(Esta publicación iba a ser más amplia y detallada, pero como hoy amanecimos sin luz en diversos sectores, haremos una versión preliminar).
Como hemos venido afirmando en las últimas publicaciones, desde el desarrollo irregular del año escolar pasado, 2017-2018, diversos factores han y están afectando la calidad de la educación que se está desarrollando en nuestras escuelas.
Los factores que afectaron el desempeño del sistema el año pasado, tanto los propios del funcionamiento del sistema educativo, como los relativos a la situación nacional, siguen presentes en la dinámica de desarrollo de la Educación Básica en Venezuela. Muchos de ellos, en lugar de disminuir, han aumentado, y han aparecido otros, lo que afectó mucho más el escolar vigente, 2018-2019, desde su inicio.
En este momento, las irregularidades y problemas que afectan al sistema educativo, siguen incrementándose, mucho más, desde el regreso a clases después del asueto de navidad.
Esas irregularidades, como hemos ya mencionado, incluyen la exclusión de los estudiantes del sistema, exclusión de más de un millón de niños, niñas y adolescentes, tal fue reconocido ayer, por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Esta exclusión, aunque no ha sido reconocida abierta y públicamente por el ministerio, ni incluida como debería en sus planes de acción, no es desconocida, tal como consta en las instrucciones giradas por ese despacho al final del año escolar pasado.
En efecto, en agosto del 2018, el MPPE, envió un documento a las zonas educativas, el documento Orientación Viceministerial N.º 1, en el que se dictaban instrucciones para generar un registro (censo) de los estudiantes inscritos para el año escolar 2018-2019, de todos los niveles y modalidades y en escuelas de todas las dependencias. En su texto se especificaba: “Es imperativo el cumplimiento de las metas establecidas para la matrícula escolar de cada estado, señalado en el cuadro anexo”.
En el cuadro se puede apreciar que, después de finalizado el año escolar, 2017-2018 e iniciado el período vacacional, solamente se había registrado una inscripción del 38% de la matrícula esperada en Educación Básica. Por cierto, la matrícula final estimada, en ese cuadro, es mucho menor que la anunciada como alcanzada por el mismo ministerio, lo cual, constituye una discrepancia importante en la data, que, por cierto, coincide con el estimado de estudiantes fuera del sistema.
Otras dos consecuencias de los factores, internos y externos, que afectan al sistema educativo, como ya se ha mencionado, son la inasistencia recurrente de docentes y estudiantes, y las interrupciones parciales y totales de las jornadas escolares. Estas interrupciones, como es del conocimiento público, se producen por cortes o fallas en los servicios de agua y luz, por hurto o robo de insumos y equipos, por fallas en el servicio de alimentación y por inasistencia del personal docente, o por su ausencia definitiva, producto de la migración del país o hacia otra actividad laboral.
Ambas situaciones afectan la cantidad, el uso y aprovechamiento del tiempo escolar, por lo que hemos insistido, por una parte en la necesidad de hacer una evaluación que permita, a cada escuela, estimar el tiempo necesario para restaurar los procesos de aprendizaje y reprogramar las actividades de este año escolar; y por la otra, en tomar las previsiones necesarias, de forma planificada, para garantizar la estabilidad de los procesos educativos, en todas las escuelas del territorio nacional, considerando el manejo de los factores que han impedido su normal desarrollo y que aún no se han podido, ni están próximos a resolverse.
Es importante resaltar que, a pesar el ministerio no ha girado instrucciones específicas para la recuperación del tiempo perdido, las consecuencias de las inasistencias recurrentes y de las interrupciones parciales y totales de las jornadas, tampoco han sido desconocidas por él, tal como se demuestra en la Orientación Viceministerial N.º 5, elaborada y enviada a las zonas educativas en los primeros días de enero del 2019, con la cual se perseguía, por una parte, hacer acompañamiento al inicio del año escolar, y por la otra, “tener un panorama general de la asistencia de nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos y adultas” y “de la incorporación o no del personal a sus actividades diarias”.
En esa orientación, se establecían pautas para que los supervisores incorporaran en su planificación, actividades como: verificar las condiciones de la planta física de las escuelas, activar las jornadas de mantenimiento preventivo, constatar la apertura de cada plantel, registrar incidencias que impidieran el inicio de actividades (es importante resaltar que la incidencia mencionada explícitamente en las instrucciones es el “hurto”, lo que implica que el ministerio conoce la recurrencia de este factor en las escuelas), y como se observa en la captura de pantalla siguiente, constatar la asistencia de estudiantes, docentes y demás trabajadores a las escuelas.
Como se puede apreciar, la situación del sistema, para enero de este año, no era del desconocimiento del ministerio y para ese momento, a través de la red de supervisores, ese ente debería contar con un inventario de condiciones y sucesos, en cada escuela, así como de la cantidad de tiempo perdido y de las inasistencias recurrentes, de docentes y estudiantes por sección.
Sin embargo, hasta la fecha, incluso, después del apagón generalizado que sufrió el país desde el 7 de marzo, el ministerio no ha girado instrucciones ni para la recuperación del tiempo perdido, ni para el manejo de las situaciones que, como la falta de transporte, la irregularidad en el servicio de alimentación escolar, y las fallas recurrentes de luz y de agua, interrumpen total o parcialmente las jornadas de trabajo en las escuelas del país.
Al respecto, es importante recordar que por el apagón se perdieron 6 días de clases, que incluyen los días de apagón generalizado más los días de suspensión de actividades en todo el país, como consecuencia del mismo.
