¿Comenzarán las clases a distancia mañana?

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) el año escolar tendrá 200 días hábiles y su división será acorde con las características de los niveles y modalidades, y a lo establecido en el reglamento de la Ley.

Por su parte el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (RGLOE) vigente, en sus artículos 54 y 57, establece que el año escolar estará dividido en dos períodos, el primero, que de acuerdo con el artículo 57 especifica que el primer período “tendrá una duración mínima de ciento ochenta (180) días hábiles”, estará dedicado a las actividades de enseñanza que incluyen, además del desarrollo de los programas de estudio, pruebas diagnósticas y evaluación; y el segundo será para la realización de actividades de “administración escolar, pruebas de revisión, inscripción de nuevos alumnos, planificación y organización del año escolar, así como para actividades de actualización y mejoramiento profesional”.

En efecto, en el texto de los dos artículos se establece que:

  1. El año escolar inicia el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre y termina el último día hábil del mes de julio del año siguiente. En esta oportunidad, las fechas son el jueves 16 de septiembre del 2021 y el viernes 29 de julio del 2022.
  2. En términos generales, está dividido en dos períodos sucesivos.
  3. El primer período inicia el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre y termina el último día hábil de la primera semana del mes de julio del año siguiente. Esto, en este año escolar, equivale al jueves 16 de septiembre y al viernes 8 de julio, respectivamente.
  4. El segundo período, inicia el primer día hábil de la segunda semana del mes de julio y el último día hábil del mes de julio que, en esta oportunidad, corresponden al lunes 11 de julio y al viernes 29 de julio.

(Es importante aclarar que, en el texto del reglamento, se hace referencia a dos períodos por la diferencia de actividades en ellos, sin embargo, el primer período puede estar organizado en “momentos”, “lapsos”, o la denominación que le asigne el ente rector, para facilitar el cierre de procesos de aprendizaje a lo largo del año escolar).

Siguiendo las pautas establecidas en el RGLOE, el año escolar 2021-2022, tiene una duración de 319 días, distribuidos en 45 semanas y 4 días, de los que 201 días son hábiles y 118 días feriados. En los 118 se incluyen 102 días directamente feriados y también 16 días no feriados, pero establecidos como días de receso escolar por el ente rector y de los 201 días hábiles, 186 corresponderían al primer período y 15 al segundo.

Si tal como se establece en el reglamento, el 16 de septiembre se hubieran iniciado efectivamente, actividades en todas las escuelas del país, se hubiera contado con 186 días para el desarrollo de las actividades incluidas en el primer período que son, como se mencionó anteriormente, actividades de enseñanza.

En este punto, cabe también mencionar que, tradicionalmente, las clases en educación básica, se inician, en educación inicial y primaria, el día que establece el calendario, pero para educación media, se inician el primer día hábil del mes de octubre, lo que correspondía este año escolar, al lunes 4. Sin embargo, por razones que no han sido presentadas formalmente al país, y que tampoco están recogidas en ninguna resolución o decreto publicado en Gaceta Oficial, el primer anuncio que se hizo sobre el inicio del año escolar, especificaba que las clases, en una modalidad que combina clases presenciales con educación a distancia, iniciarían para todos los niveles de educación básica, el 4 de octubre. Posteriormente, esa fecha fue también modificada en un anuncio hecho a los medios y nuevamente, sin mediar resolución o decreto, para la tercera semana de octubre y en algunos casos, se habla de “finales de octubre”, sin precisar fecha. La falta de precisión ha hecho que en algunos casos se entienda que lo que se iniciará a finales de octubre, serás las clases presenciales, por lo que las que se desarrollarán a distancia pudieran mantener como fecha de inicio este lunes 4 de octubre.

Es importante resaltar que, al final del texto del artículo 54 y en su parágrafo único, se establecen dos disposiciones que son de especial interés en este momento. La primera es que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de publicar anualmente el calendario escolar y a esta altura, a 18 días de haber iniciado el año escolar, (12 de los cuáles son hábiles), no se conoce el calendario que será utilizado este año escolar.

Este año, como en oportunidades anteriores, tomando como referencia la información oficial disponible, más las referencias de los años escolares previos, se elaboró una hipótesis de calendario, para poder contabilizar los días que efectivamente se podrán tener actividades de enseñanza en el año escolar 2021-2022.

Como se trata de un año escolar atípico, por las restricciones de la pandemia y tomando en consideración el anuncio oficial de realizar actividades con las modalidades de educación presencial y a distancia combinadas, además, incorporando las actividades ya realizadas, tenemos que de los 186 días hábiles con los que se contaba para el desarrollo del primer período, los primeros 12 se han enfocado en inscripciones, constitución de comisiones y mesas de trabajo, ambientación de escuelas y formación de familias y docentes, todas éstas, actividades que corresponderían al segundo período de acuerdo con lo establecido en el RGLOE. Es importante resaltar que las actividades de “ambientación de escuelas”, en la mayoría de los casos, han incluido trabajos de mantenimiento debido a las condiciones de abandono de la infraestructura escolar, trabajos que debían haberse realizado durante el período vacacional, para no interrumpir las actividades, una vez iniciado el año escolar.

Esta primera modificación en las actividades del año escolar tiene como consecuencia que, salvo en muy pocas instituciones en las que se hubieran podido iniciar algunas actividades de evaluación diagnóstica y de planificación, los días disponibles en el primer período para el desarrollo de actividades de enseñanza, bajen de 186 a 174.

En el gráfico con la hipótesis de calendario, tal como se puede apreciar, se señalan los días previos al inicio de actividades de enseñanza propiamente dichas, se diferencian los días en los que, de mantenerse el esquema 7+7, se pueden tener clases presenciales de los que corresponderían a actividades a distancia, y también se identifican los días en los que los docentes deben enfocarse en el cierre de proyectos de aprendizaje, elaboración de informes pedagógicos, entrega de informes, así como las de realización de los consejos docentes, que son actividades que, con o sin las restricciones de la pandemia, deberían estar incluidas en el cronograma de actividades. Sin embargo, a diferencia de las hipótesis elaboradas para años escolares anteriores, no se utilizan para el cálculo de los potenciales días de clase, porque de desarrollarse la combinación presencial-a distancia, las actividades de los estudiantes se pueden mantener parcialmente, de forma paralela.

También se incluye como premisa, la posibilidad de que se haga efectivo el anuncio de declarar como semanas de flexibilización, todas las correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y que, como es costumbre independientemente de la situación del país, en el momento de realización de elecciones, se tomen las escuelas que son centros electorales, por una semana, lo que limitaría la realización de actividades presenciales de todo tipo. Este aspecto específico, tampoco se utiliza como dato para el cálculo del total de los días de actividades de enseñanza, por el mismo supuesto que en el caso anterior.

Es importante hacer notar que, en esta publicación, se está asumiendo que, aunque no se ha especificado oficial y públicamente, este 4 de octubre se iniciarían actividades a distancia, aunque las clases presenciales se inicien a finales de octubre, como se dijo en el último anuncio. No obstante, de no mantenerse esa premisa, si más allá de las pruebas diagnósticas, las clases a distancia se inician en la tercer semana de este mes, el período efectivo para las actividades de enseñanza, quedaría reducido a 165 días, o menos.

La falta de información, en este caso, además de la ausencia del calendario, incluye que, hasta hoy domingo 3 de octubre, en la página que contiene los materiales y las pautas del Plan Cada Familia Una Escuela, que constituye la variante de educación a distancia instrumentada hasta el momento por el Estado, la información que se encuentra, es la correspondiente al año escolar pasado. Habría que esperar que, en el transcurso del día o, a más tardar, en la mañana del lunes 4, se actualizara la información allí contenida, para poder dar inicio a las clases a distancia. En este caso, cabe resaltar que en las imágenes que se ven a continuación, se incluye, la portada del portal, las páginas de actividades vigentes para educación inicial, primaria, media general y especial y una tomada de la sección “Fundamentos”, específicamente, en la parte en la que está el calendario, porque aún no está disponible el actualizado.

Adicionalmente, es importante mencionar que en la cuenta de YouTube del Plan CFUE, no se ha cargado ningún video con información previa al inicio de las clases a distancia. Y en la cuenta de Twitter del Canal Vive TV, hay una publicación que, sin especificar fecha, hace referencia a que los programas se emitirán “muy pronto”.

El otro aspecto de especial interés en el artículo 54 del RGLOE, es el establecido específicamente en su parágrafo único que dice, textualmente que el ente rector, “mediante Resolución, podrá autorizar ajustes al calendario escolar cuando las peculiaridades de vida y las condiciones climáticas y de trabajo de alguna región así lo requieran. Asimismo, se podrán efectuar ajustes a dicho calendario cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes considere que se han producido circunstancias excepcionales que lo ameriten.”

De acuerdo con esa norma, el MPP para la Educación, antes de iniciar este año escolar, debió aprobar y publicar una resolución en la que se establecieran, con precisión, los cambios que se pretendían instrumentar, entre ellos, la modificación en la fecha de inicio de las actividades de enseñanza, con la precisión de cuándo comenzaría cada modalidad, así como, todas las modificaciones adicionales que, como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia por el COVID19, se derivaran, como la incorporación de un lapso para recuperar los aprendizajes perdidos en el año escolar pasado, con todas las variantes que sean necesarias para atender a la diversidad territorial y socio educativa requeridas.

Finalmente, dado que se trata de un año escolar en el que se plantea la instrumentación de una variante combinada que establece como premisa la incorporación flexible y progresiva de las escuelas a las actividades presenciales, se requería que esa resolución incluyera las pautas a seguir en cada caso, que permitan ajustar los tiempos de ejecución del calendario a la realidad de cada caso, incorporando también medidas de flexibilidad incluyendo la modificación de las fechas de culminación y de cambio entre períodos, así como la de finalización del año escolar.

La situación derivada del COVID, requiere el diseño de medidas extraordinarias que pueden instrumentarse a partir de lo establecido en el artículo 54, pero se requiere que se establezcan cumpliendo con las dos disposiciones, la elaboración y promulgación de una resolución y la publicación del calendario.

Momento y condiciones para el inicio del año escolar 2021-2022 en Venezuela

De acuerdo con los anuncios oficiales, este martes 31, debería ser el último día del denominado “Plan Escuelas Abiertas Agosto Bicentenario”. Este año escolar, a diferencia de los anteriores, incluyendo el primero durante la pandemia, la información sobre planes y cronograma ha sido imprecisa y poco clara, a pesar de que en el calendario oficial, la actividad estaba incluida, tal como se aprecia en las siguientes imágenes:

De hecho, el pasado 2 de agosto, el anterior ministro de educación, publicó en su cuenta de Twitter, que estaba en videoconferencia con los jefes de zona, “trabajando la coyuntura”, refiriéndose a las actividades a realizar en vacaciones y al plan para el inicio del siguiente año escolar.

Captura de pantalla de Twitter

Posteriormente, en un acto de graduación, realizado el 6 de agosto, la vicepresidente Rodríguez anunciaba que el lunes siguiente, 9 de agosto, se iniciarían las actividades de vacaciones en las escuelas. Estos dos anuncios se daban, posteriormente a la fecha de inicio del plan, estipulada en el calendario oficial y en momentos en los que, como se mencionó en la publicación anterior, unas pocas Zonas Educativas mostraban fotos de las actividades que estaban realizando desde la primera semana del mes y otras, como la de Distrito Capital, reportaban que se estaban reuniendo para organizarlas.

Adicionalmente, cabe destacar que, como también se mencionó, de acuerdo con el anuncio hecho por Delcy Rodríguez, el plan se iba a desarrollar solamente en el 56,6% del total de planteles oficiales, información que fue ratificada y ampliada en una nota de prensa publicada el 26 de agosto en el portal del ministerio, en la que la actual ministro afirmó que el plan estaba siendo desarrollado por “más de 92 mil docentes”, entre docentes de educación física y docentes integrales y culturales, acompañados por 15 mil recreadores en las 15 mil escuelas que se había anunciado que participarían en el plan.

Al respecto, es importante señalar dos cosas:

  1. La primera es que teniendo la información con suficiente anticipación, no hubo planificación con tiempo. Por lo que cabe preguntar: ¿Por qué si el plan estaba incluido en el calendario oficial que fue creado el 14 de septiembre del 2020, las zonas educativas y el ministerio esperaron a la primera semana de agosto para organizar las actividades? y ¿por qué el anuncio oficial sobre su inicio, se hizo el 6 de agosto e indicaba que se iniciaba el 9 de agosto?
Captura de pantalla de las propiedades del archivo del Calendario Oficial
  1. La segunda es sobre su alcance y potencial discriminación. Al respecto, la realización de este plan en el 56,6% de los planteles deja abierta una serie de preguntas derivadas del hecho de que se desarrolle solamente en una parte de las escuelas.
    a. ¿Qué pasa con los estudiantes del otro 43,4% de las escuelas?
    b. Si se trata de un plan diseñado para ser instrumentado solo en una parte de las escuelas, ¿por qué aparece cómo una actividad que parece estar establecida para ser realizada todas las escuelas, en el calendario oficial?
    c. Y la más importante, ¿cuál fue el criterio de selección de las escuelas?

Adicionalmente, a estos puntos sobre el período vacacional, hay otro que surge del reiterado anuncio del posible inicio de clases presenciales en octubre: como está establecido, en Venezuela y para educación básica, el año escolar inicia el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre.

Eso significa que este año, corresponde el inicio del año escolar 2021-2022, al jueves 16 de septiembre y que, ya sea manteniendo la modalidad de educación a distancia instrumentada con el Plan Cada Familia Una Escuela, o retomando las clases presenciales de forma parcial o total, las actividades con estudiantes, en los niveles de educación inicial y primaria deben iniciarse ese día y en el nivel de educación media, el lunes 4 de octubre.

¿Qué significa entonces el anuncio del inicio de actividades presenciales en octubre? ¿Significa que las escuelas iniciarán actividades tal como está establecido en las normas y que, en octubre, lo que se iniciará será, en el caso de los niveles de educación inicial y primaria, un plan combinado (presencial y a distancia)? Porque un plan exclusivamente presencial es muy poco probable, mientras estemos en pandemia.

