151 años del Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria, Decreto 1.723

78 años antes de la adopción de Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo artículo 26, numeral 1, establece que:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuitamente, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos

El 27 de junio de 1870, el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, promulga el Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria, decreto 1.723. El texto contiene 76 artículos o cláusulas, organizados en dos secciones y tal como lo recogen Abreu (2015) y Duarte (2008), el primero de ellos establece que una parte de la educación pública, será obligatoria:

La instrucción pública en Venezuela es de dos especies: obligatoria o necesaria, y libre o voluntaria

El segundo presenta como norma su obligatoriedad sin ningún tipo de discriminación, determina la responsabilidad del Estado en garantizarla de forma gratuita y establece las áreas generales de formación:

La instrucción obligatoria es aquella que la ley exige a todos los venezolanos de ambos sexos, y que los poderes públicos están en el deber de dar gratuita y preferentemente. Comprende por ahora los principios generales de moral, la lectura y la escritura del idioma patrio, la aritmética práctica, el sistema métrico y el Compendio de la Constitución federal”.

La norma de la gratuidad también se aplica a la educación voluntaria o libre, siempre que los entes del Estado estén en condiciones de hacerlo, tal como se expresa, en el tercer artículo o cláusula:

La instrucción libre abarca todos los demás conocimientos que los venezolanos quieran adquirir en los distintos ramos del saber humano. Esta especie de instrucción será ofrecida gratuitamente por los Poderes públicos en la extensión que les sea posible

Estas disposiciones que establecen obligaciones y gratuidad, tienen un complemento en el artículo o cláusula 5, involucrando a las familias en la responsabilidad y el financiamiento, que incluye la incorporación a las escuelas, cuando las familias no tengan los conocimientos o los recursos para la formación de los niños y jóvenes.

Todo padre, madre, tutor o persona a cuyo cargo esté un niño o niña mayor de siete años y menor de edad, está obligado a enseñarle los conocimientos necesarios o pagar un maestro que les enseñe, y en caso de no poder hacer ni una ni otra cosa, deberá mandarlo a la escuela pública del lugar

Así como una precisión del alcance de las responsabilidades de los entes del Estado, en el artículo o cláusula, 7:

La Nación, los Estados y los Municipios están obligados a promover en sus respectivas jurisdicciones y por cuantos medios puedan, la instrucción primaria, creando y protegiendo el establecimiento de escuelas gratuitas en los poblados y en los campos, fijos y ambulantes, nocturnos y dominicales, de manera que los conocimientos obligatorios estén al alcance de todas las condiciones sociales

Por otra parte, el artículo o cláusula 10, establece la responsabilidad del Estado de apoyar y proteger las iniciativas, sean éstas provenientes del Poder Federal, o de iniciativas no gubernamentales:

Todo esfuerzo en beneficio de la instrucción primaria, sea de un individuo, de una asociación o del Poder Federal, será eficazmente secundado y protegido por las autoridades de los estados”.

Para garantizar la gratuidad, de forma complementaria y en relación a las escuelas primarias, en el artículo o cláusula 29 se crea un impuesto destinado a su financiamiento.

Se establece un impuesto nacional sobre la circulación de los valores en la forma que se expresará; y su producto íntegro se destina a la fundación y sostenimiento de escuelas primarias”.

Y para poder llegar a toda la población, el artículo o cláusula 20, establece:

Las escuelas primarias de niños o niñas serán fijas o ambulantes, las primeras se establecerán en las ciudades, villas o poblados y las segundas en los caseríos y en los campos”.

Así como, el artículo o cláusula 21, considera la existencia de escuelas de adultos, con horarios especiales, para ampliar el acceso a la educación esencial, para todos.

Las escuelas primarias de adultos pueden ser dominicales y nocturnas”.

Otro elemento a considerar del contenido de este decreto, es el trato a quienes ejercieran funciones en educación. En este caso, en los artículos o cláusulas 25 y 26, se establecen dos condiciones básicas de contratación: la pensión por jubilación (25) y recompensas extraordinarias derivadas de la cantidad de estudiantes formados (26).

Artículo o cláusula 25: “Todo preceptor o preceptora que enseñe por quince años consecutivos las primeras letras en las escuelas de la Nación obtendrá su jubilación y gozará durante su vida de una pensión igual al sueldo que disfrutaba y que se pagará de las rentas de instrucción primaria”.

Artículo o cláusula 26 “La Dirección nacional acordará recompensas extraordinarias a los profesores y profesoras que enseñen a mayor número de alumnos en un año”.

Como resultado de la promulgación del Decreto 1.723, de acuerdo a las fuentes consultadas: en 1873, de acuerdo a la reseña hecha en el Diccionario de Historia de Venezuela, existían 141 escuelas federales con 7.064 estudiantes y 251 escuelas municipales, con 8.017 y en 1885, las escuelas habían aumentado a 1.312 escuelas federales con 80.900 estudiantes y 645 escuelas municipales, con 18.556.

Referencias:

Abreu, A; (2015); Decreto De Instrucción Pública, Gratuita Y Obligatoria De Antonio Guzmán Blanco. Un Referente Histórico – Educativo (http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/download/5/21?inline=1)

Duarte, J; (2008); La universidad católica de Bogotá y la formación de profesionales durante la regeneración 1884-1890, Revista Heurística, Saber-ULA. (http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/21099)

La información del Diccionario de Historia de Venezuela, se puede ver en el siguiente enlace: https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/d/decreto-de-instruccion-publica-gratuita-y-obligatoria/

¿Reinicio de actividades sin planificación?

A 11 días del reinicio de actividades después del asueto de navidad, es importante recordar que, los procesos educativos, independientemente de la modalidad con la que se desarrollen, requieren planificación.

De hecho, cuando los procesos educativos se desarrollan de manera presencial, para el inicio del año escolar cada escuela, con base en los programas de estudio, las evaluaciones de aprendizaje, las precisiones establecidas en el calendario escolar, diseña su proyecto pedagógico, y cada docente, su planificación anual.

La planificación de cada docente, se va afinando y modificando, a lo largo del año escolar, para ajustarse a las necesidades específicas de los estudiantes que surgen durante el desarrollo de las actividades y en función de las capacidades, los tiempos y las dinámicas trabajo. También se ajustan, para resolver problemas que se pueden presentar por imprevistos o aspectos externos.

Antes, durante y después, se producen intercambios entre docentes y entre los docentes con sus coordinadores, y directivos, además de encuentros periódicos con supervisores, para hacer seguimiento al proceso e identificar ajustes necesarios. Así mismo, se producen intercambios y reuniones con los estudiantes, y con sus padres y representantes para hacer seguimiento al proceso, con variantes, dependiendo de las peculiaridades de cada nivel y etapa.

Se trata de un proceso permanente y dinámico que se ha dado tradicionalmente en el sistema educativo venezolano, con algunas modificaciones en los tiempos de instrumentación, en las últimas décadas.

Con la aparición de las “instrucciones ministeriales o viceministeriales”, la planificación comenzó a incorporar algunas modificaciones temáticas puntuales, para ajustarse a las pautas establecidas en dichas instrucciones.

Al cambiar la modalidad a educación a distancia, las necesidades de preparación y organización, así como los instrumentos para ello, no desaparecen, cambian en su naturaleza, dinámica y tiempo de diseño e instrumentación. De la misma manera, se modifican los roles de los actores participantes.

El contexto y las razones por las que se producen cambios en el sistema educativo pueden determinar algunas condiciones, por la necesidad de dar una respuesta a una emergencia, como sucedió en marzo del 2020, con la declaración de la cuarentena por el COVID-19. En situaciones de emergencia, se pueden adoptar decisiones y alternativas desarrolladas con poca planificación, que requirieran evaluación y ajustes profundos, durante su instrumentación.

Sin embargo, eso no justifica que la lógica establecida para el Plan Cada Familia Una Escuela, no siga una adaptación de las pautas de funcionamiento, a la modalidad de educación a distancia, ni que, para el inicio del año escolar 2020-2021, tomando como referencia la experiencia previa y también las de otros países, no existieran estrategias alternativas que estuvieran diseñadas, evaluadas y planificadas y que permitieran dar respuesta lo más sólida, anticipada y planificada a la nueva realidad en educación básica.

Esas estrategias debían incluir las características propias de la modalidad que se decidiera emplear, con la combinación de técnicas y herramientas que permitieran que todos los estudiantes tuvieran acceso real a un proceso educativo de calidad. Incluso, podría incluir una combinación de modalidades, si, de acuerdo a la consulta que dijo que se había realizado antes del inicio del nuevo año escolar y también de los reiterados anuncios que se hacen periódicamente al respecto, se estuviera evaluando la factibilidad de tener una alternativa que incluyera actividades presenciales.

En su lugar y hasta el momento, el ministerio ni ha presentado pública y detalladamente, un balance sobre lo sucedido el año escolar pasado y el alcance de los aprendizajes de los estudiantes en cada región y localidad, ni ha presentado la planificación detallada de cómo se desarrollará el año escolar actual, con las variantes que se requieran y los ajustes producto de los aprendizajes en la instrumentación del proceso el año escolar pasado.

Al respecto, es importante mencionar que, con fecha de Septiembre 2020, el ministerio editó un documento que tiene lo que denominó una “Sistematización de Experiencias” sobre lo sucedido en el país, en la instrumentación del Plan Cada Familia Una Escuela, y su propósito es promover el debate. El documento se llama “Educación lugarizada desde lo común en contextos de no presencialidad y confinamiento. Resignificaciones territoriales del ‘Plan Cada Familia Una Escuela’ Venezuela”, y contiene una descripción general, con algunos breves registros anecdóticos, de lo que identifican como 31 estrategias, más 9 categorías con las que interpretan y sistematizan lo sucedido.

En la sistematización de esas experiencias, se pone en evidencia, entre otras cosas, el traslado de responsabilidad del ente rector, a las instancias desconcentradas y a las familias, para dar respuesta a las responsabilidades de garantizar el derecho a una educación de calidad, detalle que es importante resaltar, porque una cosa es flexibilizar y abrir los espacios de participación de los actores de las comunidades educativas, para adaptar y adecuar los procesos a las características y necesidades de cada comunidad, y otra muy diferente, es que las comunidades hayan tenido que enfrentar el desarrollo de las actividades educativas, asumiendo los costos en recursos económicos, tiempo y calidad, para evitar la suspensión de actividades por falta de condiciones.

En todo caso, es importante revisar este material con detenimiento y debatir sobre sus hallazgos, pero para poder valorar sus resultados, su idoneidad, sustentabilidad y eficacia, es imprescindible, hacer una evaluación profunda y detallada de los procesos y los costos asociados, de los mecanismos de acompañamiento y seguimiento utilizados y, especialmente, de los aprendizajes reales de los estudiantes en cada caso.

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, así como la evaluación de las condiciones de las escuelas y la formación de los directivos y docentes, para manejarse en la modalidad de educación a distancia, es algo que el ministerio no ha realizado hasta el momento y que debería haber adelantado para poder hacer los ajustes y correctivos que un proceso de trasformación, como el que implica un cambio de modalidad de este tenor, requiere.

En lo presentado hasta el momento, se ha mantiene la lógica y la dinámica usada el año escolar pasado que impide la planificación tanto de las escuelas y los docentes, como de las familias, con algunas modificaciones.

En este punto, es importante aclarar que la improvisación, la falta de planificación o la reducción de los plazos en la misma, no son características propias de la educación a distancia. De hecho, la programación en educación con la modalidad de educación a distancia, puede tener ajustes periódicos, pero, como en el caso de la educación presencial, se requiere hacer una planificación con tiempo, incluyendo el diseño de los materiales y recursos, con suficiente anticipación para que estén probados y disponibles para todos.

Los días previos al reinicio de las actividades escolares, no había información suficiente para que tanto los supervisores, como los directivos y docentes, pudieran retomar su planificación y hacer algunos ajustes de acuerdo a las pautas del Plan Cada Familia Una Escuela, que se va presentando a cuenta gotas en el portal diseñado como parte de su gestión.

El 4 de enero se publicitó en las redes sociales del ministerio y de algunas zonas educativas, la realización de una reunión de trabajo, pero oficial y públicamente, no se suministró información detallada sobre su contenido. Mientras, en el portal oficial del ente rector, no había información actualizada. (La situación en ese portal se mantuvo así, hasta hace pocos días. De hecho, el lunes 11 de enero, a las 11:30 am, seguía con la misma información del año pasado y las notas de prensa actualizadas, comenzaron a publicarse, después).

Desde el 4 de enero, hasta varios días después de iniciar las actividades, las zonas educativas aún estaban recibiendo las instrucciones para este nuevo lapso, por lo que la planificación, que debía hacerse y ajustarse con anticipación por escuelas y docentes, no podrá ser instrumentada, hasta que la información incorporara las modificaciones establecidas.

En el portal del Plan Cada Familia Una Escuela, también se han presentado atrasos y diversidad en los tiempos de publicación. De hecho, justo antes del reinicio de actividades, no todos los niveles tenían información publicada y parte de los materiales generales que deberían estar disponibles en la sección de “Fundamentos”, no se encontraban disponibles. (Algunos aún siguen sin estarlo). En este punto, es importante señalar que las fechas de elaboración de los materiales, para las actividades de los primeros días, variaban entre el 10 de diciembre del 2020 y el 4 de enero del 2021.

Las guías pedagógicas, semanal y bimensual, que están diseñadas para ser distribuidas como encartados, o como documentos digitales, en las zonas del país sin acceso a internet, fueron elaboradas, el 5 de enero la primera y el 18 de diciembre, con una modificación el 4 de enero, la segunda.

En estas guías, una de las muestras de la falta de rigurosidad en la elaboración y en la planificación, es la omisión de las actividades para educación primaria, correspondientes al 15 de enero. Las primeras 3 imágenes son capturas de pantalla de las actividades incluidas en la guía semanal y las otras 4, de las incluidas en la guía bimensual para cada nivel.

La irregularidad en los tiempos de publicación de los materiales en este portal, aún se mantenía ayer 17 de enero, tanto en la sección con la programación por nivel, como en los documentos generales en la sección “Fundamentos”. A continuación se presentan las correspondientes capturas de pantalla, en las que se evidencia, por una parte, las fechas de la programación de actividades disponibles, y por la otra, la ausencia de documentos con las instrucciones para el segundo momento pedagógico, que deberían estar incluidos, porque ya fueron producidos y han circulado, a través de la red de supervisores de algunas de las zonas educativas.

Como se puede apreciar, también en estas capturas de pantalla, la educación intercultural carece de materiales, más allá del que se publicó el año pasado y que correspondía a la planificación del 12 al 16 de Octubre.

Con esas irregularidades y deficiencias, resulta imposible que todas las escuelas, docentes y familias, estén en condiciones para preparar el proceso educativo y las actividades de manera oportuna y garantizando idoneidad y calidad.

Pero otro elemento que imposibilita el trabajo de planificación requerido, es el cambio en las directrices derivado de las deficiencias en la gestión del sistema educativo. En este período, el ejemplo más claro de ello, fue lo sucedido con la directriz de incorporación de evaluaciones presenciales, a partir de febrero.

