Desde que el ejecutivo nacional anunció su participación en un proceso electoral el 6 de diciembre, a través de la red de supervisores del subsistema de Educación Básica, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las Autoridades Únicas, comenzaron a circular mensajes haciendo llamados a la participación de los miembros de las comunidades educativas en el mismo. Estos mensajes circularon por los canales que, regularmente emplea el Estado, a través de los órganos del poder ejecutivo, para comunicar información e instrucciones a las escuelas.
Los mensajes incluían llamados a los jóvenes para organizarse e inscribirse en el registro electoral, para la captura de votos (identificación de “votos duros”) por parte de directivos y docentes, incluso para la realización de un simulacro, en el que se hacía un llamado a trabajadores del Programa de Alimentación Escolar, a participar junto a las UBCHs, para afinar la maquinaria. En la muchos de esos mensajes se hacía mención directa tanto del partido de gobierno, como de organizaciones de corte político, asociadas directamente con las comunidades, como el Frente Francisco de Miranda y las UBCHs.
Por otra parte, desde los medios oficiales, también se divulgó información sobre jornadas para verificar las condiciones y conectividad de algunas escuelas, en su condición de centros electorales, lo que generó algunos reclamos por parte de miembros de sus comunidades educativas, porque la verificación de la conectividad era exclusivamente para el proceso electoral y no para el desarrollo de las actividades regulares del año escolar que, por el cambio de la modalidad, incluyen el uso de internet.
El fin de semana del mencionado proceso, se volvieron a registrar llamados a través de los canales oficiales de comunicación en el subsistema de Educación Básica. Estos incluían propaganda electoral, y llamados a la organización y el ejercicio del voto, con clara referencia partidista. En ese momento, se estaban violando, tanto la norma electoral de hacer campaña fuera de lapso, como las normas electorales y educativas que prohíben, por una parte, el uso de los recursos del Estado para actividades político-partidistas, y por el otro, el uso político partidista y la promoción de un opción ideológica, desde el sistema educativo. Esto sucedió en diversas entidades a lo largo y ancho del país.
Específicamente, en el Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el mecanismo de comunicación institucional usado regularmente para el intercambio de información de los supervisores con los directores de las escuelas, fue utilizado para enviar mensajes político-partidistas a través de videos, mensajes escritos y audios. Ese uso también fue registrado en otros municipios del estado, como San Francisco y Maracaibo.
Entre los mensajes que circularon, se incluyó el siguiente audio de campaña de una de las candidatas, quien fuera previamente Autoridad Única de la entidad, cargo que dejó vacante para su postulación por el Municipio San Francisco. El audio, que se puede escuchar a continuación, fue enviado originalmente por la profesora encargada de la Zona Educativa y después circuló por varios de los chats institucionales.
Ya el día del proceso electoral, el domingo 6 de diciembre, desde la madrugada, circularon por los canales institucionales, mensajes escritos como el siguiente:
Y mensajes de audio, llamando a la participación, como el siguiente, grabado por el Gobernador del Estado Zulia, pero dirigido a la militancia de su partido y organizaciones afines.
Audio del Gobernador del Estado Zulia, enviado por el grupo de chat institucional
El control sobre la participación de diversos miembros de las comunidades educativas, a través de las redes institucionales, se mantuvo durante todo el proceso electoral, incluyendo la solicitud de movilización para promover el voto, del traslado de votantes a los centros electorales, del suministro de evidencias, tanto fotográficas, como de datos específicos de cada votante y también el reporte de la cantidad de personas de cada sector de las comunidades, que había participado. A continuación se presenta: una captura de pantalla de un mensaje con los detalles de la solicitud y otras capturas de pantalla con un reporte, tanto de una cocinera después de votar, como de la cantidad de cocineras reportadas como votantes.
Estas que constituyen registros de violación tanto de las normas electorales, como de las educativas, ponen en evidencia el uso político-partidista de toda la estructura oficial del sub-sistema de Educación Básica en Venezuela y del control de una parcialidad política sobre el mismo, violando todo lo establecido tanto en la Constitución, sobre el funcionamiento de las instancias del Estado, como de los convenios y tratados de derechos humanos suscritos por el país.
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