Al respecto, cabe resaltar que este lunes 30 de agosto, en las redes sociales del ente rector, tanto en la cuenta de Twitter oficial del nivel central, como en las de algunas de sus instancias desconcentradas, se reseñó la realización de una reunión, en la que se estaría presentando a las Zonas Educativas, un “plan de trabajo” para el inicio del año escolar 2021-2022, sin embargo, por el contenido de los mensajes, no quedó claro si el plan era para el inicio de las clases, o para el retorno a las aulas y tampoco se especificó la fecha del mismo. A continuación se pueden ver dos de las publicaciones. La primera corresponde a la cuenta oficial del ministerio y la segunda, a la cuenta personal de la viceministro de ese despacho.

Faltando tan poco tiempo, para la fecha en la que, por normativa, se deberían iniciar las actividades del próximo año escolar 2021-2022, esa información es imprescindible, porque tanto las escuelas, como los docentes y las familias, requieren planificar con tiempo, lo que sucederá en su dinámica cotidiana, a partir del 16 de septiembre. Las familias a partir del 16 de septiembre, pero las escuelas, sus directivos y docentes, así como el personal de supervisión, específicamente los de educación inicial y primaria, que iniciarán actividades con estudiantes ese día, requieren planificar y organizarse con anticipación.

Otra cosa que se requiere conocer, es la situación real de las escuelas, de cada una de ellas y las condiciones que ameritan trabajos de mantenimiento, dotación y ajustes adicionales, independientemente de que el inicio del año escolar, no incluya clases presenciales.

Con respecto a este punto, en el trabajo realizado desde este proyecto a lo largo del año escolar 2020-2021, en un grupo de escuelas en 5 entidades (Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Zulia), que incluyó información sobre planteles de dependencia nacional, estadal, municipal y privada subvencionada, en zonas tanto rurales como urbanas y de todos los niveles, con oferta específica de un nivel (1 escuela inicial, 15 primarias, 10 de media general, 2 de media técnica) o combinada (16 con inicial y primaria, 8 con primaria y media general y 6 con los tres niveles), pudimos conocer:

  • Que solamente 3 escuelas contaban con todos los servicios y solo en una de ellas, 6 servicios no presentaban fallas. El servicio que presentaba fallas era el de agua potable. En las otras dos, solo 3 y 4 servicios no presentaron fallas, respectivamente.
  • En cuanto a la disponibilidad de los servicios, el 95% de los planteles tenían electricidad, sin embargo, ese número desciende cuando se incluyen los factores de funcionamiento, más allá de las fallas y racionamiento que hacen que no puedan contar con el servicio total o parcialmente. Como ejemplo, podemos poner el de 4 escuelas que teniendo acceso al servicio, no podían utilizarlo por el robo del cableado, pero también el caso de 2 más que tienen el servicio, pero solamente en algunas áreas de las edificaciones. En cuanto a la calidad en la dotación del servicio, el 82% de las escuelas presentan fallas que incluyen racionamiento, inestabilidad y cortes o apagones.
  • Con respecto a los servicios de agua (blancas y servidas), pudimos conocer que el 81% de las escuelas contaban con estos servicios, sin embargo, en un 79% presentaron fallas recurrentes en el suministro de aguas blancas, por cortes programados o inesperados, y 45% tenían fallas en el sistema de aguas servidas. De acuerdo con este dato, pudimos observar que el servicio que presentó menos fallas en las escuelas, fue el del aguas servidas, con un el 55% que reportó no tener fallas.
    En este punto, cabe señalar que las fallas en el sistema de aguas servidas se producen por falta de mantenimiento. Es importante resaltar, en este caso, que en algunas escuelas, este servicio se restringe a la existencia de pozos sépticos.
    El mal funcionamiento de este servicio ha tenido como consecuencia que durante el año escolar 2020-2021, se presentara un bote de aguas servidas en los baños y en el patio central de una de las escuelas de Carabobo y que, en las últimas semanas del mismo, una de las escuelas del Zulia, que cuenta con pozos sépticos, tuviera una inundación de aguas servidas en las instalaciones. En las otras escuelas en las que se han presentado fallas en este servicio, no se registraron botes durante el año escolar 2020-2021, sin embargo, se requiere hacer mantenimiento para evitar el desbordamiento del sistema, por las lluvias, en el caso de las escuelas con pozos sépticos y los botes, por obstrucción de las tuberías del sistema, en los otros casos.
  • Como es de conocimiento público, como parte de las condiciones que permiten el ejercicio del derecho a la educación, las escuelas oficiales deben garantizar de forma gratuita, el servicio de alimentación escolar, especialmente, en las zonas en las que, por las condiciones de vida de la población, se requiere. Para ello, y a diferencia de las fórmulas precedentes, la modalidad que se ha instrumentado en las últimas dos décadas, es la preparación de los alimentos en la sede las escuelas. Ello implica que las escuelas deben tener áreas acondicionadas, tanto para la preparación de los alimentos, como para el almacenamiento de los insumos, así como para su consumo. Este servicio requiere la existencia del equipamiento adecuado y depende de otros servicios, como electricidad, aguas blancas y sistema de aguas servidas, así como del servicio de gas.
    En este caso, pudimos conocer que el 74% de las escuelas contaban con el servicio de gas y en un 63% no presentaba fallas. Sin embargo, las fallas en este servicio son solamente uno de los problemas que dificultan la disponibilidad del Programa de Alimentación Escolar, también se registran fallas en los suministros de los insumos, que deberían estar garantizados por el Estado, fallas que en algunas de las escuelas, incluyen más de un año sin recibir suministros.
  • En cuanto al acceso a las escuelas, pudimos conocer que el 85% de ellas se encuentran en zonas en las que existe el sistema de transporte público, sin embargo, este funciona con fallas en un 65% de los planteles, lo que restringe las posibilidades de asistencia de estudiantes, con sus familias y profesores a las escuelas, así sea para la entrega de portafolios o para las asesorías pedagógicas, en el caso de las familias y los estudiantes. y también para la distribución del PAE, cuando ésta se realiza directamente en la sede de cada plantel.
  • Finalmente, los servicios que reportan mayores deficiencias, tanto en suministro como en funcionamiento, son los de comunicación que son fundamentales para el desarrollo de las actividades a distancia. De hecho, pudimos conocer que solamente el 12% de las escuelas cuenta con conexión a internet y el 9% tiene telefonía fija, por lo que para establecer la comunicación que se requiere, entre directivos y docentes y entre docentes y estudiantes con sus familias, desde las escuelas, el personal debe utilizar tanto sus dispositivos, como sus planes de datos, asumiendo los costos asociados. Adicionalmente, se pudo conocer que de las 7 escuelas que cuentan con conexión a internet, en 3 de ellas, el servicio falla de forma recurrente.

Para ver más detalles sobre esta información, a continuación pueden ver las infografías, con la información que pudimos conocer, organizada, por entidad:

De acuerdo con la situación de las escuelas, poder organizar el inicio del año escolar, es importante considerar que, si el sistema sigue restringiéndose a la modalidad a distancia, las instalaciones de cada plantel se deben utilizar para la elaboración y organización de la distribución del PAE, para las reuniones entre directivos y docentes y para las actividades de acompañamiento académico que se realizan en las semanas de flexibilización. Para todas esas actividades se requiere que la infraestructura esté en condiciones óptimas y que cuente con los servicios básicos, incluyendo los de comunicación (telefonía e internet), así como que se garanticen las medidas de bioseguridad.

Si se cambiara el sistema por uno combinado con actividades presenciales y a distancia, también se requiere garantizar las condiciones básicas, sin interrupciones e incluso, con más capacidad, en algunos de los servicios.

Es por ello que, las escuelas que tengan fallas en el servicio eléctrico por daño o robo del equipamiento, el Estado, con anticipación debe realizar las actividades de mantenimiento que permitan restaurar completamente el servicio y en aquellas que estén ubicadas en zonas en las que no funcione de forma permanente o no cuenten con el servicio de electricidad, el ente responsable del Estado, debe dotarlas con una planta, garantizando el combustible suficiente y recurrente para su funcionamiento, que permita que se desarrollen las actividades durante el horario escolar.

De igual manera, en las escuelas que se encuentren en zonas en las que no esté disponible el servicio de agua potable, o en las que se presenten racionamiento o fallas recurrentes, el Estado debe proveer un sistema de almacenamiento (con la construcción de tanques, cuando se requiera), acompañado de la dotación periódica de camiones cisterna, que corresponda a las necesidades de uso de cada escuela, para que los costos de la dotación no tengan que ser asumidos por la comunidad, como ha venido sucediendo hasta el momento.

En el caso de las escuelas con problemas en el servicio de aguas servidas, el proceso debe incluir el mantenimiento del sistema, para evitar que se puedan producir desbordamientos o contaminación por las fallas en su funcionamiento. Este trabajo debe ser realizado previamente al inicio de actividades presenciales en las escuelas.

De igual forma, en las escuelas en las que está prevista la dotación del Programa de Alimentación Escolar, o de alguna de sus variantes, la instancia responsable del Estado, debe garantizar tanto el suministro de insumos, con la calidad nutricional que corresponda, como la disponibilidad de espacios y equipamiento, en óptimas condiciones, para la elaboración y consumo o distribución de los alimentos. Estas condiciones deben incluir el suministro de gas permanente, sin que los costos sean asumidos por los miembros de las comunidades educativas.

Adicionalmente, debido a los problemas tanto en el funcionamiento del sistema de transporte público, como a las deficiencias en la distribución de la gasolina, el Estado, a través de sus entes responsables, debe organizar por zonas, un sistema que permita prestar el servicio de transporte escolar que puede ser complementario al de pasaje estudiantil, anunciado por el ejecutivo el 6 de agosto. Esta medida es necesaria, porque aunque se garantice un subsidio al pasaje, tal como se establece con la medida anunciada, si en las zonas en las que están ubicadas las escuelas, no funciona el sistema de transporte público, o no tiene unidades suficientes como para garantizar que todos los estudiantes y docentes, puedan llegar a las escuelas, cuando corresponda, el Estado para garantizar el derecho a la educación, tiene la responsabilidad de organizar alternativas de solución.

Estas son medidas que corresponde al Estado instrumentar, debido a que forma parte de sus obligaciones, garantizar las condiciones que permitan que todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación, puedan ejercer el derecho a la educación.

Sin información, no hay balance

El pasado mes de julio, terminó el año escolar 2020-2021 en Venezuela. Un año que se desarrolló con las restricciones propias de la pandemia, pero agravadas por la situación del sistema educativo y la emergencia humanitaria que se vive en el país mucho antes del COVID-19.

Al cierre del año escolar, lo primero que deberíamos tener, es un balance de lo sucedido.

Para conocer un balance real y completo de lo sucedido en el año escolar, debería existir información detallada, actualizada y accesible a todos. Sin embargo, eso dejó de pasar en Venezuela, desde que:
– Cerraron el acceso público al sistema de información del ministerio (por el año 2010).
– Dejaron de ser públicas las memorias y cuentas (la última fue en 2015).
– Se prohibió la realización de investigaciones, y el levantamiento de información en las escuelas oficiales, lo que permitía tener ópticas alternativas y complementarias.

Es por ello que la única fuente de información disponible, en los últimos años, son las declaraciones de funcionarios de los entes oficiales, a través de notas de prensa, de intervenciones en programas o cadenas, y su difusión a través de los medios oficiales, incluyendo sus redes sociales. No obstante, la información obtenida a través de esos canales no tiene ni la completitud, ni la precisión, ni la confiabilidad que se requiere para poder considerarlo un balance real de lo sucedido en el año escolar.

En esta oportunidad, y hasta la fecha (martes 10 de agosto), no existe información oficial en la página del ministerio, ni en las de algunos de sus entes adscritos, como FEDE, sino algunas notas de prensa y videos, en la página de la vicepresidencia y en la de algunos medios del Estado, como VTV.

En efecto, en el portal del ministerio de educación, hasta el martes 10 de agosto, no aparecía información con las estadísticas educativas actualizadas. (Es importante aclarar que en ese portal, no hay información oficial, más allá de algunas notas de prensa, pero no data real y detallada). Y la reseña más reciente era del 26 de julio, tal como se aprecia en la siguiente captura de pantalla con la última publicación.

En sus redes sociales, específicamente en la cuenta oficial de Twitter, lo que estaba publicado hasta la primera semana del mes, eran reseñas de actividades desarrolladas, tanto por la oficina central del ministerio, como algunos de sus entes desconcentrados. Sobre el contenido específico de algunas de ellas, se hará referencia en otra publicación.

En ningún caso, se presentó información sobre los resultados y el balance del año escolar.

El viernes 6 de agosto, se realizó un evento para celebrar la graduación de bachilleres de la cohorte de este año. En dicho evento, tanto la vicepresidenta como el ministro del subsistema de educación básica, tuvieron intervenciones en las que mencionaron alguna información.

De estas intervenciones, más allá de apreciaciones sin datos, la información compartida fue una relación de matrícula por niveles y modalidades, presentada por Eduardo Piñate. En el siguiente cuadro, se recogen los datos mencionados que incluyen la matrícula registrada al final del año escolar 2020-2021 y la cantidad de estudiantes promovidos de un nivel a otro, en Educación Básica regular.

Además de esos datos, Eduardo Piñate, afirmó que durante el año escolar 2020-2021, uno de los mayores éxitos que se podía reportar era que se había garantizado el derecho a la educación en Venezuela, sin embargo, no presentó información o evidencia que respaldara esta afirmación. También dijo que estaban sistematizando las diversas opciones que se desarrollaron en la instrumentación del Plan Cada Familia Una Escuela, pero no señaló cómo se evaluará la eficacia en cada caso. Y otro elemento que mencionó en su intervención, fue que la educación en Venezuela se estaba desarrollando en correspondencia con el proyecto de país que se lleva adelante. Al respecto, es importante mencionar que, como es de conocimiento público, hay aspectos del proyecto de país que se está impulsando desde diversas instancias del Estado, que contienen violaciones a lo que está establecido en la Constitución vigente, por lo que, es importante tener en consideración los aspectos del mismo que están afectando la calidad educativa.