De acuerdo a la información obtenida, en la reunión de coordinación con las zonas educativas, que el ministerio realizó el 4 de enero, una de las pautas registradas fue la incorporación de actividades de evaluación presencial. De ello quedó registro en la información distribuida a través de varias zonas educativas y en las declaraciones públicas de algunos representantes de las instancias de las regiones. De hecho, además de las declaraciones, circularon mensajes por chat, escritos y en audio, en algunos estados Barinas, Bolívar, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta y Zulia, entre otros, con este anuncio desde el 5 de enero.

En un chat entre el supervisor y el grupo de directores de las escuelas de su circuito, se incluyó, como parte de las instrucciones recibidas en dicha reunión, lo siguiente: “En este lapso se incorpora la evaluación presencial para primaria y media de forma progresiva y con las normas de bioseguridad”. Los jefes de Zona de Barinas y Carabobo, así como la Directora Regional de Educación de Miranda, lo incluyeron en sus declaraciones (*) y la Autoridad Única del Estado Bolívar lo incluyó en sus declaraciones de prensa y en un audio difundido a través de la red de supervisores de esa entidad.

Audio de la Autoridad Única del Estado Bolívar

Sin embargo, el sábado 9 de enero comenzaron a aparecer reseñas y notificaciones sobre la suspensión de la decisión. De acuerdo a las declaraciones reseñadas por el Diario Primicia (**), la Autoridad Única del Estado Bolívar, dijo que se trataba de una decisión comunicada por el ministerio en una reunión realizada el día previo.

La información también circuló a través de la red de supervisores, en algunos audios, como el siguiente:

Supervisora comunicando suspensión de la incorporación de evaluaciones presenciales

Posteriormente, en un programa de televisión emitido el lunes 11 de enero, Aristóbulo Isturiz dijo que habían presentado una propuesta ante el Ejecutivo Nacional para su estudio. Adicionalmente, en una declaración algo diferente sobre lo que se encontraba en estudio, el 12 de enero Nicolás Maduro, de acuerdo a lo contenido en la nota de prensa publicada en el portal oficial del ministerio, dijo que “se estudia la posibilidad del regreso a clases de manera presencial. “Una junta escolar por escuela, por liceo, por universidad, a un modelo de presencia directa en el aula de clases con todas las medidas de bioseguridad, en función de fortalecer el segundo y tercer trimestre del año escolar 2020-2021 que está en pleno proceso de desarrollo”” (***).

Hasta el momento, y a pocos días para iniciar el mes de febrero, no se ha presentado información adicional, sobre cómo, quién y qué es lo que se está evaluando específicamente y mucho menos, sobre las medidas que se tomarán para incorporar una decisión, con un cambio de esa naturaleza, en la lógica del Plan Cada Familia Una Escuela, cambio que implica, además de la modificación de la planificación de los docentes y las familias, el aumento en la inversión de todos los miembros de la comunidad educativa, en transporte e insumos para garantizar la bioseguridad, tanto en las escuelas, como en el trayecto.

Esa omisión, así como la ausencia de información sobre la evaluación de lo sucedido el año escolar pasado y el primer lapso, o momento pedagógico, del presente, más los permanentes cambios en las pautas y la información, afectan la capacidad de docentes y familias para realizar sus actividades y tienen un impacto diverso y diferenciado, de acuerdo a las condiciones de cada familia y cada escuela, en los aprendizajes y en la calidad de la educación que se ofrece y en consecuencia, en la realización del derecho a la educación en Venezuela.


(*) A continuación los enlaces de las declaraciones mencionadas:

Barinas: https://lanoticiadebarinas.com/locales/mas-192-mil-estudiantes-retoman-clases-distancia-barinas/

Carabobo: https://www.el-carabobeno.com/planteles-educativos-de-carabobo-implementaran-evaluaciones-presenciales/

Miranda: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/centros-educativos-de-miranda-realizaran-evaluaciones-presenciales/

(**) Enlace a la reseña del Diario Primicia: https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/suarez-evaluaciones-presenciales-fueron-pospuestas/

(***) Nota de prensa: http://me.gob.ve/index.php/noticias/138-noticias-2021/enero-2021/6912-presidente-maduro-anuncia-que-se-evalua-el-regreso-a-clases-de-forma-presencial

Uso político-partidista del sistema educativo

Desde que el ejecutivo nacional anunció su participación en un proceso electoral el 6 de diciembre, a través de la red de supervisores del subsistema de Educación Básica, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las Autoridades Únicas, comenzaron a circular mensajes haciendo llamados a la participación de los miembros de las comunidades educativas en el mismo. Estos mensajes circularon por los canales que, regularmente emplea el Estado, a través de los órganos del poder ejecutivo, para comunicar información e instrucciones a las escuelas.

Los mensajes incluían llamados a los jóvenes para organizarse e inscribirse en el registro electoral, para la captura de votos (identificación de “votos duros”) por parte de directivos y docentes, incluso para la realización de un simulacro, en el que se hacía un llamado a trabajadores del Programa de Alimentación Escolar, a participar junto a las UBCHs, para afinar la maquinaria. En la muchos de esos mensajes se hacía mención directa tanto del partido de gobierno, como de organizaciones de corte político, asociadas directamente con las comunidades, como el Frente Francisco de Miranda y las UBCHs.

Por otra parte, desde los medios oficiales, también se divulgó información sobre jornadas para verificar las condiciones y conectividad de algunas escuelas, en su condición de centros electorales, lo que generó algunos reclamos por parte de miembros de sus comunidades educativas, porque la verificación de la conectividad era exclusivamente para el proceso electoral y no para el desarrollo de las actividades regulares del año escolar que, por el cambio de la modalidad, incluyen el uso de internet.

El fin de semana del mencionado proceso, se volvieron a registrar llamados a través de los canales oficiales de comunicación en el subsistema de Educación Básica. Estos incluían propaganda electoral, y llamados a la organización y el ejercicio del voto, con clara referencia partidista. En ese momento, se estaban violando, tanto la norma electoral de hacer campaña fuera de lapso, como las normas electorales y educativas que prohíben, por una parte, el uso de los recursos del Estado para actividades político-partidistas, y por el otro, el uso político partidista y la promoción de un opción ideológica, desde el sistema educativo. Esto sucedió en diversas entidades a lo largo y ancho del país.

Específicamente, en el Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el mecanismo de comunicación institucional usado regularmente para el intercambio de información de los supervisores con los directores de las escuelas, fue utilizado para enviar mensajes político-partidistas a través de videos, mensajes escritos y audios. Ese uso también fue registrado en otros municipios del estado, como San Francisco y Maracaibo.

Entre los mensajes que circularon, se incluyó el siguiente audio de campaña de una de las candidatas, quien fuera previamente Autoridad Única de la entidad, cargo que dejó vacante para su postulación por el Municipio San Francisco. El audio, que se puede escuchar a continuación, fue enviado originalmente por la profesora encargada de la Zona Educativa y después circuló por varios de los chats institucionales.

Mensaje de campaña electoral, enviado desde la Zona Educativa

Ya el día del proceso electoral, el domingo 6 de diciembre, desde la madrugada, circularon por los canales institucionales, mensajes escritos como el siguiente:

Y mensajes de audio, llamando a la participación, como el siguiente, grabado por el Gobernador del Estado Zulia, pero dirigido a la militancia de su partido y organizaciones afines.




Audio del Gobernador del Estado Zulia, enviado por el grupo de chat institucional

El control sobre la participación de diversos miembros de las comunidades educativas, a través de las redes institucionales, se mantuvo durante todo el proceso electoral, incluyendo la solicitud de movilización para promover el voto, del traslado de votantes a los centros electorales, del suministro de evidencias, tanto fotográficas, como de datos específicos de cada votante y también el reporte de la cantidad de personas de cada sector de las comunidades, que había participado. A continuación se presenta: una captura de pantalla de un mensaje con los detalles de la solicitud y otras capturas de pantalla con un reporte, tanto de una cocinera después de votar, como de la cantidad de cocineras reportadas como votantes.

Estas que constituyen registros de violación tanto de las normas electorales, como de las educativas, ponen en evidencia el uso político-partidista de toda la estructura oficial del sub-sistema de Educación Básica en Venezuela y del control de una parcialidad política sobre el mismo, violando todo lo establecido tanto en la Constitución, sobre el funcionamiento de las instancias del Estado, como de los convenios y tratados de derechos humanos suscritos por el país.

Sigue en riesgo la gratuidad de la educación en Venezuela

En Venezuela, de acuerdo a la normativa existente, la educación básica, es obligatoria y debe ser gratuita en las escuelas de dependencia oficial. Esto significa que las escuelas que ofrecen educación inicial, primaria y media, que son administradas por el Estado, en todos sus niveles de gobierno, no pueden cobrar ni aranceles de inscripción, ni mensualidades, así como tampoco, solicitar colaboración a las familias, o a los estudiantes, en forma de insumos o trabajo.

Sin embargo, desde hace más de una década, a pesar de las normas que expresamente lo prohíben, se han registrado solicitudes de “colaboración” a estudiantes y a padres y representantes. Esta “colaboración” ha estado asociada a las labores de mantenimiento escolar, cuyo desarrollo ha recaído en la comunidad educativa, trasladando en la práctica, los costos de mantenimiento escolar, que deberían asumir los organismos del Estado, con responsabilidad en la gestión de las mismas. Eso lo hemos reportado previamente en nuestras publicaciones. 

Actualmente, a esas solicitudes, con el consecuente traslado de la responsabilidad de asumir los costos de la gestión escolar, en el marco de la cuarentena, por el COVID-19, se han comenzado a registrar, en diversas escuelas oficiales, solicitudes, no solo de los insumos para realizar la limpieza, sino que también se solicita a los representantes la realización de pagos (inscripción y mensualidades), como “colaboración” para cubrir los gastos de funcionamiento de la escuela, incluyendo los de papelería.

Es importante recordar que en muchas escuelas de dependencia oficial, desde hace más de dos décadas, por la reducción del presupuesto para la compra de insumos, muchos docentes y representantes donaban, con cierta periodicidad artículos, como resmas de papel, para garantizar la realización de algunas actividades administrativas y pedagógicas. Eso que comenzó como una irregularidad esporádica, aunque recurrente en algunos casos, se está transformando, en algunas escuelas, en una práctica ilegal, que atenta contra el derecho a la educación y cuyos responsables son el MPPE, y las Gobernaciones y Alcaldías que tienen a su cargo la administración de escuelas en el subsistema de Educación Básica.

En este marco, queremos llamar la atención sobre algunos casos, en el Estado Carabobo, de los que nos suministraron información.

En cuanto a la solicitud de insumos, se conoció que en la Unidad Educativa “Fermín Toro II”. (Parroquia Santa Rosa, Municipio Valencia) para el cierre del año escolar 2019-2020, se esperaba que, como parte del Proyecto Integral Comunitario (PIC), los estudiantes realizaran trabajos de mantenimiento de la escuela, (limpieza, pintura, desmalezamiento, etc). Como alternativa, se daba por aprobada la actividad, si los estudiantes llevaban productos de limpieza.

En esa Unidad Educativa, en una reunión realizada en la segunda semana del pasado mes de julio, se estableció la obligación de los representantes, de aportar cinco dólares ($5) para “ayudar con la papelería”. En esa reunión también se ratificó que las familias debían “apoyar” con productos de limpieza.

Adicionalmente, el 9 de agosto los representantes recibieron un mensaje, en el que se les recordaba que debían pagar la “colaboración”, en este caso por un dólar $1 al cambio vigente para el momento. El pago se debía hacer por transferencia a una cuenta especificada en el mensaje. Una vez realizada la transacción, debían enviar la constancia para registro.

Información sobre solicitudes irregulares de pagos, también se presentó en el Liceo Nacional Bolivariano Arístides Bastidas, ubicado en la población de Trincheras, Municipio Naguanagua. En este plantel, los representantes fueron informados de que, para poder recibir la boleta con la evaluación de los estudiantes, deberían pagar “el costo de las mismas”. En este caso, no se pudo conocer el monto, pero sí se pudo saber que las boletas serían entregadas, por el Consejo Comunal, en lugar de por las autoridades del Liceo, lo que constituye un hecho irregular adicional.

En la Escuela Básica Bolivariana Cayaurima, también ubicada en la población de Trincheras, a mediados del mes de julio, se informó a los representantes que el proceso para ratificar las inscripciones se realizaría del 21 al 23 de julio, y que para realizar el procedimiento, debían “aportar” BsF 100.000, lo que constituye, evidentemente, una irregularidad.

Finalmente, en un Centro de Educación Inicial dependiente de una Alcaldía, se han reportado dos irregularidades. La primera se dio al inicio de la cuarentena. Al respecto, los representantes informaron que tuvieron que volver a comprar los útiles escolares, debido a que, cuando se suspendieron las clases, los que habían entregado en la escuela, para el desarrollo de las actividades de los estudiantes, no les fueron devueltos para que pudieran utilizarlos en sus casas.

En este caso, la irregularidad incluyó dos aspectos, la falta de suministro de los útiles escolares, por parte del Estado (es importante recordar que, los útiles, como los uniformes escolares, forman parte de la canasta educativa, que debe ser gratuita, en las escuelas de dependencia oficial); y una problema de gestión escolar, que impidió que las familias contaran con los útiles comprados para desarrollar las actividades de educación en casa, tal como estaba establecidos en el Plan Cada Familia Una Escuela.

La segunda irregularidad tiene que ver con el cobro de aranceles por inscripción y mensualidad. Este plantel, de acuerdo a la información suministrada, solicita una “colaboración” de $20, por inscripción y posteriormente, un monto mensual de $5. La justificación de los directivos del plantel, es que se requieren los recursos para las actividades de mantenimiento y para la compra de insumos y equipos, dañados o hurtados.

En las escuelas oficiales, como se dijo anteriormente, los costos de reparación y reposición de equipos, así como de insumos para la realización de mantenimiento escolar, deben ser asumidos por la instancia responsable de la escuela y no por los miembros de la comunidad educativa.

En todos estos casos, la solicitud de “colaboración” a los representantes, constituye una irregularidad que viola el derecho a la educación, en Venezuela.

Día Mundial de los Docentes

En próximo lunes 5 de octubre, se conmemora el Día Mundial de los Docentes. Este día se celebra todos los años, desde 1994, para recordar que en 1966, como conclusión de una Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, se firmó un acuerdo entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO.

Este acuerdo forma parte de una serie de instrumentos jurídicos, relacionados a educación. Hasta el momento son 21 y cubren diversos aspectos, desde la convalidación de los títulos, hasta el tipo de formación que se puede desarrollar. A continuación tienen las denominaciones de los instrumentos y sus fechas. En el enlace que está en la nota señalada en fuente del cuadro, pueden verlos y conocer el contenido de cada uno de ellos.

