¿133 o máximo 138 días de clase, tendrá este año escolar?

Tal como apuntamos en nuestra publicación del 5 de septiembre del año pasado, justo antes de que iniciara el año escolar 2016-2017 –200 – 193 = 7 días menos de actividades escolares– el inesperado atraso del inicio de actividades escolares, tenía como consecuencia la pérdida de 7 días en el calendario escolar, violando lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación.

“Artículo 49. Para el subsistema de educación básica el año escolar tendrá doscientos días hábiles. El mismo se divide a los fines educativos, de acuerdo con las características de cada uno de los niveles y modalidades del Sistema Educativo atendiendo a la diversidad, las especificidades étnico-culturales, las características regionales y a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. El subsistema de educación universitaria regulará esta materia en su legislación especial.”

De acuerdo a las cuentas que hicimos en ese momento, de los 193 días en los que, por dicho recorte, se podían realizar actividades educativas -incluyendo días de clase y días de actividades complementarias y administrativas-, sólo 143 podrían utilizarse efectivamente como días de clase.

Ese recorte, ya generaba preocupación sobre el éxito del sistema en garantizar una educación de calidad para todos, debido a que la duración del año escolar no es un dato aleatorio, sino que responde a las necesidades que se derivan de la dinámica y tiempos de aprendizaje, de acuerdo a los programas de estudio vigentes.

A esa preocupación, se sumaba la instrumentación accidentada de la denominada «Transformación Curricular» que, especialmente, en el nivel de educación media, no contaba con las condiciones administrativas, ni los recursos humanos requeridos para desarrollar algunos de los aspectos medulares que se proponía, y tampoco, con las orientaciones curriculares adecuadas para garantizar el aprendizaje, en un modelo pésimamente diseñado.

Adicionalmente, el desarrollo de las actividades escolares ha sido impactado de forma negativa a lo largo de lo que va de año escolar, por diversos factores. En algunos casos y desde el inicio del año escolar, la asistencia de los estudiantes a clases disminuyó porque las familias no contaban con los recursos para sufragar los costos del transporte público para su traslado ida y vuelta a las escuelas; en otros, la disminución de la asistencia, se debió a la imposibilidad de las familias de garantizar la alimentación durante el horario escolar, alimentación que no ha estado garantizada con regularidad durante lo que va de año, dadas las reiteradas fallas en los programas de alimentación escolar -en algunos planteles, las fallas en los programas de alimentación, tuvieron como consecuencia adicional, la reducción de la jornada diaria-; y en otros casos, la inasistencia se ha debido a la necesidad de las familias de incorporar a jóvenes y niños, en las actividades de búsqueda y adquisición de alimentos, especialmente, en las largas colas que las familias deben realizar, debido a la escasez de los productos de la canasta básica.

A estas irregularidades, en los dos últimos meses y medio, se suman la disminución de la asistencia, la interrupción de la jornada diaria, o su suspensión parcial o total, derivada de las manifestaciones de protesta, que se han dado como consecuencia de la situación económica y política del país. La disminución de la asistencia, en este marco, ha respondido a fallas o restricciones injustificadas en el transporte público y a la inseguridad en el traslado a las escuelas y en el recinto educativo, que se ha ido agravando progresivamente, con el uso de gases lacrimógenos por parte de los organismos de seguridad del Estado, primero cerca de los planteles, y recientemente, dentro de los mismos, poniendo en riesgo no sólo la seguridad de los estudiantes, sino su salud. Esta situación, constituye una violación adicional a los derechos de los niños y jóvenes.

Con este panorama, hasta el momento, se esperaría que el Ministerio de Educación (MPPE) estuviera, desde hace unas semanas, realizando un inventario de los días de clase perdidos, escuela por escuela, y elaborando, en cada caso, una estrategia para su recuperación, de manera de poder garantizar que todos los estudiantes, cuenten con el tiempo requerido para desarrollar un aprendizaje de calidad.

Sin embargo, desde hace dos semanas las comunidades educativas han agregado a los problemas antes descritos, la incertidumbre ante el anuncio de la reducción del año escolar.