Por su parte, Delcy Rodríguez hizo diversos anuncios que incluyeron dos relacionados con la accesibilidad del derecho a la educación. En uno de ellos, informó que se habían aprobado “más de 14 millones de Euros” para la “dotación” de 19 planteles que se inaugurarán próximamente. No especificó dónde están, cuál es la matrícula que atenderán, ni tampoco los niveles que constituyen la oferta educativa, en cada caso. Es importante mencionar que esa información no se encuentra disponible en el portal del ministerio y tampoco en el de FEDE (portal que estuvo caído hasta ayer, sin embargo, hoy se puede ver que ni en la sección de noticias se encuentran datos sobre las construcciones, y las noticias publicadas son previas al 13 de marzo del 2020, más 4 publicadas el 12 de julio).

Otro anuncio hecho por la funcionaria, fue la aprobación de recursos para “fortalecer” 500 escuelas y “recuperar” 24 mil mesas-sillas. En este caso, tampoco hay información en los portales correspondientes sobre las escuelas a atender, ni del tipo de mantenimiento a realizar en cada una.

Con respecto a estos datos, es importante señalar que, en un informe presentado por el MPP para la Comunicación e Información en enero de este año, dice que en Venezuela existen 31.552 escuelas, de las que el 84% son de dependencia oficial. Y de acuerdo con las últimas cifras oficiales que estaban publicadas en un reporte en el portal del INE, para el año escolar 2017-2018 había 29.412 escuelas en total, de las que 24.411 eran de dependencia oficial.

Eso significa que, de acuerdo con anuncio hecho por Rodríguez el pasado 6 de agosto, se incrementaría 0,06% el total de planteles existentes en el país, tomando las referencias previas de 2018 y 2021 (lo que significaría 0,07% y 0.08% de las escuelas oficiales, respectivamente). Y en términos de mantenimiento menor, se estaría atendiendo el 1,6% y el 1,7% del total de escuelas reportadas en el 2018 y el 2021, lo que representa el 1,9% y el 2,05% de las escuelas oficiales existentes en 2018 y 2021, respectivamente.

De forma complementaria, cabe señalar que en las redes sociales de las organizaciones del Estado, con responsabilidad directa en la garantía del derecho a la educación, en los primeros días de este mes, se encontraron algunas publicaciones reseñando el mantenimiento de unas pocas escuelas en Anzoátegui, Apure y Barinas, una inspección de las obras de realizadas en un Liceo, una jornada de desinfección en una escuela del Táchira y un plan de recuperación de mesas-sillas en un municipio del estado Bolívar. Además de ello, se encontró una mención a reuniones realizadas en 3 entidades Distrito, Sucre y Zulia, en la primera para organizar la seguridad de un plantel durante el período de vacaciones y en las otras dos para organizar actividades de mantenimiento en los planteles educativos. En todos los casos, la información presentada en las publicaciones es puntual, y no permitía tener data real sobre el alcance y desarrollo de las actividades.

En el evento del 6 de agosto, Delcy Rodríguez, también hizo otros dos anuncios relacionados con el sistema educativo: la realización de un proceso de registro para que los estudiantes puedan utilizar el pasaje estudiantil, con un mecanismo de pago electrónico, activado con un código QR y el inicio, el lunes siguiente, de un “plan vacacional”, para estudiantes de todos los niveles y la emisión de un programa de televisión denominado CreArte2.0.

Con respecto al plan vacacional, la funcionaria dijo que éste se realizaría en 15.000 planteles, lo que equivale al 56,6% del total de planteles oficiales, de acuerdo con los datos mencionados previamente. En este caso, es importante conocer dónde están ubicados y a cuántos niños y jóvenes se atenderán durante el período vacacional, así como, cuáles son los planes alternativos, más allá de los programas de televisión, que se garantizarán a aquellos estudiantes del subsistema de educación básica que están inscritos en escuelas de dependencia oficial y que, por la selección de los planteles, no tendrán acceso a este “plan”.

Es importante mencionar que, para la realización de este plan vacacional, se desconocen las instrucciones que deberán seguir las Zonas Educativas y las escuelas. Esta situación es diferente a la del período vacacional del año escolar 2019-2020, en el que el ente Rector, elaboró y envió a las escuelas unas orientaciones para el desarrollo de lo que, en ese momento, se denominaba el “Plan Cada Familia Una Escuela en Vacaciones” y que incluía instrucciones para las actividades de mantenimiento escolar, así como para las de recreación.

Adicionalmente, a pesar de que no se había anunciado como una actividad y de que se desconocen las orientaciones respectivas, durante la primera semana de agosto, se vieron algunas publicaciones de Aragua, Monagas y Portuguesa, mostrando actividades de lo que se denominaba en ellas como Plan “Escuelas Abiertas en Agosto”. En Distrito Capital, lo que se difundió fue información sobre la realización de mesas de trabajo para planificarlas.

Después del anuncio hecho el 6 de agosto, e iniciada la segunda semana del mes, se han encontrado otras publicaciones con información sobre el plan, en este caso, mostramos la de Sucre y 3 de Distrito, con información diversa, en la primera, se presentan escuetamente, las opciones a ofrecer, en la segunda se reseña la realización de una reunión de organización de las actividades del plan, y en la tercera, con un enfoque contrario a la esencia cívica establecida en la Constitución, se muestra el inicio de las actividades de formación en idiomas.

En todos los casos, hasta el momento, es importante hacer notar que, es muy poca la información con la que se cuenta públicamente sobre esta actividad, que el plan “Escuelas Abiertas en Agosto” de ser el mismo que fue anunciado en el acto del pasado 6, estaría iniciando en muchas zonas educativas con una semana de atraso y pareciera que producto de alguna decisión oficial, ya que, en el anuncio se especificó que iniciarían las actividades de recreación este lunes 9. Esta situación pone en evidencia la falta de planificación y de coordinación entre las instancias del ente rector, en sus diversos niveles de organización, planificación que debió hacerse antes de finalizar el año escolar si se trataba de un plan para desarrollar actividades a lo largo del mes de agosto, como su nombre lo dice. Esta situación, más la restricción en el número de instituciones habilitadas para desarrollar las actividades, tiene como consecuencia un trato desigual a los estudiantes, dependiendo del lugar en el que residen.

Hasta aquí hemos hecho referencia a la información que está disponible, debido a las restricciones a las que hicimos mención al principio. Pero ¿cuál es la información que, como país y como ciudadanía, deberíamos tener?

Para poder decir que tenemos un balance de lo sucedido en el año escolar 2020-2021, deberíamos:

  • Saber cuántos estudiantes cursaron efectivamente el año escolar, con su relación por edad y sexo en cada año y grado. Y dado el contexto de la pandemia, al decir efectivamente, no se puede hacer referencia solamente, como en las situaciones pre-pandemia, a la asistencia a lo largo del año escolar, sino que se debe tener una relación de la comunicación efectiva de los docentes y las escuelas, con los estudiantes y las familias.
  • Obviamente, de forma complementaria, se debería tener una evaluación de los aprendizajes reales logrados por los estudiantes, al finalizar el año escolar. En este caso, se requiere eliminar la lógica de la “certificación automática” que se ha instrumentado en el subsistema de educación básica.
  • Saber cuántos docentes estuvieron en ejercicio permanente, cuál fue su nivel de comunicación con los estudiantes y las familias y de interacción con los directivos de su escuela y con los supervisores de la Zona Educativa. En este caso, se requiere saber también, cuál es el nivel de formación de cada docente, así como, las competencias que tiene para desarrollar las actividades en el nivel y año que les corresponda.
  • Deberíamos tener un censo del personal directivo, administrativo y obrero de cada escuela, su estatus y actividad a lo largo del año escolar. En el caso de todos, pero, especialmente, en el del equipo directivo, se requiere saber cuál es su nivel de formación y competencias para desarrollar las actividades propias de sus cargos.
  • Otra cosa que se debería saber, con detalle, es el estatus de las Zonas Educativas, las Autoridades Únicas, las Direcciones de Educación de gobernaciones y alcaldías, a lo largo y ancho del país, con cuál personal cuentan, cuál estuvo activo a lo largo del año escolar, cuántas veces visitaron las escuelas a su cargo, y también, como en el caso de los directivos, cuál es su nivel de formación y competencias para desarrollar las actividades propias de sus cargos.
  • Tener un inventario con las condiciones de la infraestructura de cada una de las escuelas a lo largo y ancho del país, con una relación del estatus de los servicios públicos que requieren para su funcionamiento.
  • Saber cuál fue la cobertura real del PAE y la calidad nutricional de las comidas, en cada una de las escuelas oficiales.
  • En Venezuela, también deberíamos tener información sobre los planes de estudio, su estatus de desarrollo e instrumentación y la evaluación de los materiales y recursos que se utilizaron en cada nivel y modalidad.

Esta data, en términos generales, es imprescindible, independientemente del contexto en el que se desarrolle el año escolar para poder tener un balance de lo sucedido. Pero en pandemia, además, deberíamos saber:

  • En cuantas familias se pudieron instrumentar las actividades del plan Cada Familia Una Escuela, cuántas contaban con condiciones para desarrollarlas y apoyar a los estudiantes; y cuántas recibieron acompañamiento y apoyo, de qué tipo, con qué frecuencia y suministrado por quién.
  • En cuántas escuelas, cuántos y cuáles docentes, utilizaron variantes del Plan, cuál fue la variante, a cuántos estudiantes pudieron llegar efectivamente.
  • Y en cuantas escuelas, cuántos y cuáles docentes, utilizaron los programas y materiales del Plan Cara Familia Una Escuela para desarrollar sus procesos.

Mientras el país no cuente con esa información detallada, no se puede afirmar que se garantizó el derecho a la educación, que no se incrementaron las desigualdades sociales y territoriales, ni que el año escolar culminó con éxito; así como tampoco, sin evaluar la efectividad de todas y cada una de las variantes del Plan Cada Familia Una Escuela, es decir, sin conocer qué tanto alcance tuvo cada variante y cuánto aprendieron los estudiantes en cada caso, se puede afirmar que son “soluciones creativas” que permitieron desarrollar los aprendizajes el año escolar pasado.

Sin información, lo que se tienen son referencias puntuales, reseñas anecdóticas y propaganda.

151 años del Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria, Decreto 1.723

78 años antes de la adopción de Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo artículo 26, numeral 1, establece que:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuitamente, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos

El 27 de junio de 1870, el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, promulga el Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria, decreto 1.723. El texto contiene 76 artículos o cláusulas, organizados en dos secciones y tal como lo recogen Abreu (2015) y Duarte (2008), el primero de ellos establece que una parte de la educación pública, será obligatoria:

La instrucción pública en Venezuela es de dos especies: obligatoria o necesaria, y libre o voluntaria

El segundo presenta como norma su obligatoriedad sin ningún tipo de discriminación, determina la responsabilidad del Estado en garantizarla de forma gratuita y establece las áreas generales de formación:

La instrucción obligatoria es aquella que la ley exige a todos los venezolanos de ambos sexos, y que los poderes públicos están en el deber de dar gratuita y preferentemente. Comprende por ahora los principios generales de moral, la lectura y la escritura del idioma patrio, la aritmética práctica, el sistema métrico y el Compendio de la Constitución federal”.

La norma de la gratuidad también se aplica a la educación voluntaria o libre, siempre que los entes del Estado estén en condiciones de hacerlo, tal como se expresa, en el tercer artículo o cláusula:

La instrucción libre abarca todos los demás conocimientos que los venezolanos quieran adquirir en los distintos ramos del saber humano. Esta especie de instrucción será ofrecida gratuitamente por los Poderes públicos en la extensión que les sea posible

Estas disposiciones que establecen obligaciones y gratuidad, tienen un complemento en el artículo o cláusula 5, involucrando a las familias en la responsabilidad y el financiamiento, que incluye la incorporación a las escuelas, cuando las familias no tengan los conocimientos o los recursos para la formación de los niños y jóvenes.

Todo padre, madre, tutor o persona a cuyo cargo esté un niño o niña mayor de siete años y menor de edad, está obligado a enseñarle los conocimientos necesarios o pagar un maestro que les enseñe, y en caso de no poder hacer ni una ni otra cosa, deberá mandarlo a la escuela pública del lugar

Así como una precisión del alcance de las responsabilidades de los entes del Estado, en el artículo o cláusula, 7:

La Nación, los Estados y los Municipios están obligados a promover en sus respectivas jurisdicciones y por cuantos medios puedan, la instrucción primaria, creando y protegiendo el establecimiento de escuelas gratuitas en los poblados y en los campos, fijos y ambulantes, nocturnos y dominicales, de manera que los conocimientos obligatorios estén al alcance de todas las condiciones sociales

Por otra parte, el artículo o cláusula 10, establece la responsabilidad del Estado de apoyar y proteger las iniciativas, sean éstas provenientes del Poder Federal, o de iniciativas no gubernamentales:

Todo esfuerzo en beneficio de la instrucción primaria, sea de un individuo, de una asociación o del Poder Federal, será eficazmente secundado y protegido por las autoridades de los estados”.

Para garantizar la gratuidad, de forma complementaria y en relación a las escuelas primarias, en el artículo o cláusula 29 se crea un impuesto destinado a su financiamiento.

Se establece un impuesto nacional sobre la circulación de los valores en la forma que se expresará; y su producto íntegro se destina a la fundación y sostenimiento de escuelas primarias”.

Y para poder llegar a toda la población, el artículo o cláusula 20, establece:

Las escuelas primarias de niños o niñas serán fijas o ambulantes, las primeras se establecerán en las ciudades, villas o poblados y las segundas en los caseríos y en los campos”.

Así como, el artículo o cláusula 21, considera la existencia de escuelas de adultos, con horarios especiales, para ampliar el acceso a la educación esencial, para todos.

Las escuelas primarias de adultos pueden ser dominicales y nocturnas”.