Instrumentos2
Fuente: Elaboración propia con información del portal de la UNESCO (1)

El acuerdo de 1966 estuvo sustentado en el reconocimiento del derecho a la educación, y las consecuentes obligaciones de los Estados que se derivan del mismo, así como de lo esencial que es el personal docente en el proceso educativo; y tomó en consideración, por una parte la diversidad de situaciones y legislaciones de los países; por la otra, todas las disposiciones existentes en los convenios internacionales, vigentes al momento, que se podían aplicar a este personal; así como las recomendaciones sobre formación y situación del personal docente que se incluyeron en los acuerdos de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Conferencia Internacional de 1962.

Tenía como propósito generar un marco de recomendaciones que pudieran completar las normas existentes hasta el momento con miras a apoyar el desarrollo y la ampliación de cobertura de la educación general y de la técnica y profesional, a asegurar que el personal docente tuviera una condición acorde a su rol e importancia en el proceso educativo, y también, a poner remedio a la escasez de docentes en los sistemas educativos que se había identificado como un problema importante en ese momento.

En este punto, es relevante señalar que en 1966 era una preocupación en muchos países la falta de docentes en cantidad y con la formación requerida, para atender a la demanda creciente del sistema educativo, en muchos países. Ese que era un problema para Venezuela en ese momento, se plantea como un grave problema, en la actualidad, especialmente en el marco de la emergencia humanitaria que atraviesa el país desde mucho antes de que surgiera la pandemia del COVID19.

Por la fecha y las condiciones en las que se encuentra la carrera docente, en este momento en Venezuela, queremos llamar la atención sobre algunos aspectos específicos del acuerdo de 1966, que a pesar de estar contenidos y haber sido desarrollados, total o parcialmente, en diversos instrumentos normativos, como la Ley Orgánica de Educación de 1980 y su reglamento, el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente de 1991, la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Educación del 2009, así como en algunas cláusulas de las contrataciones colectivas, hoy se encuentran en desuso, altamente cuestionados o sustituidos, de hecho, por prácticas que los anulan o los contradicen, constituyendo un importante retroceso por la desinstitucionalización de la carrera docente.

El texto del acuerdo está estructurado en 13 secciones y 146 párrafos. Lo pueden leer completo en este enlace.

De la sección que contiene los “principios generales”, es importante resaltar que el acuerdo plantea la importancia de reconocer que “el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador” (2), por lo que la situación (3) del personal docente debería garantizar que los educadores gocen del respeto público y de las condiciones de trabajo que les permita entregarse plenamente a sus tareas y que correspondan a la importancia de su rol en el proceso educativo, pero adicionalmente, que tengan formación sólida desarrollada “mediante estudios rigurosos y continuos”, así como un sentido de responsabilidad personal y colectiva, acorde a su rol. (4)

Por otra parte, se ratifica que ni la formación ni las condiciones de empleo de los docentes, pueden estar sujetas a algún tipo de discriminación.(5) Este es un punto de crucial importancia, en este momento, en Venezuela, debido a que los programas de formación docente, en las instituciones promovidas y administradas desde el Estado, establecen que la formación debe estar dirigida al desarrollo de profesionales afines a una corriente de pensamiento. (6)

Los principios generales también hacen mención específica al rol que deben jugar las organizaciones que agrupan al personal docente, especificando que las mismas deberían participar en la elaboración de la política relativa a la profesión docente. (7) En este aspecto, es importante mencionar, la exclusión de buena parte de las organizaciones gremiales, que se ha hecho evidente en los últimos años, en los procesos de discusión y definición de proyectos y acciones específicas, incluyendo los que se han desarrollado en el marco de la respuesta a la pandemia.

Un aspecto complementario a lo especificado en ese principio, está contenido en el párrafo 10, ordinal k, en la que se establece, como deseable una “estrecha” cooperación, entre las autoridades del sector y las organizaciones docentes, de padres, las instituciones de enseñanza y las de investigación al momento de definir la política relativa a la profesión docente y sus objetivos específicos.

En cuanto a la planificación, además de la incorporación de los actores en su diseño, es importante mencionar que el acuerdo, en el mismo párrafo, establece, como aspecto a incluir la atención planificada a la demanda de docentes, esto significa que el sistema debe conocer las necesidades presentes, y estimar las futuras, para promover procesos de incorporación y de actualización que garanticen contar con docentes suficientes, plenamente capacitados y calificados.

La sección quinta del acuerdo, que está desarrollada en 20 párrafos, establece lineamientos sobre la capacitación tanto para ingresar a los cursos de formación docente, como para el desarrollo de los mismos. Entre ellos, es importante resaltar:

Que se requiere por una parte, tener una oferta de formación con cupos suficientes, para la cantidad de docentes que el sistema requerirá formar, pero además que el proceso de formación debe ser atractivo; y por la otra, que los requisitos de ingreso a los programas de formación, garanticen que los aspirantes tengan una formación previa completa, y las cualidades personales que se esperan de los docentes durante su ejercicio.

Esta oferta debería desarrollarse en instituciones de nivel universitario, con profesores altamente calificados, entre los que se aspira a que los que desarrollen formación pedagógica, tengan experiencia en enseñanza escolar y que puedan renovar su experiencia con prácticas periódicas en escuelas. Esta disposición es especialmente interesante, porque significa que quienes ejerzan como profesores universitarios, en asignaturas de pedagogía, deben haber sido docentes en inicial, primaria o secundaria previamente, pero además, deberían renovar su experiencia en las aulas, con su regreso periódico a la enseñanza en educación básica, lo que les permitiría estar mucho más actualizados, porque podrían en práctica, permanentemente, lo que tratan de enseñar en la universidad.

En cuanto al perfil, se establece que se debería procurar la formación de docentes con cualidades morales, intelectuales y físicas adecuadas para el ejercicio profesional, pero también con los conocimientos y las competencias requeridas. Específicamente las cláusulas 19 y 20, señalan: “la formación del personal docente debería consistir en desarrollar sus conocimientos generales y su cultura personal; su aptitud para enseñar y educar, su comprensión de los principios fundamentales para el establecimiento de buenas relaciones humanas dentro y más allá de las fronteras nacionales; la conciencia del deber que le incumbe de contribuir, tanto por medio de la enseñanza como con el ejemplo, al progreso social, cultural y económico”, por lo que los programas deberían contener: “a) Estudios generales; b) Estudio de los elementos fundamentales de filosofía, de psicología y de sociología aplicados a la educación, así como estudio de la teoría y la historia de la educación, de la educación comparada, la pedagogía experimental, la administración escolar y los métodos de enseñanza de las distintas disciplinas; c) Estudios relativos a la disciplina en la que el futuro docente tiene intención de ejercer su carrera; d) Práctica de la docencia y de las actividades para escolares, bajo la dirección de profesores plenamente calificados”.

En cuanto a la contratación y el desarrollo de la carrera profesional, muchas de las sugerencias expresadas en el capítulo 7, fueron recogidas y desarrolladas, en su momento, en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, instrumento normativo vigente, que actualmente se desconoce de hecho, para todo lo relativo al ingreso, y ascenso en la carrera, especialmente en aspectos como las condiciones para el ejercicio de cargos de responsabilidad como los de dirección escolar y los de supervisión, así como los criterios para la designación en los mismos que deberían ser estrictamente profesionales, y no por afinidad política, como sucede actualmente, en Venezuela.

En términos de condiciones laborales, el acuerdo establece, por una parte las que deben garantizarse para que los docentes puedan realizar una enseñanza eficaz y por la otra, las contractuales relativas a los ingresos y beneficios sociales.

Con respecto a las primeras, se mencionan desde la cantidad de estudiantes por docente, incluyendo contar con personal auxiliar, para garantizar que la atención sea lo más personalizada posible; pasando por la cantidad de horas de dedicación, que consideren el volumen total de trabajo incluyendo la investigación, su formación y actualización, las horas de preparación, planificación y evaluación; así como, por la dotación de materiales pedagógicos adecuados e innovadores –para los docentes y los estudiantes-, promoviendo la investigación para garantizar su manejo y aprovechamiento; y obviamente, el estado y la calidad de la infraestructura y equipamiento escolar, con espacios que permitan el desarrollo de actividades escolares y extraescolares, en los que se garantice la seguridad y la salud tanto de estudiantes como de docentes. Todas éstas son condiciones inexistentes hoy en el sistema educativo venezolano, para la mayoría de las escuelas y de los profesionales de la educación.

En ese ámbito también se especifican una serie de disposiciones especiales sobre condiciones a garantizar para profesionales que ejerzan en las zonas rurales o aisladas. En ese caso, las sugerencias incluyen que el Estado asuma la responsabilidad de dotar de una vivienda adecuada para el docente y su familia, que se asuman los costos de mudanza y de traslados, así como una compensación en prestaciones especiales, por el ejercicio en condiciones de vida especialmente difíciles.

En términos de las condiciones relativas a los ingresos y beneficios sociales, la premisa del acuerdo es que los profesionales de la educación deben tener una remuneración acorde con la importancia del rol que cumplen en la sociedad, por lo que debe asegurar un nivel de vida satisfactorio tanto para el docente como para su familia, así como disponer de recursos suficientes para desarrollar otras actividades, tanto de perfeccionamiento profesional, como culturales. En cuanto a la seguridad social, se establece como condición general que todo profesional de la educación, debe contar con protección.

Finalmente, el acuerdo establece una serie de recomendaciones aplicables a los sistemas en los que no hay personal docente suficiente. La premisa de partida es que un sistema con escasez de personal se considera en crisis, por lo que se pueden aplicar medidas excepcionales que no deroguen o modifiquen las normas vigentes en el país y que éstas deben evitar la constitución y permanencia de grupos numerosos de estudiantes, porque resultarían incompatibles con el proceso de calidad y perjudiciales para los estudiantes.

En su lugar se sugiere la creación de programas intensivos y de urgencia, pero que garanticen la formación de personal que sea competente para el proceso de enseñanza. En esos programas se plantea la necesidad de que los procesos de admisión sean tan o más exigentes que los de los programas de formación regulares y que deberían contar con facilidades económicas para que esos profesores puedan complementar su formación una vez que se encuentren en ejercicio. Adicionalmente, se sugiere que el personal mientras no esté completamente calificado, debe estar dirigido y “estrechamente controlado” por educadores que tengan plena calificación.(8)

Lamentablemente, en el 2020, 54 años después de firmado el acuerdo, muchas de las recomendaciones contenidas en el acuerdo son nuevamente aplicables y necesarias en Venezuela. Por lo que preguntamos a las instancias del Estado con responsabilidad sobre la garantía del derecho a la educación:

¿si desde 1966 se sabe que el docente es un elemento clave para garantizar educación de calidad, y en Venezuela se habían logrado avances significativos en la institucionalización de la carrera docente, cuáles son las políticas públicas y las medidas específicas para reconstruir tanto la carrera como la planta docente del sistema de educación básica, con profesionales de la educación altamente calificados?

¿Cómo se van a restaurar los canales y mecanismos de participación de las organizaciones que agrupan a los docentes en las decisiones que correspondientes?

¿Cómo se van a eliminar los mecanismos de discriminación tanto para el ingreso y ascenso en la carrera, como los relacionados con los programas de formación asociados a tendencias políticas específicas?

¿Cuáles son las estrategias de acompañamiento y evaluación que garantizarán el mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, así como la calidad de la educación para los estudiantes?

¿Cuáles serán los planes extraordinarios para garantizar la formación e incorporación de profesionales al ejercicio de la docencia, en todas las zonas y escuelas en las que se requieren actualmente, producto de la migración y el cambio de actividad?

¿Cómo se van a garantizar tanto las condiciones socioeconómicas y de seguridad social para los docentes, como las de trabajo en las escuelas, -incluyendo las especiales para aquellos que ejercen en contextos rurales o aislados-, así como la calidad y pertinencia en los programas de formación docente en todas variantes?

¿Dónde está la planificación a corto, mediano y largo plazo, con los cálculos y los recursos presupuestarios, que garanticen la instrumentación de los cambios requeridos en el sistema?

A los actores no gubernamentales del sistema educativo, ¿Cómo se plantean la reconstrucción y reinstitucionalización de la carrera docente, incluyendo la evaluación y los programas de formación que garanticen calidad en el ejercicio?

Unos datos complementarios

Para hacer seguimiento a la instrumentación de las recomendaciones contenidas en el acuerdo de 1966, así como al que posteriormente se aprobaría, en 1997, sobre las condiciones del personal docente universitario, se creó el Comité de Expertos sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART). Este fue creado conjuntamente por la OIT y la UNESCO.

El CEART está compuesto por 12 expertos en educación, enseñanza y trabajo de todo el mundo, y tiene como propósito examinar las tendencias en educación, así como, la aplicación de las recomendaciones contenidas en ambos acuerdos, por parte de los países. También evalúa y formula recomendaciones, sobre casos presentados por las organizaciones de docentes, relacionadas con el incumplimiento de los principios contenidos en los acuerdos.

Desde su creación ha realizado 13 reuniones. La última se celebró en el 2018. En este enlace de la página de la OIT, pueden encontrar todos los informes presentados hasta el momento.

De forma complementaria, desde la UNESCO se promueven proyectos en los que se aborda el diseño de políticas para desarrollar las capacidades de los sistemas educativos, en los países, que permitan aumentar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Es así como, a partir de la creación de un Equipo Especial Docente, en el marco del programa de Educación para todos, se realizan reuniones anuales de la UNESCO, los Estados Miembros y los asociados internacionales, en el marco del denominado Foro Internacional de Diálogo sobre Políticas.

Este Foro Internacional surgió a partir de una serie de iniciativas, que se originaron como parte del seguimiento a los objetivos del Programa de Educación Para Todos iniciada en el Foro Mundial de Dakar (2000). En Dakar, se hizo evidente que la incorporación de los niños a la educación primaria, había crecido mucho más rápidamente que la contratación del personal docente para poder garantizar su debida formación, lo que convirtió la escasez de docentes en un tema de atención del Programa, y en el 2008, la Declaración de Oslo incluyó un llamado a los gobiernos para que establecieran necesidades de corto y mediano plazo de contratación y formación docente, así como la creación de un Equipo Especial Docente (TTF).

Este equipo ha estado enfocado en promover el intercambio de conocimientos y el diálogo, así como, en divulgar información, para apoyar a los países en el diseño, e instrumentación, incluyendo la recopilación y utilización de datos, de políticas relacionadas con los docentes. Actualmente, cuenta con un Plan Estratégico para el período 2018-2021 y porque el mismo están centrado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, se cambió su denominación oficial a «Equipo Especial internacional sobre docentes para Educación 2030»

De acuerdo a la información contenida en su página web, el desarrollo de su trabajo, siguió esta trayectoria:

Trayectoria TTF
Fuente: Captura de pantalla de la página web del TTF.

Este Equipo Especial (TTF) incluye entre sus miembros a gobiernos, organismos internacionales bilaterales y multilaterales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones internacionales no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que representan a docentes y organizaciones y fundaciones mundiales del sector privado. Estos se reúnen anualmente para evaluar el progreso en la realización de sus planes y actividades.