Inicialmente, algunas escuelas de algunos Estados, y desde el correo de sus supervisores, recibieron una circular, anunciando que se adelantaba una semana la culminación del año escolar, porque los planteles deberían ser tomados por el Plan República, la última semana del año escolar, para garantizar un proceso electoral a finales de julio. A continuación podrán ver el texto completo de dicha comunicación.

Es importante aclarar que de esa comunicación, nos llegaron dos versiones. La primera sólo tenía 3 puntos y no contenía la explicación sobre las calificaciones que se encuentra en el punto 3, pero las fechas eran las mismas. También es importante aclarar, que sobre la autenticidad de ese documento se generaron muchas dudas, incluyendo las que generó un mensaje enviado a algunas escuelas, también a través de la red de supervisores, por la aplicación whatsapp, en la que, en nombre de la viceministro de educación media, se informaba que no se trataba de un comunicado oficial, elaborado por una autoridad del MPPE. Aquí pueden ver la captura de pantalla del mensaje:

Sin embargo, todos los directivos que recibieron la comunicación, dijeron que fue enviada por su supervisor directo, pero además, revisando los datos de autoría del archivo, se encontró que en ambos casos, el origen, tal como se aprecia en las siguientes capturas de pantalla, es el mismo, un supervisor y en el caso de la segunda versión, que es la aquí publicada, el autor es el mismo, y el que aparece registrado haciendo la modificación, también es un supervisor del MPPE.

Así como se recibieron esas comunicaciones en algunas escuelas, en otras, se recibieron sólo mensajes de texto, en los que se anunciaba que pronto se comunicaría oficialmente un ajuste en las fechas de culminación del año escolar, pero también hubo escuelas en las que no se recibió ninguna notificación de cambio.

Esta situación, constituyó una nueva irregularidad en el desarrollo del año escolar, debido a que, tradicionalmente, la planificación se elabora para todo el año, con base al calendario que se envía a las escuelas al inicio del año escolar, y plantear la posibilidad de recortar una semana de actividades, implicaría una serie de ajustes que no se pueden programar con tan poco tiempo, sin tener como consecuencia, la disminución de la calidad de los aprendizajes.

Pero lo más grave de dicha irregularidad, es que hasta hoy, se han cruzado diversas comunicaciones, en casi todos los casos, por la aplicación WhatsApp, sin las formalidades que unos cambios de ese tipo ameritarían, y en algunos casos con variaciones en las fechas que implican más días perdidos de clase. Un ejemplo de dichas comunicaciones, son las siguientes:

Se espera que hoy, 26 de junio, en reuniones entre los supervisores y los directores de las escuelas, que se han convocado, a última hora, en estos días, se aclare la situación del calendario y la fecha efectiva de culminación del año escolar.

No obstante, es importante dejar constancia de que:

1. Dada la cantidad de elementos que han afectado el desarrollo del año escolar y el aprovechamiento del tiempo efectivo de clases, el MPPE en su rol de garante del derecho a una educación de calidad para todos, debería estar haciendo una evaluación escuela por escuela, para poder ajustar el calendario escolar, pero ampliándolo para poder recuperar el tiempo perdido.
2. No existe ninguna razón que justifique que se adelante la culminación del año escolar, para dar paso a un proceso electoral cuya fecha no estaba incluida previamente en el calendario y que se ha fijado, también de manera irregular, sin cumplir todos los requisitos constitucionales previos, de acuerdo al proceso político al cuál está referido. En todo caso, si el proceso electoral, estuviera ajustado a derecho, podría haberse programado para realizarse una vez culminado el año escolar, especialmente tomando en consideración, el carácter de prioridad absoluta que tienen los derechos de los niños y jóvenes.
3. No existe ninguna justificación tampoco, para que los ajustes que se han planteado hacer al calendario escolar, se realicen en medio de un ambiente de incertidumbre, con información cruzada por parte del MPPE y sin el tiempo suficiente como para que las escuelas puedan ajustar su programación y mantener la calidad en los aprendizajes que en ellas se desarrollan.
4. Si se hace efectiva la modificación del calendario, adelantando la culminación del año 2016-2017 a alguna de las dos fechas anunciadas -21 de julio o 14 de julio- se estarían perdiendo dos semanas adicionales, a la que ya se perdió por el atraso en el inicio de este año escolar, lo que es inaceptable porque implicaría tener 133, o máximo 138, días de clases.