Otro elemento a considerar del contenido de este decreto, es el trato a quienes ejercieran funciones en educación. En este caso, en los artículos o cláusulas 25 y 26, se establecen dos condiciones básicas de contratación: la pensión por jubilación (25) y recompensas extraordinarias derivadas de la cantidad de estudiantes formados (26).

Artículo o cláusula 25: “Todo preceptor o preceptora que enseñe por quince años consecutivos las primeras letras en las escuelas de la Nación obtendrá su jubilación y gozará durante su vida de una pensión igual al sueldo que disfrutaba y que se pagará de las rentas de instrucción primaria”.

Artículo o cláusula 26 “La Dirección nacional acordará recompensas extraordinarias a los profesores y profesoras que enseñen a mayor número de alumnos en un año”.

Como resultado de la promulgación del Decreto 1.723, de acuerdo a las fuentes consultadas: en 1873, de acuerdo a la reseña hecha en el Diccionario de Historia de Venezuela, existían 141 escuelas federales con 7.064 estudiantes y 251 escuelas municipales, con 8.017 y en 1885, las escuelas habían aumentado a 1.312 escuelas federales con 80.900 estudiantes y 645 escuelas municipales, con 18.556.

Referencias:

Abreu, A; (2015); Decreto De Instrucción Pública, Gratuita Y Obligatoria De Antonio Guzmán Blanco. Un Referente Histórico – Educativo (http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/download/5/21?inline=1)

Duarte, J; (2008); La universidad católica de Bogotá y la formación de profesionales durante la regeneración 1884-1890, Revista Heurística, Saber-ULA. (http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/21099)

La información del Diccionario de Historia de Venezuela, se puede ver en el siguiente enlace: https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/d/decreto-de-instruccion-publica-gratuita-y-obligatoria/

¿Reinicio de actividades sin planificación?

A 11 días del reinicio de actividades después del asueto de navidad, es importante recordar que, los procesos educativos, independientemente de la modalidad con la que se desarrollen, requieren planificación.

De hecho, cuando los procesos educativos se desarrollan de manera presencial, para el inicio del año escolar cada escuela, con base en los programas de estudio, las evaluaciones de aprendizaje, las precisiones establecidas en el calendario escolar, diseña su proyecto pedagógico, y cada docente, su planificación anual.

La planificación de cada docente, se va afinando y modificando, a lo largo del año escolar, para ajustarse a las necesidades específicas de los estudiantes que surgen durante el desarrollo de las actividades y en función de las capacidades, los tiempos y las dinámicas trabajo. También se ajustan, para resolver problemas que se pueden presentar por imprevistos o aspectos externos.

Antes, durante y después, se producen intercambios entre docentes y entre los docentes con sus coordinadores, y directivos, además de encuentros periódicos con supervisores, para hacer seguimiento al proceso e identificar ajustes necesarios. Así mismo, se producen intercambios y reuniones con los estudiantes, y con sus padres y representantes para hacer seguimiento al proceso, con variantes, dependiendo de las peculiaridades de cada nivel y etapa.

Se trata de un proceso permanente y dinámico que se ha dado tradicionalmente en el sistema educativo venezolano, con algunas modificaciones en los tiempos de instrumentación, en las últimas décadas.

Con la aparición de las “instrucciones ministeriales o viceministeriales”, la planificación comenzó a incorporar algunas modificaciones temáticas puntuales, para ajustarse a las pautas establecidas en dichas instrucciones.

Al cambiar la modalidad a educación a distancia, las necesidades de preparación y organización, así como los instrumentos para ello, no desaparecen, cambian en su naturaleza, dinámica y tiempo de diseño e instrumentación. De la misma manera, se modifican los roles de los actores participantes.

El contexto y las razones por las que se producen cambios en el sistema educativo pueden determinar algunas condiciones, por la necesidad de dar una respuesta a una emergencia, como sucedió en marzo del 2020, con la declaración de la cuarentena por el COVID-19. En situaciones de emergencia, se pueden adoptar decisiones y alternativas desarrolladas con poca planificación, que requirieran evaluación y ajustes profundos, durante su instrumentación.

Sin embargo, eso no justifica que la lógica establecida para el Plan Cada Familia Una Escuela, no siga una adaptación de las pautas de funcionamiento, a la modalidad de educación a distancia, ni que, para el inicio del año escolar 2020-2021, tomando como referencia la experiencia previa y también las de otros países, no existieran estrategias alternativas que estuvieran diseñadas, evaluadas y planificadas y que permitieran dar respuesta lo más sólida, anticipada y planificada a la nueva realidad en educación básica.

Esas estrategias debían incluir las características propias de la modalidad que se decidiera emplear, con la combinación de técnicas y herramientas que permitieran que todos los estudiantes tuvieran acceso real a un proceso educativo de calidad. Incluso, podría incluir una combinación de modalidades, si, de acuerdo a la consulta que dijo que se había realizado antes del inicio del nuevo año escolar y también de los reiterados anuncios que se hacen periódicamente al respecto, se estuviera evaluando la factibilidad de tener una alternativa que incluyera actividades presenciales.

En su lugar y hasta el momento, el ministerio ni ha presentado pública y detalladamente, un balance sobre lo sucedido el año escolar pasado y el alcance de los aprendizajes de los estudiantes en cada región y localidad, ni ha presentado la planificación detallada de cómo se desarrollará el año escolar actual, con las variantes que se requieran y los ajustes producto de los aprendizajes en la instrumentación del proceso el año escolar pasado.

Al respecto, es importante mencionar que, con fecha de Septiembre 2020, el ministerio editó un documento que tiene lo que denominó una “Sistematización de Experiencias” sobre lo sucedido en el país, en la instrumentación del Plan Cada Familia Una Escuela, y su propósito es promover el debate. El documento se llama “Educación lugarizada desde lo común en contextos de no presencialidad y confinamiento. Resignificaciones territoriales del ‘Plan Cada Familia Una Escuela’ Venezuela”, y contiene una descripción general, con algunos breves registros anecdóticos, de lo que identifican como 31 estrategias, más 9 categorías con las que interpretan y sistematizan lo sucedido.

En la sistematización de esas experiencias, se pone en evidencia, entre otras cosas, el traslado de responsabilidad del ente rector, a las instancias desconcentradas y a las familias, para dar respuesta a las responsabilidades de garantizar el derecho a una educación de calidad, detalle que es importante resaltar, porque una cosa es flexibilizar y abrir los espacios de participación de los actores de las comunidades educativas, para adaptar y adecuar los procesos a las características y necesidades de cada comunidad, y otra muy diferente, es que las comunidades hayan tenido que enfrentar el desarrollo de las actividades educativas, asumiendo los costos en recursos económicos, tiempo y calidad, para evitar la suspensión de actividades por falta de condiciones.

En todo caso, es importante revisar este material con detenimiento y debatir sobre sus hallazgos, pero para poder valorar sus resultados, su idoneidad, sustentabilidad y eficacia, es imprescindible, hacer una evaluación profunda y detallada de los procesos y los costos asociados, de los mecanismos de acompañamiento y seguimiento utilizados y, especialmente, de los aprendizajes reales de los estudiantes en cada caso.

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, así como la evaluación de las condiciones de las escuelas y la formación de los directivos y docentes, para manejarse en la modalidad de educación a distancia, es algo que el ministerio no ha realizado hasta el momento y que debería haber adelantado para poder hacer los ajustes y correctivos que un proceso de trasformación, como el que implica un cambio de modalidad de este tenor, requiere.

En lo presentado hasta el momento, se ha mantiene la lógica y la dinámica usada el año escolar pasado que impide la planificación tanto de las escuelas y los docentes, como de las familias, con algunas modificaciones.

En este punto, es importante aclarar que la improvisación, la falta de planificación o la reducción de los plazos en la misma, no son características propias de la educación a distancia. De hecho, la programación en educación con la modalidad de educación a distancia, puede tener ajustes periódicos, pero, como en el caso de la educación presencial, se requiere hacer una planificación con tiempo, incluyendo el diseño de los materiales y recursos, con suficiente anticipación para que estén probados y disponibles para todos.

Los días previos al reinicio de las actividades escolares, no había información suficiente para que tanto los supervisores, como los directivos y docentes, pudieran retomar su planificación y hacer algunos ajustes de acuerdo a las pautas del Plan Cada Familia Una Escuela, que se va presentando a cuenta gotas en el portal diseñado como parte de su gestión.

El 4 de enero se publicitó en las redes sociales del ministerio y de algunas zonas educativas, la realización de una reunión de trabajo, pero oficial y públicamente, no se suministró información detallada sobre su contenido. Mientras, en el portal oficial del ente rector, no había información actualizada. (La situación en ese portal se mantuvo así, hasta hace pocos días. De hecho, el lunes 11 de enero, a las 11:30 am, seguía con la misma información del año pasado y las notas de prensa actualizadas, comenzaron a publicarse, después).

Desde el 4 de enero, hasta varios días después de iniciar las actividades, las zonas educativas aún estaban recibiendo las instrucciones para este nuevo lapso, por lo que la planificación, que debía hacerse y ajustarse con anticipación por escuelas y docentes, no podrá ser instrumentada, hasta que la información incorporara las modificaciones establecidas.

En el portal del Plan Cada Familia Una Escuela, también se han presentado atrasos y diversidad en los tiempos de publicación. De hecho, justo antes del reinicio de actividades, no todos los niveles tenían información publicada y parte de los materiales generales que deberían estar disponibles en la sección de “Fundamentos”, no se encontraban disponibles. (Algunos aún siguen sin estarlo). En este punto, es importante señalar que las fechas de elaboración de los materiales, para las actividades de los primeros días, variaban entre el 10 de diciembre del 2020 y el 4 de enero del 2021.

Las guías pedagógicas, semanal y bimensual, que están diseñadas para ser distribuidas como encartados, o como documentos digitales, en las zonas del país sin acceso a internet, fueron elaboradas, el 5 de enero la primera y el 18 de diciembre, con una modificación el 4 de enero, la segunda.

En estas guías, una de las muestras de la falta de rigurosidad en la elaboración y en la planificación, es la omisión de las actividades para educación primaria, correspondientes al 15 de enero. Las primeras 3 imágenes son capturas de pantalla de las actividades incluidas en la guía semanal y las otras 4, de las incluidas en la guía bimensual para cada nivel.

La irregularidad en los tiempos de publicación de los materiales en este portal, aún se mantenía ayer 17 de enero, tanto en la sección con la programación por nivel, como en los documentos generales en la sección “Fundamentos”. A continuación se presentan las correspondientes capturas de pantalla, en las que se evidencia, por una parte, las fechas de la programación de actividades disponibles, y por la otra, la ausencia de documentos con las instrucciones para el segundo momento pedagógico, que deberían estar incluidos, porque ya fueron producidos y han circulado, a través de la red de supervisores de algunas de las zonas educativas.

Como se puede apreciar, también en estas capturas de pantalla, la educación intercultural carece de materiales, más allá del que se publicó el año pasado y que correspondía a la planificación del 12 al 16 de Octubre.

Con esas irregularidades y deficiencias, resulta imposible que todas las escuelas, docentes y familias, estén en condiciones para preparar el proceso educativo y las actividades de manera oportuna y garantizando idoneidad y calidad.

Pero otro elemento que imposibilita el trabajo de planificación requerido, es el cambio en las directrices derivado de las deficiencias en la gestión del sistema educativo. En este período, el ejemplo más claro de ello, fue lo sucedido con la directriz de incorporación de evaluaciones presenciales, a partir de febrero.

De acuerdo a la información obtenida, en la reunión de coordinación con las zonas educativas, que el ministerio realizó el 4 de enero, una de las pautas registradas fue la incorporación de actividades de evaluación presencial. De ello quedó registro en la información distribuida a través de varias zonas educativas y en las declaraciones públicas de algunos representantes de las instancias de las regiones. De hecho, además de las declaraciones, circularon mensajes por chat, escritos y en audio, en algunos estados Barinas, Bolívar, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta y Zulia, entre otros, con este anuncio desde el 5 de enero.

En un chat entre el supervisor y el grupo de directores de las escuelas de su circuito, se incluyó, como parte de las instrucciones recibidas en dicha reunión, lo siguiente: “En este lapso se incorpora la evaluación presencial para primaria y media de forma progresiva y con las normas de bioseguridad”. Los jefes de Zona de Barinas y Carabobo, así como la Directora Regional de Educación de Miranda, lo incluyeron en sus declaraciones (*) y la Autoridad Única del Estado Bolívar lo incluyó en sus declaraciones de prensa y en un audio difundido a través de la red de supervisores de esa entidad.

Audio de la Autoridad Única del Estado Bolívar

Sin embargo, el sábado 9 de enero comenzaron a aparecer reseñas y notificaciones sobre la suspensión de la decisión. De acuerdo a las declaraciones reseñadas por el Diario Primicia (**), la Autoridad Única del Estado Bolívar, dijo que se trataba de una decisión comunicada por el ministerio en una reunión realizada el día previo.

La información también circuló a través de la red de supervisores, en algunos audios, como el siguiente:

Supervisora comunicando suspensión de la incorporación de evaluaciones presenciales

Posteriormente, en un programa de televisión emitido el lunes 11 de enero, Aristóbulo Isturiz dijo que habían presentado una propuesta ante el Ejecutivo Nacional para su estudio. Adicionalmente, en una declaración algo diferente sobre lo que se encontraba en estudio, el 12 de enero Nicolás Maduro, de acuerdo a lo contenido en la nota de prensa publicada en el portal oficial del ministerio, dijo que “se estudia la posibilidad del regreso a clases de manera presencial. “Una junta escolar por escuela, por liceo, por universidad, a un modelo de presencia directa en el aula de clases con todas las medidas de bioseguridad, en función de fortalecer el segundo y tercer trimestre del año escolar 2020-2021 que está en pleno proceso de desarrollo”” (***).