De acuerdo a la información suministrada en su portal, actualmente, tiene 143 miembros. Venezuela aparece como país miembro, pero no hay ninguna referencia sobre la naturaleza y frecuencia de su participación en las actividades del TTF.

Buscando información sobre la participación de Venezuela en esta instancia, solo se pudo encontrar mencionada en el listado de participantes. También apareció una mención en un documento de los disponibles en su “centro de conocimientos”, que es una base de datos documental.

Búsqueda de Venezuela
Fuente: Captura de pantalla de la página web del TTF.

Como el documento, en el que se menciona información sobre Venezuela, es un estudio, se trató de precisar la fuente de la información incluida, así como el tipo de datos suministrados y analizados. En las 182 páginas del documento, Venezuela fue mencionada 28 veces.

La información sobre Venezuela, incorporada en este estudio, fue suministrada por las autoridades del país, en respuesta a una encuesta elaborada por el equipo responsable de la investigación, cuyos resultados, son reseñados en la bibliografía como contenidos en “Venezuela. (2015). Encuesta sobre políticas para la formación y desarrollo profesional de docentes en educación para la primera infancia en Centro América. Documento de Trabajo preparado para el Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe de OREALC/UNESCO.” Sin embargo, como documento, no se encuentra disponible para su consulta.

Publicacion UNESCO Educación Inicial
Si quieren bajar y leer el documento, pueden usar el enlace que está en la nota 9.

Entre los datos de interés presentados por el informe, cabe resaltar que el Estado venezolano dijo que el 62% de los docentes de educación inicial, están en zonas urbanas y el 38% trabajan en zonas rurales. Este dato implica que, siguiendo las recomendaciones del acuerdo de 1966, sobre ese 38% de los maestros de educación inicial, debería existir un estudio minucioso que permita conocer sus condiciones de vida y el nivel de aislamiento de la zona en la que presta su servicio, para poder apoyarlos con las condiciones de vida y de trabajo adecuadas.

Un segundo dato que vale la pena resaltar, es que entre los docentes que trabajan en ese nivel, el Estado reporta que solo el 20% lo hace en instituciones oficiales y el 80% en instituciones privadas, lo que lleva a cuestionar el desarrollo de la política educativa que atiende la demanda en educación inicial, ya que, en toda educación básica, la proporción de escuelas por dependencia, es prácticamente inversa.

En cuanto al tipo de formación que se exige en Venezuela para el ejercicio docente en educación inicial, la información suministrada incluye todas las opciones, desde las propiamente universitarias, hasta las técnicas. Sin embargo, cuando habla de la duración de los estudios, se refiere a 5 años, cuando lo correcto debería haber sido decir que el tiempo de duración varía entre 3 y 5 años, dependiendo tanto de la titulación como del tipo de institución en el que ésta se realiza.

Sobre el proceso de formación, la data suministrada incluye tanto la tradicional, como la creada a partir de la lógica de la instrumentación de las misiones ya que menciona a los “congresos pedagógicos y colectivos de formación”, como parte de la formación continua. Sin embargo, no se hace mención a la calidad y completitud de dicha formación, ni a los mecanismos de evaluación asociados a ese tipo de eventos.

Con respecto al proceso de evaluación del desempeño docente, el documento afirma que en Venezuela ese proceso está asociado a la lógica de incentivos, que se traducen en titularidad,  ascenso y de bonos, especificando que la evaluación se hace con observación en aula.

Para este lunes, muchas organizaciones gremiales han anunciado jornadas de protesta con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Docentes.

De igual manera, las organizaciones internacionales vinculadas a esta conmemoración desarrollarán sus actividades y campañas informativas. Si quieren ver la información sobre el tema y los materiales par la conmemoración de este año, pueden seguir este enlace.

Notas:

(1) Sección con los instrumentos de Educación, en el portal de la UNESCO.

(2) Párrafo 4 del acuerdo.

(3) De acuerdo al párrafo 1.b, se entiende por “situación” “la posición social que se le reconoce, según el grado de consideración atribuido a la importancia de su función, así como a su competencia, y las condiciones de trabajo, la remuneración y demás prestaciones materiales que se le conceden en comparación con otras profesiones”.

(4) Párrafos de la 3 a la 6 y 8.

(5) Párrafo 7.

(6) En efecto, en la descripción de los denominados “Programas Nacionales de Formación (PNF)”, ofrecidos en la Misión Sucre, entre los que se encuentran 4 programas de formación docente, se especifica que los PNF “tienen la finalidad de transformar las áreas científico-humanísticas para concebir a la educación como una formación integral y liberadora, en la cual la formación técnico-científica debe estar acompañada con una sólida formación humanista, cultural, ambiental, critica, creadora, innovadora y socio-política. Donde los seres humanos no solo puedan auto desarrollarse sino que participen en el contexto de la nueva República Socialista que se quiere”. (Ver página web de la Misión Sucre)

(7) Párrafo 9.

(8) Párrafo 144.1

(9) En este enlace se puede bajar el estudio

 

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¿Corresponsabilidad o traslado de responsabilidad?

Durante el período vacacional, entre años escolares, una de las actividades que se organizaba y desarrollaba tradicionalmente, en el sistema educativo venezolano, era el mantenimiento de las escuelas, que podía incluir desde mantenimiento menor (limpieza profunda, reparaciones menores de infraestructura y mobiliario, pintura, etc), hasta mantenimiento mayor y ampliaciones, en los casos en los que fuera necesario.

Para ese proceso, el Ministerio de Educación hacía planificación, estimaba inversión, invertía recursos, adquiría materiales e insumos, y contrataba la ejecución, a través de diversos mecanismos. El proceso era similar, con sus peculiaridades, para las escuelas de dependencia estadal, municipal y autónoma, ya que el mismo, era organizado por cada uno de los entes que administraban las escuelas. En algunos momentos, regiones y planteles, las actividades de mantenimiento, se coordinaban con actividades vacacionales, en las que participaban los miembros de las comunidades educativas.

Como parte de las instancias del Estado, con responsabilidad directa en estas labores, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), que fue creada en 1976, atendía la planta física de todas las escuelas, con protocolos y manuales elaborados técnicamente para el diseño, construcción, mantenimiento, en todas sus modalidades y dotación de las escuelas.

Sin embargo, esa situación ha cambiado. En las últimas décadas, los planes de mantenimiento escolar, han ido mutando y mermando en su alcance y disponibilidad de financiamiento. De procesos planificados, financiados, organizados y gestionados, por las instancias con la responsabilidad de la administración pública, de acuerdo a las necesidades de cada una de las escuelas, se ha pasado a procesos con escasa o sin inversión, decretados en lugar de planificados y en los que la responsabilidad de la organización y gestión ha sido trasladada progresivamente a las comunidades de las escuelas, sin que para ello, se transfieran los fondos, o se habilite la capacidad de ejecución real.

Sobre la capacidad de gestión, es importante recordar que las escuelas de dependencia oficial, en Venezuela, son las unidades más desconcentradas de los entes que las administran, es decir, no tienen ni personalidad jurídica, ni autonomía para tomar decisiones y manejar presupuesto. 

Esta situación, a la que nos hemos referido en otros momentos, tiene un impacto significativo en el funcionamiento del sistema, pero especialmente, cuando el Estado pierde su capacidad de gestión, y traslada responsabilidades y costos a las comunidades.

El proceso de mantenimiento, también contaba, a lo largo del año escolar, por una parte, con personal directamente contratado para desarrollarlo en las escuelas y por la otra, con protocolos y medidas específicas para atender las emergencias y los imprevistos, que no podían atenderse por el personal obrero, encargado del mantenimiento de cada escuela. La contratación de este personal, también ha disminuido notablemente, así como la dotación de los insumos necesarios para desarrollar su trabajo.

En su lugar, en los últimos años escolares, el calendario ha incluido 3 momentos de mantenimiento. Se trata de 3 fines de semana en los que se convoca a todos los miembros de la comunidad, para hacer, en cada escuela oficial, actividades de mantenimiento menor. Su instrumentación, ha implicado la transferencia progresiva de responsabilidades, ya que, los miembros de las comunidades educativas, han pasado de ser colaboradores voluntarios, a participantes y encargados del proceso, incluyendo a los docentes.

Esta transferencia progresiva de responsabilidad, apalancada en la figura de la “corresponsabilidad”, constituye un traslado de los costos del mantenimiento de las escuelas a estudiantes, familias y docentes, lo que implica, por una parte, que el Estado deja de financiar total o parcialmente, uno de los componentes de la canasta educativa (la canasta educativa incluye los costos de funcionamiento que el Estado debe asumir, para garantizar la gratuidad de la educación, en las escuelas oficiales), y por la otra, que el equipo docente que se ve obligado a participar en esas actividades, está asumiendo con trabajo, parte de los costos de su contratación.

Esas actividades de mantenimiento, son las que se han denominado “Una Gota de Amor para mi Escuela”.

La lógica de estas actividades de mantenimiento a lo largo del año escolar, también se ha trasladado a las que se realizan durante el período vacacional, tal como se puede apreciar, con más claridad, en el documento denominado “Orientación Ministerial. Cada Familia Una Escuela “En Vacaciones” 2020”.

Este es un documento que contiene las pautas de funcionamiento del Plan Cada Familia Una Escuela (CFUE) durante el período vacacional, que, como se ve en la captura de pantalla, fue elaborado el pasado 31 de julio, es decir, un día antes de iniciar formalmente las vacaciones. Es importante, precisar que, a pesar de titularse Orientación Ministerial, está suscrito por el “viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo”.

Fecha de Documento CFUEVaca
Captura de pantalla del documento: Orientación Ministerial. Cada Familia Una Escuela “En Vacaciones” 2020

El documento, que comenzó a circular a principios de agosto, en las escuelas, a través de la red de supervisores, sin la requerida anticipación para que las diversas instancias del sistema se organizaran, y más en el contexto de la cuarentena, incluye 8 objetivos, más 6 características, 5 acciones y 11 orientaciones, para el desarrollo del plan (*).

Las relativas al mantenimiento son las siguientes:

A. En la presentación, dice que el plan “CADA FAMILIA UNA ESCUELA: EN VACACIONES”, que se desarrollará durante el mes de agosto y la primera quincena de septiembre: “demanda la participación de todas las instancias de la organización de las Comunidades Educativas como corresponsables del proceso de formación ciudadana que requiere nuestro país mediante el desarrollo de actividades de producción y rehabilitación preventiva y correctiva dentro de las instalaciones educativas durante el mes de agosto con atención a las medidas de seguridad contra el covid-19, y a las características o particularidades de cada entidad geográfica y de cada localidad donde se implemente de acuerdo a la flexibilización e incidencia pandémica de tal manera que sea contextualizado.”
Como se aprecia en la cita, a pesar de que el documento dice que el tiempo de desarrollo del plan, incluye la primera quincena de septiembre, las actividades de rehabilitación de las instalaciones educativas, se desarrollarán en agosto.

B. Los objetivos relacionados con el mantenimiento escolar son, el 2 y el 6:

  1. Objetivo 2: “Garantizar el mantenimiento de los proyectos socioproductivos como el Conuco Escolar, el Plan Avícola, Plan Porcino y otras iniciativas para la producción, además del cuido de las instalaciones educativas para su aprovechamiento de sus espacios en tiempo vacacional bajo los principios de corresponsabilidad y participación protagónica de la escuela, la familia y la comunidad en cuarentena social y colectiva ante el COVID-19 con lo cual se evidencie que “Entre prevención y producción no existe contradicción”.”
  2. Objetivo 6: “Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo para la rehabilitación de la planta física de nuestras instituciones educativas, garantizado las medidas preventivas contra el COVID- 19 de conformidad con lo expresado en instrucción “Una gota de amor para mi Escuela en Resistencia”.”

C. En las características del plan, la 2, 3, 4 y 5, hacen referencia, directa o indirectamente, a actividades de mantenimiento, resaltando:

  1. La incorporación del Movimiento Bolivariano de Familias (MBF) y del “Poder popular Organizado” en las actividades, en sustitución, o en coordinación con el personal directivo. También se espera la incorporación de los estudiantes de 5to y 6to año que tengan pendiente la realización de labor socio comunitaria.
  2. La participación que se indica que tengan, se identifica como “socio política, socio laboral y de recuperación de espacios, bienes y servicios
  3. Se establece que las actividades deben “articularse” con FEDE, Alcaldías, Gobernaciones, y con los programas Barrio Nuevo Barrio Tricolor, y Venezuela Bella.
  4. Las mismas se desarrollarán con base en cronogramas y horarios de guardia.
  5. Las actividades incluyen: cuidado y mantenimiento de espacios productivos, infraestructura y también , el programa de alimentación.

D. Por otra parte, en las características del plan, pero relacionadas con la realización de actividades en entornos comunitarios, se especifica que “se realizarán articulaciones para garantizar la incorporación de las comunidades al cuido de las instalaciones educativas y a concienciar al respecto, contribuyendo así al proceso de comunalización de la educación que nuestra Patria demanda.
En este punto, es importante mencionar que, como parte de la introducción del documento, hay una mención a la denominada “comunalización de la educación”, afirmando que las actuales circunstancias, brindan un “un espacio para concretarse de manera más que evidente”, reforzando a articulación de las organizaciones que “hacen vida en las escuelas”, por formar parte de los Comités de Alimentación y Producción Escolar (CEAP), mencionando entre ellas, algunas que, por su parcialidad político-partidista no pueden desarrollar actividades de proselitismo en las escuelas, pero diciendo que a éstas se han sumado otras organizaciones, cuyo reto es “reflexionar y sistematizar su acción para profundizar en lo social, en lo político, en lo productivo, en lo educativo, en lo cultural, de manera que avancen en la ruta a la construcción del socialismo que nuestra Patria demanda”, lo que implica la vinculación de actividades con un sesgo político-ideológico determinado, en la vida de las escuelas, contraviniendo lo establecido, tanto en la Constitución, como en la Ley Orgánica de Educación.

E. La quinta actividad del plan que dice: “se realizará una jornada Nacional de Mantenimiento de Infraestructura Escolar”.

F. La orientación 4, en la que se establece nuevamente como responsable al MBF, y se especifican algunas pautas de trabajo, dice claramente el tipo de actividades que se deben realizar, y las mismas son de mantenimiento menor, lo que deja sin respuesta a las escuelas que requieran trabajos más complejos y completos de mantenimiento. (Ver captura de pantalla)

Orientación 4
Captura de pantalla del documento: Orientación Ministerial. Cada Familia Una Escuela “En Vacaciones” 2020

 

G. En las orientaciones 5, 6 10 y 11, se especifican tanto los mecanismos de seguimiento, como las actividades que se espera se realicen para dejar registro del desarrollo del plan en todos sus aspectos. (Ver capturas de pantalla)

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Como se puede apreciar, en ninguna de las secciones del documento, se especifica cómo se hará para garantizar los recursos necesarios para financiar la ejecución de las labores de mantenimiento. Ni tampoco se hace mención a un plan general, organizado por regiones y circuitos, que permita conocer con anticipación las peculiaridades y necesidades de cada escuela, lo que permitiría estimar y asignar los recursos a cada escuela. Lo único que queda claro en el documento, es que las actividades se desarrollarán con el trabajo no remunerado de los miembros de las comunidades educativas y en articulación, de lograrse, con los entes y programas oficiales, relacionados con las labores de mantenimiento.

