Consulta Educativa: algunos avances y 4 gestos

La dinámica política está constituida, entre otras, por acciones y gestos.

El gobierno convoca a una consulta por la calidad educativa, dice que es abierta a todos los actores del sector educativo y a todas las personas que habitamos en el país y que la participación es voluntaria. Dice también, en sus declaraciones y documentos, que el proceso se basa en la Constitución citando disposiciones específicas como el respeto a todas las corrientes de pensamiento.

Parte del país no le cree por varias razones. La primera de ellas es la creciente tensión política que estamos viviendo en los últimos meses. La segunda, se deriva de los antecedentes en el sector. Entre ellos resalta la insistencia del ministerio en utilizar la asistencia de la gente a eventos de difusión, para “validar” políticamente productos determinados, contabilizando las firmas registradas en el control de asistencia de dichos eventos. Y la tercera, es que el marco de política pública en que se inscribe este proceso, es el Plan de la Patria que viola la Constitución al promover un modelo político con una ética y una ideología específica, en lugar de respetar el mandato que establece que Venezuela es un país pluralista. Este plan también dice explícitamente, que los planes de estudio se tienen que modificar para incorporar elementos de la ideología del partido de gobierno.

En ese contexto es normal, lógico y comprensible que exista desconfianza.

Pero también, hay sucesos en la instrumentación de la consulta que generan malestar y aumentan la desconfianza. Hasta el momento, por diversas vías, diversos actores escolares nos han hecho conocer algunos de ellos.

Desde su lanzamiento, los materiales oficiales de la consulta se han modificado, algunos tienen 3 versiones, como es el caso del folleto donde se divulga la información general. Se han modificado los documentos que tienen las pautas de trabajo, las preguntas y los que contienen los instrumentos, también tienen, al menos, dos versiones conocidas. Esos materiales y sus diferentes versiones, han llegado a las escuelas a través de las zonas educativas, usando correo electrónico.

Desde que se lanzó públicamente la iniciativa, por parte del Ministerio, y tal como se ha reiterado en el último folleto divulgativo, se ofrece un proceso con un “altísimo rigor científi­co”. No obstante, en las escuelas de algunas zonas educativas han recibido, en dos oportunidades, la instrucción de congelar el proceso, a la espera de nuevas instrucciones. Esas instrucciones, al parecer, estaban contenidas en la última versión de los documentos que se conoció iniciando la semana pasada. Sin embargo, el cambio de señas desde las zonas educativas, ha generado confusión e incertidumbre en las escuelas.

La información sobre la metodología está distribuida en varios de los folletos, pero aun así, no resulta muy clara y está incompleta. En algunas escuelas, los directivos y representantes se preguntan por los mecanismos de control y seguimiento que garantizarán, por ejemplo, que la consulta telefónica a más de 70.000 familias, se efectúe con criterios y pautas científicas y que se registren las llamadas efectivamente realizadas y no la meta esperada; o que los procesos en las escuelas se desarrollen con las mismas pautas, para que sus resultados tengan validez. Otros también nos preguntamos por los mecanismos de control para garantizar la calidad de la data.

Por otro lado, las reuniones que se hacen con los directivos en las zonas y municipios, son confusas para muchos y los representantes de la zona, no logran comunicar la información tal como debe ser difundida en las escuelas. En algunos de los casos nos han reportado que en la reunión, los representantes de la zona educativa, se limitan a invitar a los directivos a que lean el material enviado, sin ofrecer aclaratorias ni información complementaria.

Al desconocimiento de los directivos, se une la queja de los padres por no tener con anticipación y detalle, la información sobre en qué consiste la consulta y cómo será llevada a cabo en sus escuelas.

Al respecto, es importante acotar que el dominio reservado por el ministerio para la consulta (http://consultacalidadeducativa.me.gob.ve/) aún aparece con el anuncio de “en construcción”. Sin embargo, en la página del ministerio, pisando el recuadro verde identificado como “Consulta Nacional por la Calidad Educativa”, ya se encuentran disponibles los documentos de la consulta, en la última versión que conocemos y que está colocada en nuestras publicaciones anteriores. Aquí tienen una captura de esa página con el listado de documentos.