Hasta el momento, y a pocos días para iniciar el mes de febrero, no se ha presentado información adicional, sobre cómo, quién y qué es lo que se está evaluando específicamente y mucho menos, sobre las medidas que se tomarán para incorporar una decisión, con un cambio de esa naturaleza, en la lógica del Plan Cada Familia Una Escuela, cambio que implica, además de la modificación de la planificación de los docentes y las familias, el aumento en la inversión de todos los miembros de la comunidad educativa, en transporte e insumos para garantizar la bioseguridad, tanto en las escuelas, como en el trayecto.

Esa omisión, así como la ausencia de información sobre la evaluación de lo sucedido el año escolar pasado y el primer lapso, o momento pedagógico, del presente, más los permanentes cambios en las pautas y la información, afectan la capacidad de docentes y familias para realizar sus actividades y tienen un impacto diverso y diferenciado, de acuerdo a las condiciones de cada familia y cada escuela, en los aprendizajes y en la calidad de la educación que se ofrece y en consecuencia, en la realización del derecho a la educación en Venezuela.


(*) A continuación los enlaces de las declaraciones mencionadas:

Barinas: https://lanoticiadebarinas.com/locales/mas-192-mil-estudiantes-retoman-clases-distancia-barinas/

Carabobo: https://www.el-carabobeno.com/planteles-educativos-de-carabobo-implementaran-evaluaciones-presenciales/

Miranda: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/centros-educativos-de-miranda-realizaran-evaluaciones-presenciales/

(**) Enlace a la reseña del Diario Primicia: https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/suarez-evaluaciones-presenciales-fueron-pospuestas/

(***) Nota de prensa: http://me.gob.ve/index.php/noticias/138-noticias-2021/enero-2021/6912-presidente-maduro-anuncia-que-se-evalua-el-regreso-a-clases-de-forma-presencial

Uso político-partidista del sistema educativo

Desde que el ejecutivo nacional anunció su participación en un proceso electoral el 6 de diciembre, a través de la red de supervisores del subsistema de Educación Básica, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las Autoridades Únicas, comenzaron a circular mensajes haciendo llamados a la participación de los miembros de las comunidades educativas en el mismo. Estos mensajes circularon por los canales que, regularmente emplea el Estado, a través de los órganos del poder ejecutivo, para comunicar información e instrucciones a las escuelas.

Los mensajes incluían llamados a los jóvenes para organizarse e inscribirse en el registro electoral, para la captura de votos (identificación de “votos duros”) por parte de directivos y docentes, incluso para la realización de un simulacro, en el que se hacía un llamado a trabajadores del Programa de Alimentación Escolar, a participar junto a las UBCHs, para afinar la maquinaria. En la muchos de esos mensajes se hacía mención directa tanto del partido de gobierno, como de organizaciones de corte político, asociadas directamente con las comunidades, como el Frente Francisco de Miranda y las UBCHs.

Por otra parte, desde los medios oficiales, también se divulgó información sobre jornadas para verificar las condiciones y conectividad de algunas escuelas, en su condición de centros electorales, lo que generó algunos reclamos por parte de miembros de sus comunidades educativas, porque la verificación de la conectividad era exclusivamente para el proceso electoral y no para el desarrollo de las actividades regulares del año escolar que, por el cambio de la modalidad, incluyen el uso de internet.

El fin de semana del mencionado proceso, se volvieron a registrar llamados a través de los canales oficiales de comunicación en el subsistema de Educación Básica. Estos incluían propaganda electoral, y llamados a la organización y el ejercicio del voto, con clara referencia partidista. En ese momento, se estaban violando, tanto la norma electoral de hacer campaña fuera de lapso, como las normas electorales y educativas que prohíben, por una parte, el uso de los recursos del Estado para actividades político-partidistas, y por el otro, el uso político partidista y la promoción de un opción ideológica, desde el sistema educativo. Esto sucedió en diversas entidades a lo largo y ancho del país.

Específicamente, en el Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el mecanismo de comunicación institucional usado regularmente para el intercambio de información de los supervisores con los directores de las escuelas, fue utilizado para enviar mensajes político-partidistas a través de videos, mensajes escritos y audios. Ese uso también fue registrado en otros municipios del estado, como San Francisco y Maracaibo.

Entre los mensajes que circularon, se incluyó el siguiente audio de campaña de una de las candidatas, quien fuera previamente Autoridad Única de la entidad, cargo que dejó vacante para su postulación por el Municipio San Francisco. El audio, que se puede escuchar a continuación, fue enviado originalmente por la profesora encargada de la Zona Educativa y después circuló por varios de los chats institucionales.

Mensaje de campaña electoral, enviado desde la Zona Educativa

Ya el día del proceso electoral, el domingo 6 de diciembre, desde la madrugada, circularon por los canales institucionales, mensajes escritos como el siguiente:

Y mensajes de audio, llamando a la participación, como el siguiente, grabado por el Gobernador del Estado Zulia, pero dirigido a la militancia de su partido y organizaciones afines.




Audio del Gobernador del Estado Zulia, enviado por el grupo de chat institucional

El control sobre la participación de diversos miembros de las comunidades educativas, a través de las redes institucionales, se mantuvo durante todo el proceso electoral, incluyendo la solicitud de movilización para promover el voto, del traslado de votantes a los centros electorales, del suministro de evidencias, tanto fotográficas, como de datos específicos de cada votante y también el reporte de la cantidad de personas de cada sector de las comunidades, que había participado. A continuación se presenta: una captura de pantalla de un mensaje con los detalles de la solicitud y otras capturas de pantalla con un reporte, tanto de una cocinera después de votar, como de la cantidad de cocineras reportadas como votantes.

Estas que constituyen registros de violación tanto de las normas electorales, como de las educativas, ponen en evidencia el uso político-partidista de toda la estructura oficial del sub-sistema de Educación Básica en Venezuela y del control de una parcialidad política sobre el mismo, violando todo lo establecido tanto en la Constitución, sobre el funcionamiento de las instancias del Estado, como de los convenios y tratados de derechos humanos suscritos por el país.

Sigue en riesgo la gratuidad de la educación en Venezuela

En Venezuela, de acuerdo a la normativa existente, la educación básica, es obligatoria y debe ser gratuita en las escuelas de dependencia oficial. Esto significa que las escuelas que ofrecen educación inicial, primaria y media, que son administradas por el Estado, en todos sus niveles de gobierno, no pueden cobrar ni aranceles de inscripción, ni mensualidades, así como tampoco, solicitar colaboración a las familias, o a los estudiantes, en forma de insumos o trabajo.

Sin embargo, desde hace más de una década, a pesar de las normas que expresamente lo prohíben, se han registrado solicitudes de “colaboración” a estudiantes y a padres y representantes. Esta “colaboración” ha estado asociada a las labores de mantenimiento escolar, cuyo desarrollo ha recaído en la comunidad educativa, trasladando en la práctica, los costos de mantenimiento escolar, que deberían asumir los organismos del Estado, con responsabilidad en la gestión de las mismas. Eso lo hemos reportado previamente en nuestras publicaciones. 

Actualmente, a esas solicitudes, con el consecuente traslado de la responsabilidad de asumir los costos de la gestión escolar, en el marco de la cuarentena, por el COVID-19, se han comenzado a registrar, en diversas escuelas oficiales, solicitudes, no solo de los insumos para realizar la limpieza, sino que también se solicita a los representantes la realización de pagos (inscripción y mensualidades), como “colaboración” para cubrir los gastos de funcionamiento de la escuela, incluyendo los de papelería.

Es importante recordar que en muchas escuelas de dependencia oficial, desde hace más de dos décadas, por la reducción del presupuesto para la compra de insumos, muchos docentes y representantes donaban, con cierta periodicidad artículos, como resmas de papel, para garantizar la realización de algunas actividades administrativas y pedagógicas. Eso que comenzó como una irregularidad esporádica, aunque recurrente en algunos casos, se está transformando, en algunas escuelas, en una práctica ilegal, que atenta contra el derecho a la educación y cuyos responsables son el MPPE, y las Gobernaciones y Alcaldías que tienen a su cargo la administración de escuelas en el subsistema de Educación Básica.

En este marco, queremos llamar la atención sobre algunos casos, en el Estado Carabobo, de los que nos suministraron información.

En cuanto a la solicitud de insumos, se conoció que en la Unidad Educativa “Fermín Toro II”. (Parroquia Santa Rosa, Municipio Valencia) para el cierre del año escolar 2019-2020, se esperaba que, como parte del Proyecto Integral Comunitario (PIC), los estudiantes realizaran trabajos de mantenimiento de la escuela, (limpieza, pintura, desmalezamiento, etc). Como alternativa, se daba por aprobada la actividad, si los estudiantes llevaban productos de limpieza.

En esa Unidad Educativa, en una reunión realizada en la segunda semana del pasado mes de julio, se estableció la obligación de los representantes, de aportar cinco dólares ($5) para “ayudar con la papelería”. En esa reunión también se ratificó que las familias debían “apoyar” con productos de limpieza.

Adicionalmente, el 9 de agosto los representantes recibieron un mensaje, en el que se les recordaba que debían pagar la “colaboración”, en este caso por un dólar $1 al cambio vigente para el momento. El pago se debía hacer por transferencia a una cuenta especificada en el mensaje. Una vez realizada la transacción, debían enviar la constancia para registro.

Información sobre solicitudes irregulares de pagos, también se presentó en el Liceo Nacional Bolivariano Arístides Bastidas, ubicado en la población de Trincheras, Municipio Naguanagua. En este plantel, los representantes fueron informados de que, para poder recibir la boleta con la evaluación de los estudiantes, deberían pagar “el costo de las mismas”. En este caso, no se pudo conocer el monto, pero sí se pudo saber que las boletas serían entregadas, por el Consejo Comunal, en lugar de por las autoridades del Liceo, lo que constituye un hecho irregular adicional.

En la Escuela Básica Bolivariana Cayaurima, también ubicada en la población de Trincheras, a mediados del mes de julio, se informó a los representantes que el proceso para ratificar las inscripciones se realizaría del 21 al 23 de julio, y que para realizar el procedimiento, debían “aportar” BsF 100.000, lo que constituye, evidentemente, una irregularidad.

Finalmente, en un Centro de Educación Inicial dependiente de una Alcaldía, se han reportado dos irregularidades. La primera se dio al inicio de la cuarentena. Al respecto, los representantes informaron que tuvieron que volver a comprar los útiles escolares, debido a que, cuando se suspendieron las clases, los que habían entregado en la escuela, para el desarrollo de las actividades de los estudiantes, no les fueron devueltos para que pudieran utilizarlos en sus casas.

En este caso, la irregularidad incluyó dos aspectos, la falta de suministro de los útiles escolares, por parte del Estado (es importante recordar que, los útiles, como los uniformes escolares, forman parte de la canasta educativa, que debe ser gratuita, en las escuelas de dependencia oficial); y una problema de gestión escolar, que impidió que las familias contaran con los útiles comprados para desarrollar las actividades de educación en casa, tal como estaba establecidos en el Plan Cada Familia Una Escuela.

La segunda irregularidad tiene que ver con el cobro de aranceles por inscripción y mensualidad. Este plantel, de acuerdo a la información suministrada, solicita una “colaboración” de $20, por inscripción y posteriormente, un monto mensual de $5. La justificación de los directivos del plantel, es que se requieren los recursos para las actividades de mantenimiento y para la compra de insumos y equipos, dañados o hurtados.

En las escuelas oficiales, como se dijo anteriormente, los costos de reparación y reposición de equipos, así como de insumos para la realización de mantenimiento escolar, deben ser asumidos por la instancia responsable de la escuela y no por los miembros de la comunidad educativa.

En todos estos casos, la solicitud de “colaboración” a los representantes, constituye una irregularidad que viola el derecho a la educación, en Venezuela.

Día Mundial de los Docentes

En próximo lunes 5 de octubre, se conmemora el Día Mundial de los Docentes. Este día se celebra todos los años, desde 1994, para recordar que en 1966, como conclusión de una Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, se firmó un acuerdo entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO.

Este acuerdo forma parte de una serie de instrumentos jurídicos, relacionados a educación. Hasta el momento son 21 y cubren diversos aspectos, desde la convalidación de los títulos, hasta el tipo de formación que se puede desarrollar. A continuación tienen las denominaciones de los instrumentos y sus fechas. En el enlace que está en la nota señalada en fuente del cuadro, pueden verlos y conocer el contenido de cada uno de ellos.

Instrumentos2
Fuente: Elaboración propia con información del portal de la UNESCO (1)

El acuerdo de 1966 estuvo sustentado en el reconocimiento del derecho a la educación, y las consecuentes obligaciones de los Estados que se derivan del mismo, así como de lo esencial que es el personal docente en el proceso educativo; y tomó en consideración, por una parte la diversidad de situaciones y legislaciones de los países; por la otra, todas las disposiciones existentes en los convenios internacionales, vigentes al momento, que se podían aplicar a este personal; así como las recomendaciones sobre formación y situación del personal docente que se incluyeron en los acuerdos de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Conferencia Internacional de 1962.

Tenía como propósito generar un marco de recomendaciones que pudieran completar las normas existentes hasta el momento con miras a apoyar el desarrollo y la ampliación de cobertura de la educación general y de la técnica y profesional, a asegurar que el personal docente tuviera una condición acorde a su rol e importancia en el proceso educativo, y también, a poner remedio a la escasez de docentes en los sistemas educativos que se había identificado como un problema importante en ese momento.

En este punto, es relevante señalar que en 1966 era una preocupación en muchos países la falta de docentes en cantidad y con la formación requerida, para atender a la demanda creciente del sistema educativo, en muchos países. Ese que era un problema para Venezuela en ese momento, se plantea como un grave problema, en la actualidad, especialmente en el marco de la emergencia humanitaria que atraviesa el país desde mucho antes de que surgiera la pandemia del COVID19.

Por la fecha y las condiciones en las que se encuentra la carrera docente, en este momento en Venezuela, queremos llamar la atención sobre algunos aspectos específicos del acuerdo de 1966, que a pesar de estar contenidos y haber sido desarrollados, total o parcialmente, en diversos instrumentos normativos, como la Ley Orgánica de Educación de 1980 y su reglamento, el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente de 1991, la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Educación del 2009, así como en algunas cláusulas de las contrataciones colectivas, hoy se encuentran en desuso, altamente cuestionados o sustituidos, de hecho, por prácticas que los anulan o los contradicen, constituyendo un importante retroceso por la desinstitucionalización de la carrera docente.