Por otra parte, y dado el contexto especial que determina la situación Emergencia Nacional, es importante resaltar que en las instrucciones, en ninguna parte, se especifica cómo se planificarán y desarrollarán las labores de desinfección y de acondicionamiento de las instalaciones, para garantizar la seguridad sanitaria que requieren las actividades del nuevo año escolar, justo antes del inicio de las actividades, en el marco de la modalidad de Educación a Distancia, que requieren de la presencia de directivos y docentes, de forma periódica en las instalaciones de la escuela; de las familias en momentos puntuales para la entrega de los portafolios y para recibir el PAE, así como la presencia del personal que elabora y distribuye los alimentos del PAE.

En este marco, y dada la inexistencia de información oficial disponible sobre la situación y los planes e inversión oficiales, para desarrollar el mantenimiento y la instrucción emitida por el Viceministerio de Comunidades Educativas, se procedió a revisar las publicaciones oficiales tanto del MPPE como las de FEDE, para tratar de conocer los avances realizados durante el mes de agosto.

Sobre esta revisión, es importante mencionar que, cuando se trata de visitar la página de FEDE, aparece este mensaje.

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Por ello, se revisaron otros canales que podría utilizar este organismo para divulgar la información sobre su gestión, públicamente. En esta revisión se encontró que en su página en Facebook la publicación más reciente es del 2011, la última publicación en Instagram es del 2018, y los últimos videos publicados, en su canal de Youtube, son de hace 6 meses.

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En su cuenta de Twitter, se encontraron publicados 43 tuits, durante el mes de agosto. De ellos, solo 14 eran de su autoría y el resto eran retuits de publicaciones de cuentas, principalmente oficiales. En términos de contenido, de los mensajes retuiteados, solamente uno estaba relacionado con el mantenimiento escolar, para las actividades propias del sistema educativo, el siguiente tuit del MPPE con las declaraciones del Ministro de Educación.

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Mientras que en los 14 de su autoría, 6 contenían información oficial sobre el reporte de la evolución de los contagios y los otros 8, eran sobre el acondicionamiento de las escuelas, pero como centros para el próximo proceso electoral. Además de esos 8, FEDE retuiteó uno del ministerio sobre ese mismo tema.

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En este punto, cabe preguntarse si la misión de FEDE ha sufrido modificaciones últimamente que les haga centrar su acción, o la divulgación de su gestión, sobre las actividades relacionadas con los procesos electorales y no sobre el mantenimiento de los 24.411 planteles de dependencia oficial (de acuerdo a las últimas cifras que se encuentran en la página del INE correspondientes al año escolar 2017-2018).

Por otra parte, en la página del MPPE, no se encontró ninguna nota de prensa, ni sección o informe específico que diera a conocer la planificación y el desarrollo de las actividades de mantenimiento de las escuelas, durante el mes de agosto, incluso aún tratándose de las actividades desarrolladas con la lógica del Plan CFUE en Vacaciones.

En su cuenta de Twitter, se encontraron solo 16 publicaciones con información relativa al mantenimiento de la infraestructura escolar. 4 de ellas con declaraciones generales, una de la Zona de Distrito Capital (6 de agosto) y dos de la Zona Educativa de Nueva Esparta (21 y 25 de agosto), notificando que se estaba desarrollando el plan de mantenimiento, pero sin ningún dato sobre el alcance o el número de escuelas atendidas. La cuarta, recogía declaraciones del ministro, el 24 de agosto, diciendo que iban a “reiniciar la limpieza de los colegios y la desinfección de todos los planteles”. La misma publicación que la cuenta de FEDE había retuiteado.

Las 12 restantes, reportaban que se estaban desarrollando actividades de mantenimiento en 3 escuelas de Anzoátegui, 1 de Aragua, 3 de Bolívar, 4 de Carabobo, 1 de Nueva Esparta y 1 de Táchira. La mención incluía algún detalle sobre las actividades y estaban acompañadas por fotos. Se trata de un total de 14 escuelas, en 6 Estados, de un universo de 24.411 escuelas distribuidas en 23 entidades, a lo largo y ancho del territorio nacional.

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La reseña de las escuelas del Estado Bolívar se hizo en un tuit, en el que se incluía una publicación de una nota de prensa de la Autoridad Única de ese Estado del 13 de agosto, mencionando, no solo a las 3 escuelas, sino las labores específicas que se hicieron en cada una, agregando que para ello, se contó con el apoyo de UNICEF en el caso de dos de las escuelas y del Consejo Noruego, en el caso de la tercera.

Como se puede observar, la información disponible es muy precaria e insuficiente, porque no permite saber si se han desarrollado las actividades de mantenimiento, con la lógica establecida en el documento oficial del MPPE. De hecho, tener una frase con registro fotográfico, del 0.06% de las escuelas, ubicadas en el 26% de las entidades, es como no tener información sobre lo que sucedió, en términos de mantenimiento escolar, durante el mes de agosto en Venezuela.

Claro está, queda la duda de si efectivamente se desarrollaron actividades en todas las escuelas, como estaba establecido en el documento oficial, dado que la declaración del ministro, indicaba el 24 de agosto, que se iban a “iniciar” las actividades.

De forma complementaria, es importante reseñar que, desde que se declaró el Estado de Emergencia y la cuarentena, varios centros educativos han sido tomados para ser utilizados como Centros de Aislamiento. Hasta el momento, también se desconoce la totalidad de escuelas destinadas a tal fin y su ubicación.

Se tiene conocimiento de algunas específicamente en el Táchira (el Liceo Manuel Díaz Rodríguez, la Escuela Tienditas en Ureña, la Escuela El Palotal y el Liceo Concepción Palacios), en la cuenta de twitter del MPPE se pudo conocer de una escuela en estudio y de una acondicionada para ese fin, en el Estado Miranda. (Ver capturas de pantalla)

Y en el Estado Zulia se habían destinado 2 planteles para ese fin, pero se hizo efectivo y se mantuvo el de La Misión Santa María de Guana. Este es un plantel que ofrece educación inicial, primaria, media general y media técnica. Los estudiantes son en un 86% provenientes de comunidades indígenas y cuenta con un área de internado. Desde que se convirtió en Centro de Aislamiento ha recibido a gente que regresa de Colombia.

Durante el tiempo que ha estado funcionando, se han comprobado casi 80 contagios en los más de 230 personas a las que le ha dado acogida. Debido al incremento de los riesgos y al deterioro de las instalaciones, mobiliario y equipamiento, se decidió no continuar recibiendo personas, y el último grupo que queda cumpliendo la cuarentena, debe salir el 15 de septiembre es decir, el día antes de iniciar el nuevo año escolar.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la información suministrada, su uso como Centro de Aislamiento, ha tenido como consecuencia severos daños en los baños, el colapso del sistema de aguas servidas, daños en el mobiliario, incluyendo camas y colchones que forman parte del internado, por lo que, para iniciar un nuevo año escolar, así sea solamente para desarrollar las actividades administrativas que permiten llevar a cabo la formación con la modalidad de educación a distancia, se requerirá de una  gran inversión en la recuperación de la escuela, para la que no se cuenta con recursos.

A modo de Colofón

Dada la información conocida hasta el momento, sobre el diseño y especialmente, sobre la instrumentación del Plan CFUE en Vacaciones, sobre el que recayó el peso de la realización del mantenimiento escolar este año, y el gran vacío de información restante, es importante resaltar:

  1. Que el esquema establecido a través de las orientaciones del Plan, según el documento difundido, traslada la responsabilidad de la organización y ejecución de las actividades de mantenimiento escolar, a las comunidades que, como se mencionó, no cuentan ni con la autonomía y la personalidad jurídica para tomar decisiones que comprometan el patrimonio de cada escuela, ni tampoco con los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos de la instrumentación de plan.
  2. Que se desconoce la estrategia, con la debida planificación y los recursos asignados, que seguirá el MPPE para que las escuelas estén en condiciones de iniciar un nuevo año escolar, tanto a nivel de servicios e infraestructura, como de mobiliario y dotación y cumpliendo con las condiciones sanitarias necesarias en el marco de la cuarentena. De hecho, para que las escuelas estén en condiciones de iniciar un nuevo año escolar, se requiere revisar y reacondicionar la infraestructura y evaluar la situación de los servicios, no solamente en la escuela, sino en la zona en la que se ubica la escuela.
    Al respecto, es necesario preguntar al MPPE: ¿dónde está el censo, a nivel nacional, estado por estado, municipio, por municipio, parroquia por parroquia, comunidad por comunidad y escuela por escuela de la situación de los servicios de electricidad, agua potable, aguas servidas, transporte y comunicaciones, que permitan saber si cada escuela, está en condiciones de desarrollar las actividades relativas a la instrumentación de educación a distancia, con las pautas establecidas en el Plan CFUE?
  3. Si hasta el 15 de septiembre se realizan las actividades del plan CFUE en Vacaciones, relativas al mantenimiento escolar, además del aporte en horas de trabajo, si la comunidad debe contar con agua y algunos suministros alimenticios para los participantes durante las jornadas de trabajo, ¿el costo de esos insumos también lo debe costear la comunidad? y ¿los costos de los insumos para realizar las labores de mantenimiento?
  4. Finalmente, se desconoce lo que va a suceder con las escuelas que han sido destinadas a funcionar como Centros de Aislamiento. ¿Van a permanecer como tales? Si van a mantenerse cumpliendo esa función, ¿dónde se realizarán las actividades que corresponde a directivos y docentes de esos planteles, en el esquema adoptado en el Plan CFUE? En aquellos casos, como el del plantel del Zulia, en el que no se mantenga ese uso, ¿cuándo y con qué recursos se harán, tanto las reparaciones de los daños ocasionados durante su uso como Centros de Aislamiento, como el acondicionamiento para que cumplan con las condiciones óptimas y las medidas sanitarias requeridas?

 

 

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(*) Para quienes quieran conocer el documento con detalle, lo pueden ver aquí

¿La cartografía incluirá las condiciones para el desarrollo del CFUE y el regreso a las escuelas?

De acuerdo a las instrucciones emanadas del ejecutivo, a partir de hoy 15 de junio, 202.243 “brigadistas” del Movimiento Somos Venezuela, dejarán la cuarentena para recorrer las comunidades, casa por casa, manteniendo las medidas sanitarias correspondientes, es decir, usando tapabocas, lentes y manteniendo las manos desinfectadas.

De acuerdo a la información oficial, dado que este “movimiento” es el utilizado por el ejecutivo de instrumentar la “cartografía social”, se supone que estarán levantando la información correspondiente. La denominada “cartografía social”, es un procedimiento para conocer y registrar las condiciones de vida de la población y la situación de los servicios públicos en las comunidades.

Ante este anuncio, tenemos unas preguntas:

  1. ¿El levantamiento del estatus de los servicios públicos, para las familias con miembros en edad escolar, dadas las características y variantes del programa Cada Familia Una Escuela (CFUE), incluye la disponibilidad de equipos, señal de televisión y radio, y conexión a Internet; así como el funcionamiento del transporte público en las comunidades?
  2. ¿Incluye esos mismos datos para las familias en las que hay docentes, directivos y supervisores de las escuelas?
  3. ¿El levantamiento del estatus de los servicios públicos, para las familias en las que uno de sus miembros es trabajador de una escuela, incluyendo a los que participan como procesadores en el PAE (con sus variantes regionales), contempla la verificación del funcionamiento del transporte público para su traslado diario, así como la disponibilidad de tapabocas y guantes para la realización de su trabajo?
  4. ¿Este levantamiento, incluye el conocimiento de las condiciones actuales de las escuelas, condiciones necesarias para instrumentar las actividades del CFUE, que corresponda realizar en las instalaciones de los planteles, con las variantes de cada caso, así como las que se requieren para la elaboración y distribucion del PAE, en las escuelas en las que se suministra?
  5. Y dado que, para el inicio del próximo año escolar (o para la continuación de las actividades de éste -si el MPPE reconociera que no se han podido cumplir alcanzar los aprendizajes con la calidad y la completitud requerida-), con clases presenciales o semi-presenciales, se requiere por una parte, tener a las escuelas en condiciones óptimas y por la otra, instrumentar una serie de medidas sanitarias, derivadas de la contingencia por el COVID-19, que implican inversión, tiempo y trabajo, ¿ese levantamiento, incluirá una evaluación detallada de las condiciones de infraestructura, servicios y equipamiento de cada una de las escuelas, así como un censo del personal docente existente y necesario?

En este último punto, es importante recordar que la mayoría de las escuelas se encuentran en un estado grave de deterioro, así como que, muchas de ellas están en zonas con importantes fallas en los servicios de agua, electricidad y transporte. Esta situación, además de la instrumentación de nuevas condiciones y procedimientos para evitar le contagio por el COVID-19, demanda que se programen con tiempo, las actividades y recursos necesarios, para garantizar que las escuelas se encuentren en condiciones óptimas para su desarrollo, cuando se retomen las actividades presenciales, en la combinación que se requiera.

Finalmente, y dada la actividad que arranca hoy, creemos que es importante llamar la atención de la ciudadanía en general, para que se cumplan las medidas sanitarias correspondientes, tanto por parte de los 202.243 “brigadistas” que se dedicarán a recorrer las comunidades, como de los miembros de las familias que interactúen con ellos y esperamos que el ejecutivo, provea a los participantes, de los insumos correspondientes para realizar ese trabajo, especialmente tapabocas, indumentaria y desinfectantes adecuados.

CFUE “una experiencia exitosa”

El pasado 27 de mayo, Aristóbulo Istúriz, en una reunión virtual con los jefes de las Zonas Educativas, se refirió al proceso de culminación y cierre del año escolar 2019-2020 e hizo un balance de la instrumentación y desarrollo del programa Cada Familia Una Escuela (CFUE).

Calendario sin modificación

Con respecto a la culminación y cierre del año escolar, de acuerdo a la información suministrada, el MPPE mantiene la programación tal como fue establecida en el calendario, sin ningún ajuste o ampliación derivada de los efectos que, la situación producida por el COVID-19, la suspensión de las clases presenciales y la instrumentación de una nueva modalidad sin condiciones, sin preparación, ni diseño previo y adecuado, han ocasionado al desarrollo del proceso educativo.