En este listado, hay un nuevo documento, el titulado “Formulario para Directores y Directoras”, que contiene una encuesta para ser respondida por los directores de los planteles. Esta es la encuesta y el documento con la portada, se puede bajar aquí.

Aunque nos llamó la atención que en el listado no se encuentra el “Instructivo para directores de planteles educativos” que difundió a las escuelas el ministerio y que habíamos colocamos en una publicación anterior. Para quienes aún no lo tengan y quieran saber a cuál nos referimos, pueden bajarlo en este enlace.

Otra queja recurrente en las escuelas, es que no se conoce con anticipación el cronograma que se seguirá en cada caso para administrar la consulta a los estudiantes y al resto de la comunidad y que de acuerdo a las pautas, deberá elaborarse y presentarse a la comunidad antes de iniciar el proceso en cada escuela.

En cuanto a la administración específica de los instrumentos de la consulta a los estudiantes, algunos municipios escolares, giran como instrucción a los directivos, que son los docentes de cada aula, los encargados de administrar la consulta a sus estudiantes, tal como dice uno de los documentos.

Sin embargo, en otros municipios, a algunas escuelas oficiales, han llegado facilitadores externos y han administrado la consulta a los estudiantes, directamente y a puerta cerrada, sin haber informado previamente a la comunidad el cronograma y sin avisar a los padres y representantes el día que se realizaría ese proceso. Una acción de este tipo es irregular, innecesaria y va en contra del espíritu que debería privar en un proceso como éste.

Pero sean los facilitadores los docentes de cada aula, o personal asignado desde la zona educativa, la constante es que no han sido formados para cumplir con la ofrecida rigurosidad científica, las funciones como facilitadores y como relatores en los diversos procesos que constituyen la consulta en la escuela y tampoco cuentan con los protocolos de trabajo que les permita realizar sus funciones con la rigurosidad anunciada.

Adicionalmente, es importante comentar que en una zona educativa, apelando al artículo 80 de la LOPNA, se prohibió a los directores aceptar cartas o comunicaciones de los representantes en las éstos expresan la no autorización a la participación de los niños en el proceso de consulta.

Sería comprensible que, si se diera una violación de un derecho de los niños, las instancias competentes del Estado, actuaran para garantizar su restitución, pero si éste fuera el caso, no sería la zona educativa la instancia competente para actuar, ni el procedimiento sería la prohibición de recibir esas cartas a los directores. Si en algún caso, en este proceso, se comprobara una efectiva violación del derecho de los niños a expresar libremente su opinión, tal como dice este artículo, lo procedente sería registrar una denuncia ante un tribunal del menor, y esa instancia debería actuar, directamente sobre el caso.

Por cierto, ésto debería aplicar, tanto para las posibles violaciones a este derecho por parte de los padres, como a las que las escuelas o el ministerio, en el marco de este proceso de consulta, llegare a realizar.

Para quienes no conocen el texto, a continuación, pueden leer el artículo 80 de la LOPNA.

Pero esta irregularidad y la existencia de instrucciones diferentes sobre quiénes serán los facilitadores, no es el único problema presentado al administrar la consulta a los estudiantes. De hecho, se conocen dos modalidades de administración de la consulta a los estudiantes, utilizadas por las escuelas.

La primera modalidad consiste en que cada estudiante responda individualmente y sin comunicarse con sus compañeros, las preguntas y todas las respuestas son entregadas para su sistematización por parte de las autoridades del plantel. La segunda modalidad consiste en realizar una dinámica de grupo en la que los estudiantes conversan con el docente facilitador sobre la respuesta a las preguntas y el docente que cumple las funciones de relator, toma nota de lo planteado en cada una de las respuestas. Estas dos modalidades, responden a lógicas muy diferentes, se procesan de distinta manera y los resultados no son equivalentes.

Este es un problema que pone en cuestionamiento el rigor científico que dice tener el proceso, de acuerdo a los anuncios hechos por las autoridades del ministerio, al contenido del último folleto divulgativo y a lo conversado por los miembros de la Comisión Nacional por la Calidad de la Educación.