El texto del acuerdo está estructurado en 13 secciones y 146 párrafos. Lo pueden leer completo en este enlace.

De la sección que contiene los “principios generales”, es importante resaltar que el acuerdo plantea la importancia de reconocer que “el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador” (2), por lo que la situación (3) del personal docente debería garantizar que los educadores gocen del respeto público y de las condiciones de trabajo que les permita entregarse plenamente a sus tareas y que correspondan a la importancia de su rol en el proceso educativo, pero adicionalmente, que tengan formación sólida desarrollada “mediante estudios rigurosos y continuos”, así como un sentido de responsabilidad personal y colectiva, acorde a su rol. (4)

Por otra parte, se ratifica que ni la formación ni las condiciones de empleo de los docentes, pueden estar sujetas a algún tipo de discriminación.(5) Este es un punto de crucial importancia, en este momento, en Venezuela, debido a que los programas de formación docente, en las instituciones promovidas y administradas desde el Estado, establecen que la formación debe estar dirigida al desarrollo de profesionales afines a una corriente de pensamiento. (6)

Los principios generales también hacen mención específica al rol que deben jugar las organizaciones que agrupan al personal docente, especificando que las mismas deberían participar en la elaboración de la política relativa a la profesión docente. (7) En este aspecto, es importante mencionar, la exclusión de buena parte de las organizaciones gremiales, que se ha hecho evidente en los últimos años, en los procesos de discusión y definición de proyectos y acciones específicas, incluyendo los que se han desarrollado en el marco de la respuesta a la pandemia.

Un aspecto complementario a lo especificado en ese principio, está contenido en el párrafo 10, ordinal k, en la que se establece, como deseable una “estrecha” cooperación, entre las autoridades del sector y las organizaciones docentes, de padres, las instituciones de enseñanza y las de investigación al momento de definir la política relativa a la profesión docente y sus objetivos específicos.

En cuanto a la planificación, además de la incorporación de los actores en su diseño, es importante mencionar que el acuerdo, en el mismo párrafo, establece, como aspecto a incluir la atención planificada a la demanda de docentes, esto significa que el sistema debe conocer las necesidades presentes, y estimar las futuras, para promover procesos de incorporación y de actualización que garanticen contar con docentes suficientes, plenamente capacitados y calificados.

La sección quinta del acuerdo, que está desarrollada en 20 párrafos, establece lineamientos sobre la capacitación tanto para ingresar a los cursos de formación docente, como para el desarrollo de los mismos. Entre ellos, es importante resaltar:

Que se requiere por una parte, tener una oferta de formación con cupos suficientes, para la cantidad de docentes que el sistema requerirá formar, pero además que el proceso de formación debe ser atractivo; y por la otra, que los requisitos de ingreso a los programas de formación, garanticen que los aspirantes tengan una formación previa completa, y las cualidades personales que se esperan de los docentes durante su ejercicio.

Esta oferta debería desarrollarse en instituciones de nivel universitario, con profesores altamente calificados, entre los que se aspira a que los que desarrollen formación pedagógica, tengan experiencia en enseñanza escolar y que puedan renovar su experiencia con prácticas periódicas en escuelas. Esta disposición es especialmente interesante, porque significa que quienes ejerzan como profesores universitarios, en asignaturas de pedagogía, deben haber sido docentes en inicial, primaria o secundaria previamente, pero además, deberían renovar su experiencia en las aulas, con su regreso periódico a la enseñanza en educación básica, lo que les permitiría estar mucho más actualizados, porque podrían en práctica, permanentemente, lo que tratan de enseñar en la universidad.

En cuanto al perfil, se establece que se debería procurar la formación de docentes con cualidades morales, intelectuales y físicas adecuadas para el ejercicio profesional, pero también con los conocimientos y las competencias requeridas. Específicamente las cláusulas 19 y 20, señalan: “la formación del personal docente debería consistir en desarrollar sus conocimientos generales y su cultura personal; su aptitud para enseñar y educar, su comprensión de los principios fundamentales para el establecimiento de buenas relaciones humanas dentro y más allá de las fronteras nacionales; la conciencia del deber que le incumbe de contribuir, tanto por medio de la enseñanza como con el ejemplo, al progreso social, cultural y económico”, por lo que los programas deberían contener: “a) Estudios generales; b) Estudio de los elementos fundamentales de filosofía, de psicología y de sociología aplicados a la educación, así como estudio de la teoría y la historia de la educación, de la educación comparada, la pedagogía experimental, la administración escolar y los métodos de enseñanza de las distintas disciplinas; c) Estudios relativos a la disciplina en la que el futuro docente tiene intención de ejercer su carrera; d) Práctica de la docencia y de las actividades para escolares, bajo la dirección de profesores plenamente calificados”.

En cuanto a la contratación y el desarrollo de la carrera profesional, muchas de las sugerencias expresadas en el capítulo 7, fueron recogidas y desarrolladas, en su momento, en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, instrumento normativo vigente, que actualmente se desconoce de hecho, para todo lo relativo al ingreso, y ascenso en la carrera, especialmente en aspectos como las condiciones para el ejercicio de cargos de responsabilidad como los de dirección escolar y los de supervisión, así como los criterios para la designación en los mismos que deberían ser estrictamente profesionales, y no por afinidad política, como sucede actualmente, en Venezuela.

En términos de condiciones laborales, el acuerdo establece, por una parte las que deben garantizarse para que los docentes puedan realizar una enseñanza eficaz y por la otra, las contractuales relativas a los ingresos y beneficios sociales.

Con respecto a las primeras, se mencionan desde la cantidad de estudiantes por docente, incluyendo contar con personal auxiliar, para garantizar que la atención sea lo más personalizada posible; pasando por la cantidad de horas de dedicación, que consideren el volumen total de trabajo incluyendo la investigación, su formación y actualización, las horas de preparación, planificación y evaluación; así como, por la dotación de materiales pedagógicos adecuados e innovadores –para los docentes y los estudiantes-, promoviendo la investigación para garantizar su manejo y aprovechamiento; y obviamente, el estado y la calidad de la infraestructura y equipamiento escolar, con espacios que permitan el desarrollo de actividades escolares y extraescolares, en los que se garantice la seguridad y la salud tanto de estudiantes como de docentes. Todas éstas son condiciones inexistentes hoy en el sistema educativo venezolano, para la mayoría de las escuelas y de los profesionales de la educación.

En ese ámbito también se especifican una serie de disposiciones especiales sobre condiciones a garantizar para profesionales que ejerzan en las zonas rurales o aisladas. En ese caso, las sugerencias incluyen que el Estado asuma la responsabilidad de dotar de una vivienda adecuada para el docente y su familia, que se asuman los costos de mudanza y de traslados, así como una compensación en prestaciones especiales, por el ejercicio en condiciones de vida especialmente difíciles.

En términos de las condiciones relativas a los ingresos y beneficios sociales, la premisa del acuerdo es que los profesionales de la educación deben tener una remuneración acorde con la importancia del rol que cumplen en la sociedad, por lo que debe asegurar un nivel de vida satisfactorio tanto para el docente como para su familia, así como disponer de recursos suficientes para desarrollar otras actividades, tanto de perfeccionamiento profesional, como culturales. En cuanto a la seguridad social, se establece como condición general que todo profesional de la educación, debe contar con protección.

Finalmente, el acuerdo establece una serie de recomendaciones aplicables a los sistemas en los que no hay personal docente suficiente. La premisa de partida es que un sistema con escasez de personal se considera en crisis, por lo que se pueden aplicar medidas excepcionales que no deroguen o modifiquen las normas vigentes en el país y que éstas deben evitar la constitución y permanencia de grupos numerosos de estudiantes, porque resultarían incompatibles con el proceso de calidad y perjudiciales para los estudiantes.

En su lugar se sugiere la creación de programas intensivos y de urgencia, pero que garanticen la formación de personal que sea competente para el proceso de enseñanza. En esos programas se plantea la necesidad de que los procesos de admisión sean tan o más exigentes que los de los programas de formación regulares y que deberían contar con facilidades económicas para que esos profesores puedan complementar su formación una vez que se encuentren en ejercicio. Adicionalmente, se sugiere que el personal mientras no esté completamente calificado, debe estar dirigido y “estrechamente controlado” por educadores que tengan plena calificación.(8)

Lamentablemente, en el 2020, 54 años después de firmado el acuerdo, muchas de las recomendaciones contenidas en el acuerdo son nuevamente aplicables y necesarias en Venezuela. Por lo que preguntamos a las instancias del Estado con responsabilidad sobre la garantía del derecho a la educación:

¿si desde 1966 se sabe que el docente es un elemento clave para garantizar educación de calidad, y en Venezuela se habían logrado avances significativos en la institucionalización de la carrera docente, cuáles son las políticas públicas y las medidas específicas para reconstruir tanto la carrera como la planta docente del sistema de educación básica, con profesionales de la educación altamente calificados?

¿Cómo se van a restaurar los canales y mecanismos de participación de las organizaciones que agrupan a los docentes en las decisiones que correspondientes?

¿Cómo se van a eliminar los mecanismos de discriminación tanto para el ingreso y ascenso en la carrera, como los relacionados con los programas de formación asociados a tendencias políticas específicas?

¿Cuáles son las estrategias de acompañamiento y evaluación que garantizarán el mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, así como la calidad de la educación para los estudiantes?

¿Cuáles serán los planes extraordinarios para garantizar la formación e incorporación de profesionales al ejercicio de la docencia, en todas las zonas y escuelas en las que se requieren actualmente, producto de la migración y el cambio de actividad?

¿Cómo se van a garantizar tanto las condiciones socioeconómicas y de seguridad social para los docentes, como las de trabajo en las escuelas, -incluyendo las especiales para aquellos que ejercen en contextos rurales o aislados-, así como la calidad y pertinencia en los programas de formación docente en todas variantes?

¿Dónde está la planificación a corto, mediano y largo plazo, con los cálculos y los recursos presupuestarios, que garanticen la instrumentación de los cambios requeridos en el sistema?

A los actores no gubernamentales del sistema educativo, ¿Cómo se plantean la reconstrucción y reinstitucionalización de la carrera docente, incluyendo la evaluación y los programas de formación que garanticen calidad en el ejercicio?

Unos datos complementarios

Para hacer seguimiento a la instrumentación de las recomendaciones contenidas en el acuerdo de 1966, así como al que posteriormente se aprobaría, en 1997, sobre las condiciones del personal docente universitario, se creó el Comité de Expertos sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART). Este fue creado conjuntamente por la OIT y la UNESCO.

El CEART está compuesto por 12 expertos en educación, enseñanza y trabajo de todo el mundo, y tiene como propósito examinar las tendencias en educación, así como, la aplicación de las recomendaciones contenidas en ambos acuerdos, por parte de los países. También evalúa y formula recomendaciones, sobre casos presentados por las organizaciones de docentes, relacionadas con el incumplimiento de los principios contenidos en los acuerdos.

Desde su creación ha realizado 13 reuniones. La última se celebró en el 2018. En este enlace de la página de la OIT, pueden encontrar todos los informes presentados hasta el momento.

De forma complementaria, desde la UNESCO se promueven proyectos en los que se aborda el diseño de políticas para desarrollar las capacidades de los sistemas educativos, en los países, que permitan aumentar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Es así como, a partir de la creación de un Equipo Especial Docente, en el marco del programa de Educación para todos, se realizan reuniones anuales de la UNESCO, los Estados Miembros y los asociados internacionales, en el marco del denominado Foro Internacional de Diálogo sobre Políticas.

Este Foro Internacional surgió a partir de una serie de iniciativas, que se originaron como parte del seguimiento a los objetivos del Programa de Educación Para Todos iniciada en el Foro Mundial de Dakar (2000). En Dakar, se hizo evidente que la incorporación de los niños a la educación primaria, había crecido mucho más rápidamente que la contratación del personal docente para poder garantizar su debida formación, lo que convirtió la escasez de docentes en un tema de atención del Programa, y en el 2008, la Declaración de Oslo incluyó un llamado a los gobiernos para que establecieran necesidades de corto y mediano plazo de contratación y formación docente, así como la creación de un Equipo Especial Docente (TTF).

Este equipo ha estado enfocado en promover el intercambio de conocimientos y el diálogo, así como, en divulgar información, para apoyar a los países en el diseño, e instrumentación, incluyendo la recopilación y utilización de datos, de políticas relacionadas con los docentes. Actualmente, cuenta con un Plan Estratégico para el período 2018-2021 y porque el mismo están centrado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, se cambió su denominación oficial a «Equipo Especial internacional sobre docentes para Educación 2030»

De acuerdo a la información contenida en su página web, el desarrollo de su trabajo, siguió esta trayectoria:

Trayectoria TTF
Fuente: Captura de pantalla de la página web del TTF.

Este Equipo Especial (TTF) incluye entre sus miembros a gobiernos, organismos internacionales bilaterales y multilaterales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones internacionales no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que representan a docentes y organizaciones y fundaciones mundiales del sector privado. Estos se reúnen anualmente para evaluar el progreso en la realización de sus planes y actividades.

De acuerdo a la información suministrada en su portal, actualmente, tiene 143 miembros. Venezuela aparece como país miembro, pero no hay ninguna referencia sobre la naturaleza y frecuencia de su participación en las actividades del TTF.

Buscando información sobre la participación de Venezuela en esta instancia, solo se pudo encontrar mencionada en el listado de participantes. También apareció una mención en un documento de los disponibles en su “centro de conocimientos”, que es una base de datos documental.

Búsqueda de Venezuela
Fuente: Captura de pantalla de la página web del TTF.

Como el documento, en el que se menciona información sobre Venezuela, es un estudio, se trató de precisar la fuente de la información incluida, así como el tipo de datos suministrados y analizados. En las 182 páginas del documento, Venezuela fue mencionada 28 veces.