En efecto, de acuerdo a las instrucciones que el MPPE ha comunicado a través de sus canales, en entrevistas a los medios y circulado a través de su red de supervisores, las actividades pedagógicas culminan el 30 de junio, iniciando, a partir de ese momento, los procesos de evaluación. Para más detalles, ver imagen:

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Captura de pantalla de las instrucciones enviadas a través de la red de supervisores del MPPE

Es importante recordar que, desde el 16 de marzo, que fue la fecha en la que se hizo efectiva la suspensión de las clases presenciales por el inicio de la cuarentena, han transcurrido 11 semanas, en las que, además de los efectos que sobre el proceso educativo, ha tenido la situación inédita ocasionada por el COVID-19, hace un poco más de dos semanas, se produjo la suspensión de las actividades de la empresa privada de televisión satelital DirecTV, cuya cobertura nacional, permitía el acceso de muchos hogares a la programación de los canales nacionales, incluyendo el programa CFUE, del MPPE que llegaba ellos a través de la señal de esa empresa.

Este evento, que debió ser considerado como un aspecto clave a resolver porque afecta la continuidad del año escolar, así como, el tiempo requerido para poder desarrollar las actividades educativas en lo que resta de año, no produjo tampoco la reprogramación del calendario, para garantizar la adaptación y consecuente instrumentación de las opciones del CFUE, en otros formatos, en las zonas que perdieron el acceso al medio televisivo, afectando más la capacidad de las familias y de los docentes de desarrollar el proceso educativo, con los recursos y las actividades disponibles desde el 16 de marzo hasta el momento.

Frente a ello, es importante preguntar al MPPE:

  1. ¿Puede mostrar el inventario de docentes, familias y estudiantes afectados por esta nueva restricción, expresado en cantidad de estudiantes, por nivel, grado o año, y reflejado en un mapa, indicando condición socioeconómica, disponibilidad de equipos, conectividad y señal de radio y televisión?
  2. ¿Cuáles son las medidas específicas, en cada caso, para garantizar el acceso a los materiales y la programación del CFUE a la población afectada?
  3. ¿En cuánto tiempo estarán instrumentadas, de forma exitosa, las alternativas para cada sector de la población afectada?
  4. ¿Cómo será evaluada la eficacia de la instrumentación en cada caso?
  5. ¿Cómo va a garantizar el desarrollo y culminación del año escolar de forma exitosa y óptima para toda la población, especialmente, para la que ha experimentado una reducción progresiva del acceso a los recursos de aprendizaje, incluyendo los del CFUE?

¿Experiencia “exitosa”?

Con respecto al programa CFUE, en esa misma reunión, Istúriz afirmó que éste se ha desarrollado como “una experiencia exitosa”, sin presentar al país, evidencia que sostenga una afirmación de esa naturaleza, ni explicar cómo ha hecho el MPPE para evaluar la instrumentación y resultados del mismo, desde el 16 de marzo.

De hecho, entre sus declaraciones, hasta el momento, Istúriz ha incluido, al respecto, afirmaciones en dos sentidos: en primer lugar, están las que hablan del estado de desarrollo del CFUE como programa, cuando ha dicho que se trata de una “experiencia en evolución”, para la que el MPPE tenía muy poca o inexistente experiencia, por tratarse de educación a distancia, que están “afinando y mejorando; no estábamos preparados y reaccionamos rápido”; y que, para la producción del programa televisivo, “todos nuestros equipos de comunicación están abocados a buscar y producir los mejores contenidos pedagógicos para acompañar a los maestros, padres y representantes en la formación de niños, niñas y adolescentes. A medida que afinemos los programas los iremos presentando e incorporaremos, constantemente”. Por su parte, el equipo de comunicación del MPPE, en sus notas de prensa, también ha recogido como dato relevante que, desde la perspectiva de las zonas educativas participantes en las reuniones, se entiende que los docentes no manejaban las TICs para el proceso de enseñanza, por lo que han tenido que aprender durante su instrumentación en cuarentena.

Es decir, hasta el momento, el MPPE y sus voceros, han asumido públicamente, que no estaban preparados, que no existían antecedentes en el uso de las opciones de educación a distancia y que el proceso se ha ido desarrollando y modificando progresivamente, en ausencia de un diseño previo, probado y validado.

En este aspecto, las grandes interrogantes que siguen quedando pendientes son: ¿cuánto tiempo adicional, al que estaba contemplado originalmente, en el diseño del calendario escolar para el año 2019-2020, se requiere para la instrumentación de un programa en diseño y evolución progresiva, que, además, parte de la premisa de que el sistema no contaba ni con la experiencia ni con las capacidades previamente a su “creación”? ¿cuánto tiempo adicional se requiere para que se pueda desarrollar, de manera exitosa? ¿es posible instrumentar un programa de esta naturaleza y en estas condiciones, sin incorporar, como variable, el tiempo requerido por los diversos actores del sistema para desarrollar y aplicar exitosamente, los aprendizajes requeridos, así como el tiempo necesario por los responsables del programa para hacer los correspondientes ajustes, a partir de la evaluación permanente de su evolución e instrumentación?

Adicionalmente, en este sentido, es importante resaltar que el diseño original del CFUE decía estar concebido para desarrollarse, de forma prioritaria, a través de un programa de televisión, más algunas pautas divulgadas por medios digitales, y por la realidad con respecto al acceso tanto a la señal de televisión, como a internet, el MPPE ha anunciado la diversificación de los medios. En efecto, entre los anuncios, desde ese despacho se ha señalado que “se recurrió a todas las estrategias pedagógicas para garantizar la educación a distancia, televisión, radio, impresos, más todas las iniciativas regionales” para lograr mayor alcance. Sin embargo, a pesar de la forma en la que está hecha la afirmación y dada la experiencia, en parte reseñada en nuestra publicación anterior, pareciera que el MPPE no asume que cada una de las formas y plataformas incorporadas requiere el diseño de una estrategia pedagógica adecuada a su naturaleza.

Entre las “alternativas” que se han desarrollado, en diversas zonas del país, el MPPE, en sus notas de prensa, ha señalado, en muchos casos, sin mayor descripción, las siguientes: la incorporación de emisoras de radio al programa CFUE (sin explicar si se trata de un formato como el que utiliza el MPPE en su canal de MixCloud, en el que transmite el audio del programa de televisión, o si se trata de la creación de programas específicamente diseñados y producidos para ese medio), el Megáfono Pedagógico, la Carta Pedagógica, un encartado de Cada Familia Una Escuela a publicar los viernes en los medios impresos Ciudad Caracas, Ultimas Noticias, Correo El Orinoco y algunos “diarios del interior” que no se mencionaron; en Amazonas se presentaron como iniciativas el “Piapoco Pedagógico” y el Catumare Pedagógico, (esta segunda iniciativa es una “forma de trasladar las carpetas pedagógicas con las actividades de los niños sin interrumpir las actividades cotidianas de la cultura originaria”); Anzoátegui reportó contar con 12 radios comunitarias, para difundir información a los estudiantes; Falcón dice que ha instrumentado el “Buzón Pedagógico”, además de haber realizado ruedas de prensa para difundir información; en Mérida, dadas las múltiples fallas que impiden que las familias vean la transmisión del programa de televisión, han entregado libros de la Colección Bicentenario (actividad que se supone que forma parte de la dotación que se hace anualmente desde el MPPE); en Monagas reportaron la elaboración de micros audiovisuales, con invitados especiales, para promover la integración de las familias en el proceso; y en el Zulia, se mencionó la creación de 8 programas de radio y de la figura del “maestro popular” que se instrumenta en las zonas en las que existen permanentes fallas en el suministro de electricidad.

Como se recoge, hasta el momento, hay algunas iniciativas que no constituyen alternativas pedagógicas al programa de televisión y otras que son complementarias a lo que se instrumenta a través de las plataformas y redes centrales del CFUE. En todo caso, dada la escueta información disponible, es importante que el MPPE informe al país, a través de un mapa que tenga la relación de población y áreas alcanzadas, la diversidad de las alternativas y complementos que se han ido instrumentando a lo largo y ancho del país, en estas 11 semanas; además de una exposición detallada de las características de diseño e instrumentación de cada una de ellas, especificando la población estudiantil (con niveles y grados o años) a la que va dirigida, el tipo de actividades, las pautas de apoyo para las familias y especialmente, las formas de seguimiento, monitoreo y evaluación de su instrumentación y desempeño, para determinar el nivel de logro, en la calidad y completitud de los aprendizajes de los estudiantes atendidos.

En segundo lugar, están las afirmaciones de Iztúriz, relacionadas con la definición y propósito del programa CFUE. En tal sentido, ha afirmado que el CFUE “sirve de apoyo al sistema escolar”, lo que pareciera indicar que, en efecto, hay un sistema “escolar” que está en pleno funcionamiento y para el que, el CFUE, es solamente un recurso que, como también ha afirmado, brinda “herramientas pedagógicas para orientar y apoyar a las madres, padres y representantes en el proceso de enseñanza”.

Sin entrar en la evaluación de los detalles de la calidad del programa de televisión para los fines arriba enunciados, asumir esto como cierto, implicaría suponer que cada sección de cada escuela en Venezuela, cuenta con un sistema de trabajo que permite la comunicación permanente y efectiva de los docentes con las familias y los estudiantes, por lo que el programa de televisión, así como las actividades asignadas a través de él, constituyen un complemento accesorio al proceso educativo.

Sin embargo, de acuerdo a la misma presentación que se ha hecho desde el inicio del programa, y a las condiciones en las que se encuentran los protagonistas del proceso educativo en cada rincón de Venezuela, se sabe que, frente a la suspensión de las clases presenciales, el MPPE instrumentó una opción diferente, centrada en la emisión de un programa de televisión, a través del que se organiza y comunica a las familias, los contenidos y las actividades de aprendizaje que se deben desarrollar en los hogares, mientras dura la cuarentena.

El proceso, de acuerdo también a las afirmaciones del MPPE, incluye una “jerarquización de los contenidos” y supone el acompañamiento, a distancia, de los docentes, sin embargo, en términos reales y dadas las limitaciones de formación en el uso de las TICs, de movilidad y comunicación que estos experimentan, su rol, en muchos casos, se ha visto restringido a la corrección de portafolios, mientras, la definición de contenidos y la planificación y desarrollo de actividades, está determinada y establecida por lo presentado en el CFUE.

Por otra parte, cabe recordar que el CFUE, se inició como un intento de combinación entre “educación en casa” y “educación a distancia” a través de un programa de televisión de 45 minutos de duración, transmitido 2 veces al día por un grupo de televisoras, encabezadas por VTV, por lo que no contó con un diseño claro que fuera comunicado con detalles y con tiempo, ni a las escuelas, ni a las familias, para que cada actor del sector educativo, lo conociera, comprendiera su funcionamiento y tuviera las herramientas adecuadas para asumir su rol.

Es por lo sucedido desde el momento de su lanzamiento, hasta la fecha que ratificamos las preguntas hechas en la publicación anterior, y, ante las recientes afirmaciones de Istúriz, preguntamos además:

  1. ¿A partir de cuál información, y con cuáles procedimientos y criterios de evaluación, se basa el MPPE para calificar como exitosa la experiencia del CFUE durante estas 11 semanas?
  2. ¿Quién realizó el monitoreo, levantamiento y sistematización de la información que utiliza el MPPE para evaluar el desempeño del CFUE?
  3. ¿Cuál fue el universo y la selección de entidades, escuelas y secciones que se utilizaron para el proceso de evaluación?
  4. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para la “jerarquización” de los contenidos y cuál es dicha “jerarquización”?
  5. ¿Cómo se incorporaron los denominados “métodos alternos”, en el proceso de evaluación y desde cuándo fue incorporado, cada uno de ellos al proceso?
  6. ¿Dónde están publicados los insumos, procedimientos y los resultados para que todas las comunidades educativas y la ciudadanía en general, pueda conocer el procedimiento, los criterios y los resultados?

¿Cuántos estudiantes son efectivamente atendidos por el sistema?

Finalmente, es importante mencionar que, durante el mes de mayo, se recibió una información procedente de las zonas educativas sobre la carga de la información de la matrícula en el sistema de información del MPPE que llamó la atención por su discrepancia con las cifras manejadas pública y oficialmente.

Para ubicar esta información en contexto, es pertinente recordar, que el proceso de registro y carga de datos del sistema educativo, que incluye, entre otras cosas, la matrícula (la cantidad de estudiantes activos en el sistema, registrados por escuela y sección), se realiza al inicio y cierre del año escolar, pero también se hace un registro intermedio para actualizar la información. De acuerdo a las pautas emanadas desde el MPPE, este año 2019-2020, dicha actualización comenzó en marzo y tenía previsto su culminación el pasado 22 de mayo.

Sin embargo, el 14 de mayo desde un circuito de uno de los Estados, se informó que la matrícula cargada en el Sistema Gestión Escolar Guaicaipuro (SGEG), aún no “alcanzaba” la cantidad de estudiantes registrados durante el año escolar anterior, 2018-2019, por lo que, desde algunos miembros de la red de supervisores se supone que el problema es una falla en la de carga de los datos por parte de las escuelas.

La información, llegó acompañada de la siguiente imagen, en la que se aprecia un cuadro con la relación de la carga de los datos por entidad y la solicitud a las escuelas, para que completaran el proceso, antes de que terminara el lapso correspondiente. Ver imagen a continuación:

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Imagen enviada a través de la red de supervisores del MPPE

Frente a esta situación, es importante hacer las siguientes preguntas:

  1. ¿El MPPE a través de los mecanismos propios del sistema de información y de las Zonas Educativas, no tiene información precisa de cuáles son las escuelas que han cargado los datos y en qué momento (y el estatus de la carga de data)?
  2. Dados los procesos de migración que se han registrado en el país, ¿la disminución en la matrícula, sólo puede ser explicada por una falla en la carga de la data?
  3. Después de casi dos meses de iniciado el proceso, ¿el ministerio no había activado sus alarmas, ni iniciado un proceso de revisión para conocer las causas de la variación en la matrícula?
  4. ¿Por qué el punto de comparación de la cifra es la matrícula del año escolar pasado y no la matrícula cargada al inicio del año escolar? ¿o será que la matrícula de inicio del año escolar, no se reportó?
  5. ¿Cómo está manejando el MPPE las fallas en la conexión y las deficiencias en los servicios públicos asociados, para garantizar que todas las escuelas puedan realizar la carga de los datos a tiempo?
  6. ¿Cómo decidió el MPPE abordar el registro de la data durante la contingencia, con cuáles protocolos y a través de qué medios?

A estas preguntas hay que agregar otra interrogante, porque, hay una gran discrepancia entre las cifras reportadas en ese cuadro y las que se han manejado públicamente por el MPPE y por el ejecutivo en general, en muchas de sus declaraciones. Como ejemplo de ello, está la información circulada por las redes del sistema, sobre la cantidad de familias participantes en la encuesta hecha a través del Sistema Patria, sobre la continuidad de la modalidad de educación a distancia hasta la culminación del presente año escolar.