No obstante, esos no son los únicos días de clase perdidos, también es necesario contabilizar los 2 días del asueto pre-carnaval, decretados desde el ejecutivo a última hora y sin justificación académica, así como, al menos, los 5 días de suspensión de actividades por la realización de las elecciones. En este caso, es menester recordar que la suspensión no estaba incluida en la versión inicial del calendario, por lo que hubo que reprogramar cuando se incluyó, y también que para la realización de un proceso electoral, no se requiere la suspensión de las clases por 5 días, sino, máximo por 2 días, el viernes antes y el lunes después, como se ha dicho en innumerables oportunidades.
De esta forma, en total, y tomando en consideración los días mencionados, hasta la fecha, se han perdido 13 días de clase, de los cuales, 8 se han perdido, en las última semanas. Para que puedan tener una mejor idea de los días de clase que se han perdido, y de los que faltan, de acuerdo al calendario escolar vigente, específicamente desde el regreso de clases en enero, pueden ver la siguiente imagen:
Es por esta razón que, sin siquiera incluir las pérdidas parciales de las jornadas, o las totales en escuelas específicas, en las que por diversas razones no han podido tener clases, es imprescindible que se reprograme el calendario escolar, para lo que queda del año 2018-2019.
Hasta el momento, desde el ministerio han emanado algunas instrucciones que están centradas en el análisis de la situación y en su aprovechamiento para el trabajo de ciertos tópicos asociados con el buen uso y el ahorro energético. Sin embargo, la presentación de esas instrucciones tiene una carga ideológica que plantea la situación en términos y con lenguaje de guerra y que desconoce las causas de lo sucedido, pero especialmente, desconoce la situación que hay que manejar para poder resolver las deficiencias de fondo.
En efecto, en un documento denominado “Una práctica pedagógica amorosa en tiempos de dificultades” se utilizan frases como: “enarbolando la bandera tricolor y empuñando la espada de la paz, para defender a esta Patria hermosa como una Nación Libre y Soberana”, que utilizan un lenguaje de guerra para referirse a la “paz”; y se describe la situación vivida así: “después de varios días de oscuridad provocada, después de tanta guerra económica que ha afectado directamente la dinámica escolar de algunas instituciones educativas; después de tantas protestas violentas en la frontera de nuestro país originada por algunos personajes de la derecha internacional; afectando el sueño, la moral, el arraigo y la identidad de nuestros jóvenes.”
(El documento en cuestión puede verse, en capturas de pantalla, al final de esta publicación).
En el documento dirigido específicamente la situación del sistema eléctrico y se trata de una modificación de las Orientaciones Pedagógicas de la Educación Ambiental que el ministerio elaboró y presentó en enero, en conjunto con otros ministerios. En su presentación, los dos primeros párrafos, también contienen ese lenguaje e interpretación sesgada de la realidad a la que nos referimos, tal como se aprecia en esta imagen.
(El documento, que tiene 19 páginas, lo pondremos a disposición de los lectores, en un enlace al final de esta publicación, lo que tengamos servicio de electricidad y podamos cargarlo).
El resto del documento, contiene sugerencias para desarrollar actividades pedagógicas que permitan contribuir con la formación ambiental y el manejo racional de los recursos, pero en ninguna parte, contiene instrucciones que permitan reprogramar el tiempo, para la recuperación del tiempo perdido.
Es por estas razones y porque no se vislumbra una normalización en el funcionamiento de los servicios de alimentación escolar, electricidad y agua, ni tampoco la solución de los problemas que garanticen la restauración del servicio de transporte, así como las condiciones de vida que permitan la adecuada alimentación de las familias en sus hogares, que sostenemos que, en este momento es imprescindible:
- Que el MPPE presente públicamente, y con soportes que permitan a investigadores independientes y organizaciones de derechos humanos, verificar, los resultados del censo de estudiantes, que se debió desarrollar en el país, de acuerdo a lo establecido por la Orientación Viceministerial N.º 1, emitida en agosto del 2018.
- Que se realice una nueva evaluación de las condiciones de las escuelas, como actualización de la que se debió realizar en enero de este año, de acuerdo a la Orientación Viceministerial N.º 5, en la que se incluya el cálculo del tiempo perdido por escuela, por sección y por estudiante, considerando las suspensiones totales y parciales de las jornadas en escuelas específicas y las inasistencias recurrentes de los estudiantes.
- Que se establezcan las bases para la realización de una evaluación de los alcances de los aprendizajes de los estudiantes en todos los niveles y modalidades, para tener una dimensión relativa a las consecuencias reales del tiempo perdido.
- Que se programe una extensión del calendario escolar que incluya, el aprovechamiento de los primeros días del mes de agosto, para terminar las actividades escolares, en todas las escuelas, más la incorporación como días de clases, dependiendo de las necesidades de cada una de las escuelas, de tantos sábados, como sea necesario en cada caso. Esta última medida se sustenta en las cláusula 16 y 17 del contrato colectivo vigente de los trabajadoras y los trabajadores administrativos y docentes del ministerio, que indican que, los sábados no son días feriados (cláusula 16, ver imagen) y que las vacaciones corresponden a las establecidas, de acuerdo de al calendario escolar establecido por el ente rector (cláusula 17, numeral 1)
La educación básica de calidad, en Venezuela, además de un derecho humano, es obligatoria para todos los ciudadanos, y el Estado está en la obligación (vlr) de garantizarla, para ello, este año escolar, es imprescindible reprogramar el calendario para recuperar el tiempo perdido.
Imágenes del documento “Una práctica pedagógica amorosa en tiempos de dificultades”
Observatorio Educativo de Venezuela 
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