Otro proceso electoral que afecta el derecho a la educación en Venezuela

Como es del conocimiento de todo el país el PSUV tendrá un proceso electoral en los próximos días. Se trata de unos comicios internos para la elección de los “Jefes de los Círculos de Lucha Popular”, es decir, un proceso de elecciones internas en el que sólo participarán los militantes de esa tolda política.

Como elección interna, es un asunto privado de un partido político, a diferencia de las elecciones para cargos públicos que se consideran un asunto público, porque son de interés de todos los ciudadanos de las circunscripciones electorales en las que se desarrollen. Si bien, el CNE debe acompañar los procesos electorales de estas instancias privadas, como ha hecho en otras oportunidades con las elecciones internas de dicho partido o con las elecciones primarias de las coaliciones políticas amparadas en la plataforma de la MUD, el carácter privado de estos comicios, debería plantear, tanto por parte del ente electoral, como por parte del MPP para la Educación, así como por parte de ese partido político, la construcción de condiciones que no afecten el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes como sucederá en este caso.

En oportunidades anteriores, en las que el calendario electoral, ha afectado al calendario de clases en las escuelas, hemos señalado que el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes, en el marco de los derechos humanos y de acuerdo, tanto a las convenciones internacionales, como a nuestra propia legislación, responde al principio de prioridad absoluta, por lo que, ante un conflicto entre derechos humanos de diversos ciudadanos, los de los niños y jóvenes, siempre tienen prioridad.

Por esa razón, hemos sugerido disminuir el número de días en los que se suspenden las clases porque las escuelas son tomadas por efectivos de la FAB para depositar y resguardar el material electoral. Ese número de días se ha mantenido en un total de 5 días hábiles, más los días feriados, que corresponden al fin de semana de la elección y que incluyen, regularmente, el día de la votación.

En estas circunstancias ratificamos que la duración de este lapso no debe mantenerse y que ninguna elección debería afectar el calendario escolar, que en el peor de los casos, en los que la complejidad del proceso electoral no permita tener otra opción, se debería reducir al mínimo la cantidad de días de suspensión de clase, entregando las escuelas el viernes antes de las elecciones y devolviéndolas el lunes siguiente, con lo cual se rescatarían 3 de los 5 días hábiles que, de acuerdo a la lógica actual, se pierden.

Para el proceso electoral interno del PSUV, tal como se aprecia en la siguiente comunicación recibida en una escuela el lunes 10 de noviembre, el lapso de suspensión de actividades se mantiene, tal como si se tratara de un proceso electoral de los más complejos y utiliza para su realización la misma red de centros electorales que la que se usa en los comicios para cargos públicos de elección popular.

Para verificar las fechas de dicha comunicación en el calendario que, a efectos de esta elección debería haber elaborado el CNE; buscamos la documentación correspondiente en su página, pero no encontramos ese documento. Es importante recalcar que, a pesar de tratarse de un proceso privado, dado que se hace con apoyo del CNE e implica el uso de recursos públicos, el calendario debería ser un documento público que estuviera a disposición de todo el país. En este caso, con mayor razón porque al utilizar la red de centros electorales conformada en su mayoría por escuelas, el proceso afecta el normal funcionamiento de los centros educativos, así como, la dinámica de vida de los trabajadores de la educación y de las familias con estudiantes en ellos, durante y después de la realización del proceso electoral.

Por esa misma razón, también debería publicarse un listado con todos los centros electorales que se utilizarán en estos comicios y que funcionan en planteles educativos, para que sus comunidades estuvieran al tanto y pudieran tomar, con suficiente anticipación, previsiones al respecto.

Por otra parte, dada esta situación, revisamos la fuente de información sobre el calendario escolar, es decir, la página del MPPE, que, como ente rector debería haber anunciado, tanto la suspensión de clases durante el período estipulado por el CNE, como las medidas a tomar para la recuperación del tiempo perdido, pero, hasta la madrugada de este martes 11 de noviembre, no encontramos ninguna referencia a esos aspectos en la información suministrada oficialmente por el MPPE en su web.