La información sobre Venezuela, incorporada en este estudio, fue suministrada por las autoridades del país, en respuesta a una encuesta elaborada por el equipo responsable de la investigación, cuyos resultados, son reseñados en la bibliografía como contenidos en “Venezuela. (2015). Encuesta sobre políticas para la formación y desarrollo profesional de docentes en educación para la primera infancia en Centro América. Documento de Trabajo preparado para el Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe de OREALC/UNESCO.” Sin embargo, como documento, no se encuentra disponible para su consulta.

Publicacion UNESCO Educación Inicial
Si quieren bajar y leer el documento, pueden usar el enlace que está en la nota 9.

Entre los datos de interés presentados por el informe, cabe resaltar que el Estado venezolano dijo que el 62% de los docentes de educación inicial, están en zonas urbanas y el 38% trabajan en zonas rurales. Este dato implica que, siguiendo las recomendaciones del acuerdo de 1966, sobre ese 38% de los maestros de educación inicial, debería existir un estudio minucioso que permita conocer sus condiciones de vida y el nivel de aislamiento de la zona en la que presta su servicio, para poder apoyarlos con las condiciones de vida y de trabajo adecuadas.

Un segundo dato que vale la pena resaltar, es que entre los docentes que trabajan en ese nivel, el Estado reporta que solo el 20% lo hace en instituciones oficiales y el 80% en instituciones privadas, lo que lleva a cuestionar el desarrollo de la política educativa que atiende la demanda en educación inicial, ya que, en toda educación básica, la proporción de escuelas por dependencia, es prácticamente inversa.

En cuanto al tipo de formación que se exige en Venezuela para el ejercicio docente en educación inicial, la información suministrada incluye todas las opciones, desde las propiamente universitarias, hasta las técnicas. Sin embargo, cuando habla de la duración de los estudios, se refiere a 5 años, cuando lo correcto debería haber sido decir que el tiempo de duración varía entre 3 y 5 años, dependiendo tanto de la titulación como del tipo de institución en el que ésta se realiza.

Sobre el proceso de formación, la data suministrada incluye tanto la tradicional, como la creada a partir de la lógica de la instrumentación de las misiones ya que menciona a los “congresos pedagógicos y colectivos de formación”, como parte de la formación continua. Sin embargo, no se hace mención a la calidad y completitud de dicha formación, ni a los mecanismos de evaluación asociados a ese tipo de eventos.

Con respecto al proceso de evaluación del desempeño docente, el documento afirma que en Venezuela ese proceso está asociado a la lógica de incentivos, que se traducen en titularidad,  ascenso y de bonos, especificando que la evaluación se hace con observación en aula.

Para este lunes, muchas organizaciones gremiales han anunciado jornadas de protesta con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Docentes.

De igual manera, las organizaciones internacionales vinculadas a esta conmemoración desarrollarán sus actividades y campañas informativas. Si quieren ver la información sobre el tema y los materiales par la conmemoración de este año, pueden seguir este enlace.

Notas:

(1) Sección con los instrumentos de Educación, en el portal de la UNESCO.

(2) Párrafo 4 del acuerdo.

(3) De acuerdo al párrafo 1.b, se entiende por “situación” “la posición social que se le reconoce, según el grado de consideración atribuido a la importancia de su función, así como a su competencia, y las condiciones de trabajo, la remuneración y demás prestaciones materiales que se le conceden en comparación con otras profesiones”.

(4) Párrafos de la 3 a la 6 y 8.

(5) Párrafo 7.

(6) En efecto, en la descripción de los denominados “Programas Nacionales de Formación (PNF)”, ofrecidos en la Misión Sucre, entre los que se encuentran 4 programas de formación docente, se especifica que los PNF “tienen la finalidad de transformar las áreas científico-humanísticas para concebir a la educación como una formación integral y liberadora, en la cual la formación técnico-científica debe estar acompañada con una sólida formación humanista, cultural, ambiental, critica, creadora, innovadora y socio-política. Donde los seres humanos no solo puedan auto desarrollarse sino que participen en el contexto de la nueva República Socialista que se quiere”. (Ver página web de la Misión Sucre)

(7) Párrafo 9.

(8) Párrafo 144.1

(9) En este enlace se puede bajar el estudio

 

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¿Corresponsabilidad o traslado de responsabilidad?

Durante el período vacacional, entre años escolares, una de las actividades que se organizaba y desarrollaba tradicionalmente, en el sistema educativo venezolano, era el mantenimiento de las escuelas, que podía incluir desde mantenimiento menor (limpieza profunda, reparaciones menores de infraestructura y mobiliario, pintura, etc), hasta mantenimiento mayor y ampliaciones, en los casos en los que fuera necesario.

Para ese proceso, el Ministerio de Educación hacía planificación, estimaba inversión, invertía recursos, adquiría materiales e insumos, y contrataba la ejecución, a través de diversos mecanismos. El proceso era similar, con sus peculiaridades, para las escuelas de dependencia estadal, municipal y autónoma, ya que el mismo, era organizado por cada uno de los entes que administraban las escuelas. En algunos momentos, regiones y planteles, las actividades de mantenimiento, se coordinaban con actividades vacacionales, en las que participaban los miembros de las comunidades educativas.

Como parte de las instancias del Estado, con responsabilidad directa en estas labores, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), que fue creada en 1976, atendía la planta física de todas las escuelas, con protocolos y manuales elaborados técnicamente para el diseño, construcción, mantenimiento, en todas sus modalidades y dotación de las escuelas.

Sin embargo, esa situación ha cambiado. En las últimas décadas, los planes de mantenimiento escolar, han ido mutando y mermando en su alcance y disponibilidad de financiamiento. De procesos planificados, financiados, organizados y gestionados, por las instancias con la responsabilidad de la administración pública, de acuerdo a las necesidades de cada una de las escuelas, se ha pasado a procesos con escasa o sin inversión, decretados en lugar de planificados y en los que la responsabilidad de la organización y gestión ha sido trasladada progresivamente a las comunidades de las escuelas, sin que para ello, se transfieran los fondos, o se habilite la capacidad de ejecución real.

Sobre la capacidad de gestión, es importante recordar que las escuelas de dependencia oficial, en Venezuela, son las unidades más desconcentradas de los entes que las administran, es decir, no tienen ni personalidad jurídica, ni autonomía para tomar decisiones y manejar presupuesto. 

Esta situación, a la que nos hemos referido en otros momentos, tiene un impacto significativo en el funcionamiento del sistema, pero especialmente, cuando el Estado pierde su capacidad de gestión, y traslada responsabilidades y costos a las comunidades.

El proceso de mantenimiento, también contaba, a lo largo del año escolar, por una parte, con personal directamente contratado para desarrollarlo en las escuelas y por la otra, con protocolos y medidas específicas para atender las emergencias y los imprevistos, que no podían atenderse por el personal obrero, encargado del mantenimiento de cada escuela. La contratación de este personal, también ha disminuido notablemente, así como la dotación de los insumos necesarios para desarrollar su trabajo.

En su lugar, en los últimos años escolares, el calendario ha incluido 3 momentos de mantenimiento. Se trata de 3 fines de semana en los que se convoca a todos los miembros de la comunidad, para hacer, en cada escuela oficial, actividades de mantenimiento menor. Su instrumentación, ha implicado la transferencia progresiva de responsabilidades, ya que, los miembros de las comunidades educativas, han pasado de ser colaboradores voluntarios, a participantes y encargados del proceso, incluyendo a los docentes.

Esta transferencia progresiva de responsabilidad, apalancada en la figura de la “corresponsabilidad”, constituye un traslado de los costos del mantenimiento de las escuelas a estudiantes, familias y docentes, lo que implica, por una parte, que el Estado deja de financiar total o parcialmente, uno de los componentes de la canasta educativa (la canasta educativa incluye los costos de funcionamiento que el Estado debe asumir, para garantizar la gratuidad de la educación, en las escuelas oficiales), y por la otra, que el equipo docente que se ve obligado a participar en esas actividades, está asumiendo con trabajo, parte de los costos de su contratación.

Esas actividades de mantenimiento, son las que se han denominado “Una Gota de Amor para mi Escuela”.

La lógica de estas actividades de mantenimiento a lo largo del año escolar, también se ha trasladado a las que se realizan durante el período vacacional, tal como se puede apreciar, con más claridad, en el documento denominado “Orientación Ministerial. Cada Familia Una Escuela “En Vacaciones” 2020”.

Este es un documento que contiene las pautas de funcionamiento del Plan Cada Familia Una Escuela (CFUE) durante el período vacacional, que, como se ve en la captura de pantalla, fue elaborado el pasado 31 de julio, es decir, un día antes de iniciar formalmente las vacaciones. Es importante, precisar que, a pesar de titularse Orientación Ministerial, está suscrito por el “viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo”.

Fecha de Documento CFUEVaca
Captura de pantalla del documento: Orientación Ministerial. Cada Familia Una Escuela “En Vacaciones” 2020

El documento, que comenzó a circular a principios de agosto, en las escuelas, a través de la red de supervisores, sin la requerida anticipación para que las diversas instancias del sistema se organizaran, y más en el contexto de la cuarentena, incluye 8 objetivos, más 6 características, 5 acciones y 11 orientaciones, para el desarrollo del plan (*).

Las relativas al mantenimiento son las siguientes:

A. En la presentación, dice que el plan “CADA FAMILIA UNA ESCUELA: EN VACACIONES”, que se desarrollará durante el mes de agosto y la primera quincena de septiembre: “demanda la participación de todas las instancias de la organización de las Comunidades Educativas como corresponsables del proceso de formación ciudadana que requiere nuestro país mediante el desarrollo de actividades de producción y rehabilitación preventiva y correctiva dentro de las instalaciones educativas durante el mes de agosto con atención a las medidas de seguridad contra el covid-19, y a las características o particularidades de cada entidad geográfica y de cada localidad donde se implemente de acuerdo a la flexibilización e incidencia pandémica de tal manera que sea contextualizado.”
Como se aprecia en la cita, a pesar de que el documento dice que el tiempo de desarrollo del plan, incluye la primera quincena de septiembre, las actividades de rehabilitación de las instalaciones educativas, se desarrollarán en agosto.

B. Los objetivos relacionados con el mantenimiento escolar son, el 2 y el 6:

  1. Objetivo 2: “Garantizar el mantenimiento de los proyectos socioproductivos como el Conuco Escolar, el Plan Avícola, Plan Porcino y otras iniciativas para la producción, además del cuido de las instalaciones educativas para su aprovechamiento de sus espacios en tiempo vacacional bajo los principios de corresponsabilidad y participación protagónica de la escuela, la familia y la comunidad en cuarentena social y colectiva ante el COVID-19 con lo cual se evidencie que “Entre prevención y producción no existe contradicción”.”
  2. Objetivo 6: “Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo para la rehabilitación de la planta física de nuestras instituciones educativas, garantizado las medidas preventivas contra el COVID- 19 de conformidad con lo expresado en instrucción “Una gota de amor para mi Escuela en Resistencia”.”

C. En las características del plan, la 2, 3, 4 y 5, hacen referencia, directa o indirectamente, a actividades de mantenimiento, resaltando:

  1. La incorporación del Movimiento Bolivariano de Familias (MBF) y del “Poder popular Organizado” en las actividades, en sustitución, o en coordinación con el personal directivo. También se espera la incorporación de los estudiantes de 5to y 6to año que tengan pendiente la realización de labor socio comunitaria.
  2. La participación que se indica que tengan, se identifica como “socio política, socio laboral y de recuperación de espacios, bienes y servicios
  3. Se establece que las actividades deben “articularse” con FEDE, Alcaldías, Gobernaciones, y con los programas Barrio Nuevo Barrio Tricolor, y Venezuela Bella.
  4. Las mismas se desarrollarán con base en cronogramas y horarios de guardia.
  5. Las actividades incluyen: cuidado y mantenimiento de espacios productivos, infraestructura y también , el programa de alimentación.

D. Por otra parte, en las características del plan, pero relacionadas con la realización de actividades en entornos comunitarios, se especifica que “se realizarán articulaciones para garantizar la incorporación de las comunidades al cuido de las instalaciones educativas y a concienciar al respecto, contribuyendo así al proceso de comunalización de la educación que nuestra Patria demanda.
En este punto, es importante mencionar que, como parte de la introducción del documento, hay una mención a la denominada “comunalización de la educación”, afirmando que las actuales circunstancias, brindan un “un espacio para concretarse de manera más que evidente”, reforzando a articulación de las organizaciones que “hacen vida en las escuelas”, por formar parte de los Comités de Alimentación y Producción Escolar (CEAP), mencionando entre ellas, algunas que, por su parcialidad político-partidista no pueden desarrollar actividades de proselitismo en las escuelas, pero diciendo que a éstas se han sumado otras organizaciones, cuyo reto es “reflexionar y sistematizar su acción para profundizar en lo social, en lo político, en lo productivo, en lo educativo, en lo cultural, de manera que avancen en la ruta a la construcción del socialismo que nuestra Patria demanda”, lo que implica la vinculación de actividades con un sesgo político-ideológico determinado, en la vida de las escuelas, contraviniendo lo establecido, tanto en la Constitución, como en la Ley Orgánica de Educación.

E. La quinta actividad del plan que dice: “se realizará una jornada Nacional de Mantenimiento de Infraestructura Escolar”.

F. La orientación 4, en la que se establece nuevamente como responsable al MBF, y se especifican algunas pautas de trabajo, dice claramente el tipo de actividades que se deben realizar, y las mismas son de mantenimiento menor, lo que deja sin respuesta a las escuelas que requieran trabajos más complejos y completos de mantenimiento. (Ver captura de pantalla)

Orientación 4
Captura de pantalla del documento: Orientación Ministerial. Cada Familia Una Escuela “En Vacaciones” 2020

 

G. En las orientaciones 5, 6 10 y 11, se especifican tanto los mecanismos de seguimiento, como las actividades que se espera se realicen para dejar registro del desarrollo del plan en todos sus aspectos. (Ver capturas de pantalla)

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Como se puede apreciar, en ninguna de las secciones del documento, se especifica cómo se hará para garantizar los recursos necesarios para financiar la ejecución de las labores de mantenimiento. Ni tampoco se hace mención a un plan general, organizado por regiones y circuitos, que permita conocer con anticipación las peculiaridades y necesidades de cada escuela, lo que permitiría estimar y asignar los recursos a cada escuela. Lo único que queda claro en el documento, es que las actividades se desarrollarán con el trabajo no remunerado de los miembros de las comunidades educativas y en articulación, de lograrse, con los entes y programas oficiales, relacionados con las labores de mantenimiento.