De acuerdo a los resultados divulgados oficialmente, el “universo” a consultar eran 8.944.489 personas, miembros de familias con niños y jóvenes en edad escolar y, la cantidad reportada de personas que respondieron la consulta, es de 6.318.397, casi un millón más que los estudiantes registrados en el sistema tanto el año escolar pasado, como el actual (Matrícula del año escolar 2018-2019: 5.362.572 y matrícula registrada en el año escolar actual 5.853.302), lo que significa que, además de no haber hermanos estudiando al mismo tiempo en el sistema educativo venezolano, la consulta fue respondida por más de un miembro por familia, sin especificar, cuántos respondieron por familia y si sus respuestas eran coincidentes o divergentes. Ver imagen a continuación:

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Captura de pantalla de las instrucciones enviadas a través de la red de supervisores del MPPE

Frente a tal discrepancia, la pregunta para el MPPE, es: ¿cuál es la información cierta?

¿Acompañamiento del Inicio del Período Escolar en Educación Media General, Media Técnica?

Con esta frase “Acompañamiento del Inicio del Período Escolar en Educación Media General, Media Técnica”, se anuncia el inicio de las clases para educación media, hoy primero de octubre, en el calendario escolar 2019-2020 que finalmente publicó el ministerio en su página.

Es menester mencionar que, el pasado lunes 23 de septiembre, a una semana de iniciadas las actividades escolares y, supuestamente las clases en los niveles de inicial y primaria, esto es, a una semana del momento en el que el ministro de educación, en cadena nacional, anunciara que el calendario escolar estaba listo, y mientras terminábamos nuestra pasada publicación, en el ministerio, se elaboraba el calendario, tal como se registra en las propiedades del documento que comenzó a circular por los chats de la red de supervisión, ese mismo día en la noche.

A continuación les dejamos una imagen del calendario:

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Y la correspondiente captura de pantalla de las propiedades del documento, en las que consta que fue elaborado ese día, pasadas las 4 de la tarde:

Propiedades del Calendario

Pero también, dejaremos el documento, tal como lo recibimos el 23 de septiembre en la noche, para que lo puedan revisar con detalle, en este enlace: calendario 2019-2020.

Unos días más tarde, buscando el documento en la página web del ministerio, encontramos que lo agregaron en el menú, al final de la sección “información”, aunque, aún al momento de elaborar esta publicación, en la página se mostraba el banner con el calendario escolar del año pasado.

calendario y banner

De más está indicar que si entran a la página del ministerio y le dan al menú en la sección información, en donde dice “calendario escolar”, podrán ver el calendario mes a mes, con la misma información que contiene la versión en “.pdf” que pueden bajar en el enlace que dejamos arriba. Sin embargo, por el formato que empleó el ministerio en esa edición, también se puede ajustar la vista para que se muestren las actividades por semanas y, dado que se utiliza una aplicación de calendario para esa publicación, se espera que el ministerio pueda actualizarlo cuando se requiera. En la siguiente presentación, se puede apreciar, como se ve el calendario en la versión web incluida en la página del ministerio.

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¿Inicio de clases en educación media?

Como se mencionó al principio, de acuerdo a lo reseñado en el calendario, hoy 1 de octubre, se “acompañará” el inicio del período escolar para educación media, aunque no queda muy claro a qué se puede referir el ministerio con ello y en qué se diferencia del denominado “inicio de clases” que se anunció para el 16 de septiembre, más allá de que se trata de niveles distintos de educación básica.

primero de octubre
Captura de pantalla del Calendario

Lo que sí sabemos, es que, tal como sucedió con el inicio del año escolar en los niveles de inicial y primaria, para la educación media también se hizo una selección de planteles en los que se podrían programar actividades “especiales” por presencia mediática este día.

A continuación mostramos, en capturas de imágenes, la selección correspondiente a Distrito Capital, que fue enviada al ministerio y sistematizada en un documento de 11 páginas. (De las 11 páginas mostraremos los 3 cuadros con las escuelas seleccionadas)

En la primera captura de pantalla, se muestra el nombre de los planteles que en la Zona de Distrito Capital, que fueron escogidos para tener actividades especiales por el inicio del año escolar en educación media. Como se puede apreciar, de los 282 planteles que tienen educación media en esa zona, y de acuerdo a la pauta indicada por el ministerio, cada uno de los circuitos, debía postular a un plantel. En esta zona, hay 23 Parroquias, organizadas en 76 circuitos, por lo que, entre los 76 planteles propuestos, se seleccionaron estos 10:

Liceos seleccionados

En el mismo documento, también se señalan los planteles que recibirán dotación de laboratorios de ciencias naturales, “en el marco del inicio del año escolar”, como se aprecia en esta segunda captura de pantalla. Se trata de un total de 12 planteles de los 282 que se encuentran en la zona, es decir, el 4,2%. De esos 12 planteles, 8 forman parte de los 10 planteles seleccionados para ser mostrados, con actividades especiales, durante la jornada de hoy.

liceos dotación Cs

En el documento se especifica, como una nota al pie de este cuadro, que hay un total de 25 planteles que no cuentan con laboratorios de ciencias naturales, pero no se especifica si el resto de los planteles que se encuentran en la zona, tienen laboratorios en buen estado y con la dotación de materiales y equipos adecuada y suficiente, o requieren dotación de materiales y equipos para sus laboratorios. Tampoco se especifica cuando serán dotados los planteles que carecen de laboratorios, de acuerdo a la nota del cuadro.

Y la tercera captura de pantalla, muestra los planteles que recibirían mantenimiento entre el 26 y el 27 de septiembre. Como se puede apreciar, eran solamente 6 planteles. En la nota al pie del cuadro, se especifica que “la actividad mediática se concentrará” en uno de ellos, el que está resaltado en amarillo en el cuadro.

liceos mantenimiento

De acuerdo a la información contenida en el documento, solamente el 2% de los planteles de Distrito Capital, que ofrecen educación media, recibieron mantenimiento los días 26 y 27 de septiembre, es decir, justo antes del inicio de las actividades en ese nivel educativo. Se desconoce si el resto de los planteles recibieron algún tipo de mantenimiento, antes de esa fecha o si lo recibirán posteriormente.

Lo que sí se sabe, por la nota al pie del cuadro, es que se esperaba presencia de medios en la UETD Liceo Caracas del Paraíso durante la jornada mantenimiento, y, tal como fue reseñado por el portal del ministerio, así fue y durante la actividad propagandística, se contó con la presencia de la viceministra de educación media.

A continuación pueden leer, en capturas de pantalla, la nota de prensa publicada en el portal del ministerio.

También en importante recordar, por las diferencias en la programación, las actividades incluidas como parte del inicio del año escolar para educación media, en el documento “Regreso a Clases Con Alegría 2019-2020. Instrucción Ministerial”, elaborado por el Viceministerio de Comunidades Educativas.

¿Existirán las condiciones óptimas para el inicio de clases en educación media en todos los planteles del país?

De acuerdo a los datos contenidos en la última memoria y cuenta conocida, la del año 2015, para el año escolar 2014-2015, 2.301.822 estudiantes, cursaban educación media, en 78.294 secciones, ubicadas en 5.981 planteles en todo el territorio nacional. Es importante resaltar que los planteles que ofrecían alguna sección de educación media en ese año escolar, no llegaban al 22% del total de planteles existentes que eran 27.626.

Posteriormente, de acuerdo a los datos publicados por el INE en su página, para el año escolar 2017-2018, se registraron un total de 2.260.111 estudiantes en educación media, lo que significa una disminución de 41.711 jóvenes cursando ese nivel educativo. Sin embargo, en esos datos, no se especifica la cantidad de planteles en los que se ofrecía de forma total o parcial el nivel de educación media, ni tampoco el número de secciones, por lo que no se puede establecer una comparación entre los datos de los dos años.

Sobre lo que no se puede precisar datos, ni en la última memoria y cuenta conocida, ni en los datos recogidos por el INE, es del estado de la infraestructura de esos 5.981 planteles, ni las condiciones de dotación de mobiliario, equipamiento y materiales y recursos educativos, así como tampoco, del detalle en el suministro de los servicios básicos (electricidad, luz, gas, transporte), del funcionamiento del programa de alimentación escolar, y mucho menos de la idoneidad y completitud de la planta docente.

Sobre este último aspecto, es importante recordar que por la situación del país y las pésimas condiciones contractuales, muchos docentes se han retirado del ejercicio, lo que ha tenido como consecuencia dos prácticas negativas para este nivel educativo. La primera es la incorporación de personas sin la formación adecuada para desarrollar el proceso educativo y la segunda es el incremento de una práctica inaceptable, desarrollada por muchos años, que consiste en promediar calificaciones de materias cursadas, para asignar notas a materias no cursadas por falta de docentes, otorgando certificaciones de educación media, que resultan fraudulentas.

Debido a estas deficiencias, se requiere contar con información oficial, o independiente, pero sustentada en evidencias, que permita conocer las condiciones en las que se encuentra cada uno de los planteles del país y si con ellas, se puede garantizar educación de calidad para todos, en el nivel de educación media, tal como establece el derecho a la educación.

 

 

 

 

Sin condiciones óptimas y sin calendario

Para nadie en Venezuela, es una novedad que no todos estudiantes asisten a la escuela desde el primer día del año escolar. Esto, que se debe a varios factores, se ha ido incrementando como práctica, en los últimos años, por el deterioro de las condiciones de vida en el país, que incluyen escuelas sin condiciones para el inicio y desarrollo de las actividades escolares.

Comencemos por los docentes

Sin embargo, lo que constituye una novedad, este año escolar, es suceda lo mismo con los profesionales de la docencia que, por las precarias condiciones laborales y de contratación, experimentan severas limitaciones para asistir cotidianamente a su trabajo, esta situación, para los que han decidido mantenerse ejerciendo en las escuelas, incluye la imposibilidad sufragar los costos del transporte.

No obstante, en numerosos casos, como ha sido reportado por diversos gremios y reconocido indirectamente por el ministerio (con la creación de un mecanismo para la incorporación de no profesionales de la docencia, al ejercicio, a través de un programa de formación), las dificultades los han llevado a abandonar el ejercicio de la docencia, dejando sin maestros y profesores muchas aulas en todo el territorio nacional.

Ante esta situación, los gremios docentes, comenzaron el año escolar, convocando una protesta el mismo 16 de septiembre, como todo el país pudo conocerlo directamente, o a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

A una semana de esa protesta, ante la falta de respuesta del ente rector, los gremios docentes sostienen sus reclamos. Para que puedan conocer, directamente la exposición de motivos y la posición de los gremios, les dejamos, a continuación, dos declaraciones.

La primera, emitida el pasado 19 de septiembre, es la que corresponde a la Federación Nacional de Profesionales de la Docencia, Colegio de Profesores de Venezuela. (Pulsando en cada imagen pueden ver el texto en un tamaño legible)

Y la segunda corresponde a la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela, FETRAMAGISTERIO, emitida el pasado 20 de septiembre y en la que convocan a sus sindicatos filiales, así como a todas las Federaciones de la Coalición Sindical Nacional, a la realización de Plenos Zonales los días 24, 25 y 26 de septiembre, es decir, martes, miércoles y jueves, de esta semana, para debatir opciones de estrategia.

Si el ente rector, no toma decisiones que ayuden a resolver el problema de fondo que afecta a la profesión docente, esto es, la desarticulación y desprofesionalización de la carrera docente, y las precarias e inaceptables condiciones, tanto contractuales, como institucionales (estas son las condiciones en las que se desarrollan las actividades en las escuelas), honrando lo establecido en el artículo 104 de la Constitución, lo que incluye eliminar todo intento de injerencia partidista en la relación entre los docentes y el Estado y entre ellos, y los estudiantes; las condiciones para la realización del derecho a la educación de los estudiantes, cada vez serán más precarias, pero en este caso, por la imposibilidad de los profesionales de la docencia que quedan en ejercicio, de poder seguir asistiendo a las aulas. Recordemos que lo que dice la Constitución sobre la profesión docente:

Articulo 104

Es evidente que, por la magnitud del éxodo docente, por la migración y por el cambio de actividad productiva, y en el marco de la crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela, se requiere tomar medidas extraordinarias que pueden contemplar la incorporación de profesionales, no docentes, a las aulas, pero para ello, se deben tomar un par de medidas previas y garantizar que las medidas especiales tengan características tales, que permitan asegurar el buen desempeño de estas personas, mientras se transforman profesionalmente, en docentes.

Las medidas previas son:

  1. Honrar las condiciones contractuales de los profesionales de la docencia, establecidas en la convención colectiva vigente y mejorarlas con un acuerdo que permita a estos profesionales, enfrentar las consecuencias de la hiperinflación y las fallas en los servicios públicos, incluyendo el transporte, así como las dificultades para conseguir insumos para la alimentación, de forma que puedan tener una calidad de vida como la que requieren para la delicada labor que desempeñan, tal como lo establece el artículo 104, previamente citado.
  2. Ofrecer un acuerdo complementario al pago por la jubilación a todos los docentes que se encuentren jubilados en este momento, y que decidan reincorporarse temporalmente al ejercicio. Ese complemento, debe tener las mismas características que el ofrecido al docente, de forma que los jubilados que decidan reincorporarse, también puedan tener una calidad de vida como la que requieren para la delicada labor que desempeñarán.

Con la aplicación de estas dos medidas previas se garantizaría, en primer lugar, que los docentes que aún permanecen en ejercicio, tengan un nivel de calidad de vida que les permita ofrecer experiencias de aprendizaje de calidad a sus estudiantes; y en segundo lugar, que muchos de los docentes que se separaron de sus cargos, pero que no emigraron del país, vuelvan a las aulas, lo que junto con la reincorporación de docentes jubilados al ejercicio temporal, disminuiría notablemente, el déficit de docentes en las escuelas, pero la disminución estaría asociada al trabajo de profesionales con formación y experiencia, lo que también garantizaría experiencias de aprendizaje de calidad y disminuiría los riesgos y consecuencias de la improvisación en el sistema educativo.

Las medidas extraordinarias incluirían:

  1. El llamado y selección, mediante evaluación, de profesionales que quieran formarse y ejercer como docentes. La evaluación se enfocaría en las áreas o asignaturas que les correspondería enseñar, para garantizar que el que se postule, sepa lo que tiene que enseñar (que es una condición básica para poder ejercer la profesión docente).
  2. El desarrollo de un proceso de formación de la dimensión pedagógica o andragógica del ejercicio (dependiendo de si se incluye la atención a la formación de adultos en estas medidas), iniciando con énfasis en el nivel y etapa que le corresponderían enseñar. Este debería tener dos modalidades, una a dedicación exclusiva y una compartida con ejercicio en aula. Esta segunda solo se podría desarrollar, cuando los participantes, se encuentren en condiciones para el ejercicio durante su formación. Así mismo, el desarrollo de la formación debe hacerse de acuerdo al diseño de un programa de nivel universitario que permita obtener, al culminar el proceso, un título docente, tal como se establece en la legislación vigente y con los estándares que se derivan de la misma y de lo establecido en las Constitución.
  3. La elaboración de un sistema de evaluación que permita aprobar el pase de la formación en dedicación exclusiva a la formación con ejercicio en aula.
  4. El desarrollo de un sistema de acompañamiento y monitoreo que permita orientar el trabajo de los participantes, una vez que ingresen al ejercicio en las aulas.
  5. La conformación de una red de acompañamiento y supervisión que pueda incluir, monitoreo de actividades en aula, una vez que los participantes se encuentren haciendo formación en ejercicio y que permita instrumentar el sistema desarrollado para tal fin.
  6. El desarrollo y distribución de materiales de apoyo para los futuros docentes en ejercicio, que les permitan reforzar su proceso de formación, ya sea durante la fase de formación exclusiva, o durante la fase de formación con ejercicio en aula.