Por otra parte, es muy diferente el espíritu del proceso expresado  en el discurso oficial de las autoridades del ministerio, que el que se aprecia en la práctica en las zonas educativas y los municipios escolares. De hecho, cuando se lanza la consulta, se dice que la participación es voluntaria y así se ha sostenido en el discurso oficial hasta el momento, pero algunas zonas educativas le dicen a las escuelas que en efecto, la participación es voluntaria, pero que «se sabrá quiénes no participaron», lo que a las escuelas le ha sonado como una amenaza.

Otra muestra de la diferencia del espíritu del proceso, entre el discurso oficial y la práctica en las zonas y municipios, es que mientras las autoridades del ministerio dicen que el proceso no será apresurado, algunas zonas ejercen presión sobre las escuelas para que entreguen los resultados en un tiempo que muchas de éstas han considerado demasiado corto, por lo que se sienten atropelladas por el proceso de consulta. Se ofrece anuncia un riguroso método científico, pero ni los tiempos y los procedimientos planteados lo garantizan.

Pero hay otras formas en las que se expresa también esa diferencia del espíritu del proceso, cuando apreciamos lo que sucede en la práctica. Al respecto, cabe mencionar que dada la tensión política y la desconfianza derivada, que se mencionó al principio, muchas organizaciones y grupos de ciudadanos y padres, han organizado asambleas y foros para informarse y discutir qué hacer y cómo actuar frente a la consulta. Ante ello, una zona educativa, recientemente, en una reunión con directores, les dijo que “tuvieran cuidado con asistir” a un foro público que está organizado por un grupo de padres para dar información sobre la consulta.

En algunas escuelas directivos, padres y docentes se han organizado, han estudiado por su cuenta los materiales e instrumentos, y han realizado el proceso de consulta con los padres y docentes. Después de la experiencia, afirman que la sistematización de la información, dada la cantidad y diversidad de la misma, es un proceso complicado y engorroso, para el cual no hay pautas que orienten como hacerlo en los materiales; y además, que el instrumento para sistematizar la información y entregar el informe a la zona, no es adecuado para recoger los resultados del proceso de debate sobre los 10 temas.

A pesar de todo eso, una parte del país dice que va a participar, e insiste en ello. Ese es el gesto de muchos actores educativos en medio de un clima de tensión y desconfianza.

Sin embargo, ese gesto no garantiza el éxito del proceso, y mucho menos que los resultados que emanen del mismo sean reconocidos como válidos, porque estarán empañados por el manto de la desconfianza que producen los antecedentes de la consulta, los problemas y desatinos que se han reportado en la instrumentación, la ausencia de mecanismos de control y seguimiento al proceso y la poca claridad sobre cómo será el proceso de sistematización y procesamiento de la información para producir las líneas orientadoras que se estima presentar en septiembre.

Es por esto que necesario que el Ministerio responda al gesto de los actores educativos, con claros gestos, si quiere que sean creíbles sus declaraciones.

A continuación se proponen 4 gestos concretos que podrían ayudar a disminuir las tensiones y la desconfianza y a mejorar la credibilidad en los resultados.

Gesto 1: Modificar cronograma de desarrollo de la consulta. Esta modificación debería contemplar la extensión del plazo para que la consulta se desarrolle en las escuelas con más calma y mejores pautas y para dar tiempo a la formación de los facilitadores y relatores que se encargarán de administrar el proceso, tanto en las escuelas como en las otras instancias de desarrollo de la consulta.

Gesto 2: Revisar el método establecido en todos los ámbitos de la consulta, diseñando los protocolos necesarios y los instrumentos adecuados a la complejidad del proceso, e incluyendo mecanismos de seguimiento y control que garanticen carácter científico del mismo.

Gesto 3: Eliminar de las convocatorias de los eventos estudiantiles, municipales y nacional, la preferencia partidista, que restringe la participación a la OBE, así como, replantear los saldos organizativos del proceso, eliminando el sesgo partidista que pretende lograr una “vanguardia revolucionaria».

Gesto 4: -considerado el más importante- declaración pública de las autoridades del ministerio diciendo que el proceso y sus productos estarán apegados a la Constitución, por lo que se desconocerán los mandatos del Plan de la Patria referentes a la política educativa no se correspondan con lo que establece la Constitución y que, en consecuencia, también se solicitará a la Asamblea Nacional su modificación.