece la Constitución vigente, le imprime un carácter diferente al que, por su naturaleza, debe tener el funcionamiento del sistema educativo y de la red de escuelas en el que se sustenta. Pero adicionalmente, los trabajadores de la educación tienen funciones específicas que ocupan, en la mayoría de los casos, mucho más que el tiempo de trabajo, que los términos del contrato le reconocen y remuneran, por lo que, es totalmente descabellado aumentar sus actividades y funciones, aunque éstas tuvieran alguna relación lógica con el trabajo para el que el Estado les contrata. Todo ésto afecta el derecho a la educación, específicamente el que se debe garantizar en el sistema de Educación Básica.

Por otra parte, en contradicción con el espíritu de la citada definición y de esas cláusulas, el texto aprobado hasta el momento, también se incluye una cláusula que declara a las escuelas “como Territorios de Paz”, con la que se establece como labor conjunta entre el ente rector y las organizaciones sindicales, la construcción de relaciones de respeto, la creación de consciencia y prevención de la violencia física y simbólica, evitar todo tipo de discriminación, valorar la diversidad cultural, entre otras, pero cuyo texto incluye el mantenimiento y la preservación de las estructuras e instalaciones educativas, como una de las primeras acciones en este ámbito.

territorios de paz

En este caso, es importante señalar que, asumiendo que el cuidado de las instalaciones debe formar parte de la cultura escolar e incluir a todos los miembros de las comunidades educativas, y que, entre las labores de trabajo de los obreros en las escuelas, se encuentran las de mantenimiento cotidiano y algunas de mantenimiento menor de las instalaciones, el mantenimiento de la infraestructura escolar, como programa en el ámbito de la gestión educativa, es responsabilidad del ente del cuál depende cada una de las escuelas que, a efectos de este contrato, coincide con el ente rector. Es por esa razón que la forma como está redactada esta parte de la cláusula, es peligrosa porque con ella puede estarse descargando nuevamente en las comunidades, la responsabilidad del ministerio sobre una de sus obligaciones,  y que, tal como ha sucedido con la Resolución 58, este descargo de responsabilidad no está acompañado de la transferencia de recursos que permite que las escuelas asuman las competencias que, en consecuencia y de manera velada, se les está transfiriendo, constituyéndose en una carga adicional que las comunidades no pueden afrontar.

En cuanto a las actividades relacionadas con la constitución de las escuelas como “Territorios de Paz”, queremos recalcar que ese propósito es inconsistente con lo señalado al inicio de este punto, porque no es posible construir  una cultura de paz, cimentada en una cultura de guerra.

Como se puede apreciar en lo reseñado hasta el momento, la discusión de esta contratación es de interés para todos los ciudadanos, más allá de los relacionados con el sector o los que pertenecen a los gremios de padres y estudiantes, por sus consecuencias potenciales, no sólo en las condiciones de contratación de los trabajadores del sector, sino por los cambios en la naturaleza de las actividades y funciones a desarrollarse en el sistema educativo, que pueden atentar contra la realización del derecho a la educación de los estudiantes.

Por ello invitamos a todos, a seguir este proceso. Para mantenerse al día con las discusiones, pueden visitar el Blog del Sindicato de los Trabajadores de la Educación del Estado Mérida SINDITEM (pueden encontrarlo en este enlace), quienes han estado publicando las actas que se suscriben en este proceso.

Nosotros estaremos atentos a los avances de esta negociación y continuaremos publicando sobre el tema.

(*)  En este enlace se puede ver la posición completa del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

 

 

 

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