Como se puede apreciar, el que las medidas tengan carácter extraordinario, no significa que la formación sea improvisada, insuficiente o de baja calidad. De igual manera, ignorar la necesidad y posibilidad de instrumentar las medidas previas a las extraordinarias, solo tendrá como consecuencia que se incremente el déficit de docentes y que la planta docente nacional, en general, disminuya en calidad, debido a la necesidad de formar, en corto tiempo, e incorporar al ejercicio, sin suficiente formación y sin experiencia, a grandes grupos de docentes.

Pero las condiciones no se restringen a la disponibilidad de docentes formados

Como señalamos en una publicación previa, las condiciones para el óptimo funcionamiento de las escuelas, se han visto afectadas por la situación del país, específicamente en las fallas en los servicios básicos (luz, agua, gas, transporte) así como en la disponibilidad de insumos para preparar la alimentación; pero también por la inexistencia de un plan de mantenimiento integral y a largo plazo que incluya todas las necesidades y tipo de actividades que requieren las instalaciones educativas para estar en condiciones óptimas, así como por la baja calidad de los recursos educativos suministrados por el Estado y por las pésimas condiciones de trabajo y contratación del personal de las escuelas, incluyendo el personal docente.

Las fallas en los servicios básicos (luz, agua, gas y transporte), no han recibido una respuesta completa y planificada por parte del Estado y las soluciones que se han empleado en los años escolares previos, han sido puntuales y dependientes, en su mayoría, de las posibilidades de la comunidad educativa de cada escuela, con algunas respuestas puntuales también, de algunos entes regionales y locales.

Para poder garantizar que las escuelas funcionen, mientras se resuelven las causas que ocasionan las fallas recurrentes en los servicios, se requieren planes concretos que permitan conocer la situación de cada escuela para cada servicio, y desarrollar actividades para darles atención especial. Esto es, entre otras:

  1. Conocer el comportamiento del sistema eléctrico en las zonas donde se encuentra cada una de las escuelas y determinar, cuáles requieren contar con una planta eléctrica para poder dotarlas con las plantas y con los suministros que garanticen su funcionamiento.
  2. Conocer la situación del servicio de agua potable, en cada una de las escuelas para establecer cuáles requieren dotación con camiones cisterna, con qué frecuencia y en qué cantidad, para programar la compra y el cronograma de suministro.
  3. Conocer la situación del servicio de gas de cada una de las escuelas, para establecer las necesidades y la frecuencia, programar la compra y el suministro.
  4. Ante la inexistencia de unidades de transporte escolar en la mayoría de las escuelas oficiales del país, se debe conocer la situación del sistema de transporte público en las zonas en las que se encuentran las escuelas y procurar con los transportistas, acuerdos financiados, para garantizar la existencia de rutas con unidades que permitan el traslado de los estudiantes, y los trabajadores de las escuelas en general, incluyendo a los docentes, para ir a la escuela y regresar a sus casas diariamente, en el horario que corresponda a cada escuela.

Es importante que este tipo de acciones se diseñen e instrumenten para todos los aspectos en los que existe deficiencia en el sistema educativo, ya sea, como en estos servicios, cuyo suministro no depende directamente de cada escuela, como en la garantía de las condiciones óptimas para su funcionamiento.

Una lógica similar, por cierto, aplicaría al suministro de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar, pero no lo vamos a tocar en este momento, porque hicimos referencia al mismo en la publicación pasada.

Estas medidas, permitirían atender a la emergencia, mientras se resuelven los problemas de fondo que hace que fallen los servicios y, en términos del sistema educativo, como dijimos en las publicaciones previas, se requiere de un plan para atender a la emergencia, que incluya la reinserción de los niños y jóvenes que están fuera del sistema; y otro de recuperación a largo plazo, que desarrolle, en un primer momento, la restauración del derecho a la educación, y que, posteriormente, se plantee la reinvención del sistema en general y que en términos curriculares incluya, una revisión profunda del para qué queremos educación básica obligatoria, en Venezuela.

¿Y el calendario, qué?

Bueno, el calendario, a pesar de que en la cadena de inicio del año escolar, el pasado 16 de septiembre, el ministro Aristóbulo Isturiz anunció que ya estaba listo, no ha sido enviado a las escuelas, ni aparece publicado en la página web el MPPE. (Es importante resaltar que, hasta el momento en que se escribe esta nota, la cuenta de twitter del MPPE arroja un mensaje de error, ver la imagen 1 y aunque durante el domingo, la página web del MPPE también daba error, ver la imagen 2, ya la web fue restituida, pero no aparece el calendario de este año escolar. De hecho, el banner y el calendario, siguen siendo los del año escolar pasado, tal como mostramos en la publicación pasada).

Ante esa ausencia, las escuelas solo cuentan con algunas instrucciones parciales, giradas por el ministerio en la instrucción titulada “Regreso a clases con alegría” y por algunas zonas educativas, como en el caso de Carabobo y Táchira.

La información contenida en la instrucción titulada “regreso a clases con alegría” es la siguiente:

Y ésta es la información distribuida por las zonas educativas:

Como se puede observar, la información circulada, contiene pautas para desarrollar algunas actividades culturales y deportivas con los estudiantes, pero no aparecen las actividades de inicio del año escolar correspondientes al trabajo de directivos y docentes.

Por los momentos en el que circuló esta información, las escuelas que ofrecen educación media, tuvieron la oportunidad de hacer algunos ajustes en su programación, ya que, el inicio de las actividades con estudiantes, para ese nivel, es el próximo martes 1 de octubre. Sin embargo, las escuelas en las que se ofrece educación inicial y primaria, tuvieron que arrancar a menos de una semana de haber comenzado a recibir esa información.

También es importante hacer notar que las labores de acondicionamiento de las escuelas, estaban programadas, en su mayoría, para el viernes previo al inicio del año escolar, como se puede ver en el primer cuadro de la instrucción, a pesar de que el plan denominado “Una gota de amor para mi escuela en resistencia”, dice estar previsto para desarrollarse durante los meses de septiembre y octubre y la evaluación de los planteles para establecer prioridades de atención, estaba programada para hacerse, durante el mes de septiembre.

En términos del acondicionamiento, el mantenimiento mayor y la construcción de nuevos planteles, la extensión de las actividades, o su programación solapada con el inicio de las actividades escolares, hace inviables las segundas, o, en el mejor de los casos, hace que se desarrollen en condiciones inadecuadas.

En efecto, en términos del inicio de actividades, lo más importante es que tanto la evaluación de las condiciones de las escuelas, como la ejecución de las obras que requieran y se les programe mantenimiento para este año escolar, está solapada con el primer mes y medio de actividades, para los niveles de inicial y primaria, y con el primer mes de clases para bachillerato, lo que es absolutamente inconveniente para el desarrollo de las actividades, porque altera la planificación que se puede haber iniciado en las escuelas a incorporar, además de ser contrario a la garantía de contar con condiciones óptimas para la realización del derecho a la educación.

Ahora, ¿por qué es importante, contar con el calendario?

Manteniendo el llamado de atención sobre el solapamiento del inicio de actividades, con el diagnóstico, selección y reparación de las escuelas, es importante recordar que derivado de la situación por la que atraviesa el país, existen diversos factores que están afectando el desarrollo de las actividades escolares, por lo que se pierden más horas y días de clase, sin que quede registro de ello y sin que se plantee una estrategia real de recuperación.

Para entender de lo que se trata, es importante recordar que, el artículo 49 de la LOE, establece que el año escolar tendrá 200 días hábiles, lo que no significa que se trate de 200 días de clases o de actividades con la participación de los estudiantes. La forma en la que quedó redactado el artículo, respondió a una modificación injustificable, de última hora, que contravenía la demanda de diversos actores y organizaciones, en ese momento, que era la ampliación del año escolar para garantizar 200 días de clases.

Sin embargo, el que se procure que las escuelas estén abiertas 200 días hábiles al año, con la situación actual, tampoco es garantía, ni de que se cumpla la jornada tal como la establece cada escuela, ni de que se puedan desarrollar actividades escolares, tal como establece la ley.

¿Qué significa ésto?

A lo largo de un año escolar se incluye tiempo para el desarrollo de actividades con los estudiantes, que se traduce en días de clase, tal como los denominamos tradicionalmente, y días de actividades complementarias, que pueden ser tan formativas como las otras, pero que pueden desarrollarse en las instalaciones de la escuela o fuera de ellas. Pero también se incluye tiempo para el desarrollo de actividades de planificación, organización, y evaluación de la gestión escolar en todas sus dimensiones. Todo ese tiempo está contabilizado dentro de los 200 días hábiles que establece la ley y que algunos han denominado “días de actividades escolares”, para que quede claro que no todos son, o deben ser, días de clase.

Como parte de las actividades de gestión escolar que se desarrollan, están las correspondientes al inicio y al cierre del año escolar. De ellas, algunas pueden realizarse con estudiantes y otras, se requiere que sean realizadas por directivos y docentes, en algunos casos con la participación de otros miembros de la comunidad educativa, como los padres y representantes. Pero todas son fundamentales para garantizar educación de calidad.

Sin embargo, desde hace tiempo, las actividades de inicio y cierre del año escolar, son tratadas como prescindibles por el sistema, a tal punto que, por ejemplo, ante la importante pérdida de clases del año escolar pasado, la “adecuación” del calendario, consistió en comprimir el tiempo de cierre del año escolar, para agregar unos pocos, -e insuficientes-, días de clase y de evaluación en julio; o como ha sucedido en los últimos años, se programa el inicio de clases, para los niveles de inicial y primaria, el mismo día en el que los docentes se reincorporan a su trabajo en las escuelas, lo que impide que se desarrollen, con tiempo y adecuada dedicación, las actividades de planificación y organización correspondientes al inicio del año escolar.

Decir estas cosas, parecería ser innecesario, en este momento, pero dada la precaria situación del sistema educativo, es imprescindible recordarlas, porque a lo largo de los años, se han ido modificando la lógica y las prácticas de organización y planificación de las actividades escolares, debido también a diversos factores, entre los que se encuentra, la permanente improvisación del ente rector, el MPPE.

Es por ello que, en numerosas oportunidades, como en este nuevo año escolar, el subsistema de Educación Básica no ha contado con el calendario escolar, en el momento en el que corresponde tenerlo, y en algunos casos, el atraso ha llegado hasta el mes de enero del año escolar, es decir, hasta iniciado el segundo lapso, o momento pedagógico.

Como hemos expresado en otras oportunidades, lo deseable y lo que era una práctica en el sistema hace mucho tiempo, es que el ministerio envíe a las escuelas, el calendario escolar a finales del año escolar anterior, para que docentes y directivos, puedan hacer planificación, con tiempo, en función de los resultados del año escolar que está terminando y como parte del proceso de cierre del año.

Cuando esa práctica era la norma, la planificación resultante, era revisada y ajustada, al inicio del año escolar siguiente, con base, por una parte, a los ajustes requeridos por la incorporación de nuevos estudiantes y por la otra, con base en la evaluación diagnóstica que se realizaba iniciando clases, con el propósito de ajustar a las características y necesidades del grupo de estudiantes, la planificación del proceso de aprendizaje.

Obviamente, esa planificación, como cualquier proceso de ese tipo, también se ajusta a lo largo del año escolar, con base en el monitoreo permanente de docentes y supervisores, sobre los resultados parciales y la evolución del aprendizaje de cada grupo.

La flexibilidad y los ajustes permanentes, permiten mejorar los procesos y resultados, pero basados en una buena planificación. Es por eso que es tan relevante, contar con un calendario oficial, con anticipación.

Algo muy diferente es la improvisación que afecta el desarrollo de una educación de calidad, especialmente, en este momento, por dos factores, la falta de claridad en los tiempos y los objetivos y metas, y por la otra, en la ruptura de la continuidad de los procesos.

La falta de claridad sobre los tiempos, se produce comenzando por la ausencia de un calendario detallado, que incluya pautas más allá de las efemérides, y que esté a disposición de las escuelas con la respectiva anticipación.

La falta de claridad sobre los objetivos y metas, se desprende de la opacidad de un sistema que funciona sin programas de estudio vigentes, expresados en un formato que permita tanto a docentes, como a estudiantes y representantes, saber qué se espera que se aprenda en cada año escolar. De hecho, desde hace tiempo, en la mayoría del sistema, los libros de la colección bicentenario han terminado siendo el referente de lo que hay que aprender, y, en educación media, los fracasados procesos de “transformación curricular” han generado más confusión y enredo, que directrices claras sobre cómo se deben organizar las actividades de aprendizaje y qué se debe aprender en ese nivel educativo.

A esta ausencia se deben agregar, las recurrentes decisiones del ejecutivo con las que ha suspendido actividades, o restringido la duración de la jornada, en los últimos años escolares, con motivos diversos; y la práctica intermitente de emitir “instrucciones” ministeriales o viceministeriales con temas y actividades especiales, que son enviadas a las escuelas a lo largo del año escolar, para ser incorporadas en la planificación, modificando lo establecido, sin necesidad, ni justificación. De hecho, si dichas instrucciones se elaboraran con tiempo, podrían ser incorporadas desde el diseño, en la planificación de escuelas y docentes, sin alterar repentinamente, los procesos diseñados y en desarrollo.

Y, finalmente, la ruptura de continuidad en los procesos pedagógicos, que se deriva, evidentemente, de la ya mencionada, improvisación del ministerio, pero que, recientemente, se ha incrementado, por las inasistencias recurrentes de estudiantes y docentes, debidas a la fallas en los servicios básicos, a los problemas en salud y alimentación, así como a la inexistencia de transporte para la red de escuelas oficiales, todas ellas agravadas progresivamente por la situación del país.

Como se puede observar, el calendario escolar, es más que un instrumento de efemérides y su importancia para la garantía de educación de calidad, radica en la concepción del proceso educativo, como un proceso que debe ser flexible y evaluado permanentemente, pero que debe ser profesionalmente planificado.

Sin embargo, este año nuevamente está atrasada su publicación, con el agravante de que hoy, a una semana de haberse dado por iniciado el año escolar, es que comenzó a circular una nueva pauta del ministerio, que dice que: “El horario de clase queda normalizado. Queda sin efecto la Gaceta Oficial de restringir hasta las 2:00 pm las actividades.

Y, para ratificar lo que se dijo al inicio de esta sección, pero además, contraviniendo lo establecido en la legislación sobre el uso político-partidista de las actividades educativas, en la página del MPPE sigue apareciendo el mismo calendario del año escolar pasado, pero se publican imágenes como ésta:uso de los niños