Por otra parte, y dado el contexto especial que determina la situación Emergencia Nacional, es importante resaltar que en las instrucciones, en ninguna parte, se especifica cómo se planificarán y desarrollarán las labores de desinfección y de acondicionamiento de las instalaciones, para garantizar la seguridad sanitaria que requieren las actividades del nuevo año escolar, justo antes del inicio de las actividades, en el marco de la modalidad de Educación a Distancia, que requieren de la presencia de directivos y docentes, de forma periódica en las instalaciones de la escuela; de las familias en momentos puntuales para la entrega de los portafolios y para recibir el PAE, así como la presencia del personal que elabora y distribuye los alimentos del PAE.

En este marco, y dada la inexistencia de información oficial disponible sobre la situación y los planes e inversión oficiales, para desarrollar el mantenimiento y la instrucción emitida por el Viceministerio de Comunidades Educativas, se procedió a revisar las publicaciones oficiales tanto del MPPE como las de FEDE, para tratar de conocer los avances realizados durante el mes de agosto.

Sobre esta revisión, es importante mencionar que, cuando se trata de visitar la página de FEDE, aparece este mensaje.

FEDE1

Por ello, se revisaron otros canales que podría utilizar este organismo para divulgar la información sobre su gestión, públicamente. En esta revisión se encontró que en su página en Facebook la publicación más reciente es del 2011, la última publicación en Instagram es del 2018, y los últimos videos publicados, en su canal de Youtube, son de hace 6 meses.

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En su cuenta de Twitter, se encontraron publicados 43 tuits, durante el mes de agosto. De ellos, solo 14 eran de su autoría y el resto eran retuits de publicaciones de cuentas, principalmente oficiales. En términos de contenido, de los mensajes retuiteados, solamente uno estaba relacionado con el mantenimiento escolar, para las actividades propias del sistema educativo, el siguiente tuit del MPPE con las declaraciones del Ministro de Educación.

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Mientras que en los 14 de su autoría, 6 contenían información oficial sobre el reporte de la evolución de los contagios y los otros 8, eran sobre el acondicionamiento de las escuelas, pero como centros para el próximo proceso electoral. Además de esos 8, FEDE retuiteó uno del ministerio sobre ese mismo tema.

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En este punto, cabe preguntarse si la misión de FEDE ha sufrido modificaciones últimamente que les haga centrar su acción, o la divulgación de su gestión, sobre las actividades relacionadas con los procesos electorales y no sobre el mantenimiento de los 24.411 planteles de dependencia oficial (de acuerdo a las últimas cifras que se encuentran en la página del INE correspondientes al año escolar 2017-2018).

Por otra parte, en la página del MPPE, no se encontró ninguna nota de prensa, ni sección o informe específico que diera a conocer la planificación y el desarrollo de las actividades de mantenimiento de las escuelas, durante el mes de agosto, incluso aún tratándose de las actividades desarrolladas con la lógica del Plan CFUE en Vacaciones.

En su cuenta de Twitter, se encontraron solo 16 publicaciones con información relativa al mantenimiento de la infraestructura escolar. 4 de ellas con declaraciones generales, una de la Zona de Distrito Capital (6 de agosto) y dos de la Zona Educativa de Nueva Esparta (21 y 25 de agosto), notificando que se estaba desarrollando el plan de mantenimiento, pero sin ningún dato sobre el alcance o el número de escuelas atendidas. La cuarta, recogía declaraciones del ministro, el 24 de agosto, diciendo que iban a “reiniciar la limpieza de los colegios y la desinfección de todos los planteles”. La misma publicación que la cuenta de FEDE había retuiteado.

Las 12 restantes, reportaban que se estaban desarrollando actividades de mantenimiento en 3 escuelas de Anzoátegui, 1 de Aragua, 3 de Bolívar, 4 de Carabobo, 1 de Nueva Esparta y 1 de Táchira. La mención incluía algún detalle sobre las actividades y estaban acompañadas por fotos. Se trata de un total de 14 escuelas, en 6 Estados, de un universo de 24.411 escuelas distribuidas en 23 entidades, a lo largo y ancho del territorio nacional.

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La reseña de las escuelas del Estado Bolívar se hizo en un tuit, en el que se incluía una publicación de una nota de prensa de la Autoridad Única de ese Estado del 13 de agosto, mencionando, no solo a las 3 escuelas, sino las labores específicas que se hicieron en cada una, agregando que para ello, se contó con el apoyo de UNICEF en el caso de dos de las escuelas y del Consejo Noruego, en el caso de la tercera.

Como se puede observar, la información disponible es muy precaria e insuficiente, porque no permite saber si se han desarrollado las actividades de mantenimiento, con la lógica establecida en el documento oficial del MPPE. De hecho, tener una frase con registro fotográfico, del 0.06% de las escuelas, ubicadas en el 26% de las entidades, es como no tener información sobre lo que sucedió, en términos de mantenimiento escolar, durante el mes de agosto en Venezuela.

Claro está, queda la duda de si efectivamente se desarrollaron actividades en todas las escuelas, como estaba establecido en el documento oficial, dado que la declaración del ministro, indicaba el 24 de agosto, que se iban a “iniciar” las actividades.

De forma complementaria, es importante reseñar que, desde que se declaró el Estado de Emergencia y la cuarentena, varios centros educativos han sido tomados para ser utilizados como Centros de Aislamiento. Hasta el momento, también se desconoce la totalidad de escuelas destinadas a tal fin y su ubicación.

Se tiene conocimiento de algunas específicamente en el Táchira (el Liceo Manuel Díaz Rodríguez, la Escuela Tienditas en Ureña, la Escuela El Palotal y el Liceo Concepción Palacios), en la cuenta de twitter del MPPE se pudo conocer de una escuela en estudio y de una acondicionada para ese fin, en el Estado Miranda. (Ver capturas de pantalla)

Y en el Estado Zulia se habían destinado 2 planteles para ese fin, pero se hizo efectivo y se mantuvo el de La Misión Santa María de Guana. Este es un plantel que ofrece educación inicial, primaria, media general y media técnica. Los estudiantes son en un 86% provenientes de comunidades indígenas y cuenta con un área de internado. Desde que se convirtió en Centro de Aislamiento ha recibido a gente que regresa de Colombia.

Durante el tiempo que ha estado funcionando, se han comprobado casi 80 contagios en los más de 230 personas a las que le ha dado acogida. Debido al incremento de los riesgos y al deterioro de las instalaciones, mobiliario y equipamiento, se decidió no continuar recibiendo personas, y el último grupo que queda cumpliendo la cuarentena, debe salir el 15 de septiembre es decir, el día antes de iniciar el nuevo año escolar.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la información suministrada, su uso como Centro de Aislamiento, ha tenido como consecuencia severos daños en los baños, el colapso del sistema de aguas servidas, daños en el mobiliario, incluyendo camas y colchones que forman parte del internado, por lo que, para iniciar un nuevo año escolar, así sea solamente para desarrollar las actividades administrativas que permiten llevar a cabo la formación con la modalidad de educación a distancia, se requerirá de una  gran inversión en la recuperación de la escuela, para la que no se cuenta con recursos.

A modo de Colofón

Dada la información conocida hasta el momento, sobre el diseño y especialmente, sobre la instrumentación del Plan CFUE en Vacaciones, sobre el que recayó el peso de la realización del mantenimiento escolar este año, y el gran vacío de información restante, es importante resaltar:

  1. Que el esquema establecido a través de las orientaciones del Plan, según el documento difundido, traslada la responsabilidad de la organización y ejecución de las actividades de mantenimiento escolar, a las comunidades que, como se mencionó, no cuentan ni con la autonomía y la personalidad jurídica para tomar decisiones que comprometan el patrimonio de cada escuela, ni tampoco con los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos de la instrumentación de plan.
  2. Que se desconoce la estrategia, con la debida planificación y los recursos asignados, que seguirá el MPPE para que las escuelas estén en condiciones de iniciar un nuevo año escolar, tanto a nivel de servicios e infraestructura, como de mobiliario y dotación y cumpliendo con las condiciones sanitarias necesarias en el marco de la cuarentena. De hecho, para que las escuelas estén en condiciones de iniciar un nuevo año escolar, se requiere revisar y reacondicionar la infraestructura y evaluar la situación de los servicios, no solamente en la escuela, sino en la zona en la que se ubica la escuela.
    Al respecto, es necesario preguntar al MPPE: ¿dónde está el censo, a nivel nacional, estado por estado, municipio, por municipio, parroquia por parroquia, comunidad por comunidad y escuela por escuela de la situación de los servicios de electricidad, agua potable, aguas servidas, transporte y comunicaciones, que permitan saber si cada escuela, está en condiciones de desarrollar las actividades relativas a la instrumentación de educación a distancia, con las pautas establecidas en el Plan CFUE?
  3. Si hasta el 15 de septiembre se realizan las actividades del plan CFUE en Vacaciones, relativas al mantenimiento escolar, además del aporte en horas de trabajo, si la comunidad debe contar con agua y algunos suministros alimenticios para los participantes durante las jornadas de trabajo, ¿el costo de esos insumos también lo debe costear la comunidad? y ¿los costos de los insumos para realizar las labores de mantenimiento?
  4. Finalmente, se desconoce lo que va a suceder con las escuelas que han sido destinadas a funcionar como Centros de Aislamiento. ¿Van a permanecer como tales? Si van a mantenerse cumpliendo esa función, ¿dónde se realizarán las actividades que corresponde a directivos y docentes de esos planteles, en el esquema adoptado en el Plan CFUE? En aquellos casos, como el del plantel del Zulia, en el que no se mantenga ese uso, ¿cuándo y con qué recursos se harán, tanto las reparaciones de los daños ocasionados durante su uso como Centros de Aislamiento, como el acondicionamiento para que cumplan con las condiciones óptimas y las medidas sanitarias requeridas?

 

 

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(*) Para quienes quieran conocer el documento con detalle, lo pueden ver aquí

¿La cartografía incluirá las condiciones para el desarrollo del CFUE y el regreso a las escuelas?

De acuerdo a las instrucciones emanadas del ejecutivo, a partir de hoy 15 de junio, 202.243 “brigadistas” del Movimiento Somos Venezuela, dejarán la cuarentena para recorrer las comunidades, casa por casa, manteniendo las medidas sanitarias correspondientes, es decir, usando tapabocas, lentes y manteniendo las manos desinfectadas.

De acuerdo a la información oficial, dado que este “movimiento” es el utilizado por el ejecutivo de instrumentar la “cartografía social”, se supone que estarán levantando la información correspondiente. La denominada “cartografía social”, es un procedimiento para conocer y registrar las condiciones de vida de la población y la situación de los servicios públicos en las comunidades.

Ante este anuncio, tenemos unas preguntas:

  1. ¿El levantamiento del estatus de los servicios públicos, para las familias con miembros en edad escolar, dadas las características y variantes del programa Cada Familia Una Escuela (CFUE), incluye la disponibilidad de equipos, señal de televisión y radio, y conexión a Internet; así como el funcionamiento del transporte público en las comunidades?
  2. ¿Incluye esos mismos datos para las familias en las que hay docentes, directivos y supervisores de las escuelas?
  3. ¿El levantamiento del estatus de los servicios públicos, para las familias en las que uno de sus miembros es trabajador de una escuela, incluyendo a los que participan como procesadores en el PAE (con sus variantes regionales), contempla la verificación del funcionamiento del transporte público para su traslado diario, así como la disponibilidad de tapabocas y guantes para la realización de su trabajo?
  4. ¿Este levantamiento, incluye el conocimiento de las condiciones actuales de las escuelas, condiciones necesarias para instrumentar las actividades del CFUE, que corresponda realizar en las instalaciones de los planteles, con las variantes de cada caso, así como las que se requieren para la elaboración y distribucion del PAE, en las escuelas en las que se suministra?
  5. Y dado que, para el inicio del próximo año escolar (o para la continuación de las actividades de éste -si el MPPE reconociera que no se han podido cumplir alcanzar los aprendizajes con la calidad y la completitud requerida-), con clases presenciales o semi-presenciales, se requiere por una parte, tener a las escuelas en condiciones óptimas y por la otra, instrumentar una serie de medidas sanitarias, derivadas de la contingencia por el COVID-19, que implican inversión, tiempo y trabajo, ¿ese levantamiento, incluirá una evaluación detallada de las condiciones de infraestructura, servicios y equipamiento de cada una de las escuelas, así como un censo del personal docente existente y necesario?

En este último punto, es importante recordar que la mayoría de las escuelas se encuentran en un estado grave de deterioro, así como que, muchas de ellas están en zonas con importantes fallas en los servicios de agua, electricidad y transporte. Esta situación, además de la instrumentación de nuevas condiciones y procedimientos para evitar le contagio por el COVID-19, demanda que se programen con tiempo, las actividades y recursos necesarios, para garantizar que las escuelas se encuentren en condiciones óptimas para su desarrollo, cuando se retomen las actividades presenciales, en la combinación que se requiera.

Finalmente, y dada la actividad que arranca hoy, creemos que es importante llamar la atención de la ciudadanía en general, para que se cumplan las medidas sanitarias correspondientes, tanto por parte de los 202.243 “brigadistas” que se dedicarán a recorrer las comunidades, como de los miembros de las familias que interactúen con ellos y esperamos que el ejecutivo, provea a los participantes, de los insumos correspondientes para realizar ese trabajo, especialmente tapabocas, indumentaria y desinfectantes adecuados.