Tal como se aprecia en la carta y como se mencionó anteriormente, el plazo para la organización de las mesas que se está tomando en este caso, es el mismo que se aplica a una elección para un cargo público, comenzando con la toma de las escuelas, acompañada con la suspensión de actividades respectiva, desde el martes anterior a las elecciones. En este caso, la comunicación dice que las escuelas se deberán entregar a la FAB el martes 18 y la elección se realiza el domingo 23, por lo que si se siguen las pautas de otros procesos electorales, buena parte de las escuelas serán devueltas a sus directivos, el día lunes posterior al acto de votación.

De acuerdo a la lógica de los cronogramas electorales anteriores elaborados y publicados por el CNE, durante los días en los que las escuelas permanecen con las clases suspendidas y bajo la custodia de la FAB, se realiza la distribución del material electoral a las escuelas, desde la instancia superior que lo recibe previamente, las auditorías técnicas previas, la instalación de las mesas, el acto de votación que inicia con la constitución de las mesas en la madrugada del domingo y culmina con el traslado de las cajas y la entrega de las escuelas a sus directivos el día lunes después de las votaciones. Insistimos que, sin afectar la calidad del proceso electoral, el tiempo empleado para todas esas actividades debe reducirse al mínimo posible, en cualquier evento electoral que se realice con la coordinación del CNE, pero en este caso, las condiciones peculiares de la elección, obligan a pensar en medidas complementarias.

Por otra parte, cabe resaltar que tomando en consideración los detalles que se pueden apreciar en la comunicación, la carta fue elaborada el 20 de octubre, pero fue entregada en la escuela el 10 de noviembre, a 8 días, de la fecha pautada para la entrega de la escuela a la FAB, de los cuales sólo 5 son días hábiles, por tanto, con muy poco margen para ajustar la programación de las clases y la planificación de los docentes, lo que, de hecho y aunque no se ha considerado como un problema en oportunidades anteriores, constituye una violación al derecho al trabajo de los docentes que, sin haber recibido notificación oportuna, es decir, con suficiente anticipación, tienen que hacer modificaciones para poder ajustarse a la suspensión de actividades, lo que compromete la calidad de su trabajo e implica un incremento innecesario, y no reconocido, de sus horas de trabajo.

Esta situación en las escuelas y a esta altura del lapso correspondiente, nos lleva a preguntar si el MPPE considerará hacer un ajuste en el calendario que permita recuperar el tiempo que se perderá por el proceso electoral, o se asumirá, como en oportunidades anteriores, que la solución sea comprimir las actividades en el tiempo restante.

No obstante, como se mencionó arriba, dado que se trata de una elección privada y que la prioridad absoluta de los derechos de los niños y los jóvenes indica que se debe dar prioridad al derecho a la educación, es imprescindible plantearse medidas que se ajusten a la naturaleza de dichos comicios. Es por ello que proponemos que el CNE acuerde con el PSUV la ubicación de los centros electorales para la realización de ese proceso en instalaciones propias, y de no ser suficientes, que utilice instalaciones alternas que no incluyan centros educativos. En ese caso, se podría mantener el calendario acordado por lo que la FAB tomaría en custodia las casas del PSUV el martes 18, para resguardar el material de votación e instalar las mesas, en lugar de tomar las escuelas.

Esperamos también que el MPPE, como ente rector del sistema educativo en Venezuela, y cumpliendo con su obligación de garantizarlo, se pronuncie en defensa del derecho a la educación de los niños y jóvenes de todas las escuelas del país y haga valer el principio de prioridad absoluta en este caso.

Finalmente, como consecuencia de esta situación y para prevenir que se repita esta situación en futuros procesos electorales, proponemos que se revise la normativa electoral y se establezca:

– Una instancia obligatoria de coordinación entre el MPPE, las Direcciones y Secretarías de Educación de los Gobiernos Regionales y Locales con el CNE para la organización del calendario electoral y su coordinación con el calendario de clases, tomando en consideración las necesidades del sector educativo de forma prioritaria y salvaguardando el principio de prioridad absoluta del derecho a la educación, así como velando por el derecho al trabajo de los educadores.

– Un lapso previo a cada proceso electoral en el que deban anunciarse de forma obligatoria y con suficiente anticipación al país, los detalles del cronograma que afectan el derecho a la educación de los estudiantes y al trabajo de los docentes.

– Y que se revisen los procedimientos desde la entrega de material hasta el conteo de votos y la realización de las auditorias postelectorales en las mesas, de forma de reducir el tiempo en el que se deban suspender las actividades en las escuelas que funcionen como centros electorales, en los futuros procesos electorales.